Enrique Galván Ochoa: Dinero
¿Es inevitable el regreso del PRI a Los Pinos? El 57 por ciento de las personas que encuestamos esta semana considera que no es un hecho su regreso; en contraste, el 40 por ciento sí lo ve inevitable y 3 por ciento comenta que le es indiferente.
Metodología
Esta semana enviamos 2 mil 500 cuestionarios por correo electrónico y contestó 89%. Algunas personas acompañaron sus votos con su opinión, todas pueden leerse en el foro. Enseguida reproducimos algunos fragmentos.
Opiniones
Del dicho al hecho hay mucho trecho, o también del plato a la boca a veces se cae la sopa… no es inevitable el regreso del PRI.
Socorro Solís Tejeda/Veracruz
Parece inevitable, pero es necesario refrescar la memoria de mucha gente para evitarlo, pues su retorno no es garantía de mejores condiciones para la gente, de sobra es conocido cómo establecen alianzas en lo oscurito y a la luz del día con el PAN y otros partidos para continuar saqueando a nuestro sufrido país.
Fernando Méndez Ramírez/Irapuato
¿Es inevitable el regreso del PRI a Los Pinos? El 57 por ciento de las personas que encuestamos esta semana considera que no es un hecho su regreso; en contraste, el 40 por ciento sí lo ve inevitable y 3 por ciento comenta que le es indiferente.
Metodología
Esta semana enviamos 2 mil 500 cuestionarios por correo electrónico y contestó 89%. Algunas personas acompañaron sus votos con su opinión, todas pueden leerse en el foro. Enseguida reproducimos algunos fragmentos.
Opiniones
Del dicho al hecho hay mucho trecho, o también del plato a la boca a veces se cae la sopa… no es inevitable el regreso del PRI.
Socorro Solís Tejeda/Veracruz
Parece inevitable, pero es necesario refrescar la memoria de mucha gente para evitarlo, pues su retorno no es garantía de mejores condiciones para la gente, de sobra es conocido cómo establecen alianzas en lo oscurito y a la luz del día con el PAN y otros partidos para continuar saqueando a nuestro sufrido país.
Fernando Méndez Ramírez/Irapuato
Gloria Muñoz Ramírez: Los de Abajo
De norte a sur del país, la historia se repite: un empresario voraz, un pueblo desalojado con violencia, unas autoridades estatales cómplices, la amenaza permanente. Y también se repiten la indignación y la rabia, el hartazgo, la resistencia y la protesta de un pueblo que se niega a dejar de existir.
El pasado 13 de agosto el pueblo de Ebulá, en Campeche, fue arrasado por un grupo de unos 100 sicarios contratados por uno de los hombres más poderosos del estado: Eduardo Escalante, suegro de Juan Camilo Muriño, fallecido secretario de Gobernación. Desde entonces las más de 60 familias de origen maya que conforman el pueblo permanecen en plantón frente al palacio de gobierno estatal. Sus demandas: reubicación, reposición de los daños y castigo a los culpables de la violencia ejercida en su contra.
Agrupados en el Frente en Defensa de la Tierra del Pueblo de Ebulá (FDTPE), los pobladores relatan lo sucedido: Las viviendas de la población fueron destruidas y quemadas, mientras hombres, mujeres y niños, tuvieron que huir al monte. Nada fue respetado, ni las propiedades, ni los animales de traspatio, ni siquiera los árboles.
Se trató de una acción delincuencial amparada en el poder económico de la familia Escalante. Llegaron los cuerpos parapoliciales con dos trascabos de la constructora del empresario y arrasaron casas y árboles de maderas preciosas, como caoba y cedro. Derrumbaron los árboles frutales (ciruela, nuez, zapote, limón), mataron a los animales de crianza, golpearon a los pobladores y ninguna autoridad hizo nada para impedirlo. Los agentes de la policía estatal preventiva sólo observaron la destrucción de los testigos mudos de un pueblo. Se trató de no dejar rastros de vida, como si 40 años de historia se pudieran borrar así nomás.
San Antonio Ebulá fue fundado en 1968 y durante 40 años sus tierras no han podido ser regularizadas por obstáculos impuestos por las autoridades estatales y federales, de acuerdo con un informe del Equipo Indignación, de promoción y defensa de los derechos humanos. En este tiempo los habitantes han enfrentado la ambición de distintos empresarios, y desde hace dos años Eduardo Escalante les ofreció reubicarlos en unas tierras del poblado actual. Quienes aceptaron la oferta se encontraron con lodazales que se inundaban en cada lluvia. Regresaron a su pueblo y desde entonces resisten las amenazas del empresario.
Las 60 familias de San Antonio Ebulá tienen una semana durmiendo a la intemperie. Son hombres, mujeres, niños y ancianos dispuestos a no rendirse. Reclaman más de 500 hectáreas de las que tienen posesión desde hace cuatro décadas. Arrasaron sus casas y pertenencias. Pero ellos siguen vivos.
losylasdeabajo@yahoo.com.mx
De norte a sur del país, la historia se repite: un empresario voraz, un pueblo desalojado con violencia, unas autoridades estatales cómplices, la amenaza permanente. Y también se repiten la indignación y la rabia, el hartazgo, la resistencia y la protesta de un pueblo que se niega a dejar de existir.
El pasado 13 de agosto el pueblo de Ebulá, en Campeche, fue arrasado por un grupo de unos 100 sicarios contratados por uno de los hombres más poderosos del estado: Eduardo Escalante, suegro de Juan Camilo Muriño, fallecido secretario de Gobernación. Desde entonces las más de 60 familias de origen maya que conforman el pueblo permanecen en plantón frente al palacio de gobierno estatal. Sus demandas: reubicación, reposición de los daños y castigo a los culpables de la violencia ejercida en su contra.
Agrupados en el Frente en Defensa de la Tierra del Pueblo de Ebulá (FDTPE), los pobladores relatan lo sucedido: Las viviendas de la población fueron destruidas y quemadas, mientras hombres, mujeres y niños, tuvieron que huir al monte. Nada fue respetado, ni las propiedades, ni los animales de traspatio, ni siquiera los árboles.
Se trató de una acción delincuencial amparada en el poder económico de la familia Escalante. Llegaron los cuerpos parapoliciales con dos trascabos de la constructora del empresario y arrasaron casas y árboles de maderas preciosas, como caoba y cedro. Derrumbaron los árboles frutales (ciruela, nuez, zapote, limón), mataron a los animales de crianza, golpearon a los pobladores y ninguna autoridad hizo nada para impedirlo. Los agentes de la policía estatal preventiva sólo observaron la destrucción de los testigos mudos de un pueblo. Se trató de no dejar rastros de vida, como si 40 años de historia se pudieran borrar así nomás.
San Antonio Ebulá fue fundado en 1968 y durante 40 años sus tierras no han podido ser regularizadas por obstáculos impuestos por las autoridades estatales y federales, de acuerdo con un informe del Equipo Indignación, de promoción y defensa de los derechos humanos. En este tiempo los habitantes han enfrentado la ambición de distintos empresarios, y desde hace dos años Eduardo Escalante les ofreció reubicarlos en unas tierras del poblado actual. Quienes aceptaron la oferta se encontraron con lodazales que se inundaban en cada lluvia. Regresaron a su pueblo y desde entonces resisten las amenazas del empresario.
