El país se desmorona sin que aparezcan en acción los superhéroes de fábula que todavía en enero de este año intitulaban en Davos sus predicciones alegres y fanfarronas como Riders on the storm, Mexico overcoming the crisis. Felipe se parapeta tras los discursos y su ¿gabinete? mantiene la vista puesta en los presuntos cambios de nombres que el jefe solitario e impotente pretende ofrecer como muestra de que algo se le ha ocurrido hacer. En tanto, la política oficial consiste en la sencilla frase de Sálvese quien pueda. Allí están los datos del maquillador foxista de cifras económicas, el Inegi marca Sojo que no puede más que fijar en 10.3 por ciento la caída del producto interno bruto en el segundo trimestre de este año. Y el secretario de Turismo (otro foxista sobreviviente) que anuncia pérdidas por 2 mil 500 millones de pesos en este año. O el Infonavit que invita a los desesperados a que aprovechen la oferta denominada Precalificación anticipada para que tomen lo que puedan de sus fondos acumulados, que aún no les permiten conseguir un crédito pleno, antes de que otra cosa suceda. O el gobierno de izquierda de la capital del país que anuncia sus planes de entregar el agua como negocio privado, en una maniobra que cede a las tesis del neoliberalismo cuando en el mundo le entonan cantos fúnebres y se vuelve a la idea de fortalecer la rectoría económica de las entidades estatales en asuntos básicos, como en este caso es el suministro de líquido a la población (y, para completar el cuadro, se le cae un puente a la Fidelidad contratista, en circunstancias que en primeros reportes oficiales apuntan a la culpabilidad de un pesado transporte que no debía usar ese cruce, pero que también hacen recordar la fragilidad de las obras públicas dañadas por los ahorros hechos para pagos subterráneos a políticos y bajo la garantía de la impunidad consecuente).
El mundillo del trágico surrealismo político con el secretario de gobernación del ingobernable país y el consejero presidente del IFE sin fe que se reúnen para acordar que los mexicanos bien podemos gozar del privilegio de llevar en los bolsillos vacíos un par de tarjetas oficiales, la del antes mencionado IFE y la del negocio hildebrándico, conocida como cédula de identidad. Dinero para gastar es lo que le sobra al gobierno. Lo bueno es que parece abrirse camino una esperanza de mando, de claridad en el camino, de juicio sereno ante la adversidad (los verdaderos jinetes en la tormenta): tal vez vaya siendo hora de revisar las estrategias con las que se ha enfrentado al narcotráfico en México, pues la violencia cotidiana, cada vez más cruenta, no es una confirmación de que se va triunfando en esa guerra. Así lo ha planteado John Feeley, ministro consejero de la embajada gringa, en una sesión académica en el Tec de Monterrey: No quiero decir tan sencillamente que la violencia extrema y grotesca que ustedes están viviendo hoy es una señal de éxito, creo que la situación es mucho más compleja y va mucho más allá, y más adelante, con un enfoque de análisis militar, consideró que al gobierno felipista ahora toca rexaminar cómo han reaccionado (los narcotraficantes ante su combate) y cómo el gobierno mexicano puede reaccionar. ¡Ah! Otra buena noticia: el gobierno decidió apretar judicialmente contra El Chapo, El Mayo y Arturo Beltrán Leyva, mediante la presentación de más cargos y la apertura de más procesos. Claro, el gobierno de Estados Unidos.
Enrique Galván Ochoa: Dinero
El mundillo del trágico surrealismo político con el secretario de gobernación del ingobernable país y el consejero presidente del IFE sin fe que se reúnen para acordar que los mexicanos bien podemos gozar del privilegio de llevar en los bolsillos vacíos un par de tarjetas oficiales, la del antes mencionado IFE y la del negocio hildebrándico, conocida como cédula de identidad. Dinero para gastar es lo que le sobra al gobierno. Lo bueno es que parece abrirse camino una esperanza de mando, de claridad en el camino, de juicio sereno ante la adversidad (los verdaderos jinetes en la tormenta): tal vez vaya siendo hora de revisar las estrategias con las que se ha enfrentado al narcotráfico en México, pues la violencia cotidiana, cada vez más cruenta, no es una confirmación de que se va triunfando en esa guerra. Así lo ha planteado John Feeley, ministro consejero de la embajada gringa, en una sesión académica en el Tec de Monterrey: No quiero decir tan sencillamente que la violencia extrema y grotesca que ustedes están viviendo hoy es una señal de éxito, creo que la situación es mucho más compleja y va mucho más allá, y más adelante, con un enfoque de análisis militar, consideró que al gobierno felipista ahora toca rexaminar cómo han reaccionado (los narcotraficantes ante su combate) y cómo el gobierno mexicano puede reaccionar. ¡Ah! Otra buena noticia: el gobierno decidió apretar judicialmente contra El Chapo, El Mayo y Arturo Beltrán Leyva, mediante la presentación de más cargos y la apertura de más procesos. Claro, el gobierno de Estados Unidos.
