Recuperar los derechos económicos de las Mujeres

Monedero

Por: Carmen R. Ponce Meléndez*

Una calificadora internacional —esas gárgolas del neoliberalismo—, cambió de estable a negativa la calificación de la deuda emitida por el gobierno mexicano, con probabilidad de que sea degradada en los siguientes 12 meses. Una de esas razones, manifestó, es la modificación de políticas para reducir la participación privada en la industria energética.

Citando a la Rayuela del 2 de marzo: “pareciera ser que la búsqueda de la soberanía energética incomoda a calificadoras internacionales como Standard & Poor’s”. Según esta calificadora, las decisiones del presidente han afectado la confianza de los inversionistas (S&P).

Esta medida fue acompañada por el anuncio de que existe una probabilidad en torno a 30 por ciento de que baje la calificación de la deuda pública mexicana, acción que, en caso de ocurrir, incrementa el costo de los intereses que paga el sector público y encarece la contratación de nuevos préstamos. Otro efecto es que reduce el margen de acción en las finanzas públicas, concretamente en el gasto público y la inversión tan necesaria.

¿Significa que deben cancelarse las políticas públicas que implican combate a la corrupción o mejor distribución del ingreso y combate a la pobreza? Por supuesto que no. Sólo habrá que caminar con cuidado y sigilo, crear condiciones para el cambio, sobre todo no perder de vista que ahí están las fuerzas retrogradas para ejercer toda la presión posible. Quien dijo que la economía política no es política económica, perdió la brújula.

Recuperar los derechos económicos de las mujeres es una condición sine qua non esencial para realmente alcanzar un cambio de país; pero, para lograrlo, pasa por la atención al problema de violencia en cualquiera de sus modalidades. Ahí los centros de atención a las mujeres violentadas es importantísimo, hoy en el país hay nueve casos de feminicidio diarios, eso no es destino manifiesto, tiene solución.

La propuesta del actual gobierno es de un crecimiento del 4 por ciento del PIB en el sexenio, que rompería el “hechizo” del crecimiento mediocre del 2 por ciento. Significaría más y mejores empleos y una disminución importante de la pobreza, un crecimiento redistributivo que amainara la enorme desigualdad del país.

¿Termina la luna de miel económica? Prácticamente todas las encuestas sitúan a la inseguridad como el problema número uno; le sigue en orden de importancia, la economía con el binomio de la corrupción. Por desgracia, tanto en la inseguridad como en lo concerniente a los problemas económicos, las más afectadas son las mujeres.

No se debe perder de vista que en julio se logró un triunfo político, pero falta el económico. Antes un presidente de México tenía en su poder un capitalismo de Estado, hoy tiene un Estado presa de un capitalismo neoliberal, rapaz y depredador, con muy poco poder de Estado.

En el caso de la economía, el triunfo de AMLO provocó, en lo interno, que las expectativas de confianza situadas en que mejoraría la situación económica de toda la población subieran en forma importante, esto se vio reflejado en los indicadores de confianza del consumidor del Inegi y en las propias encuestas. Además, esta percepción se sustentó con el Paquete Económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y aprobado por el congreso en diciembre pasado.

El golpe de realidad lo dio el Banco de México (Banxico), al presentar su informe del último trimestre de 2018. Redujo la previsión de crecimiento para este año a un rango de entre 1.1 y 2.1 por ciento. Según Banxico, al inicio de 2019, la actividad se vio afectada por el desabasto de gasolina, el bloqueo de vías de ferrocarril en Michoacán y las huelgas en Matamoros que acentuaron la desaceleración iniciada en el segundo semestre de 2018.

Adicionalmente a la encuesta que realiza esta institución autónoma, entre analistas del sector privado nacional y extranjero ajustan el crecimiento de la economía mexicana a la baja, de 1.8 a 1.64 por ciento. Los especialistas también redujeron su pronóstico de inflación para 2019, de 3.85 a 3.67 por ciento.