Las 60 familias de San Antonio Ebulá tienen una semana durmiendo a la intemperie. Son hombres, mujeres, niños y ancianos dispuestos a no rendirse. Reclaman más de 500 hectáreas de las que tienen posesión desde hace cuatro décadas. Arrasaron sus casas y pertenencias. Pero ellos siguen vivos.
losylasdeabajo@yahoo.com.mx
Carlos Fernández-Vega: México SA
Sin quitarle una pestaña al voluminoso monstruo peludo de sueldos, sobresueldos, compensaciones, prestaciones y el resto de jugosos estímulos que obtiene la burocracia –la de arriba y la de abajo–, el inquilino de Los Pinos firmó un decreto que pone tope al nivel salarial de los llamados servidores públicos. A partir de ahora nadie podrá obtener un salario igual o superior al recibido por el austero abajo firmante (salvo los ministros de la Suprema Corte y del TEPJF, los consejeros del IFE y tantos etcéteras que no incluye el susodicho decreto).
Así, ni un centavo más a sueldos y salarios de la tres veces H burocracia nacional (hasta que el inquilino decida incrementarlos), aunque es de subrayar que el citado decreto olvidó todo lo demás, es decir, los referidos estímulos que suponen una carga presupuestal de tal magnitud que ni el propio Atlas (el de la mitología griega) sería capaz de llevarla sobre su espalda. Para dar una idea de qué se trata, independientemente de sueldos y salarios normales, tan sólo en el segundo trimestre de 2009 –cuando el PIB se desplomó 10.3 por ciento– el pago de prestaciones de los servidores públicos superó 50 mil millones de pesos (monto similar al más reciente recorte presupuestal anunciado por el Doctor Catarrito, sin considerar a los poderes Legislativo y Judicial, así como a gobiernos de estados y municipios, congresos locales y los que falten por citar), y ese pequeñísimo detalle no está considerado en el nuevo mandato constitucional.
Oficialmente, el firmado ayer por el inquilino de Los Pinos es un decreto de reforma constitucional que establece un tope al sueldo máximo anual de los servidores públicos, teniendo como referente la remuneración del titular del Poder Ejecutivo Federal (Calderón dixit), con lo que, por su propia definición, surge la primera duda: de acuerdo con el tabulador 2009 del gobierno federal, el sueldo de quien despacha en la oficina principal de la ex Hacienda de La Hormiga es de 40 mil 766 pesos mensuales (aguinaldo y prima vacacional corresponden a este nivel de ingreso); el resto –167 mil 804.92 pesos, según el mismo tabulador– se denomina compensación garantizada. Entonces, ¿ese sueldo, sin lo demás, es el tope constitucional que establece el decreto?
Si la respuesta es positiva, quedaría claro que los sueldos (sin lo demás) de la alta burocracia de ninguna manera son desproporcionados, corresponderían al espíritu juarista citado ayer por el propio Calderón a la hora del discurso y darían sustento ético al exhorto que el abajo firmante hiciera ayer a los tres niveles de gobierno (vivir en la austeridad) y a su compromiso (uno más) de uso eficiente y transparente de los recursos, porque al hacerlo se fortalece nuestra democracia y evita abusos que se habían arraigado (¿habían?) en las prácticas administrativas del país.
El panorama se modifica si la respuesta es negativa, porque de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 el sueldo bruto del inquilino de Los Pinos (favor de no alterar el orden de las palabras) asciende a 208 mil 570.92 pesos mensuales, ingreso al que debe adicionarse el paquete de prestaciones (brutas, también), que asciende a 68 mil 858.25 pesos cada 30 días, para un total de 277 mil 429.17 pesos por mes, o si se prefiere 3 millones 329 mil 150 pesos en este agitadísimo año, sin considerar que de sol a sol todos sus consumos, movimientos, congelamientos, apanicamientos e inventos son pagados íntegramente por los mexicanos.
Algunos dirán que el sueldo (neto) oficialmente reconocido es de 146 mil 839.21 pesos (sin incluir aguinaldo ni prima vacacional), pero olvidan mencionar que los descuentos al ingreso del inquilino de Los Pinos (impuesto sobre la renta, fondo de pensiones, servicio médico, seguro de vida y seguro de retiro) en realidad corren a cuenta de los mismos mexicanos, al igual que las voluminosas prestaciones que obtienen el propio Calderón y los llamados servidores públicos, las que ni por aproximación fueron tocadas por el decreto.
Lo mismo sucede en la escalera burocrática. Un secretario de Estado (aunque en realidad lo sea de despacho) oficialmente tiene un sueldo bruto de 32 mil 813.14 pesos mensuales, y un subsecretario de 23 mil 667.18 pesos. El problema comienza con la pomposamente llamada compensación garantizada: 172 mil 308.91 pesos para el primero y 168 mil 277.12 pesos para el segundo, sin considerar prestaciones en ambos casos. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, al sueldo y a la compensación garantizada del secretario hay que sumar casi 66 mil mensuales por prestaciones brutas y cerca de 65 mil al subsecretario. ¿Cuál es el ingreso que considera el decreto para estos casos?
De allí para abajo, los abultados emolumentos de los tres veces H servidores públicos, que se nutren, y muy bien, en la inagotable telaraña de sueldos, compensaciones, prestaciones, apoyos, ayudas, seguros, créditos, estímulos, fondos, primas y conexos que a los mexicanos les cuesta uno y las tres cuartas partes del otro, pero no sólo en dinero contante y sonante, sino en falta de resultados, en carencia de proyecto, en cancelación de futuro, minúsculos detalles no incluidos en el decreto ayer firmado por el austero inquilino de Los Pinos, el mismo que reflejándose en el espejo se animó a citar a Benito Juárez: los funcionarios no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa. Y se quedó tan tranquilo.
Mientras a unos les ponen tope máximo, a otros los obligan a aceptar topes mínimos. Ayer, Alonso Lujambio Irazábal (SEP-EEG) dijo que la crítica situación económica exige ajustar (léase recortar) con responsabilidad los presupuestos de 2009´ (7 mil 186 millones de pesos menos para la Secretaría de Educación Pública), de tal suerte que se ha entrado a un presupuesto deliberativo para definir los ajustes. Pues bien, a deliberar, con el apunte del TEC, campus estado de México: “en la elaboración del próximo presupuesto uno de los ramos que reclamará mayor atención será la educación pública. Fundamentalmente porque de 3 mil 343 millones de pesos que su sector central ejerce, 184 millones van a ayuda de despensa, 17.3 millones en apoyo a la docencia, 6.8 a docencia genérica, 19.9 en ayuda a libros, 4.6 por apoyos por docencia, 256 por día del maestro, 36.4 de compensación por actuación y productividad, mil 345 de estímulos por antigüedad, 250 por puntualidad o productividad (otra vez), 351 de prima vacacional o dominical, 25 de servicios co-curriculares y 97.2 se van a ‘otras prestaciones’”.
