La Jornada:
Orlando Delgado Selley
Standard & Poor’s ha asestado un duro golpe al proyecto económico del gobierno federal. Resolvió que la deuda gubernamental, junto con la de las grandes empresas estatales perdiera su perspectiva de estable a pesimista. Sin embargo, su decisión fue más allá al hacer lo mismo con las emisiones de deuda de 77 empresas, tanto financieras como industriales y comerciales. Esta degradación, tanto para el gobierno como para las empresas, no afecta al costo de las nuevas emisiones, ya que sólo modifica su perspectiva. Pero se sitúa en una senda en la que en su próxima revisión muy probablemente degradará la calificación del grueso de la deuda de entidades mexicanas, lo que elevará la tasa de interés en la que tendrán que colocar sus nuevas emisiones.
El argumento en el que se ha basado Standard & Poor’s es que las decisiones del gobierno mexicano hacen dudar que este en capacidad de cumplir con sus obligaciones de pago. El tema se inició, como se sabe, al evaluar las decisiones relativas a Pemex. Esta empresa, junto con las otras que conforman el oligopolio calificador, y algunas empresas financieras, sostiene que el plan financiero presentado para apoyar a la empresa petrolera estatal es insuficiente y, en consecuencia, no podrá evitar el deterioro financiero de la entidad. Luego se extendió la misma valoración a la CFE.
La explicación del cambio de perspectiva para la deuda gubernamental y de empresas privadas está en el dato sobre ingresos y gasto público de enero pasado, que constata la disminución en ambos rubros. Esta información ha llevado a la opinión generalizada entre los analistas económicos privados, y también en el Banco de México, que el crecimiento económico para este año estará alrededor de 1.5 por ciento, en el mejor de los casos. Con estos resultados presupuestales a la vista, la agencia calificadora convirtió sus supuestos pesimistas sobre la evolución próxima de la economía mexicana en decisiones sobre el riesgo crediticio.
En la calificación de Standard & Poor’s hay una clara intencionalidad política. Como hemos señalado repetidamente, las calificadoras no son el mercado. Son empresas que opinan sobre el riesgo a partir de intereses económicos perfectamente identificables y que razonan con un marco conceptual basado en elpensamiento único. Pero sus decisiones importan ya que implican que cualquier emisión que pierde puntos en su calificación será más costosa. Por ello han aprovechado la información económica reciente para presionar al gobierno para que se mantenga en la línea económica que sostiene la mayor participación de las empresas privadas en la asignación de los recursos productivos.
El dato significativo es que la información disponible permite concluir que no es posible sostener que la economía mexicana logrará salir de la mediocridad en su ritmo de crecimiento. No hay argumentos sólidos para argumentar que se crecerá a ritmos mayores. Por el contrario, parece constatarse lo que era una posibilidad clara: la austeridad republicana del gobierno puede resultar recesiva. En este sentido, como lo han sostenido diversos economistas progresistas, esta austeridad no difiere de la de los neoliberales en sus consecuencias sobre el crecimiento económico. Insistir en que la disminución de la corrupción tendrá efectos dinamizadores es, en verdad, una afirmación vacua.
Es cierto que la lucha contra la corrupción liberará recursos que pudieran utilizarse productivamente, pero también es cierto que son claramente insuficientes. Por más que se dimensione en su mayor medida lo que el gobierno dejará de gastar al frenar la corrupción, la necesidad de modificaciones tributarias progresivas es indudable. AMLO ha insistido en que no habrá cambios tributarios durante los primeros tres años, pero ello implica que en realidad este gobierno está renunciando a una importante fuente de financiamiento y, sobre todo, a una de las vías más claras para abatir la desigualdad.
La reforma tributaria está en el centro de la transformación democrática del país y es indispensable para superar los estragos causados por 36 años de neoliberalismo. A ella deberán acompañarla otras medidas económicas de diversa naturaleza y profundidad. Estas medidas no pueden esperar a que se pruebe que con detener la corrupción no alcanza para financiar un nuevo proyecto económico. A la presión del oligopolio calificador hay que responder con decisiones económicas y políticas que fortalezcan la posibilidad de que se reduzca sensiblemente la desigualdad.
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