UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO
Boletín
16 de agosto de 2009
¡¡UN ROBO USAR LOS AHORROS LABORALES PARA SORTEAR LA CRISIS!!
Boletín
16 de agosto de 2009
¡¡UN ROBO USAR LOS AHORROS LABORALES PARA SORTEAR LA CRISIS!!
Un nuevo robo premeditado a los trabajadores de México se prepara al usar o intentar usar los ahorros laborales administrados por las Afores para solventar el déficit presupuestal del gobierno, en condiciones en las que las y los trabajadores son los más afectados por la crisis que se vive, ya que los raquíticos ahorros si es que no se volatizan antes por las llamadas minusvalías, se verán seriamente disminuidos por la devaluación, el alto costo de la vida, el retiro de las Afores por desempleo y el escaso ahorro por los miserables salarios de la gran mayoría de los asalariados del país.
Los ahorros de los trabajadores, acumulados en 39.2 millones de cuentas al cierre de julio de 2009, según la Consar, suman $ 1, 039, 459 millones de pesos, administrados e invertidos por 17 Afores, incluido el pensionissste, en valores de renta y deuda privados y gubernamentales, sin rendición de cuentas claras a los usuarios, sujetos a la volatilidad del mercado financiero y ahora a la falta de liquidez del Estado, principal deudor, se encuentran en riesgo al poder ser utilizados para solventar la crisis, lo que prepara un crimen en contra de los trabajadores, al disponer indebidamente de su patrimonio, ya mermado de por si por una pérdida de casi 103 mil millones de pesos en 2008, por las llamadas minusvalías.
Si bien es cierto, que la crisis actual es verdaderamente profunda y grave, también lo es que ésta no puede ni debe cargarse a las espaldas del pueblo, como se ha venido haciendo por el gobierno federal, quien miente por un lado al valorar la crisis, su extensión, duración y profundidad, y por el otro, es incapaz de establecer medidas oportunas y de alto impacto que frenen y reviertan la situación; por el contrario, en un primer momento la recesión se desestimó, luego se reaccionó tardíamente y cuando la crisis apenas empieza a tocar fondo en este segundo semestre de 2009, el presidente Felipe Calderón anuncia falsamente que lo peor de la crisis ya pasó y que se está en el camino de la recuperación, en un discurso autocomplaciente y alejado de la realidad cuando su obligación constitucional es la de establecer medidas urgentes que lleven a salvaguardar la planta productiva del país, el empleo y la economía popular.
Por la experiencia mundial y nacional, la recuperación económica puede tardar 4 o 5 años, pero la crisis del empleo y la protección social puede durar hasta 8 años, al enfrentar el mundo la primera crisis sistémica de la historia, según la Organización Internacional del Trabajo OIT, motivo por el cual ésta llamó desde meses atrás a concertar acuerdos para el empleo entre los gobiernos, los trabajadores y los empleadores, ya que 2009 podría acabar con 239 millones de desempleados en el mundo, lo que significa una tasa de paro de 7.4 por ciento, mientras que en México, con 2.5 millones de desempleados y una tasa aproximada al 6 por ciento, además de 5.1 millones de desempleados crónicos que de plano ya dejaron de buscar empleo, sumando en realidad cerca de 8 millones de desempleados, además de otros 12 millones que precariamente viven de la economía informal.
Los ahorros de los trabajadores, acumulados en 39.2 millones de cuentas al cierre de julio de 2009, según la Consar, suman $ 1, 039, 459 millones de pesos, administrados e invertidos por 17 Afores, incluido el pensionissste, en valores de renta y deuda privados y gubernamentales, sin rendición de cuentas claras a los usuarios, sujetos a la volatilidad del mercado financiero y ahora a la falta de liquidez del Estado, principal deudor, se encuentran en riesgo al poder ser utilizados para solventar la crisis, lo que prepara un crimen en contra de los trabajadores, al disponer indebidamente de su patrimonio, ya mermado de por si por una pérdida de casi 103 mil millones de pesos en 2008, por las llamadas minusvalías.