Las rebanadas del pastel
Un fuerte y solidario abrazo para José María Pérez Gay por la irreparable pérdida de su padre.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Sin quitarle una pestaña al voluminoso monstruo peludo de sueldos, sobresueldos, compensaciones, prestaciones y el resto de jugosos estímulos que obtiene la burocracia –la de arriba y la de abajo–, el inquilino de Los Pinos firmó un decreto que pone tope al nivel salarial de los llamados servidores públicos. A partir de ahora nadie podrá obtener un salario igual o superior al recibido por el austero abajo firmante (salvo los ministros de la Suprema Corte y del TEPJF, los consejeros del IFE y tantos etcéteras que no incluye el susodicho decreto).
Así, ni un centavo más a sueldos y salarios de la tres veces H burocracia nacional (hasta que el inquilino decida incrementarlos), aunque es de subrayar que el citado decreto olvidó todo lo demás, es decir, los referidos estímulos que suponen una carga presupuestal de tal magnitud que ni el propio Atlas (el de la mitología griega) sería capaz de llevarla sobre su espalda. Para dar una idea de qué se trata, independientemente de sueldos y salarios normales, tan sólo en el segundo trimestre de 2009 –cuando el PIB se desplomó 10.3 por ciento– el pago de prestaciones de los servidores públicos superó 50 mil millones de pesos (monto similar al más reciente recorte presupuestal anunciado por el Doctor Catarrito, sin considerar a los poderes Legislativo y Judicial, así como a gobiernos de estados y municipios, congresos locales y los que falten por citar), y ese pequeñísimo detalle no está considerado en el nuevo mandato constitucional.
Oficialmente, el firmado ayer por el inquilino de Los Pinos es un decreto de reforma constitucional que establece un tope al sueldo máximo anual de los servidores públicos, teniendo como referente la remuneración del titular del Poder Ejecutivo Federal (Calderón dixit), con lo que, por su propia definición, surge la primera duda: de acuerdo con el tabulador 2009 del gobierno federal, el sueldo de quien despacha en la oficina principal de la ex Hacienda de La Hormiga es de 40 mil 766 pesos mensuales (aguinaldo y prima vacacional corresponden a este nivel de ingreso); el resto –167 mil 804.92 pesos, según el mismo tabulador– se denomina compensación garantizada. Entonces, ¿ese sueldo, sin lo demás, es el tope constitucional que establece el decreto?
Si la respuesta es positiva, quedaría claro que los sueldos (sin lo demás) de la alta burocracia de ninguna manera son desproporcionados, corresponderían al espíritu juarista citado ayer por el propio Calderón a la hora del discurso y darían sustento ético al exhorto que el abajo firmante hiciera ayer a los tres niveles de gobierno (vivir en la austeridad) y a su compromiso (uno más) de uso eficiente y transparente de los recursos, porque al hacerlo se fortalece nuestra democracia y evita abusos que se habían arraigado (¿habían?) en las prácticas administrativas del país.
El panorama se modifica si la respuesta es negativa, porque de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 el sueldo bruto del inquilino de Los Pinos (favor de no alterar el orden de las palabras) asciende a 208 mil 570.92 pesos mensuales, ingreso al que debe adicionarse el paquete de prestaciones (brutas, también), que asciende a 68 mil 858.25 pesos cada 30 días, para un total de 277 mil 429.17 pesos por mes, o si se prefiere 3 millones 329 mil 150 pesos en este agitadísimo año, sin considerar que de sol a sol todos sus consumos, movimientos, congelamientos, apanicamientos e inventos son pagados íntegramente por los mexicanos.
Algunos dirán que el sueldo (neto) oficialmente reconocido es de 146 mil 839.21 pesos (sin incluir aguinaldo ni prima vacacional), pero olvidan mencionar que los descuentos al ingreso del inquilino de Los Pinos (impuesto sobre la renta, fondo de pensiones, servicio médico, seguro de vida y seguro de retiro) en realidad corren a cuenta de los mismos mexicanos, al igual que las voluminosas prestaciones que obtienen el propio Calderón y los llamados servidores públicos, las que ni por aproximación fueron tocadas por el decreto.
Lo mismo sucede en la escalera burocrática. Un secretario de Estado (aunque en realidad lo sea de despacho) oficialmente tiene un sueldo bruto de 32 mil 813.14 pesos mensuales, y un subsecretario de 23 mil 667.18 pesos. El problema comienza con la pomposamente llamada compensación garantizada: 172 mil 308.91 pesos para el primero y 168 mil 277.12 pesos para el segundo, sin considerar prestaciones en ambos casos. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, al sueldo y a la compensación garantizada del secretario hay que sumar casi 66 mil mensuales por prestaciones brutas y cerca de 65 mil al subsecretario. ¿Cuál es el ingreso que considera el decreto para estos casos?
De allí para abajo, los abultados emolumentos de los tres veces H servidores públicos, que se nutren, y muy bien, en la inagotable telaraña de sueldos, compensaciones, prestaciones, apoyos, ayudas, seguros, créditos, estímulos, fondos, primas y conexos que a los mexicanos les cuesta uno y las tres cuartas partes del otro, pero no sólo en dinero contante y sonante, sino en falta de resultados, en carencia de proyecto, en cancelación de futuro, minúsculos detalles no incluidos en el decreto ayer firmado por el austero inquilino de Los Pinos, el mismo que reflejándose en el espejo se animó a citar a Benito Juárez: los funcionarios no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa. Y se quedó tan tranquilo.
Mientras a unos les ponen tope máximo, a otros los obligan a aceptar topes mínimos. Ayer, Alonso Lujambio Irazábal (SEP-EEG) dijo que la crítica situación económica exige ajustar (léase recortar) con responsabilidad los presupuestos de 2009´ (7 mil 186 millones de pesos menos para la Secretaría de Educación Pública), de tal suerte que se ha entrado a un presupuesto deliberativo para definir los ajustes. Pues bien, a deliberar, con el apunte del TEC, campus estado de México: “en la elaboración del próximo presupuesto uno de los ramos que reclamará mayor atención será la educación pública. Fundamentalmente porque de 3 mil 343 millones de pesos que su sector central ejerce, 184 millones van a ayuda de despensa, 17.3 millones en apoyo a la docencia, 6.8 a docencia genérica, 19.9 en ayuda a libros, 4.6 por apoyos por docencia, 256 por día del maestro, 36.4 de compensación por actuación y productividad, mil 345 de estímulos por antigüedad, 250 por puntualidad o productividad (otra vez), 351 de prima vacacional o dominical, 25 de servicios co-curriculares y 97.2 se van a ‘otras prestaciones’”.
Las rebanadas del pastel
Un fuerte y solidario abrazo para José María Pérez Gay por la irreparable pérdida de su padre.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Andrea Bárcena: Infancia y Sociedad
La mayoría de las muertes de niños menores de cinco años en México, América Latina y países pobres de otros continentes se deben a enfermedades asociadas con la pobreza y la desnutrición.
De cada 100 niños que nazcan entre 2009 y 2019, 88 lo harán en países subdesarrollados; de ellos, 10 tendrán bajo peso al nacer, 6 morirán antes de cumplir un año y 3 antes de los 5 años. De los 79 sobrevivientes 28 serán desnutridos.
