Julio Hernández López: Astillero
Chente estaba en sus mejores condiciones intelectuales cuando en un arrebato de iluminación cósmica pronunció la frase reveladora: A México le está yendo peor que a todo el mundo porque los astros mala onda no están bien alineados (ni balanceados, es de suponerse) y en el país hay muchísimas vibras negativas. El Gran Maestro del planeta San Cristóbal había entrado en profundo trance, acompañado de su fiel administradora, la nunca bien recordada señora Marta del Toloache. Ese día se habían graduado los primeros 11 especialistas en Práctica Política de uno de los cursos que ofrece la Academia de Ciencias Ocultas que para efectos de magia negra se hace llamar Centro Fox. También estaban en el paraíso esotérico guanajuatense unos cien presidentes municipales panistas recién electos. Todos necesitados de la sabudiría y los consejos de Vidente Fox, el analíticamente astroso declarante compulsivo que a quienes le visitaban en su consultorio sideral les había leído la mano política: Yo vengo explicando que es una convergencia de los astros; en este caso en el terreno negativo, así como de las vibras negativas. Se han sumado no sólo en el hecho de que tengamos tal dependencia de Estados Unidos, creador e impulsor de esta crisis, sino que nos ha tocado estar dando una batalla frontal, épica, moral, frente al crimen organizado, la violencia, la droga. ¡Oh, no es la Guerra de las Galaxias, sino la Guerra contra el Narcotráfico, y no es culpa de los malos gobiernos, sino de los astros, las vibras, la mala sal, los amarres, los hechizos y los conjuros! ¡Pasen, señoras y señores, a que el gran Vidente, quien con tales artes presidió la República del Arcano, les lea la suerte!
En otro viaje (éste, sólo a Sudamérica), Felipe el Valiente demostró que, pase lo que pase, y aunque la Patria esté en sus peores momentos, un buen charro mexicano nunca dejará pasar la oportunidad de cantar El Rey. Sin dinero y sin dinero, él sigue siendo el chido. Y no sólo en esa improvisada audición en una escuela de Montevideo, sino también en las confesiones íntimas que hizo ante la asamblea general de legisladores uruguayos, a los que hizo saber una anécdota, hasta personal: el día de mi boda con mi esposa, aquí presente, bailamos un poema musicalizado de Benedetti, y llevamos a los uruguayos que florecieron en su canto y en su prosa, y en su poesía en México. La nueva trova derechista o el canto nuevo conservador: el rebelde joven Calderón se surtía, en su lucha por la democracia, de insólitos manantiales más bien cargados a la izquierda en la hidrografía política: abrevamos en los ideales, en los sentimientos, en la poderosa lírica histórica de Galeano, en la inigualable poesía y en la nostalgia de Zitarrosa, en los versos de Benedetti. Cuasi izquierdista de ocasión diplomática, el comandante Felipe se despediría de algún discurso ante uruguayos con la convicción de que llegará un futuro mejor y que atrás de la tormenta vendrán mejores días y en ello me quedo, precisamente, con algún verso de Zitarrosa, el que dice, “en Elegía de mi país: Mi país qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar”. Zitarrosa, Benedetti, Galeano y Onetti, también citado en otro momento de la gira, ¿serían compañeros de viaje político del trovador mexicano, inspiradores de ideales y sentimientos, o tomarían distancia crítica, acaso tajante de quien tan alegremente les tomó como recurso discursivo circunstancial?
La fiesta panista continúa aunque la Patria cruja. Chepina vas que prestas aletea emocionada porque la han nombrado coordinadora de la lánguida bancada blanquiazul de San Lázaro. Reducida a la condición de opositora (el PRI tendrá el dominio político real), la autora del bestseller Felipe Mío, hazme Candidata, tuvo reunión alegre con los demás futuros ocupantes de curules y, en pleno jolgorio por lo bien que el país marcha, un yunquista se lanzó al foro a cantar. Ni más ni menos que el Héroe de Pasta de Conchos, el protagonista oficial del drama de los mineros sepultados y abandonados, el guionista original de la trama de violaciones de derechos humanos y laborales que persiste en aquel punto coahuilense: Francisco Xavier Salazar Sáenz, que entonó Caminos de Michoacán (¡lástima que Felipe no la haya escuchado, pero ya habrá quien le comente el detalle!). Por otra parte, Míster Influenza (mejor conocido como José Ángel Córdova) en León celebraba el fin de semana su cumpleaños 56, con 400 invitados (entre ellos, claro, Chente y Martita) que degustaron platillos preparados por cocineros de Mazatlán y de Nayarit. La música, a cargo de un grupo llegado de Xalapa. Uno de los regalos fue una playera oficial de la selección sudamexicana de balompié, con las iniciales de su nombre, el apellido y el 10 goleador, que le llevó Justino Compeán, el directivo de la Federación Mexicana de Futbol. El secretario de Salud ha dicho que le gustaría ser candidato a la Presidencia de la República en 2012. ¡Oh, la caballada A/H1N1!
Cartas astrales enredadas por todos lados. Ebrard baja al espiritista Madero del automóvil de la Revolución y lo convierte en paso peatonal en el Centro Histórico de la ciudad de México. Alejandro Encinas, llegado a la diputación por obra y gracia plurinominal de los Chuchos, y llegado a la coordinación de la bancada perredista por arreglo con los mismos, busca en los horóscopos algún indicio de su suerte regida en apariencia por el curso de dos planetas en ruta de colisión. Y el eclipse veracruzano llamado Fidel hace gala de oportunismo al inaugurar la estatua del llamado Niño Cero y declararse, con modestia, listo para darle buen recibimiento a una candidatura presidencial priísta si así sus correligionarios se deciden a sacrificarlo.