Enrique Galván Ochoa: Dinero
El licenciado Calderón anuncia que despedirá burocracia que no sea necesaria o incluso que no sea la indispensable, sobre todo en estos tiempos complicados que tenemos. En la somera descripción caben cómodamente 200 diputados, 32 senadores, cuatro ministros de la Suprema Corte y un número incuantificable de subsecretarios, directores generales, comisionados y asesores del Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados puede funcionar perfectamente con 300 elementos, como antes; el Senado con 96, como antaño, y la Suprema Corte con siete ministros. Pero si la burocracia que tiene en mente despedir es la de abajo cometería un error peligroso, va a echarnos un problema encima a los ciudadanos. Esa gente tiene que comer y nadie garantiza que haya quienes, en su desesperación, nos esperen en el siguiente semáforo a despojarnos del automóvil, o se dejen seducir por los buenos sueldos de la economía criminal.
¿No hay de otra?
Hay otras salidas. López Obrador planteó una que debería ser tomada en cuenta: la moratoria al pago de la deuda del Fobaproa/IPAB. Tiene complicaciones. El rescate bancario se pagó con la venta de bonos que han sido adquiridos por las afores. Una moratoria significaría que dejaran de percibir sus intereses, ya de por sí trasquilados por las administradoras. Tendría que buscarse un mecanismo que ponga a salvo de pérdidas a los tenedores de esos valores. Una posibilidad consiste en negociar con los bancos que fueron favorecidos por el rescate y que hoy día gozan de salud financiera y ganan miles de millones de pesos, que se hagan cargo de la deuda, y el gobierno les dé todo tipo de facilidades. No es algo irrealizable: simplemente que cubran una prima mayor al seguro del IPAB que ya hoy en día cubren. Hasta el año actual, Zedillo, Fox y Calderón han sustraído 322 mil 982 millones de pesos del presupuesto federal para abonar los intereses; sin embargo, la deuda original sigue monstruosamente alta: 700 mil millones (ver gráfica en esta página). El próximo primer dia de septiembre Calderón, al presentar su proyecto de presupuesto, propondrá que se sustraigan otros 30 mil o 35 mil millones de pesos para seguir abonando el año siguiente, el del anunciado shock. Eso es lo que ya no se debería permitir. Si cuando se armó el Fobaproa se hubiera previsto que los bancos favorecidos entregaran acciones al gobierno, como sucedió en Estados Unidos, el panorama sería otro, pero aquí los políticos simplemente obsequiaron el dinero, llevaban sus ventajas. No digan que no hay de otra más que seguir sacrificando a la gente, la están llevando al límite, ahí está la propuesta de AMLO. Aunque tenemos que ser realistas: en el remoto caso que Calderón hiciera la propuesta, los capos de ambas cámaras del Congreso la bloquearían, actúan conforme a los intereses de los banqueros, como recientemente lo vimos en el asunto de las comisiones y las tasas de interés de las tarjetas de crédito.
¿No hay de otra?
