Alertan retroceso en designaciones para altos cargos
Organizaciones
civiles afirmaron que las tres mujeres que compiten para ocupar el
cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
incumplen los elementos de idoneidad mínimos y expresaron serias
preocupaciones respecto al poco conocimiento que tienen del marco de
Derechos Humanos, por lo que llamaron al Senado a rechazar la terna.
Este lunes las magistradas Yasmin Esquivel Mossa, Celia Maya García y
la abogada Loretta Ortiz Ahlf comparecieron ante la Comisión de
Justicia del Senado de la República para presentar sus opiniones y
responder preguntas de los legisladores, quienes este jueves presentarán
el dictamen al pleno para elegir a quien ocupe la vacante que dejó la
ministra Margarita Luna Ramos.
Las magistradas Esquivel Mossa y Maya García se pronunciaron en
contra de las adopciones por personas del mismo sexo; en el tema del
aborto la primera dijo que acataría según la legislación de cada estado y
la segunda omitió responder. Ortiz Ahlf, por su parte, se pronunció en
contra de desaparecer las estancias infantiles y los refugios para
mujeres víctimas de violencia de género.
En un comunicado, agrupaciones civiles señalaron que las referencias
homofóbicas y contrarias a fallos de la propia SCJN para la que son
propuestas son sumamente preocupantes y van en sentido contrario al
fortalecimiento del alto tribunal y de una visión garantista. De la
misma manera, dijeron, alertan las posturas sobre prisión preventiva
oficiosa, proceso de designación de ministros y ministras, así como
derechos reproductivos.
Organizaciones como Equis Justicia para las Mujeres; el Grupo de
Información en Reproducción Elegida (GIRE); el Instituto de Liderazgo
Simone de Beauvoir (ILSB) y el Observatorio Ciudadano Designaciones
Públicas señalaron que el proceso para nombrar a una ministra de la
Suprema está dejando de lado garantías fundamentales que aseguren la
independencia del máximo órgano de justicia.
Para estas agrupaciones que han dado seguimiento, hoy estamos
viviendo un retroceso en los procesos de designación de altos cargos
porque las entrevistas demostraron estar vinculadas al Ejecutivo
Federal, lo que pone en riesgo la independencia judicial.
Por otra parte, Yasmín Esquivel, quien, según diversas fuentes,
tendría más posibilidades de ser designada, enfrenta cuestionamientos
por haber incurrido en conflictos de intereses, al participar en fallos a
favor de grupos inmobiliarios y al demostrar influyentismo en su
actuación. En el caso de Cecilia Maya, dijeron, quedó demostrada su
falta de criterios mínimos de especialización y respeto por los Derechos
Humanos, mientras que ella y Loretta Ortiz tienen una cercanía
político-partidista.
Expusieron que el proceso de designación no permitió que se generara
un real escrutinio de las candidatas, no hubo parlamento abierto ni real
participación de la sociedad civil. La posibilidad de hacer llegar
preguntas al Senado sin saber cómo y cuáles preguntas se eligen no
significa que haya habido parlamento abierto, expusieron.
Las organizaciones informaron que el lunes enviaron una comunicación
al Relator Especial de Independencia de Jueces y Abogados de Naciones
Unidas y al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos con la finalidad de que estos organismos analicen el
caso mexicano y emitan las recomendaciones pertinentes.
Aunque las organizaciones pidieron que se rechazara la terna, ayer la
Comisión de Justicia, conformada mayoritariamente por legisladores de
Morena (7) y que preside el senador morenista Julio Menchaca Salazar,
aprobó el dictamen señalando la elegibilidad de las candidatas
propuestas por el titular del Ejecutivo Federal por reunir los
requisitos constitucionales para ocupar el cargo de ministra de la
Suprema Corte.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México
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