Salvador Camarena
En México se han desperdiciado varias oportunidades para revisar el pasado. La más clásica fue la foxista, en la primera alternancia. El medroso foxismo renunció a su deber histórico y poco relevante parió sobre las violaciones a la ley y a los derechos humanos durante el autoritarismo priista.
A Calderón no le daban los equilibrios (el PRI le hubiera quitado el banquito), por lo que entre el acecho del Peje y la guerra antinarco, en ese otro sexenio panista se perdió una coyuntura más para conocer misterios de la negra noche del priato.
Al volver a Los Pinos en 2012, el PRI no tenía necesidad ni incentivos para revolver los secretos político-policiacos del régimen del que emanó. Incluso hubo más cerrazón con una polémica ley de archivos.
Pero un día de 2018 llegó a Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador, y prometió abrir los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y del Cisen. Ese paso podría ser alentador si de ajustarle cuentas al pasado hablamos, pero podría resultar muy insuficiente, o de plano contraproducente, en al menos dos sentidos.
La prensa no aguanta las ganas de que llegue la hora en que AMLO dé a conocer la ficha que le hicieron los del Cisen (o los de la DFS, para el caso es lo mismo). Cada semana cuestionan sobre ello al Presidente en la conferencia mañanera. Cualquier iniciativa a favor de la transparencia es positiva, pero dar a conocer fichas de la DFS o del Cisen podría redundar en mucho ruido y pocas nueces.
En otras palabras, abrir los archivos es una medida en el sentido correcto, pero debe ir acompañada de un esfuerzo colectivo, uno que incluya al gobierno pero vaya más allá del mismo. Uno que privilegie la búsqueda de las historias de las víctimas, pero que simultáneamente vea esos casos como pedazos del rompecabezas que, de armarse, dará un panorama sobre cómo desde el sistema priista se intentó –y no pocas veces logró– someter a ciudadanos, opositores y líderes de todo orden.
Es bueno abrir los archivos, pero es más bueno abrirlos con un propósito nacional de encontrar verdad y justicia. Que los archivos sean para que las instituciones, y los ciudadanos, se den a la tarea de conocer cómo funcionaba la opresión, la represión, el cooptamiento en la “dictadura perfecta”. Y, mediante las sanciones que todavía sea posible aplicar, se garantice que nada parecido se repita. Si sólo recibimos fichas y que cada quién se las apañe, podría ser un esfuerzo insuficiente.
Ahora bien. Eso del Cisen y la DFS sonará a distractor si este gobierno –surgido de un hartazgo popular por la corrupción, crímenes y abusos desde el poder– no manifiesta un compromiso claro para esclarecer otros casos de espionaje. Y hay uno, grave y agraviante, a mano: Pegasus.
Los especialistas han declarado que ese sistema de espionaje del peñismo estuvo activo al menos hasta pasadas las elecciones del 1 de julio. Se ha probado, además, que 24 defensores de derechos humanos, activistas y reporteros (entre ellos los colegas de Javier Valdez, luego de que éste fue asesinado) fueron espiados.
Qué será lo que frena al gobierno de AMLO de manifestarse por la apertura total de los expedientes de Pegasus y por la investigación a fondo sobre quienes compraron y operaron los mismos.
No vaya a resultar que eso de abrir las fichas del Cisen y de la DFS sea puro fetichismo, maniobra que refuerza sólo la narrativa oficial del cambio, mientras para otros crímenes de espionaje, con autores en activo a la mano, se dispensa graciosa amnistía.
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