Una mujer embarazada camina en un vecindario de Caracas durante la cuarentena por covid-19. Foto:
Yadira Pérez/openDemocracy
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Mujeres que dieron a luz en medio de la pandemia de la covid-19 en
América Latina enfrentaron una presión creciente en favor de las
cesáreas, revela este jueves 16 una nueva investigación de
openDemocracy.
La investigación encontró además múltiples reportes de maltrato,
prohibiciones de acompañante y negativas de asistencia en casos de
emergencia – pese a la existencia de leyes contra la “violencia
obstétrica” y la “medicalización abusiva” en varios países.
América Latina ya tenía la mayor tasa de cesáreas del mundo, estimada en 40% de todos los nacimientos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que no sobrepasen 15% e insiste en que solo deben practicarse cuando las justifican razones médicas.
La OMS reiteró esta recomendación en sus pautas sobre el parto durante la pandemia publicadas
en marzo, y añadió además que las mujeres deben contar con una compañía
de su elección al parir, recibir un trato digno y respetuoso,
información clara, analgesia adecuada y apoyo para amamantar si lo
desean.
La práctica de cesáreas, inducciones, episiotomías y otros
procedimientos que no sean médicamente necesarios, o que no cuenten con
consentimiento informado, está prohibida por leyes nacionales o
estadales contra la violencia obstétrica en por lo menos ocho países
latinoamericanos, entre ellos Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela.
La mayoría de estas leyes garantizan una
compañía en el parto, cohabitación con el recién nacido y apoyo para
amamantar. Pero activistas por la salud materna aseguran que ni esas
normas ni las pautas de la OMS eran suficientes para proteger estos
derechos incluso antes del covid-19. Y la pandemia no hizo más que
empeorar las cosas.
En Argentina, Margarita Goñi, del grupo activista El Parto es Nuestro
(EPEN), dijo que “en marzo y las primeras semanas de abril”, cuando el
gobierno decretó el aislamiento obligatorio, en algunos hospitales “se
comenzó a citar a inducción o directamente a cesárea por estar de 38
semanas de embarazo”, si bien las pautas del propio ministerio de salud establecen que “es importante evitar cesáreas injustificadas”.
Violeta Osorio, del grupo de derechos humanos Las Casildas, agregó:
“Se le dice a las embarazadas que es mejor programar una cesárea a
entrar en trabajo de parto en el medio de un pico de covid-19. Pero esto
es contradictorio con la necesidad de no saturar el sistema de salud,
dado que una cesárea implica más tiempo de internación e insumos”.
Mujeres embarazadas en la entrada de un hospital materno en Ciudad de México. Foto: Fernanda Ruiz/openDemocracy
En Ecuador, Sofía Benavides (también de EPEN) dijo que su grupo
reunió testimonios de 26 mujeres que dieron a luz durante el brote de
covid-19. Trece de ellas dijeron que se vieron obligadas a parir “solas”
por las restricciones que prohibieron los acompañantes, y quince
dijeron que no pudieron tener contacto temprano piel con piel con los
recién nacidos.
Benavides también describió que una clínica privada “ofrecía: ‘vienes
sola, se te practica una cesárea, no te damos habitación, te mantenemos
en zona de observación y te cobramos 1.200 dólares’. Lo único bueno es
que le permiten permanecer con el bebé”.
En México, el ginecólogo y obstetra Christian Mera, del Grupo Médico
Proparto Natural, prevé que las estadísticas mostrarán “en abril y mayo
un aumento en las cesáreas”, impulsado por “el miedo a que se saturen
los hospitales”, un miedo “contradictorio porque la cesárea tiene
mayores riesgos y, en el caso del covid-19, se suma el riesgo de la
hospitalización e infección”, observó.
En toda la región, “los niveles de cesáreas han llegado a ser
extremadamente altos, incluso en las mujeres sin covid-19”, dijo a
openDemocracy Bremen de Mucio, asesor regional en salud materna de la
OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En Uruguay, que a mediados de julio registraba alrededor de 1.000 casos de covid-19 y una treintena de muertes, el ministerio de salud fue acusado de hacer la vista gorda cuando varios centros de salud suspendieron temporalmente los acompañantes en partos, contraviniendo la ley.
En Venezuela, dos mujeres jóvenes que dieron a luz en mayo en
maternidades públicas de Caracas, reportaron haber permanecido “solas” y
“asustadas” hasta que les dieron el alta, luego de pasar por
procedimientos sobre los que no las consultaron, como ruptura artificial
de membranas (lo que se conoce como romper bolsa), inducción y
episiotomía (corte en la abertura vaginal).
Solas y mal informadas
A partir de marzo, openDemocracy entrevistó a decenas de mujeres y
organizaciones no gubernamentales, parteras y obstetras de Argentina,
Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, que detallaron experiencias de
parto en la pandemia que parecen infringir tanto las pautas
internacionales como las leyes locales.
La mayoría de las mujeres dijeron que debieron parir sin acompañantes
de su confianza, prohibidos por covid-19. Esto “multiplica el riesgo de
maltrato” en países donde la violencia obstétrica “siempre está presente”, advirtió la partera mexicana Nuria Landa, del grupo Nueve Lunas.
Varias mujeres denunciaron asimismo abuso verbal de un personal
hospitalario sobreexigido, mientras otras parturientas dijeron que
fueron separadas de sus bebés y no pudieron amamantarlos.
Las infracciones a la guía de la OMS y a las leyes se presentan tanto
en hospitales públicos como privados. “No nos trataron con dignidad”;
así es como Lidia Cordero describe lo que sintió al quedarse sola en
trabajo de parto en una sala de emergencias de un hospital público de
Huixquilucan, México, donde asegura que no le dieron información
necesaria para entender lo que los médicos hacían con ella.