Y, mientras la presidencia militar del país da de baja a policías fiscales y toma el control de dos aduanas norteñas, ¡hasta mañana, en esta columna hechicera!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Será por el fracaso del panismo como gobierno, o por su derrota electoral, o por la campaña de las televisoras posicionando a don Gaviotano como inevitable, futuro presidente, el caso es que a últimas fechas mucha gente da por hecho el regreso del PRI a Los Pinos en 2012. Sin embargo, desestiman el extremo interés del PAN por aferrarse al poder, aunque reconocen que en mañas cada día se parece más a los priístas. Acabo de recibir un libro titulado 2006 ¿Fraude electoral?, cuyo autor es el físico mexicano J. Alberto Gómez Gallardo, quien matemáticamente demuestra cómo Fox y Calderón robaron la elección. Concluye que López Obrador ganó por una diferencia de 3.54%, o un millón 500 mil votos. Lo que vimos en las pantallas del IFE de Carlos Ugalde fueron cifras prefabricadas y en el montaje jugó un papel central Hildebrando Zavala Gómez del Campo, cuñado de Calderón. O sea que el panismo ya se graduó en cuestión de trampas electorales. También estos días recibí mensajes de un grupo de trabajadores de la empresa Eidon, de Querétaro, la que hasta hace poco tiempo aparecía como propiedad de Ideal y luego de Telmex, ambas del grupo Slim, y al parecer ha sido vendida a Hildebrando. O se asociaron. Los trabajadores no se quejan por las tropelías que intente hacer Hildebrando, sino por los despidos.
El delfín
De acuerdo con un inusual examen político de Banamex, don Gaviotano tiene a 100 diputados adictos de los 500 que conformarán la Cámara, cuyas funciones comenzarán el próximo primero de septiembre. Y también a la mayoría de los gobernadores priístas que acaban de reunirse a celebrar su cumpleaños: Miguel Ángel Osorio Chong, de Hidalgo; Félix González Canto, de Quintana Roo; Humberto Moreira, de Coahuila; Ivonne Ortega, de Yucatán; Mario Marín, de Puebla; Fidel Herrera, de Veracruz; Ismael Hernández, de Durango; Jesús Aguilar Padilla, de Sinaloa; Ulises Ruiz, de Oaxaca, más los mandatarios recientemente electos de Nuevo León, Rodrigo Medina; de San Luis Potosí, Fernando Toranzo; de Campeche, Fernando Ortega, y José Calzada Rovirosa, de Querétaro. Seguramente el joven delfín del salinismo también cuenta con importantes apoyos en el Senado, los congresos locales y en toda la estructura priísta. Es una aplanadora. Sin embargo, el PAN no estaría dispuesto a entregar tan fácilmente el poder. En la elección de 2006, el algoritmo de Hildebrando le restó votos al PRD, pero también al PRI. Éste no protestó porque Madrazo había quedado muy lejos, le convino más facilitar la toma de posesión de Calderón y cobrar por el servicio.
Hildebrando ataca de nuevo
Como les digo, recientemente recibí un mensaje de un grupo de trabajadores de la empresa de Eidon Software, de Querétaro, denunciando que estaban siendo despedidos. Esta empresa, dedicada a programas de cómputo, tanto de (ojo) desarrollos a la medida como de paquetes de distribución masiva, formaba parte de Ideal, la constructora del grupo Slim, pero fue vendida a dos compañías hermanas: Telmex Internacional y Teléfonos de México. Ahí se pierde la huella de Eidon. He preguntado al grupo Slim si continúa dentro de su grupo y no he recibido respuesta. En cambio, los trabajadores aseguran que Hildebrando ya tomó posesión, ha llevado gente de su confianza y al parecer ya se ha iniciado con sigilo el desarrollo de un software a la medida de algún cliente. Días después, el licenciado Calderón anunciaría la Cida –la nueva cédula de identificación–, en la que invertirá el gobierno 3 mil millones de pesos. Sin descontar la posibilidad de que Hildebrando vaya a participar en la licitación del contrato, tras la fachada de una empresa de Slim, todo parece sospechoso y es inevitable una pregunta: ¿planea el panismo otro fraude electoral como el de 2006? Los seguidores de don Gaviotano quizá deberían dejar de repetir como mantra sagrado ya la hicimos y parar las antenas.
El delfín
De acuerdo con un inusual examen político de Banamex, don Gaviotano tiene a 100 diputados adictos de los 500 que conformarán la Cámara, cuyas funciones comenzarán el próximo primero de septiembre. Y también a la mayoría de los gobernadores priístas que acaban de reunirse a celebrar su cumpleaños: Miguel Ángel Osorio Chong, de Hidalgo; Félix González Canto, de Quintana Roo; Humberto Moreira, de Coahuila; Ivonne Ortega, de Yucatán; Mario Marín, de Puebla; Fidel Herrera, de Veracruz; Ismael Hernández, de Durango; Jesús Aguilar Padilla, de Sinaloa; Ulises Ruiz, de Oaxaca, más los mandatarios recientemente electos de Nuevo León, Rodrigo Medina; de San Luis Potosí, Fernando Toranzo; de Campeche, Fernando Ortega, y José Calzada Rovirosa, de Querétaro. Seguramente el joven delfín del salinismo también cuenta con importantes apoyos en el Senado, los congresos locales y en toda la estructura priísta. Es una aplanadora. Sin embargo, el PAN no estaría dispuesto a entregar tan fácilmente el poder. En la elección de 2006, el algoritmo de Hildebrando le restó votos al PRD, pero también al PRI. Éste no protestó porque Madrazo había quedado muy lejos, le convino más facilitar la toma de posesión de Calderón y cobrar por el servicio.
Hildebrando ataca de nuevo
Como les digo, recientemente recibí un mensaje de un grupo de trabajadores de la empresa de Eidon Software, de Querétaro, denunciando que estaban siendo despedidos. Esta empresa, dedicada a programas de cómputo, tanto de (ojo) desarrollos a la medida como de paquetes de distribución masiva, formaba parte de Ideal, la constructora del grupo Slim, pero fue vendida a dos compañías hermanas: Telmex Internacional y Teléfonos de México. Ahí se pierde la huella de Eidon. He preguntado al grupo Slim si continúa dentro de su grupo y no he recibido respuesta. En cambio, los trabajadores aseguran que Hildebrando ya tomó posesión, ha llevado gente de su confianza y al parecer ya se ha iniciado con sigilo el desarrollo de un software a la medida de algún cliente. Días después, el licenciado Calderón anunciaría la Cida –la nueva cédula de identificación–, en la que invertirá el gobierno 3 mil millones de pesos. Sin descontar la posibilidad de que Hildebrando vaya a participar en la licitación del contrato, tras la fachada de una empresa de Slim, todo parece sospechoso y es inevitable una pregunta: ¿planea el panismo otro fraude electoral como el de 2006? Los seguidores de don Gaviotano quizá deberían dejar de repetir como mantra sagrado ya la hicimos y parar las antenas.