Hay otras salidas. López Obrador planteó una que debería ser tomada en cuenta: la moratoria al pago de la deuda del Fobaproa/IPAB. Tiene complicaciones. El rescate bancario se pagó con la venta de bonos que han sido adquiridos por las afores. Una moratoria significaría que dejaran de percibir sus intereses, ya de por sí trasquilados por las administradoras. Tendría que buscarse un mecanismo que ponga a salvo de pérdidas a los tenedores de esos valores. Una posibilidad consiste en negociar con los bancos que fueron favorecidos por el rescate y que hoy día gozan de salud financiera y ganan miles de millones de pesos, que se hagan cargo de la deuda, y el gobierno les dé todo tipo de facilidades. No es algo irrealizable: simplemente que cubran una prima mayor al seguro del IPAB que ya hoy en día cubren. Hasta el año actual, Zedillo, Fox y Calderón han sustraído 322 mil 982 millones de pesos del presupuesto federal para abonar los intereses; sin embargo, la deuda original sigue monstruosamente alta: 700 mil millones (ver gráfica en esta página). El próximo primer dia de septiembre Calderón, al presentar su proyecto de presupuesto, propondrá que se sustraigan otros 30 mil o 35 mil millones de pesos para seguir abonando el año siguiente, el del anunciado shock. Eso es lo que ya no se debería permitir. Si cuando se armó el Fobaproa se hubiera previsto que los bancos favorecidos entregaran acciones al gobierno, como sucedió en Estados Unidos, el panorama sería otro, pero aquí los políticos simplemente obsequiaron el dinero, llevaban sus ventajas. No digan que no hay de otra más que seguir sacrificando a la gente, la están llevando al límite, ahí está la propuesta de AMLO. Aunque tenemos que ser realistas: en el remoto caso que Calderón hiciera la propuesta, los capos de ambas cámaras del Congreso la bloquearían, actúan conforme a los intereses de los banqueros, como recientemente lo vimos en el asunto de las comisiones y las tasas de interés de las tarjetas de crédito.
En una semana ocurrieron otros dos graves atentados contra la libertad de expresión. El diario El Siglo de Torreón fue objeto de un artero ataque con granadas que fueron lanzadas contra su edificio, y en Ciudad Juárez el periodista Willivaldo Delgadillo se halla desaparecido desde el miércoles. El lunes pasado hubo una reunión a la que concurrieron conocidos y respetados personajes del gremio para firmar un compromiso para la defensa de la libertad de expresión. Carlos Slim fue uno de los invitados. Es alguien cuya opinión pesa mucho, dentro y fuera de México. Expresó conceptos importantes, pero hay uno con el que difícilmente se puede estar de acuerdo: dijo que en la actualidad hay más libertad de expresión en México y esa es la causa de que se multipliquen las agresiones. ¿Y cómo es que en países que gozan también de una gran libertad –Inglaterra, Francia, Alemania– no asesinan a los periodistas?
Como he comentado en las cuatro entregas precedentes, la medición de la pobreza que anunció el Coneval en julio no cumple con lo estipulado en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), porque sólo toma en cuenta los ingresos de los hogares para la medición y hace caso omiso de otros siete indicadores definidos como obligatorios en dicha ley. Desde 1994 vengo aplicando el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) que desarrollé a finales de los años ochenta para medir la evolución de la pobreza en el país, culminando en 1992. Al igual que el método de la LGDS, se trata de un método multidimensional.
Mientras con el método que ha aplicado el Coneval, y que fue desarrollado por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza (CTMP) durante el gobierno de Fox, que es una variante original, pero muy defectuosa, del método de Canasta Normativa Alimentaria que viene aplicando desde hace 30 años la Cepal para medir la pobreza en América Latina, en México 47.4 por ciento de la población (50.55 millones de personas) vivían en condiciones de pobreza a mediados de 2008, de acuerdo con el MMIP es 74.2 por ciento la que se encuentra en dicha situación (79.17 millones de personas). Mientras en un caso se identifica como pobre un poco menos de la mitad de la población, en el otro se identifica en esa condición a casi tres cuartas partes de ella. La diferencia es de 26.8 puntos porcentuales y de 28.62 millones). ¿Cuál es el nivel correcto?
Una respuesta inicial debe tomar en cuenta que si aplicamos la línea de pobreza 3 (LP3) que definió el CTMP y que fue eliminada por la Sedeso, la pobreza sería 58.6 por ciento y no 47.4. Todavía más, si se utiliza lo que Araceli Damián y yo hemos llamado la LP3 corregida (que calcula la LP con la ortodoxia de la Cepal), el resultado es 74.9 por ciento, unas décimas por arriba del cálculo del MMIP. Desaparece la diferencia. Las tres cuartas partes de la población nacional son pobres.
