.-Ciudad
de México.- Las mujeres en Estados Unidos llegan a un 8 de marzo bajo
el yugo republicano y la amenaza latente del retroceso de sus derechos
humanos con la instrumentalización de la Ley Mordaza como parte de los
golpeteos que violentan principalmente a migrantes, racializadas,
lesbianas y por supuesto, a feministas que intentan encarar al sistema. Aunque el Proyecto 2025 de Donald Trump recién está en aras de desarrollarse, sus intenciones de cooptar a las mujeres de sus derechos sexuales y reproductivos, así como de cortar financiamientos indispensables por la defensa de los derechos humanos -no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo-, son expresas.
El resultado electoral del país vecino no fue una sorpresa anunciada; se erigía como el favorito presidencial gracias a sus estatutos nacionalistas y entre estos discursos, también emprendió una campaña misógina en contra de su opositora Kamala Harris, pero también, realizando comentarios desdeñables sobre las mujeres y cómo necesitan ser protegidas por los valores tradicionales.
Así, su presencia está respaldada por un Tribunal Conservador, pero también, por un Congreso que tiene la mayoría de sus curules ocupados por el partido republicano; el futuro de las mujeres se ha vuelto incierto.
Otra materia medular sobre el panorama actual de las estadounidenses, es el derribo de la representación política: el 29 de enero Donald Trump firmó una orden ejecutiva para derogar la ley 11246 que estaba vigente desde 1965 y que pretendía que existiera mayor representatividad laboral de mujeres y afrodescendientes.
Según Trump, no iba a permitir que esta ley continuara, pues se trataba de una medida de discriminación y que sólo aceptaría a las personas por sus méritos, además sentenció que se estaban excluyendo a hombres blancos bajo el pretexto de «la equidad».
Es urgente nombrar la violencia feminicida, otro gran problema que atraviesa a los Estados Unidos, pues su marco normativo es endeble y ante el panorama que se avizora, resulta evidente que Trump no redoblará esfuerzos para ajusticiar los feminicidios y reconocer la perspectiva de género en las sentencias.
Precisamente una de las investigaciones compiladas en «Amenazas urgentes para la salud pública relacionadas con las lesiones y la violencia: el papel de los determinantes sociales en las lesiones y la violencia transversales a lo largo de la vida«, refiere que la mayoría de los países, incluido Estados Unidos, carecen de una definición legal de femicidio, lo que complica su vigilancia y, por extensión, la prevención y la respuesta. Este país no cuenta con un código penal que permita identificar y dar seguimiento a los asesinatos en razón de género.
Además según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, se estima que 4 mil 970 mujeres fueron asesinadas en 2021, un tercio de las cuales fueron documentadas como víctimas de homicidio a manos de su pareja, aún con ello, los crímenes no son clasificados como feminicidio. Los Estados Unidos ocupan el puesto 34 a nivel internacional de mayor número de asesinatos contra mujeres.
«A falta de una definición legal clara de feminicidio en Estados Unidos y de un sistema de vigilancia que identifique y clasifique estos asesinatos con precisión, estos actos pueden parecer aislados, ocultando el alcance del problema y limitando la prevención de salud pública y la respuesta legal», sostiene la investigación.
Rompiendo financiamientos; mujeres en riesgo
La Ley Mordaza Global, esencialmente prohibe a las organizaciones extranjeras no gubernamentales recibir fondos de los Estados Unidos; las ONG deben firmar esta ley y también implica un compromiso de que no participarán en nada relacionado con el aborto, ni siquiera, con su propio dinero.
Esta política nació en 1984 en la Ciudad de México con el nombre «Política de la Ciudad de México» y posteriormente, fue rebautizada por Trump como «Política de protección de la vida en la asistencia sanitaria Mundial»; fue apodada como Ley Mordaza por su efecto silenciador. Aunque Biden derogó esta ley en 2021, con este nuevo ascenso de Trump (quien la impulsó en su primer mandato), es probable que la Ley vuelva a colocarse en la agenda.
Desde Inglaterra, MSI es una de las organizaciones que desde hace 50 años acompaña el aborto para miles de mujeres en los Estados Unidos, pero también, en otros continentes como Africa y Asia. Con el arribo de Donald Trump, MSI negó firmar la llamada Ley Mordaza y con ello, se perderán aproximadamente 14 millones de dólares.