De éstos, seis no ingresarán al sistema escolarizado, y de los 73 que sí lo harán, sólo 44 podrán terminar la primaria, 23 concluirán la secundaria y uno de cada 10 alcanzará el nivel profesional.
Estos datos se basan en un modelo prospectivo del doctor Joaquín Cravioto Muñoz, quien fue uno de los más grandes científicos de México y del mundo en el estudio de la nutrición, el desarrollo mental, la conducta y el aprendizaje. Definía a la desnutrición comunal como “un desastre producido por el hombre…” Según Cravioto, ésta no sólo se explica por la pobreza, sino también por un sistema social que consciente o inconscientemente produce niños desnutridos generación tras generación, por medio de mecanismos que reducen desde los satisfactores básicos hasta la oportunidad de experiencias fundamentales en momentos cruciales de la vida.
Así, podemos definir a los niños desnutridos, no como enfermos, sino como víctimas políticas y condenados sociales. Ser desnutrido significa no sólo el riesgo de enfermar y de morir, también de sobrevivir con una disminución de capacidades y potencialidades.
A nivel social, las oportunidades de ser genio y de crear individuos muy inteligentes –decía Cravioto– se pierden por generaciones, mientras aumentan las probabilidades de ser mediocre. Esto involucra a todos los miembros de las sociedades donde hay desnutrición.
Por eso es impensable el desarrollo de una nación sin desarrollo humano y buena nutrición generalizados; sin embargo, no es necesario que país sea desarrollado para derrotar a la malnutrición. Lo que importa es la conciencia de la sociedad y la voluntad política. En cambio, generaciones de niños bien nutridos y estimulados pueden vencer al subdesarrollo. Será bueno recuperar el lema de Si la leche es poca, al niño le toca.
Aunque sabemos, señor Carstens, que en México la leche no es tan poca, pero sí insensata y abusivamente mal distribuida. En época de crisis, la infancia debería tener protección especial. Un país sin proyecto para su infancia es un país sin proyecto.
Opinión
La mayoría de las muertes de niños menores de cinco años en México, América Latina y países pobres de otros continentes se deben a enfermedades asociadas con la pobreza y la desnutrición.
De cada 100 niños que nazcan entre 2009 y 2019, 88 lo harán en países subdesarrollados; de ellos, 10 tendrán bajo peso al nacer, 6 morirán antes de cumplir un año y 3 antes de los 5 años. De los 79 sobrevivientes 28 serán desnutridos.
De éstos, seis no ingresarán al sistema escolarizado, y de los 73 que sí lo harán, sólo 44 podrán terminar la primaria, 23 concluirán la secundaria y uno de cada 10 alcanzará el nivel profesional.
Estos datos se basan en un modelo prospectivo del doctor Joaquín Cravioto Muñoz, quien fue uno de los más grandes científicos de México y del mundo en el estudio de la nutrición, el desarrollo mental, la conducta y el aprendizaje. Definía a la desnutrición comunal como “un desastre producido por el hombre…” Según Cravioto, ésta no sólo se explica por la pobreza, sino también por un sistema social que consciente o inconscientemente produce niños desnutridos generación tras generación, por medio de mecanismos que reducen desde los satisfactores básicos hasta la oportunidad de experiencias fundamentales en momentos cruciales de la vida.
Así, podemos definir a los niños desnutridos, no como enfermos, sino como víctimas políticas y condenados sociales. Ser desnutrido significa no sólo el riesgo de enfermar y de morir, también de sobrevivir con una disminución de capacidades y potencialidades.
A nivel social, las oportunidades de ser genio y de crear individuos muy inteligentes –decía Cravioto– se pierden por generaciones, mientras aumentan las probabilidades de ser mediocre. Esto involucra a todos los miembros de las sociedades donde hay desnutrición.
Por eso es impensable el desarrollo de una nación sin desarrollo humano y buena nutrición generalizados; sin embargo, no es necesario que país sea desarrollado para derrotar a la malnutrición. Lo que importa es la conciencia de la sociedad y la voluntad política. En cambio, generaciones de niños bien nutridos y estimulados pueden vencer al subdesarrollo. Será bueno recuperar el lema de Si la leche es poca, al niño le toca.
Aunque sabemos, señor Carstens, que en México la leche no es tan poca, pero sí insensata y abusivamente mal distribuida. En época de crisis, la infancia debería tener protección especial. Un país sin proyecto para su infancia es un país sin proyecto.
Opinión
Recorte a universidades: gobierno sin visión
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, anunció ayer, durante una reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que el gobierno federal aplicará un recorte presupuestal de uno por ciento a las universidades públicas en el país para lo que resta de este año, lo que representa un monto de 800 millones de pesos. Tras el anuncio, el funcionario agregó que serán las propias instituciones educativas las que irán definiendo con su buen juicio y criterio los rubros que se verán afectados por esta disminución, a la que calificó como francamente menor y muy pequeña, para garantizar que (las universidades) sigan operando sin ningún problema. Por su parte, en el mismo encuentro, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México –institución que verá reducida su participación presupuestal en más de 200 millones de pesos–, José Narro, lamentó la determinación del gobierno federal y advirtió que se ha perdido el interés por el futuro.
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El Correo Ilustrado
Repudian fallo sobre Acteal
Los abajo firmantes, académicos de América Latina, Estados Unidos y Europa, integrantes del seminario internacional Conocimientos y Prácticas Políticas, queremos manifestar nuestra indignación por el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que deja en libertad a 20 de los acusados por el asesinato de 21 mujeres, 15 niños y 9 hombres, campesin@s tzotziles masacrados violentamente en Acteal en diciembre de 1997.
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Lo que amenazó Nexos en el otoño de 2007 se ha cumplido. Los asesinos materiales condenados por la masacre de Acteal ya pasean por las calles (Pablo Romo, Emeequis 185, 17 de agosto de 2009). Y no. No exactamente. El contradictorio gobernador de Chiapas, Juan Sabines II, logró un acuerdo con los amparados por la Suprema Corte para que no regresen al municipio de Chenalhó. Noé Castañón, el actual secretario de Gobierno sabinista, informó que el gobierno estatal otorgará todas las facilidades para que estas personas recién liberadas se ubiquen en un punto geográfico diferente, y distante, dentro del territorio estatal. (La Jornada, 14 de agosto de 2009). Castañón explicó que con ello se fortalecerían la distensión, la paz y la convivencia armónica y civilizada.
La acción de Sabines y Castañón no ha merecido muchos comentarios. Mientras sociedad civil e intelectuales nos desgarramos las vestiduras por las garantías al debido proceso y la impunidad, resulta que la única manera de mantener la convivencia civil en Chenalhó es que los liberados no retornen a su municipio. ¿Qué significa este destierro? Significa que la guerra que empezó en 1994 sigue vigente en 2009. Una guerra fría la mayor parte del tiempo, pero con los contrincantes siempre listos para enfrentarse.