Al presidente Obama le debe ser difícil explicar por qué, en ocasiones, la forma de actuar de algunos miembros de su gabinete difiere de su intención manifiesta, por ejemplo, la contradicción entre su propósito de resolver el problema migratorio, empezando por dar un trato humano a los trabajadores migratorios, y la persistente política de asedio en contra de ellos que, por cierto, fue diseñada en el gobierno del presidente Bush.
Se entiende que ante los graves problemas que heredó el actual gobierno, en primer lugar el desastre económico, la prioridad sea devolver al país su estabilidad en ese renglón. El mismo Obama recordó en la más reciente reunión con sus homólogos de Canadá y México que el proyecto de reforma migratoria debe esperar al próximo año, una vez que se estabilice la economía y se apruebe la ambiciosa reforma al sistema de salud. Es saludable escuchar que su idea de una reforma migratoria sigua en pie.
El problema estriba en que, al parecer, no hay una sincronía entre sus propósitos y la hiperactividad de las autoridades migratorias, que si bien cumplen con su obligación de aplicar la normatividad en la materia, el celo con el que lo hacen marca una considerable distancia de las intenciones del presidente en materia de derechos humanos y la salvaguarda de la integridad de las familias de los trabajadores, documentados o no.
Algunos miembros del Congreso han insistido en que deben protegerse las fronteras como condición previa para una reforma migratoria. Nadie puede negar el derecho de un país a salvaguardar sus fronteras, particularmente cuando son asediadas por bandas de delincuentes, pero la realidad es que son estas bandas quienes extorsionan a quienes arriesgan la libertad y la vida en su intento por cruzar la frontera en busca de trabajo. La agencia de noticias Ap dio a conocer la semana pasada una investigación en la que se revela el alto grado de corrupción que existe en las zonas fronterizas. Traficantes de personas y de drogas reciben protección de agentes federales estadunidenses mediante un pago.
Esta revelación es sólo una evidencia de que la complicada situación en la frontera no se soluciona con dividir a las familias, deportando a quienes realizan un trabajo honesto, sino estableciendo los lineamientos adecuados para su internación y permanencia en el país, evitando de esta forma que sean presa de contrabandistas y autoridades inescrupulosas. Tal vez sería conveniente que así lo entendieran quienes quieren ayudar a Obama a resolver éste que es uno de sus múltiples problemas.
Se entiende que ante los graves problemas que heredó el actual gobierno, en primer lugar el desastre económico, la prioridad sea devolver al país su estabilidad en ese renglón. El mismo Obama recordó en la más reciente reunión con sus homólogos de Canadá y México que el proyecto de reforma migratoria debe esperar al próximo año, una vez que se estabilice la economía y se apruebe la ambiciosa reforma al sistema de salud. Es saludable escuchar que su idea de una reforma migratoria sigua en pie.
El problema estriba en que, al parecer, no hay una sincronía entre sus propósitos y la hiperactividad de las autoridades migratorias, que si bien cumplen con su obligación de aplicar la normatividad en la materia, el celo con el que lo hacen marca una considerable distancia de las intenciones del presidente en materia de derechos humanos y la salvaguarda de la integridad de las familias de los trabajadores, documentados o no.
Algunos miembros del Congreso han insistido en que deben protegerse las fronteras como condición previa para una reforma migratoria. Nadie puede negar el derecho de un país a salvaguardar sus fronteras, particularmente cuando son asediadas por bandas de delincuentes, pero la realidad es que son estas bandas quienes extorsionan a quienes arriesgan la libertad y la vida en su intento por cruzar la frontera en busca de trabajo. La agencia de noticias Ap dio a conocer la semana pasada una investigación en la que se revela el alto grado de corrupción que existe en las zonas fronterizas. Traficantes de personas y de drogas reciben protección de agentes federales estadunidenses mediante un pago.
Esta revelación es sólo una evidencia de que la complicada situación en la frontera no se soluciona con dividir a las familias, deportando a quienes realizan un trabajo honesto, sino estableciendo los lineamientos adecuados para su internación y permanencia en el país, evitando de esta forma que sean presa de contrabandistas y autoridades inescrupulosas. Tal vez sería conveniente que así lo entendieran quienes quieren ayudar a Obama a resolver éste que es uno de sus múltiples problemas.
El secretario Carstens anda de gira artística por los estados de la República en los que los panistas hacen negocios... perdón gobiernan, con el fin de sensibilizar a los mandatarios blanquiazules (y éstos a sus diputados) en torno a la estrategia económica 2010 que el calderonismo propondrá al Legislativo –a más tardar el próximo 8 de septiembre– para superar el shock de las finanzas públicas, estrategia que se limita a recortar el gasto, incrementar la deuda y aplicar nuevos impuestos y/o ampliar los existentes (por ejemplo IVA a medicinas y alimentos, entre otros), más una buena dosis de aumentos a precios y tarifas del sector público (sin considerar la acostumbrada cuesta de enero, con el característico racimo de incrementos en bienes y servicios del sector privado, sin mayor movimiento de salarios).
Como parte de dicha excursión, el pasado sábado el doctor catarrito comió y bebió a sus anchas en el estado de Morelos, donde el gobernador (panista, obvio es) organizó y pagó –no precisamente de su bolsillo– una encerrona con las nuevas ovejitas blaquiazules que a partir del primer día de septiembre, y como parte de la 61 Legislatura, se verán en la oprobiosa necesidad de defender a capa y espada la citada estrategia económica del mariachi de Los Pinos. En esa gran comilona el secretario de Hacienda aseguró a la colegiza que en materia fiscal por el momento el gobierno federal no ha tomado una conclusión con respecto a la posible implementación de nuevos impuestos, pero en este sentido, dijo, nos vemos el 8 de septiembre.
Pues bien, Calderón y Carstens pueden definir y proponer lo que se les ocurra: desde nuevos impuestos y/o la ampliación de los existentes (IVA a medicinas y alimentos, por ejemplo) hasta el pago por tenencia de perro, gato o perico; total, han dado pruebas contundentes de que la explosiva situación social poco les interesa (6 millones de pobres adicionales en tiempos de fortaleza económica dan cuenta de ello). De igual forma podrán maicear o amenazar a sus ovejitas en San Lázaro, pero, por mucho que se esfuercen por seguir deteriorando a los mexicanos, no pasarán de ser propuestas, pues corresponde a la Cámara de Diputados y a la mayoría de sus inquilinos decidir cuál es el camino a seguir para enfrentar el shock de las finanzas públicas y el lúgubre 2010 que se avecina.