Si bien es cierto, que la crisis actual es verdaderamente profunda y grave, también lo es que ésta no puede ni debe cargarse a las espaldas del pueblo, como se ha venido haciendo por el gobierno federal, quien miente por un lado al valorar la crisis, su extensión, duración y profundidad, y por el otro, es incapaz de establecer medidas oportunas y de alto impacto que frenen y reviertan la situación; por el contrario, en un primer momento la recesión se desestimó, luego se reaccionó tardíamente y cuando la crisis apenas empieza a tocar fondo en este segundo semestre de 2009, el presidente Felipe Calderón anuncia falsamente que lo peor de la crisis ya pasó y que se está en el camino de la recuperación, en un discurso autocomplaciente y alejado de la realidad cuando su obligación constitucional es la de establecer medidas urgentes que lleven a salvaguardar la planta productiva del país, el empleo y la economía popular.
Por la experiencia mundial y nacional, la recuperación económica puede tardar 4 o 5 años, pero la crisis del empleo y la protección social puede durar hasta 8 años, al enfrentar el mundo la primera crisis sistémica de la historia, según la Organización Internacional del Trabajo OIT, motivo por el cual ésta llamó desde meses atrás a concertar acuerdos para el empleo entre los gobiernos, los trabajadores y los empleadores, ya que 2009 podría acabar con 239 millones de desempleados en el mundo, lo que significa una tasa de paro de 7.4 por ciento, mientras que en México, con 2.5 millones de desempleados y una tasa aproximada al 6 por ciento, además de 5.1 millones de desempleados crónicos que de plano ya dejaron de buscar empleo, sumando en realidad cerca de 8 millones de desempleados, además de otros 12 millones que precariamente viven de la economía informal.
La situación actual del país derivada de una economía totalmente dependiente de las imperiales y un desarrollo desigual y precario entre nuestras regiones, se agrava hoy con la caída permanente y sostenida de los principales indicadores económicos, como son las exportaciones e ingresos petroleros los cuales durante el primer semestre de 2009, cayeron aproximadamente 58 por ciento respecto del mismo periodo de 2008, una baja de remesas, calculada en cerca del 12 por ciento en el primer semestre de 2009, así como del turismo, las inversiones, la recaudación fiscal, el comercio y el consumo en general, que produjo en su conjunto una caída del ingreso nacional del 9 por ciento en el primer semestre de 2009, con proyecciones de rebasar el 13 por ciento en el segundo semestre, lo que significa destrucción de las fuerzas productivas del país y hambre para nuestro pueblo, a tal grado que el desastre fiscal y presupuestal está llevando a los diferentes niveles de gobierno a cancelar programas, servicios, áreas y despedir a cientos de burócratas y precarizar el empleo en general.
Por lo anterior, la Unión de Juristas de México, considera que ante esta situación, es imprescindible la unidad popular y de los trabajadores para enfrentar la crisis y defender los derechos laborales y sociales conquistados en las luchas históricas del pueblo mexicano, así como para exigir al gobierno federal el establecimiento de políticas y medidas urgentes y vastas que permitan detener el deterioro de la economía popular, mejorar el empleo y las condiciones de los trabajadores, así como, para impedir que el Congreso legisle una reforma fiscal lesiva al pueblo y una reforma laboral contraria a los derechos de los trabajadores, además para evitar que los ahorros laborales sean usados para paliar la crisis, ya que ésta la deben pagar quienes la provocaron.
Requerimos de la unidad y movilización este primero de septiembre en todo el país para exigir al Congreso y gobierno federal una nueva política tarifaria de consumo popular en luz, reducción de los precios del gas, diesel y gasolinas, el establecimiento urgente de una ley federal de seguro de desempleo y la estatización de las afores, así como la preservación de los ahorros laborales y el regreso a la seguridad social solidaria. Además de la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación ACE y respeto a la educación democrática y derechos laborales de los trabajadores de la educación.
En estas condiciones hay que exigir al gobierno calderonista se decrete el control de precios de la canasta básica y se cumplan los derechos laborales. En ese escenario, solamente unidos venceremos. Corre la voz, en la ruta 2010 – 2012 México libre, esa es la opción.
POR LA PRESIDENCIA COLEGIADA DE LA UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO
Celular/5537319665/
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