La guerra del Año Nuevo ha sido problemática para todos. No la deseaba el régimen priísta, pero tampoco la diócesis católica ni las izquierdas partidista e intelectual. Por eso todos nos llenaron de entusiasmo al estallar la paz, luego de sólo 12 días de combate. Pero, diría Ciorán, el entusiasmo es una pasión que nubla la razón. El proceso de paz, con sus movilizaciones civiles, cinturones de voluntarios, observadores nacionales e internacionales, diálogos en San Andrés, libros y más libros sobre el Votán Zapata, no fue capaz, no lo ha sido, de eliminar la guerra.
La guerra ha seguido siempre allí, oculta detrás del entusiasmo por el no-combate. Un viejito de Las Margaritas me decía en 1994 que él no podía entender cómo era eso de que hubiese dos ejércitos. Si hay un solo país, decía, debía haber un solo ejército (él prefería que fuera el zapatista, por supuesto). Menos de un año más tarde, en febrero de 1995, Zedillo traicionó a los zapatistas e intentó un golpe de mano. Falló. Se dice que por el rumbo de Nuevo Momón los insurgentes detuvieron la columna federal y que ese día hubo duros combates. En septiembre de 1995, el Ejército Mexicano –bajo comando del general Castillo– empezó a entrenar a los paramilitares de Paz y Justicia entre los choles. Y desde 1996, el gobierno estatal de Ruiz Ferro empezó a organizar paramilitares en los Altos. Acteal ocurrió en medio de una guerra. Una guerra de baja intensidad, sin grandes combates, sin escándalo. Una guerra de redes, como la bautizó elegantemente la Rand Institution. Pero guerra al fin.
La paradoja es que nadie quiere reconocer que hubo y que sigue habiendo una guerra en México. Nos quejamos en general de la creciente militarización, pero no reconocemos que los zapatistas son sólo uno de los grupos guerrilleros activos en la República. Vilipendiamos (con justicia) a Soberanes por la teoría de la gastritis, pero no leemos la sección de su recomendación en la que el Ejército Mexicano reconoció que su actividad en Zongolica se debe a la presencia de subversivos.
Repensemos Acteal en clave realista. En 1997 había dos ejércitos haciéndose la guerra. Uno de ellos es el Ejército del Pueblo, nacido desde abajo, desde las comunidades. Busca la liberación. El otro es el Ejército del Gobierno injusto, que necesita debilitar a la insurgencia y para ello ha organizado bandas paramilitares que ataquen a toda la población no sumisa. En Chenalhó, parte de los no-sumisos son pacifistas militantes: Las Abejas. La distinción no le importa a los paramilitares ni a sus amos. Para ellos, abejas y zapatistas son la misma cosa. Enemigos. Hasta aquí, todos los intérpretes del enigma de Acteal están de acuerdo.
Aquí es donde aparece la hipocresía del pacifismo intelectual. Si lo que hubo (y sigue habiendo) en Chiapas es una guerra; si los paramilitares sólo distinguen amigos y enemigos; si –en aquel fatal 22 de diciembre de 1997– cercano al campamento de desplazados de Las Abejas había otro de desplazados zapatistas; si el ataque de los paramilitares pretendía asesinar a todos los desplazados, y si las víctimas de la masacre resultaron finalmente sólo Las Abejas; entonces deberíamos concluir que el Ejército del Pueblo, los zapatistas, abandonaron a su suerte a Las Abejas. ¡Terrible cobardía! Por suerte, esta conclusión es improbable. Los zapatistas son prudentes, pero no rajados. Los zapatistas son disciplinados (obedecen la orden de su mando de no caer en provocaciones), pero no son inhumanos. Es improbable que simplemente hayan abandonado a Las Abejas de Acteal. No es una actitud que cuadre con su nobleza.
Pero la hipócrita sociedad civil y los intelectuales de los cafés de la ciudad preferimos siempre las versiones edulcoradas, sencillas, en las que las polaridades se muestran en sencillos blancos y sencillos negros. Por eso seguimos siendo incapaces de entender que no habrá justicia en Acteal, hasta que reconozcamos con crudeza lo que fue: un acto de guerra. Y en un acto de guerra es estúpido investigar quién es el responsable individual de qué muerte y de qué lesión específica. Lo que importa en situaciones de guerra es juzgar a los mandos, a los responsables generales de la conducción de la guerra, a los que llevaron al combate a los soldados rasos (todos ellos indígenas, por supuesto). Esto lo han entendido zapatistas y abejas desde el principio: mientras el general Castillo, Ruiz Ferro, Chuayffet y Zedillo no sean investigados no habrá justicia. En este sentido, tanto las paradigmáticas demandas de amparo del CIDE como los importantísimos precedentes logrados, y también las jeremiadas de la sociedad civil progresista por la impunidad, son parte de una horrenda distracción. Pues la guerra sigue. Por eso los asesinos liberados no pueden regresar a Chenalhó.
Reconocer la guerra es el paso indispensable para lograr lo que hace poco demandó Miguel Ángel de los Santos en las páginas de La Jornada: que se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano por haber provocado la masacre.
* Abogado, ex miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y ex representante legal de la diócesis de San Cristóbal de las Casas
La acción de Sabines y Castañón no ha merecido muchos comentarios. Mientras sociedad civil e intelectuales nos desgarramos las vestiduras por las garantías al debido proceso y la impunidad, resulta que la única manera de mantener la convivencia civil en Chenalhó es que los liberados no retornen a su municipio. ¿Qué significa este destierro? Significa que la guerra que empezó en 1994 sigue vigente en 2009. Una guerra fría la mayor parte del tiempo, pero con los contrincantes siempre listos para enfrentarse.
La guerra del Año Nuevo ha sido problemática para todos. No la deseaba el régimen priísta, pero tampoco la diócesis católica ni las izquierdas partidista e intelectual. Por eso todos nos llenaron de entusiasmo al estallar la paz, luego de sólo 12 días de combate. Pero, diría Ciorán, el entusiasmo es una pasión que nubla la razón. El proceso de paz, con sus movilizaciones civiles, cinturones de voluntarios, observadores nacionales e internacionales, diálogos en San Andrés, libros y más libros sobre el Votán Zapata, no fue capaz, no lo ha sido, de eliminar la guerra.
La guerra ha seguido siempre allí, oculta detrás del entusiasmo por el no-combate. Un viejito de Las Margaritas me decía en 1994 que él no podía entender cómo era eso de que hubiese dos ejércitos. Si hay un solo país, decía, debía haber un solo ejército (él prefería que fuera el zapatista, por supuesto). Menos de un año más tarde, en febrero de 1995, Zedillo traicionó a los zapatistas e intentó un golpe de mano. Falló. Se dice que por el rumbo de Nuevo Momón los insurgentes detuvieron la columna federal y que ese día hubo duros combates. En septiembre de 1995, el Ejército Mexicano –bajo comando del general Castillo– empezó a entrenar a los paramilitares de Paz y Justicia entre los choles. Y desde 1996, el gobierno estatal de Ruiz Ferro empezó a organizar paramilitares en los Altos. Acteal ocurrió en medio de una guerra. Una guerra de baja intensidad, sin grandes combates, sin escándalo. Una guerra de redes, como la bautizó elegantemente la Rand Institution. Pero guerra al fin.