Una vía de exploración consiste en comparar la norma fijada contra la realidad observada de los hogares. No estoy postulando que se convierta el es en el debe (lo cual, como lo sabe cualquier estudiante de filosofía, sería una aberración conceptual), sino simplemente aplicando la concepción relativa de la pobreza, que tanto debe a Peter Townsend, y que sostiene que las normas deben reflejar el estilo de vida ampliamente difundido o promovido en una sociedad. Cuando una norma queda muy lejos de la práctica de la inmensa mayoría de la población, pueden surgir dudas sobre su adecuación; en cambio, cuando la norma constituye, al mismo tiempo, la práctica de una proporción amplia de la población, la norma cobra mucho más certeza. Debe tomarse en cuenta que se trata de definir normas para uno de los países más desiguales del planeta, lo que dificulta enormemente la tarea.
Los cálculos de la pobreza del MMIP se basan en la combinación de tres dimensiones: pobreza de ingresos, pobreza de tiempo y NBI (necesidades básicas insatisfechas); mientras las dos primeras dimensiones están constituidas por sólo un indicador, la tercera se conforma con ocho: educación; salud y seguridad social; vivienda; agua y drenaje; bienes durables; manejo de basura; energía doméstica, y teléfono. Al combinarse los índices de estos ocho indicadores se obtiene el índice de NBI de cada hogar, que al combinarse con ingresos y tiempo permite obtener el índice integrado del MMIP para cada hogar, con base en el cual se clasifican los hogares en uno de seis estratos: indigentes, muy pobres, pobreza moderada, con satisfacción de necesidades básicas y requerimientos de ingreso-tiempo (sanbrit), clase media y clase alta.
Mientras con el método que ha aplicado el Coneval, y que fue desarrollado por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza (CTMP) durante el gobierno de Fox, que es una variante original, pero muy defectuosa, del método de Canasta Normativa Alimentaria que viene aplicando desde hace 30 años la Cepal para medir la pobreza en América Latina, en México 47.4 por ciento de la población (50.55 millones de personas) vivían en condiciones de pobreza a mediados de 2008, de acuerdo con el MMIP es 74.2 por ciento la que se encuentra en dicha situación (79.17 millones de personas). Mientras en un caso se identifica como pobre un poco menos de la mitad de la población, en el otro se identifica en esa condición a casi tres cuartas partes de ella. La diferencia es de 26.8 puntos porcentuales y de 28.62 millones). ¿Cuál es el nivel correcto?
Una respuesta inicial debe tomar en cuenta que si aplicamos la línea de pobreza 3 (LP3) que definió el CTMP y que fue eliminada por la Sedeso, la pobreza sería 58.6 por ciento y no 47.4. Todavía más, si se utiliza lo que Araceli Damián y yo hemos llamado la LP3 corregida (que calcula la LP con la ortodoxia de la Cepal), el resultado es 74.9 por ciento, unas décimas por arriba del cálculo del MMIP. Desaparece la diferencia. Las tres cuartas partes de la población nacional son pobres.
Una vía de exploración consiste en comparar la norma fijada contra la realidad observada de los hogares. No estoy postulando que se convierta el es en el debe (lo cual, como lo sabe cualquier estudiante de filosofía, sería una aberración conceptual), sino simplemente aplicando la concepción relativa de la pobreza, que tanto debe a Peter Townsend, y que sostiene que las normas deben reflejar el estilo de vida ampliamente difundido o promovido en una sociedad. Cuando una norma queda muy lejos de la práctica de la inmensa mayoría de la población, pueden surgir dudas sobre su adecuación; en cambio, cuando la norma constituye, al mismo tiempo, la práctica de una proporción amplia de la población, la norma cobra mucho más certeza. Debe tomarse en cuenta que se trata de definir normas para uno de los países más desiguales del planeta, lo que dificulta enormemente la tarea.
Los cálculos de la pobreza del MMIP se basan en la combinación de tres dimensiones: pobreza de ingresos, pobreza de tiempo y NBI (necesidades básicas insatisfechas); mientras las dos primeras dimensiones están constituidas por sólo un indicador, la tercera se conforma con ocho: educación; salud y seguridad social; vivienda; agua y drenaje; bienes durables; manejo de basura; energía doméstica, y teléfono. Al combinarse los índices de estos ocho indicadores se obtiene el índice de NBI de cada hogar, que al combinarse con ingresos y tiempo permite obtener el índice integrado del MMIP para cada hogar, con base en el cual se clasifican los hogares en uno de seis estratos: indigentes, muy pobres, pobreza moderada, con satisfacción de necesidades básicas y requerimientos de ingreso-tiempo (sanbrit), clase media y clase alta.