Por ejemplo, Carstens ha sido insistente en que el IETU ha sido muy exitoso (en realidad ha partido en dos a micro, pequeñas y medianas empresas) y que en 2010 este impuesto será fortalecido, pero el doctor catarrito parece obviar que la nueva mayoría legislativa –de la que no forman parte las citadas ovejitas– se ha pronunciado abiertamente y desde ahora porque de los dos impuestos (ISR y el IETU) sólo uno permanecerá vigente (y todo apunta para el debut y despedida del IETU), que el IVA en alimentos y medicinas es una agresión al pueblo de México y que será ella la que tome la decisión, no el gobierno calderonista, el cual podrá proponer impuestos a ventanas y puertas (como en su tiempo lo hizo Antonio López de Santa Anna), tributo al día y a la noche o lo que perversamente se le ocurra, pero la decisión está en San Lázaro. Entonces, a estas alturas el gobierno zombi de Calderón no tiene mayor posibilidad de imponer nada, a menos que esa mayoría se eche para atrás, en una suerte de zedillazo a la inversa.
Lo que queda claro es que no será en Los Pinos donde se tomen las decisiones económicas para el próximo año (permitirlo sería por demás temerario), porque más allá de la disparatada estrategia dibujada por el doctor Carstens, el shock de las finanzas públicas confirma, por si hubiera dudas, que Calderón mintió permanentemente sobre la magnitud de la crisis interna. Tal vez lo mejor que podría hacer el Legislativo, más allá de desechar, por infame, la propuesta económica calderonista, sería revisar detalladamente los mecanismos legales que permitieran reducir a la mitad el sexenio del actual inquilino de Los Pinos, para que el michoacano se retire ahora, cuando, si bien el daño está hecho, aún es tiempo de tomar medidas de emergencia para intentar sacar al país del profundo hoyo en el que se encuentra.
El súbito reconocimiento del “shock de las finanzas públicas, el más grande de los últimos 30 años” (Carstens dixit), contrasta con el terco discurso de Calderón, que fluye en sentido contrario a la realidad económica nacional. Así, como botones, no sólo presumió que tenemos finanzas públicas sólidas, sino que ante una tormenta por fuerte que se avecine, tenemos un navío de gran calado que tiene una enorme estabilidad, porque hemos hecho la tarea, tenemos el trabajo hecho, e independientemente de si se confirma o no un pronóstico recesivo, nosotros estamos preparados para cualquier escenario (enero, 2008).
En Nueva York (25 de septiembre de ese mismo año), Calderón se reunió con empresarios del Economic Club, a quienes aseguró: en general se dice que cuando a Estados Unidos le da la gripe, en México a la gente le da pulmonía, pero éste no es el caso hoy en día. Ahora estamos sufriendo naturalmente los impactos de la situación aquí, pero los datos nos demuestran que México es mucho más capaz de superar esta situación difícil... la fortaleza de las finanzas públicas en el país evitará una crisis como las que solía sufrir en el pasado y que llevaría a empresas a la bancarrota. Dos semanas después, el plan anticrisis y la devaluación.
A finales de enero de 2009, en el Foro Económico Mundial de Davos, festejaba que en México se ha avanzado a través de tener no sólo finanzas públicas sanas, sino de instrumentar diversas reformas como la fiscal, que permite captar un mayor nivel de recursos... México tiene una de las economías más sólidas del mundo. Y en Londres, tres meses después: las finanzas públicas de nuestro país son ahora más fuertes que nunca; tenemos bases económicas sólidas. Al cierre de julio rechazó los muy duros y dramáticos datos que presenta el Banco de México (en 2009 desplome hasta de 7.5 por ciento en el PIB), y de allí a reconocer, en agosto, aquello del “shock de las finanzas públicas, el más grande de los últimos 30 años”, el mismo que negó permanentemente.
Las rebanadas del pastel
Mientras Fox descubrió a los responsables de la crisis (los astros y las malas vibras, va otro dato duro de que lo peor ya pasó (Calderón dixit): uno de cada tres mexicanos está en rezago educativo, no sabe leer o escribir, o no tiene la primaria ni la secundaria. Son 33 millones de mexicanos con algún de rezago educativo (Héctor Rivera López, director de delegaciones del INEA, en declaraciones a El Universal).
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
David Márquez Ayala: Reporte Económico
Hace poco más de un año (el 9 de junio de 2008) hicimos referencia al cambio de año base (2003) para el cálculo de las Cuentas Nacionales del país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha aplicado ahora este cambio al PIB por entidades, modificando las cifras previas (RE 21/abril/2008).
A fin de actualizar estas cifras básicas –de suyo siempre rezagadas –con la nueva base y a 2007, hemos preparado dos cuadros síntesis:
1. PIB nueva base 2003-2007
El PIB nacional a precios básicos (Valor Agregado Bruto, esto es, sin incluir impuestos y subsidios) lo establece el Inegi para 2007 en esta nueva base en 10 billones 739 mil 617 millones de pesos corrientes (Gráfico 1). A este total, el Distrito Federal aporta 17.5%; el estado de México, 8.9; Nuevo León, 7.7; Jalisco, 6.3 y Campeche, 5.6% (entidad que aparece sobredimensionada por la producción de petróleo).
Es pertinente mencionar que los cambios introducidos con la nueva base 2003 alteraron sustancialmente los PIB y los porcentajes de participación de varias entidades en el total. Usando 2006 como último año con las dos series (base 1993 y 2003), con la primera el PIB del Distrito Federal representaba 21.5% del PIB total, y con la segunda sólo 17.6%; en for-ma similar, aunque menos marcada el estado de México bajó de representar, 9.7% al 8.8%, y Chihuahua de 4.5% a 3.3%, como ejemplos. A la inversa, en el mismo 2006 Jalisco aumentó su participación marginalmente de 6.2% a 6.3%, Veracruz, de 4.3% a 4.6% y Campeche de 1.2% a 6.2%
Ciudad Juárez: violencia eclipsa violencia
Durante el pasado fin de semana los cadáveres de cuatro mujeres fueron encontrados en distintos puntos de Ciudad Juárez, Chihuahua, con lo que el número de feminicidios cometidos en esa ciudad fronteriza asciende a 62 en lo que va del año, es decir, prácticamente una víctima cada cuatro días.