La paradoja es que nadie quiere reconocer que hubo y que sigue habiendo una guerra en México. Nos quejamos en general de la creciente militarización, pero no reconocemos que los zapatistas son sólo uno de los grupos guerrilleros activos en la República. Vilipendiamos (con justicia) a Soberanes por la teoría de la gastritis, pero no leemos la sección de su recomendación en la que el Ejército Mexicano reconoció que su actividad en Zongolica se debe a la presencia de subversivos.
Repensemos Acteal en clave realista. En 1997 había dos ejércitos haciéndose la guerra. Uno de ellos es el Ejército del Pueblo, nacido desde abajo, desde las comunidades. Busca la liberación. El otro es el Ejército del Gobierno injusto, que necesita debilitar a la insurgencia y para ello ha organizado bandas paramilitares que ataquen a toda la población no sumisa. En Chenalhó, parte de los no-sumisos son pacifistas militantes: Las Abejas. La distinción no le importa a los paramilitares ni a sus amos. Para ellos, abejas y zapatistas son la misma cosa. Enemigos. Hasta aquí, todos los intérpretes del enigma de Acteal están de acuerdo.
Aquí es donde aparece la hipocresía del pacifismo intelectual. Si lo que hubo (y sigue habiendo) en Chiapas es una guerra; si los paramilitares sólo distinguen amigos y enemigos; si –en aquel fatal 22 de diciembre de 1997– cercano al campamento de desplazados de Las Abejas había otro de desplazados zapatistas; si el ataque de los paramilitares pretendía asesinar a todos los desplazados, y si las víctimas de la masacre resultaron finalmente sólo Las Abejas; entonces deberíamos concluir que el Ejército del Pueblo, los zapatistas, abandonaron a su suerte a Las Abejas. ¡Terrible cobardía! Por suerte, esta conclusión es improbable. Los zapatistas son prudentes, pero no rajados. Los zapatistas son disciplinados (obedecen la orden de su mando de no caer en provocaciones), pero no son inhumanos. Es improbable que simplemente hayan abandonado a Las Abejas de Acteal. No es una actitud que cuadre con su nobleza.
Pero la hipócrita sociedad civil y los intelectuales de los cafés de la ciudad preferimos siempre las versiones edulcoradas, sencillas, en las que las polaridades se muestran en sencillos blancos y sencillos negros. Por eso seguimos siendo incapaces de entender que no habrá justicia en Acteal, hasta que reconozcamos con crudeza lo que fue: un acto de guerra. Y en un acto de guerra es estúpido investigar quién es el responsable individual de qué muerte y de qué lesión específica. Lo que importa en situaciones de guerra es juzgar a los mandos, a los responsables generales de la conducción de la guerra, a los que llevaron al combate a los soldados rasos (todos ellos indígenas, por supuesto). Esto lo han entendido zapatistas y abejas desde el principio: mientras el general Castillo, Ruiz Ferro, Chuayffet y Zedillo no sean investigados no habrá justicia. En este sentido, tanto las paradigmáticas demandas de amparo del CIDE como los importantísimos precedentes logrados, y también las jeremiadas de la sociedad civil progresista por la impunidad, son parte de una horrenda distracción. Pues la guerra sigue. Por eso los asesinos liberados no pueden regresar a Chenalhó.
Reconocer la guerra es el paso indispensable para lograr lo que hace poco demandó Miguel Ángel de los Santos en las páginas de La Jornada: que se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano por haber provocado la masacre.
* Abogado, ex miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y ex representante legal de la diócesis de San Cristóbal de las Casas
“No se puede ‘dar’ al otro de lo mío sin haberle dado en primer lugar lo que en justicia le corresponde”. Con esta afirmación principia la encíclica vaticana Caridad en la verdad (2009), severo juicio sobre el estado de la cuestión social en la era de la globalización y la gestión tecnocrática de la seguridad social, particularmente la expropiación que ha ejecutado el mundo financiero sobre los recursos pensionarios de los trabajadores.
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Hace unos días se informó que la percepción de la población sobre la prevención y persecución del delito es todavía muy baja –peor que hace un año–, lo que exige revisar integralmente la estrategia sobre seguridad, para garantizar esta obligación primera del Estado.
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Lupita, Ernestina y Lucía eran unas niñas de 13, nueve y cuatro años cuando vieron morir a sus padres el 22 de diciembre de 1997 asesinados por las balas de los paramilitares. Su hermanito menor, el kox, como le llaman los tzotziles, murió en brazos de su madre. Otros cuatro de sus hermanos también murieron ese día y fueron sus cuerpos inertes los que a ellas les salvaron la vida al cubrirlas de las miradas de los asesinos. El 14 de agosto pasado se sentaron juntas en el pavimento frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después de oír el fallo de los ministros que liberaba a los asesinos de su familia. Sus ojos estaban enrojecidos por un llanto apenas contenido. Lupita –la mayor– dijo, en voz entrecortada por el dolor, ¿ahora qué vamos a hacer? Unos días antes Lupita había visto con otros miembros de Las Abejas el video de los abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) entrevistando a sus defendidos en la cárcel. De pronto el rostro de Lupita se ensombreció, mientras señalaba con el dedo ése mató a mi mamá. Se podía adivinar su estremecimiento interno. Ahora Lupita y sus hermanos tendrán que soportar un estremecimiento mayor cuando vean a ese hombre en carne y hueso mientras transita libremente por los caminos de Chenalhó.
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Kant: la utopía fallida. La satírica expresión con la que Kant tituló a su esencial ensayo sobre la guerra, La paz perpetua, albergaba una de las mayores (y acaso más cándidas) ilusiones que la Ilustración figuró para la sociedad moderna: la ilusión de que el tipo de legitimidad sobre la que se erigía la república dificultaría la tendencia (a diferencia de la que sostenía a la monarquía) de las estados nacionales a enfrascarse en guerras entre sí. Escribe Kant hacia 1795: “La constitución republicana… tiene la ventaja de ser la más propicia para llegar al anhelado fin: la paz perpetua… He aquí los motivos de ello. En la constitución republicana no puede por menos de ser necesario el consentimiento de los ciudadanos para declarar la guerra. Nada más natural, por tanto, que, ya que ellos han de sufrir los males de la guerra –como son los combates, los gastos, la devastación, el peso abrumador de la deuda pública, que trasciende a tiempos de paz–, lo piensen mucho y vacilen antes de decidirse a tan arriesgado juego”. Kant era un filósofo lleno de esperanzas (o al menos quería imbuir con ellas al nuevo orden republicano que había emanado de la Revolución Francesa), no un iluso. En el mismo texto, se puede leer que una república oligárquica podría ser mucho más inclemente a la hora de la guerra que una monarquía. La razón, decía, era que un déspota moderno no tendría miramientos en reclamar para sí el derecho a abolir todos los derechos.
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Por lo menos desde los años 90, si no es que desde antes, una preocupación importante y muy pública en Estados Unidos (y en Europa occidental en menor medida) es el prospecto de que Corea del Norte siga siendo, e Irán se vuelva, una potencia nuclear.