Carlos Fernández-Vega: México SA
Como si alguien lo dudara, oficialmente la gran crisis mexicana de 1995 ya tiene remplazo: el terremoto mexicano de 2009, que con lujo de violencia ha obtenido la ingrata medalla de oro en las casi tres décadas de recurrentes sacudidas en el país, y que ha rebasado, con creces, a la que casi tres lustros atrás fue catalogada como la más drástica de todas ellas. Así, en el primer semestre del año del catarrito, el producto interno bruto (PIB) se desplomó 9.25 por ciento a tasa anual, caída en vertical que duplica el golpe económico sufrido en igual lapso del primer año del zedillato, cuando el descenso fue de 4.8 por ciento.
En la truculenta historia nacional de las tres décadas pasadas, la crisis en turno rebasaba por mucho a la sacudida previa, siempre con la promesa gubernamental de que sería la última, ya que con las reformas estructurales y los nuevos ajustes, difíciles, pero necesarios, se evitarían golpes futuros. Al poco tiempo arrasaba al país otro tsunami económico-financiero, que opacaba al anterior, y así sucesivamente. En 2007 el actual inquilino de Los Pinos, en línea con sus antecesores, aseguraba que en México ni una crisis más, y ahora el país vive la más profunda –hasta el momento– de su historia.
De abril a junio, el segundo trimestre del año, el PIB mexicano registró, de acuerdo con el Inegi, un desplome de 10.3 por ciento (–9.2 por ciento en igual periodo de 1995), mientras que de enero a marzo, el primer trimestre, la caída fue de 8.2 por ciento (–0.4 por ciento en el mismo lapso de 1995). El promedio para los primeros seis meses del año es de –9.25 por ciento (–4.8 por ciento en 1995), una pérdida equivalente a 143 mil millones de dólares, a valor de paridad de poder adquisitivo (PPA), según la medición del Fondo Monetario Internacional.
El informe que ayer divulgó el Inegi precisa que en el segundo trimestre de 2009 (a lo largo del cual el discurso oficial insistió en que lo peor ya pasó) el comportamiento anual se derivó del desempeño negativo del sector industrial y del sector servicios. El PIB de las actividades secundarias (industriales) se contrajo 11.5 por ciento, como resultado de los decrementos en tres de sus cuatro sectores: las industrias manufactureras se redujeron 16.4 por ciento; la construcción, 9.2, y la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, 1.4; mientras que la minería creció 0.6 por ciento (la minería petrolera descendió 3.7 por ciento, mientras que la no petrolera aumentó 23.3). La caída en este renglón de la economía mexicana lo hace retroceder a niveles observados cinco años atrás.
El PIB de las actividades terciarias retrocedió 10.4 por ciento a tasa anual. Por su contribución a dicho decremento destacó la caída (20.9 por ciento) del comercio, producto de las menores ventas internas y externas; el de los transportes, correos y almacenamiento (–13.7), debido a la baja en los servicios de autotransporte de carga, y el transporte terrestre de pasajeros, por ductos, turístico, y servicios relacionados con el transporte; el de los educativos (–17.3 por ciento); los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (–6.6); el de los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (–17.2), y los servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos (–7.5), entre otros. En contraste, se registró un aumento en el PIB de los servicios de salud y de asistencia social (4.1 por ciento) y los de información en medios masivos (2.5). La caída en este renglón de la actividad económica lo hace retroceder a niveles observados en 2005.
El PIB de las actividades primarias (que incluyen los sectores agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza) registró un aumento de 1.1 por ciento en el lapso referido, asociado al desempeño positivo de la agricultura, la cual presentó un crecimiento en la superficie sembrada del ciclo primavera verano, y en la cosechada en ambos ciclos (otoño-invierno y primavera-verano), reflejándose en una mayor producción de cultivos como nuez, sorgo y maíz en grano, frijol, aguacate, limón, tomate verde, maíz forrajero, papaya, avena forrajera, trigo en grano y caña de azúcar, entre otros. La ganadería reportó una alza anual en su PIB (no especificada por el Inegi). El repunte en este sector eleva sus indicadores a niveles similares a los registrados en el primer trimestre de 2008.
