Dinero para partidos
Reformas, de JLP a AMLO
Asistencialismo y elecciones
Alito y gobernadores abucheados
En 1977, el presidente José
López Portillo, mediante su letrado secretario de Gobernación, Jesús
Reyes Heroles, impulsó una reforma política que daría presencia y
recursos a los partidos de oposición (algunos hasta entonces proscritos
de forma intermitente, como el Comunista Mexicano: ese registro del PCM,
luego vertido en el Partido Mexicano Socialista, es el que utiliza el
Partido de la Revolución Democrática) y trazaría el camino para cambios
como la pionera mayoría opositora en la Cámara de Diputados, en 1997, y
la primera alternancia de siglas en las sillas presidencial, en 2000 con
Vicente Fox a nombre del Partido Acción Nacional y del gobierno
capitalino, con AMLO postulado por el PRD.
Los incentivos que lanzó el sistema en aquel 1977 (triunfante López
Portillo como candidato único a la Presidencia) consistieron en una
mejorada normatividad electoral, suministro de dinero, prerrogativas y
tiempo en medios electrónicos y asignación de asientos en el Poder
Legislativo mediante cuotas de representación proporcional.
Al
profesionalizarla actividad partidista, retribuyéndola con recursos públicos, y al garantizar tajadas plurinominales del pastel congresal, la reforma política reyesherolista inició un camino de alegre descomposición (sería muy rudo usar el vocablo
prostitución) del sistema político que desembocó en su crisis escandalosa el pasado primero de julio con el sumamente reactivo triunfo de una opción
distinta, la del obradorismo.
Ahora, ese obradorismo ha propuesto cerrar a la mitad la llave del
financiamiento público para los partidos políticos. Es más que
justificada esa intención, pues los partidos y sus camarillas dirigentes
se han convertido en mecanismos groseros de disfrute de recursos
públicos, un auténtico banquete de corrupción e impunidad. La otra parte
del binomio nefasto la forman las instancias de organización (Instituto
Nacional Electoral y su versión en cada entidad federativa, el
correspondiente Organismo Público Local Electoral) y la jurisdiccional
(el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus
expresiones regionales y locales). Miles de millones de pesos, al año,
descargados en un aparato electoral oneroso y, con frecuencia, ineficaz.
Sin embargo, a diferencia de lo hecho por el presidente López
Portillo en 1977, en 2018 lo que propone el presidente López Obrador
(por la vía de Tatiana Clouthier y Mario Delgado, quienes ayer
presentaron la iniciativa de ley correspondiente, con sus asegunes y a
reserva de que se consiga la mayoría calificada para aprobarla) es el
recorte del presupuesto a los partidos, lo que condenaría a todos los
que no están en el poder a limitaciones contrastantes con el morenismo
que ahora tendrá una enorme base electoral conformada por el activismo
diario del Presidente de la República y por el uso de recursos públicos
para un asistencialismo mayúsculo, que sin lugar a dudas forma una base
electoral firme y perdurable.
La justa y plausible intención de reducir el presupuesto partidista a
la mitad estaría fuera de las especulaciones opositoras si el propio
aparato federal de distribución de recursos públicos no estuviese
virtualmente asociado a la operación electoral de Morena (el coordinador
de los superdelegados asignadores de recursos en los estados es Gabriel
García, operador que fue secretario de organización de Morena).
En el fondo hay la tentación de suprimir partidos más o menos
adversos, aunque a la vez se busque resucitar al aliado Encuentro Social
y se busque acomodar una dirigencia
acordadaen el PRI, con el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, llamado Alito, como pieza de PRIMor. La recomposición de facto del sistema electoral está en marcha.
Por cierto, el mencionado Alejandro Moreno, Alito, en su condición de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), advirtió ayer que
ante los constantes abucheos orquestados por grupos simpatizantes de Morena (...) no vamos a continuar permitiendo que líderes de su partido nos quieran desacreditar para imponer su vergonzoso radicalismo.
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