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Las izquierdas en México están divididas, desorientadas y más preocupadas por ocupar espacios que por construir alianzas estratégicas. Esto es evidente en los partidos que se reclaman de izquierda, pero también entre las organizaciones no gubernamentales y agrupamientos de la sociedad civil. Todas tienen prisa por ocupar un espacio sin discutir para qué ni con quiénes. Practican frecuentemente la vieja consigna de La sombra del caudillo. El principal verbo que se conjuga en política es el verbo madrugar.
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Hay en la ciudad de México muchas marchas y manifestaciones. El miércoles 19 de agosto, en las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la esquina de las antiguas calles de Corregidora y Pino Suárez, un grupo importante de ciudadanos, defensores de la vivienda popular, llevaron a cabo un mitin pensando quizá que con sus manifestaciones callejeras, sus consignas y su angustia, podrán conmover a los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelvan un asunto muy importante para la política de vivienda y, por tanto, para los habitantes de la ciudad capital, pero también para los de muchas ciudades grandes y pequeñas de los estados.
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Vancouver, Canadá. (Sí, yo soy de ésos: a la carreras, pero obtuve una visa canadiense). En esta interesante y muy cosmopolita ciudad de la Columbia Británica, como en toda urbe que se respete culturalmente, la música no muere del todo al llegar el verano. Al igual que muchas otras urbes del mundo, Vancouver tiene durante esta temporada una oferta musical diversificada e interesante, entre la que destaca el MusicFest Vancouver, que este año se llevó a cabo entre el 2 y el 16 de agosto.
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María Teresa Priego
¿En qué sí elegiríamos confiar?
El vendaval. Eso pasó/Las noticias. Las imágenes en las noticias. Las lágrimas de las madres. / Pasó el tiempo…Eso pasó: el día nublado…/Perdió el futuro (cosa del tiempo que se deslinda)/ Todo lo vi en las noticias…
Cristina Rivera Garza
“ En la vida cegada de cada niña/o de la guardería ABC, perdió el futuro. Perdió el futuro en una montaña helada en Acteal. Perdió, en una muchacha secuestrada y asesinada, cuyo padre –más de un año después –pudo por fin exigirle al culpable: “Mírame a los ojos, ¿cuándo mataste a mi niña?”…”Al tercer día”. Así respondió. El asesino. Tres vocablos. La crueldad. No sé si basta esa palabra. Ninguna palabra basta. La escalada de la impunidad. Ante el crimen por avaricia, corrupción y negligencia. Ante el crimen de Estado. Ante el crimen: Un robo. Diez. Robo a mano armada. Secuestro. Tortura. Asesinato. La escalada del sadismo. ¿Cómo llegamos allí? Ante esos extremos de absoluta miseria moral. Creo que la pregunta (repetida) dirigida al proceso de deshumanización y a sus causas, nunca es una pregunta menor.
Hay /tendría que haber un abismo, entre un ser humano, y ese mismo ser humano dispuesto a dañar. A torturar y a matar. ¿Qué sucede cuando el abismo comienza a angostarse, a desaparecer entre un número cada vez mayor de miembros de una población? ¿Por qué se angosta? ¿Qué sucede hacia adentro de una persona? para que la frontera entre el reconocimiento del inalienable derecho del otro a su vida, y el acto de provocarle la muerte, se convierta en un trámite tan “expedito”, como disparar. ¿Qué sucede en una sociedad en la que la sinrazón engendra monstruos? Comencé. Por el extremo. Cada vez más cotidiano el extremo.
El “tejido social” está desgarrado, casi por todos lados. Nos queda claro. Entre las promesas, cumplidas y no, los acomodos de cifras, las distorsiones de la verdad, los esfuerzos honestos, y las mentiras descaradas, el desgarramiento nos queda –por momentos- nebulosamente claro. ¿En qué creemos? ¿En qué sí podemos creer? ¿Qué instituciones nos parecen confiables? ¿Qué funcionarios públicos? ¿Qué programas de apoyo? ¿Qué propuestas? ¿Qué organizaciones no gubernamentales? ¿Qué asociaciones? Esa angustia creciente que viene de la desesperanza colectiva. ¿Vale la pena comprometerse en un esfuerzo por el bienestar comunitario? ¿Cuál me llama?
La desconfianza creciente. ¿Es confiable la maestra de los niños? ¿La escuela misma? La distancia creciente. Entre un ciudadano y otro, aún en circunstancias en las que sería mucho mejor y más conveniente sumar fuerzas. La mayoría deseamos, necesitamos la reconstrucción de ese tejido que arropa y nos arropa. La empatía, contra la cínica e inmediatista “Ley de Herodes” (ante la cual todos terminamos perdiendo). La solidaridad, contra la descarnada lucha de fuerzas. La solidaridad no es sólo un principio ético. Es un principio básico de sobrevivencia, de construcción de proyectos, de certidumbres y de bienestar colectivos.
Las cifras hablan de 50 millones de mexicanos reducidos a vivir con entre 1905 y 1282 pesos. 20 millones de ellos con entre 949 y 707 pesos. Para intentar tejer, para tener la fuerza de tejer, se necesitan un mínimos: vivirse ciudadana/o con derechos, oportunidades. Empleo, alimentos, salud, educación. Seguridad. Respeto. Dignidad. La esperanza, exige un mínimo de material/inmaterial con que bordarla. “No hay dinero”, “No hay presupuesto”. Sí hay dinero. Muchísimo al parecer. Colocado en los lugares más injustos. Más pasmosamente egoístas. Botellas de vino contra un dispensario médico. Celulares contra proyectos de apoyo social. Hoteles lujosos, contra escuelas rurales. Las reglas vagas y acomodaticias no son reglas. ¿Cuáles son los contrapoderes indispensables para abolir los abusos de poder? Que no quede a “la conciencia” de nadie, actuar de una manera o de la otra. Abolir la posibilidad del abuso. Acotar el poder.
La exigencia del padre de Silvia: “Mírame a los ojos”, empuña el corazón con su significado tan hondo: “Mírame, reconoce en mis ojos mi humanidad y la de mi hija. Mira mi dolor ante la vida que nos arrancaste, y atrévete a responderme”. La frase del señor Vargas me persigue, no sólo ante la impunidad y el sadismo de los criminales. El rostro más terrible de la deshumanización. Sino también, ante esas cifras avasallantes de personas condenadas en México, a la pobreza y a la pobreza extrema. Una mujer concreta. Más una niña concreta. Más un hombre concreto. Más un niño. Así, hasta sumar millones. Luchando. Exigiendo. Pidiendo. Rogando. Intentando que las miren a los ojos. Que las reconozcan en su calidad negada de personas. Ciudadanos además. Personas.
¿Acaso el futuro seguirá “perdiendo”? ”Necesitamos una educación humanista”, dijo José Narro Robles, Rector de la UNAM. Sí. En la universidad. En el hogar. Desde el jardín de niños. En la escuela primaria. En la secundaria. En las escuelas de oficios. Siempre. En los medios. En la cuadra. En el parque. En los clubes. En los espacios de reunión de las religiones. Narro dijo en una reunión Iberoamericana: "hemos aprendido que el pensamiento irracional amenaza persistentemente con imponerse en la era del conocimiento y que los intereses económicos quieren guiar nuestra existencia...Hemos sido afectados en nuestra economía e incluso rechazados; nos duelen las finanzas, pero más el alma"...
