Orlando Delgado Selley
En una interesante
intervención, el titular de la SHCP, Arturo Herrera, expuso la situación
fiscal de la hacienda pública mexicana en una reunión con Canacintra.
Su idea central es que el gobierno federal no tiene ningún margen de
maniobra. Para el gobierno, si se aprobaran estímulos fiscales, tendrían
que financiarse con deuda, lo que aumentaría el pago de intereses en
2021. Consecuentemente, ante ingresos fijos, habría que reducir
proyectos sociales por el monto en que se incrementó el pago de
intereses. El punto crucial es que no pueden aumentar los ingresos
tributarios.
En su presentación el primer dato ofrecido resulta elocuente: en
2019, los ingresos tributarios representaron 13 por ciento del producto
interno bruto (PIB), menor al 15.3 que se recauda en América Latina.
Herrera señaló que nuestros ingresos tributarios son menores incluso que
los de Nicaragua. Sumando los otros ingresos fiscales, el total de
ingresos públicos llega a 16.2 por ciento del PIB. De nuevo menor al
dato latinoamericano de 18.5. Frente a esta situación su enfoque es que
cualquier estímulo fiscal a la planta productiva del país tendría que
valorarse contrastando el costo del endeudamiento público adicional
necesario para financiarlo.
De modo que para Herrera no existe la posibilidad de incrementar los
ingresos tributarios. La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal) ha valorado que la evasión fiscal en la región equivale a
6 por ciento del PIB regional. Hay aquí una fuente de ingresos públicos
que no es menor. Pero lo central es aumentar la carga tributaria. Un
grupo de ricos globales ha planteado públicamente que es conveniente y
necesario aumentar la carga fiscal a los altos ingresos. Es bien
conocido que las tasas impositivas mexicanas están muy por debajo de las
internacionales y, particularmente, de las españolas, canadienses y
estadunidenses. De modo que sí hay margen de maniobra.
Herrera reconoció que el fondeo de recursos que México contrata es
caro: alrededor de 6 por ciento, lo que es 20 veces más caro que lo que
Canadá paga por su deuda pública. Para toda la región, el pago de
intereses aumentó ligeramente en 2019 representando 2.6 por ciento del
PIB. En nuestro caso el dato es también de 2.6 del PIB, aumentando desde
2.3 por ciento en 2017. Si en nuestro país el estímulo para aliviar
problemas de la planta productiva nacional fuera de 5 billones de pesos,
como señaló Herrera, y se tomara deuda por esa cantidad, a esa tasa
habría que pagar 300 mil millones de pesos anuales, equivalente al costo
de los programas sociales de este gobierno.
La conclusión de Herrera es que el gobierno mexicano no puede
comprometerse con ningún estímulo, porque eso significaría cancelar
todos los proyectos sociales que ha instrumentado el gobierno de AMLO.
No hay margen, según Herrera, ya que no podemos financiarnos a tasas
competitivas. Esto es un dato incontrovertible. Lo que es discutible es
que no sea posible aumentar los ingresos fiscales. Por tanto,
comprometerse con estímulos para proteger la planta productiva y el
empleo obliga a que el Estado mexicano reconozca que la contribución
fiscal que se paga actualmente es absolutamente insuficiente ante las
necesidades que plantea la crisis que estamos viviendo.
Herrera añadió que hay información que apunta a que ha empezado la
recuperación. En la construcción se crearon casi 125 mil empleos, cuando
como resultado de la Gran Reclusión se perdieron 250 mil. El dato es
interesante, pero no prueba que la recuperación de la actividad
económica esté efectivamente en curso. La contracción seguirá
indefectiblemente, ya que es claro que muchas actividades han empezado a
operar, pero muy lejos de sus condiciones normales.
De modo que la necesidad de que el gobierno instrumente acciones para
estimular la demanda sigue planteada. No es cierto que las dificultades
se hayan superado. Contrariamente, lo que hace falta para regresar a
las condiciones en que estábamos, que no eran de ninguna manera
deseables, está aumentando. En consecuencia, siguen siendo necesarias
acciones del gobierno federal. Para ello es indispensable replantear
principios que no corresponden con las dificultades que se viven.
Comprometerse a no realizar ninguna reforma tributaria pudiera haber
sido pertinente como propuesta en 2018, en tiempos de campaña, pero no
puede seguir sosteniéndose este 2020, cuando se han afectado gravemente
las condiciones de vida de una parte significativa de la población. Las
necesidades han aumentado sensiblemente, obligando a que se refuercen
las acciones gubernamentales.
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