Con la información anterior, aunada al reporte enero-marzo de 2009, el desplome del producto interno bruto en la primera mitad del año, con respecto a igual periodo de 2008, es de 9.25 por ciento. Por sectores, el PIB de las actividades secundarias se redujo 10.7 por ciento, el de las terciarias de 9 por ciento y el de las primarias aumentó 1.3 por ciento. Tres son los tristes trimestres consecutivos a la baja (el último de 2008 y los dos primeros de 2009) que registra la economía mexicana, en la que lo peor ya pasó.
Lo anterior confirma el de por sí espeluznante deterioro social que padece el país, y da cuerpo –como si fuera necesario– a lo publicado ayer por La Jornada: “la recesión en que cayó la economía mexicana este año sumió en la pobreza a por lo menos 4.2 millones de personas, adicionales a los 5.9 millones que cayeron en esa condición entre 2006 y 2008, reveló un reporte del Banco Mundial. Si se toman en cuenta los 50.6 millones de pobres registrados en datos oficiales hasta 2008, se obtiene un total de 54.8 millones de mexicanos en esta condición, o sea, 51.02 por ciento de la población del país, del conjunto de 107.4 millones a junio de 2009. De esta manera, México se convirtió en el país más afectado por la crisis económica en la región, y también en el que un mayor número de sus habitantes cayó en la pobreza durante este año, de acuerdo con el documento del Banco Mundial, que constituye la primera evaluación sobre las consecuencias de la actual crisis económica en los indicadores de pobreza en América Latina, la región con mayor desigualdad en la distribución del ingreso. El informe, concluido en julio y publicado este mes, indica que la crisis económica provocará que la tasa de pobreza en la región aumente este año en 8.3 millones de personas respecto de 2008. Alrededor de la mitad de esas personas que caerán en pobreza este año están en México (4.15 millones)... (Roberto González Amador).
Las rebanadas del pastel
Ojo patriotas y masiosares, que en algunas zonas desconectadas de la realidad existe derroche de cinismo y confusión, pues en ellas suponen que criticar al ineficiente inquilino de Los Pinos y gabinetazo que lo acompaña es sinónimo de hablar mal del país y de difundir una imagen negativa de México. Caraduras veredes.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Chavarría: implicaciones de un homicidio
El asesinato de Armando Chavarría Barrera, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero, líder de la bancada perredista y uno de los más fuertes aspirantes a suceder a Zeferino Torreblanca en el Ejecutivo estatal, marca un hito en la escalada de violencia que padece el país y resulta –además de condenable, como todo homicidio–, aterrador y ominoso de cara al futuro inmediato del país.
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El Correo Ilustrado
Repudian el asesinato de Armando Chavarría
El Movimiento por la Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía, repudia el artero asesinato de Armando Chavarría y exige castigo para los responsables materiales e intelectuales. Conocer la verdad y ejercer la justicia serán la única vía para evitar que la violencia política y los abusos de poder se sigan extendiendo por todo el país.
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Tarde o temprano, los archivos hablan. Escamoteados, mutilados, editados, se presume que controlados, llega el día que se fisuran y pueden despertar crímenes políticos del pasado. Ahora lo vemos con uno de los más dolorosos en tiempos recientes: la masacre de Acteal. A dos semanas del controvertido dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que liberó a 20 paramilitares y repuso el proceso a otros más, incluyendo a asesinos confesos, el asunto toma derroteros inesperados.
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El 6 de marzo de este año publiqué en La Jornada un artículo titulado: Fox, ¿ahora, escuela para políticos? Hoy le informo que el fin de semana pasado se graduó la primera generación del máster en prácticas políticas en el Centro Fox (¿prácticas o mañas?). En la clausura, los futuros gobernantes, quienes salen con una preparación de cinco meses (¡Dios nos ampare!), fueron despedidos por el Fox de siempre; el ranchero inepto y bribón descrito hace dos semanas por Carlos Fuentes. Recordará que en esa ocasión Fox, ofendido y con faltas de ortografía, increpó a Fuentes exigiéndole que tuviera honestidad intelectual (¡miren quién habla!). ¿Dónde está la bribonería?, preguntó (de la ineptitud no dijo ni pío: le sacó al bulto). Fuentes le contestó como se merecía, con un acertijo literario: “uso bribón en la primera acepción del Diccionario de la Real Academia: “haragán”. No insulto: defino”.