Para 2020, la expectativa de crecimiento se mantuvo en 1.91 por ciento. Sin embargo, el pronóstico es inferior al rango adelantado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 2.1 a 3.1 por ciento. Los analistas expresaron que la incertidumbre política interna, los problemas de inseguridad pública, la falta de Estado de derecho, la corrupción y la impunidad son los factores que más pueden inhibir el crecimiento en los próximos seis meses.

La consulta del banco central plantea que la paridad del peso frente al dólar se deteriorará. Los analistas dicen que el tipo de cambio cerrará en 20.19 pesos; para 2020, el sector privado calculó que la moneda mexicana se deteriorará más.

La explicación de estas acciones a las que hace referencia el Banco Central se ubica fundamentalmente en el ámbito político, pero son producto del enorme desorden y desgracias que provocó la política neoliberal. Las huelgas de Matamoros son resultado de una política laboral basada en cero derechos laborales y salarios de miseria que han padecido las obreras por más de 38 años. Matamoros tiene los salarios más bajos de la industria maquiladora y las condiciones de trabajo de mayor explotación, eso ya es decir mucho.

Lo mismo o casi igual es la situación de los maestros en Michoacán, sencillamente les dejaron de pagar y enfrentaban la “tradicional” cerrazón de las autoridades, el gobernador de esa entidad ni siquiera se tomaba la molestia de atender algo tan importante como puede ser pagos rezagados. Frente a esto, la organización de docentes presionó instalándose en un punto estratégico para la economía de la región y del país, pues así, durante años, sólo se les hace caso (medianamente) a demandas tan importantes como puede ser el pago de los salarios; prácticas políticas que también hablan de vicios y corrupción.

En el caso del cierre de los ductos energéticos y su impacto económico, para explicar o justificar esta acción lleva al tema de la tragedia que se vive por la desproporcionada corrupción en todo el país y podría decirse que en todas las actividades, ya sean públicas o privadas; es como un cáncer con metástasis.

Remontar más de 30 años de prácticas corruptas o de “paz laboral” —que no es otra cosa que mantener a las mujeres trabajadoras con salarios de hambre, cero derechos laborales y represión—, por supuesto que tiene un costo económico y remueve telarañas y entelequias. La huelga de las maquiladoras no es la única, también está la de las universidades como la UAM, con las mismas razones.

Además, normalmente todo inicio de administración conlleva algo de lentitud en el crecimiento económico durante el primer año, pero en los años subsecuentes puede recuperarse. Sin embargo, menos crecimiento es menos empleo y menos consumo, y ambos se traducen en menos ingresos para el Estado, menos recursos tributarios, más recortes y, desde luego, menos gasto efectivo del sector público a favor de proyectos sociales y de infraestructura; más pobreza para las mujeres, en síntesis

Por si esto fuera poco, actualmente se está discutiendo una reforma laboral en el congreso, que también se traduce en un factor de desestabilización porque saca de su “confort de privilegios” al sector empresarial y puede provocar menor inversión en lo inmediato.

Existe una presión internacional vía tratado comercial T-Mec para alcanzar una reforma laboral que democratice la vida sindical del país, mejore la justicia laboral y los salarios, que, por consiguiente, también tendrá efectos en la gobernabilidad. Pero esa presión internacional igualmente se expresa en las calificadoras internacionales, cuyo objetivo es Pemex, mientras que el del gobierno rescatar la soberanía energética, un asunto de primer orden.

Para los que argumentan que este gobierno no tiene “contrapesos”, las calificadoras y en general la economía les recuerdan que sí existen fuertes contrapesos. La reducción de las expectativas de crecimiento no es cosa menor y si se asocia con problemas de deuda o desaliento en la inversión privada, ya sea nacional o internacional, es más que evidente que hay una presión para contrarrestar las políticas gubernamentales.

PD:

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia con la Mujer (Convención de Belém de Pará). Los Estados partes convienen adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para “suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive REFUGIOS, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea el caso, y cuidado y custodia de los menores afectados” (artículo 8, inciso d).

*Economista especializada en temas de género

twitter @ramonaponce

CIMACFoto: Citlalli López

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