El alma. Para construir. Para comenzar a tejer, es indispensable creer. Labrar-nos esperanza. Nos duele el alma. Sí. Pero ¿En qué podemos/elegimos creer? ¿Qué sí funciona? ¿En dónde sí estamos dispuestos a invertir nuestro esfuerzo, a colocar nuestra confianza? Ese delgado hilito individual que podría ayudarnos, a desenredar colectivamente la inmensa madeja. Mirarnos a los ojos. Con compromiso. Con respeto. ¿Qué podemos hacer juntos? Porque nos necesitamos. Mirarnos a los ojos. Para que el presente no “pierda”. Para que no “pierda” el futuro.
Escritora
Cristina Rivera Garza
“ En la vida cegada de cada niña/o de la guardería ABC, perdió el futuro. Perdió el futuro en una montaña helada en Acteal. Perdió, en una muchacha secuestrada y asesinada, cuyo padre –más de un año después –pudo por fin exigirle al culpable: “Mírame a los ojos, ¿cuándo mataste a mi niña?”…”Al tercer día”. Así respondió. El asesino. Tres vocablos. La crueldad. No sé si basta esa palabra. Ninguna palabra basta. La escalada de la impunidad. Ante el crimen por avaricia, corrupción y negligencia. Ante el crimen de Estado. Ante el crimen: Un robo. Diez. Robo a mano armada. Secuestro. Tortura. Asesinato. La escalada del sadismo. ¿Cómo llegamos allí? Ante esos extremos de absoluta miseria moral. Creo que la pregunta (repetida) dirigida al proceso de deshumanización y a sus causas, nunca es una pregunta menor.
Hay /tendría que haber un abismo, entre un ser humano, y ese mismo ser humano dispuesto a dañar. A torturar y a matar. ¿Qué sucede cuando el abismo comienza a angostarse, a desaparecer entre un número cada vez mayor de miembros de una población? ¿Por qué se angosta? ¿Qué sucede hacia adentro de una persona? para que la frontera entre el reconocimiento del inalienable derecho del otro a su vida, y el acto de provocarle la muerte, se convierta en un trámite tan “expedito”, como disparar. ¿Qué sucede en una sociedad en la que la sinrazón engendra monstruos? Comencé. Por el extremo. Cada vez más cotidiano el extremo.
El “tejido social” está desgarrado, casi por todos lados. Nos queda claro. Entre las promesas, cumplidas y no, los acomodos de cifras, las distorsiones de la verdad, los esfuerzos honestos, y las mentiras descaradas, el desgarramiento nos queda –por momentos- nebulosamente claro. ¿En qué creemos? ¿En qué sí podemos creer? ¿Qué instituciones nos parecen confiables? ¿Qué funcionarios públicos? ¿Qué programas de apoyo? ¿Qué propuestas? ¿Qué organizaciones no gubernamentales? ¿Qué asociaciones? Esa angustia creciente que viene de la desesperanza colectiva. ¿Vale la pena comprometerse en un esfuerzo por el bienestar comunitario? ¿Cuál me llama?
La desconfianza creciente. ¿Es confiable la maestra de los niños? ¿La escuela misma? La distancia creciente. Entre un ciudadano y otro, aún en circunstancias en las que sería mucho mejor y más conveniente sumar fuerzas. La mayoría deseamos, necesitamos la reconstrucción de ese tejido que arropa y nos arropa. La empatía, contra la cínica e inmediatista “Ley de Herodes” (ante la cual todos terminamos perdiendo). La solidaridad, contra la descarnada lucha de fuerzas. La solidaridad no es sólo un principio ético. Es un principio básico de sobrevivencia, de construcción de proyectos, de certidumbres y de bienestar colectivos.
Las cifras hablan de 50 millones de mexicanos reducidos a vivir con entre 1905 y 1282 pesos. 20 millones de ellos con entre 949 y 707 pesos. Para intentar tejer, para tener la fuerza de tejer, se necesitan un mínimos: vivirse ciudadana/o con derechos, oportunidades. Empleo, alimentos, salud, educación. Seguridad. Respeto. Dignidad. La esperanza, exige un mínimo de material/inmaterial con que bordarla. “No hay dinero”, “No hay presupuesto”. Sí hay dinero. Muchísimo al parecer. Colocado en los lugares más injustos. Más pasmosamente egoístas. Botellas de vino contra un dispensario médico. Celulares contra proyectos de apoyo social. Hoteles lujosos, contra escuelas rurales. Las reglas vagas y acomodaticias no son reglas. ¿Cuáles son los contrapoderes indispensables para abolir los abusos de poder? Que no quede a “la conciencia” de nadie, actuar de una manera o de la otra. Abolir la posibilidad del abuso. Acotar el poder.
La exigencia del padre de Silvia: “Mírame a los ojos”, empuña el corazón con su significado tan hondo: “Mírame, reconoce en mis ojos mi humanidad y la de mi hija. Mira mi dolor ante la vida que nos arrancaste, y atrévete a responderme”. La frase del señor Vargas me persigue, no sólo ante la impunidad y el sadismo de los criminales. El rostro más terrible de la deshumanización. Sino también, ante esas cifras avasallantes de personas condenadas en México, a la pobreza y a la pobreza extrema. Una mujer concreta. Más una niña concreta. Más un hombre concreto. Más un niño. Así, hasta sumar millones. Luchando. Exigiendo. Pidiendo. Rogando. Intentando que las miren a los ojos. Que las reconozcan en su calidad negada de personas. Ciudadanos además. Personas.
¿Acaso el futuro seguirá “perdiendo”? ”Necesitamos una educación humanista”, dijo José Narro Robles, Rector de la UNAM. Sí. En la universidad. En el hogar. Desde el jardín de niños. En la escuela primaria. En la secundaria. En las escuelas de oficios. Siempre. En los medios. En la cuadra. En el parque. En los clubes. En los espacios de reunión de las religiones. Narro dijo en una reunión Iberoamericana: "hemos aprendido que el pensamiento irracional amenaza persistentemente con imponerse en la era del conocimiento y que los intereses económicos quieren guiar nuestra existencia...Hemos sido afectados en nuestra economía e incluso rechazados; nos duelen las finanzas, pero más el alma"...
El alma. Para construir. Para comenzar a tejer, es indispensable creer. Labrar-nos esperanza. Nos duele el alma. Sí. Pero ¿En qué podemos/elegimos creer? ¿Qué sí funciona? ¿En dónde sí estamos dispuestos a invertir nuestro esfuerzo, a colocar nuestra confianza? Ese delgado hilito individual que podría ayudarnos, a desenredar colectivamente la inmensa madeja. Mirarnos a los ojos. Con compromiso. Con respeto. ¿Qué podemos hacer juntos? Porque nos necesitamos. Mirarnos a los ojos. Para que el presente no “pierda”. Para que no “pierda” el futuro.
Escritora
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