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Armonía es el término que más se escucha entre funcionarios y académicos chinos cuando se trata de caracterizar la realidad actual del país, aunque mucho de lo que ocurre está lejos de ese autoconvocado equilibrio neoconfuciano. Se considera, por ejemplo, que las relaciones laborales se basan precisamente en esa deseada avenencia entre trabajo y capital, la cual sin duda existe en muchas regiones en las que la economía de mercado se ha impuesto con beligerancia y acompañada de una ideología empresarial fuertemente competitiva y arraigada, sobre todo entre los jóvenes que no vivieron los avatares de la revolución.
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El gobierno de facto de Felipe Calderón no sólo está hundiendo a México en un desastre sin precedentes, sino que con sus políticas de abierta subordinación a Washington y de respaldo a la militarización del continente constituye ya una verdadera amenaza para América Latina.
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Con una doble estrategia las trasnacionales como Monsanto y Agrobio buscan inundar este país con semillas de maíz transgénico: primero, la estrategia discursiva, y, a trasmano, la de los hechos consumados, que nunca falla ante gobiernos omisos como el actual. Ambos brazos de la pinza se constatan con toda claridad en Chihuahua.
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Concha Torralba conjunta estupendamente el pensamiento de Jacques Derrida con el talento de Javier Marías en torno a uno de los más grandes escritores que ha dado la literatura universal: William Shakespeare.
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Porfirio Muñoz Ledo
Ley de la verdad
El fallo de la Suprema Corte que determina la ilegalidad de los procesos de 20 presuntos responsables de la matanza de Acteal, más que una reparación, encierra una condena retrospectiva al Estado. Los poderes públicos como agentes explícitos de la violación del derecho.
“El pasado regresa —escribe José Antonio Crespo— como una pesadilla interminable”, porque la transición se trabó en el anudamiento de complicidades. Existe certidumbre jurídica sobre el desacato a la legalidad, pero nada se hace para esclarecer lo sucedido, sancionar a los culpables y reconstruir los organismos que siguen cometiendo y encubriendo los agravios.
Diez años de prisión no son restituibles, aunque sí compensables por la penalización de quienes fueron responsables desde el poder. De otro modo resultarían dos veces chivos expiatorios: por haber sido culpados de crímenes que otros cometieron y por la absolución general que se esconde tras su liberación.
Granados Chapa revela una transacción electoral entre Calderón y líderes evangélicos, en la que éste se comprometió a “revisar el estado procesal de los expedientes de Acteal”. La afirmación del procurador —contraria a la resolución de la Corte— de que sus antecesores obraron “conforme a derecho” y por tanto “no revisará su actuación”, cierra el círculo de la injusticia como política pública.
Los hechos son piezas de una estrategia agresiva de Ernesto Zedillo contra del EZLN y sus simpatizantes. Ejemplifican una estrategia de Estado que en esta columna describimos el 22 y 29 de abril y el 4 de mayo de 1998. Pudimos paliar sus atrocidades y limitar sus repercusiones gracias al precario equilibrio político establecido por la mayoría de oposición en el Congreso.
Algunos exigen instaurar un “tribunal autónomo y excepcional”, con indiscutible autoridad moral, para revisar el caso y dictar las sanciones. El alto comisionado de la ONU exhorta al gobierno mexicano para que emprenda una “investigación minuciosa e imparcial” a fin de “satisfacer el derecho a conocer la verdad y reparar el daño conforme a estándares internacionales”.
El asunto debiera ser enarbolado por la ciudadanía, habida cuenta de su carácter paradigmático, pero no es por desgracia el único. El cáncer de la impunidad corroe el aparato del Estado y disuelve el tejido social. Demanda soluciones generales, acciones concatenadas y profundas reformas institucionales.
El dilema inicial de todo cambio de régimen es qué hacer con el pasado. Cada uno lo ha resuelto de manera distinta —desde la guillotina hasta la amnesia— pero sólo han sido exitosos mediante la ruptura con las prácticas anteriores, la instauración de un nuevo andamiaje jurídico, una genuina transparencia y sanciones ejemplares.
Ese fue el tema crucial de los estudios sobre la reforma del Estado en 2000. Se declaró la “absoluta necesidad de esclarecer el pasado para poder construir el futuro” y se planteó crear de una Comisión de la Verdad para “investigar las violaciones flagrantes a los derechos humanos y los delitos patrimoniales contra la nación”.