“Literal, fuimos las apestadas del hospital”, dijo Montse Reyes, que
tuvo una cesárea programada en mayo en una clínica privada de México.
Reyes asegura que tras el nacimiento ella y su bebé dieron positivo en
el test de covid-19, pero el personal no le informó los resultados hasta
que le dieron el alta, tras pasar dos días en aislamiento.
No la separaron de la recién nacida, pero ambas fueron colocadas “en
una zona aislada detrás de una puerta de cristal” y “nadie quería tener
contacto con nosotras. Eran las 11 de la noche y yo no había tomado ni
un vaso de agua desde las 10 de la noche del día anterior”, relató.
Montse Reyes y su bebé durante una videollamada. Foto: Fernanda Ruiz/openDemocracy
“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”, explicó
Daniela Echeverría, en Ecuador. Si bien le permitieron estar con su
esposo, los dejaron solos en la sala de partos durante tres horas, tras
lo cual ella sufrió un desgarro vaginal y su beba había tragado líquido
amniótico y meconio, señal de sufrimiento fetal.
Echeverría cree que el personal fue reducido por la pandemia, y el
único equipo de guardia (una médica y dos enfermeras) estaba atendiendo
otro parto.
En Uruguay, la coordinadora del Grupo por la Humanización del Parto y
Nacimiento, Laura Vega, dijo que su organización recibió “70 denuncias en todo el país”.
La ausencia de información clara es un asunto que se reitera en los
testimonios recopilados por openDemocracy. Dos mujeres que fueron a
cesárea en dos ciudades uruguayas en abril (antes de que el gobierno revirtiera la prohibición de acompañantes en mayo) dijeron haberse enterado a último momento que darían a luz sin sus parejas.
“Ni siquiera me preguntaron. La ginecóloga le dijo a mi compañero que
no era conveniente que entrara al quirófano”, dijo Anahí Oudri.
Andrea Fernández sostuvo: “En ese momento no me daba para discutir.
Tenía terror a la cesárea, y sabés que si no ganás la discusión, no está
bueno ver caras malas”.
Una crisis global
En todo el mundo, la investigación de openDemocracy identificó
infracciones a las pautas de la OMS en al menos 45 países desde que
comenzó la pandemia. Esta evidencia procede de testimonios directos, de
ONG y de otros medios periodísticos.
En América Latina, los toques de queda y las restricciones al
transporte por el coronavirus llevaron a que muchas mujeres perdieran
controles de embarazo, tuvieran que caminar largas distancias para
llegar a un hospital o incluso se vieran obligadas a partos en casa, no planificados y riesgosos.
Dos mujeres embarazadas esperan que las controlen en un hospital materno en Caracas, Venezuela. Foto: Yadira Pérez/openDemocracy
En mayo, nuestra reportera en Venezuela vio a una mujer con una
gestación de 31 semanas a la que le negaron inicialmente asistencia en
una maternidad pública de Caracas. Fue trasladada horas más tarde a otro
hospital, pero su bebé estaba muerto.
En Ecuador, durante el mes de abril, a dos mujeres con emergencias
obstétricas se les negó asistencia varias veces en salas de urgencia de
hospitales públicos de Guayaquil, según la abogada feminista Ana Vera,
del grupo de derechos sexuales y reproductivos Surkuna. La ciudad estaba
por entonces sumergida en la crisis de covid-19.
“Tuve que intervenir directamente llamando a autoridades del
ministerio de salud pública” para que le “dieran antibióticos a una” y
una “transfusión de sangre” a la otra, dijo Vera a openDemocracy.
También en abril, Nuria Landa, la partera mexicana, recibió llamadas telefónicas de emergencia de
dos mujeres que estaban haciendo trabajo de parto en sus casas, tras
ser rechazadas por un hospital reconvertido para atender casos de
covid-19 sin previo aviso.
Otra mujer en Guadalajara, México, relató a openDemocracy que había
parido sin complicaciones en su casa en abril, pero al día siguiente se
sintió mal y fue al hospital para que le hicieran un test de
coronavirus, que al principìo le fue negado, según dijo.
“La doctora me introdujo más fuerte los dedos, remolineó dentro”,
dijo la mujer, que aseguró haber sido regañada por el parto domiciliario
e informada de que tenía restos de placenta y necesitaba un legrado.
Esto resultó incorrecto, según explicó, cuando un segundo médico ordenó
una ecografía, así como un test de coronavirus (que dio positivo).
La mujer denunció su caso a las autoridades como una violación a las
normas sobre maltrato médico en su estado (que no cuenta con una ley
contra la violencia obstétrica). Sin embargo, no está claro si esas
autoridades van a investigar su queja, y nadie de los ministerios de
salud de Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela respondió las
consultas de openDemocracy.
La defensoría del pueblo de Ecuador dijo en mayo, en respuesta a
nuestras preguntas, que no había recibido ninguna denuncia de violencia
obstétrica durante la pandemia. Esa oficina no respondió nuevas
preguntas para actualizar esos datos en julio.
Mientras tanto, una portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que su oficina
“también ha recibido reportes preocupantes sobre los derechos humanos
de las mujeres y niñas embarazadas en el contexto de la pandemia de
covid-19”.
“Nos preocupa que en todo el mundo, con sistemas de salud
sobreexigidos, se desvíen con frecuencia los recursos para servicios de
rutina como los de salud materna… Documentar estos incidentes es un
primer paso crucial para exponer el problema. Los estados deben adaptar
sin demoras sus prácticas a las pautas de la OMS”.
Contribuyeron a este artículo Magda Gibelli (Venezuela) y Agostina Mileo (Argentina).
RV: EG
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