Napoleón Gómez Urrutia
Hace poco más de 14 años
ocurrió la tragedia de la mina de carbón en Pasta de Conchos, municipio
de San Juan de Sabinas, Coahuila, donde 65 mineros perdieron la vida.
Fue precisamente el 19 de febrero de 2006, a las 02:20 de la mañana,
cuando ocurrió una terrible explosión que dejó atrapados a los
trabajadores y sólo nueve, que estaban en la entrada, sobrevivieron,
aunque con severas heridas y cicatrices que jamás se podrán borrar.
No es fácil sobreponerse o resignarse a una catástrofe de esta
naturaleza por parte de viudas y familiares de las víctimas de la
negligencia criminal, la arrogancia, la irresponsabilidad de la empresa
Grupo México, que preside Germán Feliciano Larrea Mota Velasco.
Particularmente cuando a lo largo de estos años fueron abandonadas y no
atendidas sus demandas porque siempre existió un claro contubernio y
encubrimiento entre los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto con él.
Tuvieron que esperar 13 años, hasta que el 1º de mayo de 2019 Andrés
Manuel López Obrador se comprometió a iniciar los estudios para el
rescate de los cuerpos, lo cual todos los trabajadores mineros y las
familias afectadas recibieron con gran alegría y con una esperanza
renovada de que podrían encontrar los restos y darles una digna
sepultura. El Presidente tomó una atinada decisión ese día –por cierto
el aniversario del Día Internacional del Trabajo– de que fuera la
secretaría de ese sector la que se ocupara y responsabilizara del
programa y de todas las actividades necesarias para lograr el rescate,
sin la participación de la empresa Grupo México ni del Sindicato
Nacional de Mineros, que me honro en presidir, para que no se politizara
el tema y evitar conflictos innecesarios. Hasta ahí todo iba bien. La
Secretaría del Trabajo indicó inicialmente que en septiembre de 2019
estarían listos los primeros estudios para diseñar el programa de
rescate.
Ni en septiembre de 2019 ni en diciembre de ese año ni el 1º de mayo
pasado, a un año del ofrecimiento formal y sensible del Presidente, se
tuvieron noticias públicas de las conclusiones que dicha dependencia
había elaborado o determinado. Y no fue sino hasta la semana pasada que
informaron a las viudas, no a los trabajadores ni al sindicato, que
habían llegado a la conclusión, con base en la opinión de especialistas
internacionales y del Servicio Geológico Mexicano, que el plan para el
rescate tomaría entre cuatro y ocho años más, con un muy elevado o
inflado costo de 75 millones de dólares. La reacción de fuerte enojo de
las viudas no se hizo esperar por varias razones que ellas mismas
explicaron a los medios de comunicación.
Primero: cómo es posible que la Secretaría del Trabajo después de 14
meses presente un plan similar al de los responsables de la terrible
tragedia –Larrea y Grupo México– con costos sumamente elevados que más
parecen destinados a desalentar las tareas y el programa. Segundo,
esperar todo ese tiempo para que se les haga justicia es demasiado
tiempo, pues quizá para entonces, manifestaron ellas, ya estarán
muertas, sin haber superado el dolor ni haber cumplido su misión.
Tercero, el ingeniero Fernando Acosta, jefe de las cuadrillas de rescate
por parte de los mineros en 2006, después del horrible impacto que
enlutó a 65 hogares mexicanos, comentó y fundamentó que él, en compañía
de dos viudas, unos mineros y un fotógrafo entró a la mina dos años
después sin percances de ningún tipo, por el mismo túnel de acceso y el
único que existe.
En ese entonces recorrió mil 500 metros de longitud de los 2 mil 300
que llevaba de avance la mina hasta el momento del desastre, cuando el
gobierno federal, bajo la presión de Larrea para evitarlo, envió al
Ejército y a la policía estatal para desalojarlos, justo cuando estaban a
pocos metros de donde se supone que quedaron atrapados la mayoría de
los trabajadores. Acosta señaló que cómo es posible que no quieran
utilizar el mismo túnel y prefieran construir nuevas rampas por atrás de
la mina para llegar a los cuerpos, con un supuesto costo sumamente
elevado.
Cuarto, la planta lavadora de carbón que está arriba de la mina
subterránea, y de los cuerpos abandonados, ha continuado funcionando
hasta la actualidad. Grupo México se la vendió o rentó primero a Rogelio
Montemayor, ex gobernador de Coahuila, y él a una familia Zabrokci, de
Saltillo, que la trabaja. El negocio continúa hasta el momento manchado
de sangre minera. Quinto, el mismo ingeniero Acosta y las viudas
explican el porqué de esta decisión que ha propuesto la Secretaría del
Trabajo, junto con los geólogos que la asesoran o han trabajado para las
mismas empresas mineras, entre las que destacan las mayores de los
Grupo México de Larrea y Peñoles de Alberto Bailleres.
En realidad, dice el experto rescatista, las propuestas son
similares, ya que están queriendo engañar al gobierno, a las viudas, a
los trabajadores y al pueblo porque el yacimiento de carbón de Pasta de
Conchos es el más rico y abundante de toda la región carbonífera. Por lo
tanto, la propuesta de cuatro a ocho años construyendo nuevas rampas
por el fondo de la mina, lleva la perversa intención de sacar todo el
carbón primero y seguirlo explotando para hacer turbios negocios, con la
excusa o pretexto de que algún día llegarán a encontrar los cuerpos.
Es una perversidad y una infamia total y por eso el ingeniero Acosta y
las viudas se oponen al programa de la Secretaría del Trabajo, pues
sería hacerle el juego a Larrea y cómplices, al mismo tiempo que
frustrar la propuesta y sana intención del presidente López Obrador y su
ofrecimiento de justicia para las viudas y familiares.
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