Hubo consenso en respetar las competencias de los poderes constituidos e involucrarlos en las consecuencias de las pesquisas. Para ello se propuso la expedición de una ley que determinara los objetivos, duración y alcances de la comisión, tanto como su integración plural por representantes de la sociedad civil y de las instancias públicas.
El proyecto se ahogó en la creación de una fiscalía especial, de puntería selectiva y destino inútil. Hoy debiera reivindicarlo el Congreso. La lista de pendientes se acrecienta con la demanda de revisión del Fobaproa, las denuncias del auditor superior y la manifiesta arbitrariedad de los persecutores oficiales del crimen.
La Legislatura entrante debiera entender que su agenda es política y su deber histórico: rendición de cuentas y nueva Constitución.
Ex embajador de México ante la Unión Europea
“El pasado regresa —escribe José Antonio Crespo— como una pesadilla interminable”, porque la transición se trabó en el anudamiento de complicidades. Existe certidumbre jurídica sobre el desacato a la legalidad, pero nada se hace para esclarecer lo sucedido, sancionar a los culpables y reconstruir los organismos que siguen cometiendo y encubriendo los agravios.
Diez años de prisión no son restituibles, aunque sí compensables por la penalización de quienes fueron responsables desde el poder. De otro modo resultarían dos veces chivos expiatorios: por haber sido culpados de crímenes que otros cometieron y por la absolución general que se esconde tras su liberación.
Granados Chapa revela una transacción electoral entre Calderón y líderes evangélicos, en la que éste se comprometió a “revisar el estado procesal de los expedientes de Acteal”. La afirmación del procurador —contraria a la resolución de la Corte— de que sus antecesores obraron “conforme a derecho” y por tanto “no revisará su actuación”, cierra el círculo de la injusticia como política pública.
Los hechos son piezas de una estrategia agresiva de Ernesto Zedillo contra del EZLN y sus simpatizantes. Ejemplifican una estrategia de Estado que en esta columna describimos el 22 y 29 de abril y el 4 de mayo de 1998. Pudimos paliar sus atrocidades y limitar sus repercusiones gracias al precario equilibrio político establecido por la mayoría de oposición en el Congreso.
Algunos exigen instaurar un “tribunal autónomo y excepcional”, con indiscutible autoridad moral, para revisar el caso y dictar las sanciones. El alto comisionado de la ONU exhorta al gobierno mexicano para que emprenda una “investigación minuciosa e imparcial” a fin de “satisfacer el derecho a conocer la verdad y reparar el daño conforme a estándares internacionales”.
El asunto debiera ser enarbolado por la ciudadanía, habida cuenta de su carácter paradigmático, pero no es por desgracia el único. El cáncer de la impunidad corroe el aparato del Estado y disuelve el tejido social. Demanda soluciones generales, acciones concatenadas y profundas reformas institucionales.
El dilema inicial de todo cambio de régimen es qué hacer con el pasado. Cada uno lo ha resuelto de manera distinta —desde la guillotina hasta la amnesia— pero sólo han sido exitosos mediante la ruptura con las prácticas anteriores, la instauración de un nuevo andamiaje jurídico, una genuina transparencia y sanciones ejemplares.
Ese fue el tema crucial de los estudios sobre la reforma del Estado en 2000. Se declaró la “absoluta necesidad de esclarecer el pasado para poder construir el futuro” y se planteó crear de una Comisión de la Verdad para “investigar las violaciones flagrantes a los derechos humanos y los delitos patrimoniales contra la nación”.
Hubo consenso en respetar las competencias de los poderes constituidos e involucrarlos en las consecuencias de las pesquisas. Para ello se propuso la expedición de una ley que determinara los objetivos, duración y alcances de la comisión, tanto como su integración plural por representantes de la sociedad civil y de las instancias públicas.
El proyecto se ahogó en la creación de una fiscalía especial, de puntería selectiva y destino inútil. Hoy debiera reivindicarlo el Congreso. La lista de pendientes se acrecienta con la demanda de revisión del Fobaproa, las denuncias del auditor superior y la manifiesta arbitrariedad de los persecutores oficiales del crimen.
La Legislatura entrante debiera entender que su agenda es política y su deber histórico: rendición de cuentas y nueva Constitución.
Ex embajador de México ante la Unión Europea
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