Con esto, 2,6 millones de mujeres que se amparaban en el MSI perderán acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, particularmente, las mujeres de Uganda, Burkina Faso, Etiopía y Zimbabue.
Este último país, Zimbabue depende enormemente del programa MSI que obtiene recurso de los Estados Unidos, lo que convierte a este país en el más vulnerable y con mayor riesgo de que sus mujeres, adolescentes y niñas, dejen de recibir atención médica, ginecológica y auxilio ante necesidades de interrupción del embarazo.
Como resultado, la MSI calcula que aproximadamente 1.3 millones de mujeres y niñas que habitan en zonas rurales, dejarán de recibir las atenciones de la organización estadounidense, además, de que la MSI aproxima que 460 mil enfrentarán un embarazo no deseado; mil 400 serán víctimas de muerte materna por razones evitables.
La penalización del aborto que golpea a mujeres migrantes
A finales de junio del 2022 la Corte Suprema eliminó el derecho constitucional a interrumpir el aborto, lo que abrió la posibilidad de que cada entidad tuviera la facultad de elegir y derogar las leyes en materia de derechos sexuales.
Al no existir más un derecho estipulado por la Corte Suprema, se produjo una pandemia antiderechos por todo Estados Unidos, donde los congresos locales comenzaron a penalizar y criminalizar el acceso al aborto, a pesar de que el país había sido pionero en la región en esta materia desde hacía 50 años; un retroceso sin precedentes.
Antes de que apareciera la sentencia de Roe vs Wade que estipulaba la interrupción del aborto como un derecho humano y accesible para todas, los Estados Unidos vivió un proceso cruento donde el aborto causó una de cada seis muertes relacionadas al embarazo en 1965.
La década de los 60s, del siglo XX, desencadenó que personas dedicadas a la medicina y parteras fueran procesadas; el área médica prefirió dejar de practicarlo y las pocas personas que seguían ofreciendo el servicio en clandestinidad fueron perseguidas por el Estado obligándolas a desplazarse de sus entidades.
Además, las mujeres eran constantemente agredidas por la fuerza policiaca, conformada mayoritariamente por hombres quienes las obligaban a vivir circunstancias humillantes; eran tocadas, vigiladas, detenidas arbitrariamente y obligadas a hablar de su vida sexual a detalle, según documenta Planned Parenthood Action.
A manera de autodefensa, las mujeres -mayormente en situación de vulnerabilidad y precariedad- comenzaron a ingerir medicamentos que provocaban complicaciones severas e incluso, la muerte. Asistir al hospital para ser atendidas, implicaba su detención y el posible enjuiciamiento si se daba aviso a las autoridades.
El instituto Guttmacher documentó en su informe «Lessons from before Roe: Will past be prologue?» que en 1960 en la ciudad de Nueva York, 1 de cada 4 muertes de mujeres blancas relacionadas al embarazo fue a causa del aborto. En comparación, 5 de cada 10 muertes de esta misma naturaleza, corresponde a mujeres no blancas, especialmente, de origen latino.
Fueron 10 años de abuso, criminalización, muerte y extrema violencia, hasta que en 1973 se despenalizó el aborto en todo el país gracias a la Roe vs Wade que llegó para salvaguardar la vida de millones de mujeres, adolescentes y parteras.
Hoy, la Roe vs Wade ha quedado en el pasado y dando pasos hacia atrás, Donald Trump fue uno de los principales impulsores de esta ofensiva política que actualmente, se ensaña con las comunidades hispanas y afrodescendientes por la dificultad de acceder a este servicio, pero también, por su naturaleza de criminalización migratoria que es sello del trumpismo; por todos los frentes, los derechos sexuales de las estadounidenses han sido secuestrados y han mermado profundamente en su salud mental, pues la tasa de suicidios en mujeres en edad reproductiva ha aumentado significativamente luego de la derogación de la Roe vs Wade, según documentó la revista JAMA Psychiatry, agudizándose aún más en las entidades extremistas que castigan severamente el aborto, como Arkansas, Alabama, Louisiana y Texas, esta última entidad, concentra hasta el 40% de la comunidad latinoamericana, según el Censo Poblacional del 2021.
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