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El Correo Ilustrado
Peligroso coctel para la salud pública
Sumamente peligroso para la salud pública es el coctel formado por intelectuales al servicio del statu quo del régimen político (Clínica de Interés Público del CIDE), por la esfera religiosa, como la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, la Confraternice; su pastor dice que no hay confesos de la masacre de Acteal (Proceso 1711), y ahora las propias instituciones del Estado mexicano: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos de los liberados se declararon confesos, por consiguiente, a confesión de parte, relevo de pruebas. Tal coctel sólo conduce a injusticia e impunidad.
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Entre las plagas que se han abatido sobre México en tiempos recientes, hay una tremenda que ha sido anunciada sordamente y que tiene el peligro de irrumpir de pronto en el panorama nacional, con efectos perniciosos, destructivos a más no poder del futuro mexicano.
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Ya analizamos en este espacio las intenciones que llevaron a Estados Unidos a determinar la acción conjunta con el gobierno de China, que fijaría las bases para hacer frente a los problemas mundiales más importantes. Hablamos también de los acuerdos tomados en la cumbre de L’Aquila, Italia, así como de la revolución tecnológica que ha de permitir alcanzar las metas que el G-8 planteó ante los 18 países que participaron y que integran las economías más importantes. En dicha reunión Barack Obama se refirió a la gran amenaza que representa para la paz mundial la proliferación nuclear, y en este sentido fue fructífero el viaje del ex presidente Bill Clinton a Corea del Norte.
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El todavía secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México, el ingeniero Alberto Cárdenas, aseguró que la Sagarpa apoya a los productores agrícolas y ganaderos a cambio de que cuiden la calidad de la tierra a fin de evitar su agotamiento y la erosión; de que ahorren agua en las labores de cultivo, eviten la quema, planten árboles y no sobrexploten los recursos naturales.
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La Suprema Corte, con tendencia mayoritariamente conservadora, ha vuelto a dejar pasar oportunidades valiosas para actuar realmente como uno de los tres poderes mediante los cuales el pueblo mexicano ejerce su soberanía; fue incapaz de acotar al Poder Ejecutivo ejerciendo a plenitud su facultad de constatar la constitucionalidad de los actos de éste, con motivo de la revisión de asuntos que se ponen a su consideración. En dos casos muy recientes –Acteal y el fuero de guerra– se contentó con atender las cuestiones de forma y procedimientos, y no se atrevió a entrar al fondo de ambas cuestiones.
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La presentación del secretario de Hacienda Agustín Cartsens ante el Senado, la semana pasada, pone en evidencia el desamparo en el que está la economía mexicana.
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Toma tiempo seguir vivo.Distrae más allá de lo aceptable.Retarda, dilata, dispersa.La vista se opaca.De tanto repetirse, no alcanzan las palabrasni el tamaño del corazón.El ruido de los minutos al caeradormila los tímpanos.La lengua se cansade lamer.
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Sergio López Ayllón
¿Cédula de identidad o fichaje nacional?
Hace unos días el presidente Calderón anunció la creación de la Cédula de Identidad Ciudadana. Esta debería ser una buena noticia. Por fin —con tan sólo 19 años de retraso luego de que en 1990 se reformó la Constitución para establecer el Registro Nacional de Ciudadanos— el Estado mexicano parece ser capaz de dar los pasos necesarios para generar un documento que permita identificar a los mexicanos y con ello garantizar su derecho a la identidad.
La carencia de este instrumento ha tenido consecuencias graves. La más obvia es la proliferación de documentos que expiden o requieren las autoridades para realizar trámites u obtener servicios. Con los años, la credencial para votar se convirtió de hecho en el mecanismo que se utiliza cotidianamente para identificar a una persona. Este documento se cimentó sobre dos bases sólidas, por un lado la democracia, y por otro la confianza en su institución paradigmática, que es el Instituto Federal Electoral.
La creación de la nueva cédula —de cuyos detalles por cierto se desconoce casi todo— supone replantear todo el asunto. Una de sus consecuencias sería la extinción de la credencial para votar que sería sustituida por el nuevo documento. El asunto se quiere revestir de legalidad y racionalidad, pero mucho me temo que carece de otros dos componentes, legitimidad y confianza. Veamos ambos lados de la ecuación.
Ciertamente la cédula encuentra fundamento tanto en la Constitución como en la Ley General de Población. Se trata de crear un sistema de identidad único sobre una base de datos nacional de identificación. Esto permitiría que los ciudadanos cuenten con un documento oficial y único para identificarse. Esto obliga a poner orden en la maraña burocrática nacional, racionaliza recursos y facilita el ejercicio de derechos y obligaciones. Así, en vez de tener cinco credenciales, una sola sería suficiente para que una persona se identifique, vote, reciba consultas y medicamentos en el IMSS, pague impuestos y se inscriba en una escuela.
El problema se encuentra en los detalles, y está ligado al contexto y a los requisitos que hasta ahora conocemos sobre este documento. En efecto, se ha dicho que la cédula contará con la identidad biométrica de las personas, misma que se obtendrá con el registro de todas sus huellas digitales, rostro e iris. En otras palabras, el Estado obtendrá de cada uno de los mexicanos una enorme cantidad de datos personales.
Una reforma muy reciente al artículo 16 de la Constitución —que pasó relativamente inadvertida— estableció que toda persona tiene el derecho a la protección de sus datos personales. Y algunos de los principios internacionalmente reconocidos en esta materia establecen que los datos personales que se recaben por parte de autoridades tienen que ser pertinentes y no excesivos respecto de la finalidad que se persigue. A la luz de estas ideas cabe preguntarse ¿son necesarios todos estos datos biométricos para permitir que un ciudadano se identifique frente a sus autoridades?, ¿cuál es su justificación técnica?, ¿cuáles serán sus usos y usuarios legítimos?, ¿quién tendrá y bajo qué circunstancias acceso a las bases de datos biométricos?, ¿cuál es su sustento legal?
Una mirada a la práctica internacional muestra claramente que estamos frente a un claro exceso en la materia. En la mayor parte de los países con cédula de identidad (España, Chile, Francia, Gran Bretaña, entre otros) dos huellas digitales, la fotografía y la firma son suficientes como medios de identificación. Por lo demás, una base de datos con toda esta información requeriría de medidas extremas de seguridad, ¿cuáles serán éstas?, ¿quiénes las autoridades responsables de garantizarlas?
Este no es un debate menor. Está en riesgo el espacio de libertad personal. Más allá de eso, el planteamiento hasta ahora público parece basarse en una profunda desconfianza del Estado hacia sus ciudadanos y genera, como consecuencia, el efecto contrario. Urge un debate más amplio sobre la cédula y su contenido, una evaluación serena de su impacto en la vida privada y la libertad de las personas, una reflexión sobre medios y propósitos, en suma, un trabajo que cimiente esta cédula en una vocación democrática y de respeto a los derechos y no en una visión de Estado policía.
Profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE),
La carencia de este instrumento ha tenido consecuencias graves. La más obvia es la proliferación de documentos que expiden o requieren las autoridades para realizar trámites u obtener servicios. Con los años, la credencial para votar se convirtió de hecho en el mecanismo que se utiliza cotidianamente para identificar a una persona. Este documento se cimentó sobre dos bases sólidas, por un lado la democracia, y por otro la confianza en su institución paradigmática, que es el Instituto Federal Electoral.
La creación de la nueva cédula —de cuyos detalles por cierto se desconoce casi todo— supone replantear todo el asunto. Una de sus consecuencias sería la extinción de la credencial para votar que sería sustituida por el nuevo documento. El asunto se quiere revestir de legalidad y racionalidad, pero mucho me temo que carece de otros dos componentes, legitimidad y confianza. Veamos ambos lados de la ecuación.
Ciertamente la cédula encuentra fundamento tanto en la Constitución como en la Ley General de Población. Se trata de crear un sistema de identidad único sobre una base de datos nacional de identificación. Esto permitiría que los ciudadanos cuenten con un documento oficial y único para identificarse. Esto obliga a poner orden en la maraña burocrática nacional, racionaliza recursos y facilita el ejercicio de derechos y obligaciones. Así, en vez de tener cinco credenciales, una sola sería suficiente para que una persona se identifique, vote, reciba consultas y medicamentos en el IMSS, pague impuestos y se inscriba en una escuela.
El problema se encuentra en los detalles, y está ligado al contexto y a los requisitos que hasta ahora conocemos sobre este documento. En efecto, se ha dicho que la cédula contará con la identidad biométrica de las personas, misma que se obtendrá con el registro de todas sus huellas digitales, rostro e iris. En otras palabras, el Estado obtendrá de cada uno de los mexicanos una enorme cantidad de datos personales.
Una reforma muy reciente al artículo 16 de la Constitución —que pasó relativamente inadvertida— estableció que toda persona tiene el derecho a la protección de sus datos personales. Y algunos de los principios internacionalmente reconocidos en esta materia establecen que los datos personales que se recaben por parte de autoridades tienen que ser pertinentes y no excesivos respecto de la finalidad que se persigue. A la luz de estas ideas cabe preguntarse ¿son necesarios todos estos datos biométricos para permitir que un ciudadano se identifique frente a sus autoridades?, ¿cuál es su justificación técnica?, ¿cuáles serán sus usos y usuarios legítimos?, ¿quién tendrá y bajo qué circunstancias acceso a las bases de datos biométricos?, ¿cuál es su sustento legal?
Una mirada a la práctica internacional muestra claramente que estamos frente a un claro exceso en la materia. En la mayor parte de los países con cédula de identidad (España, Chile, Francia, Gran Bretaña, entre otros) dos huellas digitales, la fotografía y la firma son suficientes como medios de identificación. Por lo demás, una base de datos con toda esta información requeriría de medidas extremas de seguridad, ¿cuáles serán éstas?, ¿quiénes las autoridades responsables de garantizarlas?
Este no es un debate menor. Está en riesgo el espacio de libertad personal. Más allá de eso, el planteamiento hasta ahora público parece basarse en una profunda desconfianza del Estado hacia sus ciudadanos y genera, como consecuencia, el efecto contrario. Urge un debate más amplio sobre la cédula y su contenido, una evaluación serena de su impacto en la vida privada y la libertad de las personas, una reflexión sobre medios y propósitos, en suma, un trabajo que cimiente esta cédula en una vocación democrática y de respeto a los derechos y no en una visión de Estado policía.
Profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE),
Roberto Rock L.
Vigencia de Acteal
El fallo de la Corte sobre la matanza de indígenas en diciembre de 2007 arroja luz sobre el comportamiento de diversos personajes que nos deben una explicación.
No es historia antigua, sino trama actual, viva, el tema de la masacre ocurrida en diciembre de 2007 en un paraje de Chiapas. Aquí, una pequeña lista de los actores centrales:
1. Emilio Chuayffet. Secretario de Gobernación entonces. Se ha dicho que días antes otorgó garantías de que no habría problemas en Chiapas. Hay indicios de que se estaba armando a facciones contrarias a los grupos zapatistas. Ello los convirtió en grupos de autodefensa o paramilitares. Pero Chuayffet ya era un despojo luego de que semanas antes había intentado impedir la constitución del primer Congreso dominado por la oposición. Hoy es otra vez diputado y pieza notoria de un bloque político que busca hacerse de la coordinación parlamentaria del PRI con rumbo a la sucesión de 2012.
2. Ernesto Zedillo. Se presenta ante el mundo como el estadista que nos trajo la alternancia. El flujo de armas hacia las milicias chiapanecas hubiera sido imposible sin el apoyo o la tolerancia del Ejército, sobre el cual ningún civil tiene mando salvo el Presidente. Junto con Chuayffet, debe explicar lo que hizo o dejó hacer, para entender el pasado e impedir que estos hechos se repitan en el futuro.
3. Jorge Madrazo. Entonces procurador de la República. Fue luego cónsul para protegerlo de presuntas amenazas. Ha negado manipulación de las investigaciones. Como los otros citados, cierra ojos y oídos a la montaña de documentos que constituyen un ejemplo mundial de atropello a un debido proceso. Debe responder a la mayor pregunta actual: si los liberados no son los asesinos, entonces quién. Mientras no lo haga, será considerado cómplice.
4. Francisco Labastida. Secretario de Gobernación a la caída de Chuayffet. Tuvo como jefe de asesores a Adolfo Orive, actor clave de cuanto en Chiapas había ocurrido en los últimos años. ¿Qué tapó, qué silenció? Malogrado candidato presidencial, actual senador.
5. Ministro Sergio Valls. Su familia integra un bloque político en Chiapas. ¿No debió excusarse por evidente conflicto de interés en lugar de votar en contra de la resolución?
Apuntes
II CORREOS DE MÉXICO, la agónica entidad paraestatal, es usada para un ajuste de cuentas en la administración Calderón. Purificación Carpinteyro, tormentosa ex funcionaria del sector, opera a trasmano el conflicto laboral de los carteros en contra del director de la dependencia, José Andrés Casco Flores, cercano operador del ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, quien hoy preside la Bolsa de Valores. Se trata de una jugada menor. Casco y Téllez tienen flancos más débiles, uno de ellos los liga al desastre financiero llamado Procampo. II EN EL EDOMEX cambian hoy los 125 alcaldes. Entre quienes estrenan cargo, al menos tres —una mujer incluida— estarán invitados a la pasarela para la sucesión del gobernador Enrique Peña Nieto. A ellos se sumarán otros tantos diputados federales y un par de legisladores locales. Pero el ex gobernador interino y legislador saliente César Camacho quiere colarse y dobletear. Para sobrevivir en estos tiempos busca la dirigencia estatal del PRI. Por su parte, el PAN mexiquense deberá hacer una depuración interna ante los pésimos resultados obtenidos, que se le deben al líder estatal Ulises Ramírez, quien sin embargo se siente “amarrado” por su apoyo a la campaña de César Nava. II NO LO DIVULGUE, pero por cierto Nava se pirateó a dos integrantes clave del equipo de Santiago Creel. Los desleales son Gabriela Cuevas, que le debe su diputación al senador panista, y Armando Salinas Torre, otro seducido por las sirenas. II EN SINALOA habrá relevo en la comisión de acceso a la información. Rigoberto Ocampo Alcántar, quien fuera presidente del instituto estatal electoral durante el controvertido proceso que llevó al poder al actual gobernador, Jesús Aguilar, ya cerró su despacho en el Instituto Federal Electoral (IFE) y está listo para ser comisionado local, pues le tienen prometida la presidencia del organismo, por un acuerdo entre el mandatario estatal y su antecesor priísta, Juan S. Millán.
expedientesabiertos @hotmail.com
No es historia antigua, sino trama actual, viva, el tema de la masacre ocurrida en diciembre de 2007 en un paraje de Chiapas. Aquí, una pequeña lista de los actores centrales:
1. Emilio Chuayffet. Secretario de Gobernación entonces. Se ha dicho que días antes otorgó garantías de que no habría problemas en Chiapas. Hay indicios de que se estaba armando a facciones contrarias a los grupos zapatistas. Ello los convirtió en grupos de autodefensa o paramilitares. Pero Chuayffet ya era un despojo luego de que semanas antes había intentado impedir la constitución del primer Congreso dominado por la oposición. Hoy es otra vez diputado y pieza notoria de un bloque político que busca hacerse de la coordinación parlamentaria del PRI con rumbo a la sucesión de 2012.
2. Ernesto Zedillo. Se presenta ante el mundo como el estadista que nos trajo la alternancia. El flujo de armas hacia las milicias chiapanecas hubiera sido imposible sin el apoyo o la tolerancia del Ejército, sobre el cual ningún civil tiene mando salvo el Presidente. Junto con Chuayffet, debe explicar lo que hizo o dejó hacer, para entender el pasado e impedir que estos hechos se repitan en el futuro.
3. Jorge Madrazo. Entonces procurador de la República. Fue luego cónsul para protegerlo de presuntas amenazas. Ha negado manipulación de las investigaciones. Como los otros citados, cierra ojos y oídos a la montaña de documentos que constituyen un ejemplo mundial de atropello a un debido proceso. Debe responder a la mayor pregunta actual: si los liberados no son los asesinos, entonces quién. Mientras no lo haga, será considerado cómplice.
4. Francisco Labastida. Secretario de Gobernación a la caída de Chuayffet. Tuvo como jefe de asesores a Adolfo Orive, actor clave de cuanto en Chiapas había ocurrido en los últimos años. ¿Qué tapó, qué silenció? Malogrado candidato presidencial, actual senador.
5. Ministro Sergio Valls. Su familia integra un bloque político en Chiapas. ¿No debió excusarse por evidente conflicto de interés en lugar de votar en contra de la resolución?
Apuntes
II CORREOS DE MÉXICO, la agónica entidad paraestatal, es usada para un ajuste de cuentas en la administración Calderón. Purificación Carpinteyro, tormentosa ex funcionaria del sector, opera a trasmano el conflicto laboral de los carteros en contra del director de la dependencia, José Andrés Casco Flores, cercano operador del ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, quien hoy preside la Bolsa de Valores. Se trata de una jugada menor. Casco y Téllez tienen flancos más débiles, uno de ellos los liga al desastre financiero llamado Procampo. II EN EL EDOMEX cambian hoy los 125 alcaldes. Entre quienes estrenan cargo, al menos tres —una mujer incluida— estarán invitados a la pasarela para la sucesión del gobernador Enrique Peña Nieto. A ellos se sumarán otros tantos diputados federales y un par de legisladores locales. Pero el ex gobernador interino y legislador saliente César Camacho quiere colarse y dobletear. Para sobrevivir en estos tiempos busca la dirigencia estatal del PRI. Por su parte, el PAN mexiquense deberá hacer una depuración interna ante los pésimos resultados obtenidos, que se le deben al líder estatal Ulises Ramírez, quien sin embargo se siente “amarrado” por su apoyo a la campaña de César Nava. II NO LO DIVULGUE, pero por cierto Nava se pirateó a dos integrantes clave del equipo de Santiago Creel. Los desleales son Gabriela Cuevas, que le debe su diputación al senador panista, y Armando Salinas Torre, otro seducido por las sirenas. II EN SINALOA habrá relevo en la comisión de acceso a la información. Rigoberto Ocampo Alcántar, quien fuera presidente del instituto estatal electoral durante el controvertido proceso que llevó al poder al actual gobernador, Jesús Aguilar, ya cerró su despacho en el Instituto Federal Electoral (IFE) y está listo para ser comisionado local, pues le tienen prometida la presidencia del organismo, por un acuerdo entre el mandatario estatal y su antecesor priísta, Juan S. Millán.
expedientesabiertos @hotmail.com
Ricardo Raphael
Manipulaciones justicieras
“Cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana”. La inmensa mayoría de los mexicanos tenemos esta convicción. En nuestro país, los cuerpos de policía, las oficinas de los ministerios públicos y los juzgados son percibidos como meros instrumentos al servicio de los intereses más poderosos.
Probablemente es por esta valoración que tales funcionarios se encuentran en los últimos lugares del aprecio nacional; se les considera por debajo de los presidentes municipales, los diputados (locales y federales) y también de los partidos políticos. (ENCUP 2008) Según un sondeo reciente del IIJ de la UNAM, sólo 5.4% de nuestra población cree que los jueces protegen los derechos ciudadanos.
Los grandes y los pequeños asuntos de la justicia mexicana despiertan recelo y desconfianza. Sin importar su naturaleza jurídica, trátese del caso Lydia Cacho, de la ley Televisa, de los expedientes de Atenco o de Oaxaca, de Jacinta, de la guardería ABC o de la liberación de los presos de Acteal, ninguna resolución de la Suprema Corte, ni del resto de los tribunales y juzgados termina construyendo acuerdo social alrededor de una misma verdad jurídica.
El mal sabor de boca de cada una de estas decisiones no sucede, como sería normal, por el enojo de los afectados, sino porque las sentencias y resoluciones suelen caer en la tierra estéril de la incredulidad pública. Vale la pena retomar algunos ejemplos recientes para abundar sobre este contexto de desconfianza; concretamente, los muy recientes expedientes relativos a la guardería ABC y a la liberación de los presos de Acteal.
En su proyecto de resolución relacionado con la guardería ABC, el ministro Sergio Aguirre Anguiano propuso a sus colegas del máximo tribunal no participar en la investigación que llevaría a esclarecer las responsabilidades relacionadas con aquel trágico incendio donde fallecieron 49 menores. Argumentó que esa misión encomendada por los padres de las víctimas no podría satisfacerse, o peor aún, que haría las veces de un biombo dispuesto para encubrir la verdad sobre los hechos.
Este argumento del ministro Aguirre no tiene desperdicio. Desnuda al sistema de instituciones que padecemos. ¿En qué país, supuestamente democrático, sería posible que una investigación del máximo tribunal no tuviera fuertes repercusiones? ¿Cómo podría dejar de despertar el interés entre los legisladores, en el Ejecutivo o en el procurador general de la República?
Y sin embargo, la duda del ministro Aguirre está fundada. Esos tres órganos del Estado mexicano pueden pasar de largo ignorando a la Corte y sus pesquisas. En México, el sistema de impunidades ha sido diseñado para que no exista investigación sobre hechos delictivos, o bien, para que esta no tenga ninguna consecuencia.
En el mismo contexto tiene sentido considerar los reclamos que personalidades como el obispo Raúl Vera y Rosario Ibarra de Piedra, o las organizaciones de defensa de derechos, Las Abejas y el Fray Bartolomé de las Casas, han lanzado en contra de la liberación de los 20 acusados por la masacre de Acteal.
Usando distintas expresiones, todos estos voceros han advertido a los ministros que, en su decisión, se preocuparon más por el debido proceso que por encontrar la verdad. Se trata de una afirmación intrigante: ¿puede llegarse a la verdad en un estado de derecho sin atender escrupulosamente al debido proceso? Se trata, en apariencia, de un falso dilema y sin embargo cabe en él algo de razón.
En el México democrático que quisiéramos tener, no podría pasar un día sin que la PGR hubiera reaccionado a la demoledora sentencia de la Corte con respecto a Acteal. Desde esa instancia se debió haber nombrado inmediatamente un fiscal especial encargado, por una parte, de perseguir a los responsables de haber viciado el juicio original y, por la otra, de abrir una nueva investigación que ahora sí condujera al fondo de lo que ocurrió aquel trágico 22 de diciembre de 1997.
Y sin embargo, la PGR se ha desentendido de estos hechos, casi de la misma manera como ha sucedido con respecto al incendio de la guardería ABC. Ni un expediente, ni el otro van a resolverse con apego a la ley porque en nuestro país la justicia sigue subordinada a las preocupaciones políticas más banales.
Ayer, el priísta Ernesto Zedillo pudo instruir a la Procuraduría para que procediera dolosamente en la fabricación de pruebas y testimonios que lo dejaran libre de toda responsabilidad frente a la masacre de Acteal. Hoy la PGR puede eludir el expediente Acteal con el objeto de no enfrentar al presidente Felipe Calderón con sus aliados del PRI. Y también puede desentenderse del caso de la guardería ABC para que sean otros órganos del Estado mexicano quienes asuman esta responsabilidad que es fundamentalmente suya.
Mientras en México la procuración de justicia siga subordinada al Poder Ejecutivo —orgánica y jerárquicamente—, su credibilidad social continuará siendo muy precaria. Y es que bajo ese sistema originado en el autoritarismo, ni la investigación judicial, ni sus hallazgos, tienen consecuencia alguna, a menos que la política toque a la puerta del señor procurador.
Analista político
Probablemente es por esta valoración que tales funcionarios se encuentran en los últimos lugares del aprecio nacional; se les considera por debajo de los presidentes municipales, los diputados (locales y federales) y también de los partidos políticos. (ENCUP 2008) Según un sondeo reciente del IIJ de la UNAM, sólo 5.4% de nuestra población cree que los jueces protegen los derechos ciudadanos.
Los grandes y los pequeños asuntos de la justicia mexicana despiertan recelo y desconfianza. Sin importar su naturaleza jurídica, trátese del caso Lydia Cacho, de la ley Televisa, de los expedientes de Atenco o de Oaxaca, de Jacinta, de la guardería ABC o de la liberación de los presos de Acteal, ninguna resolución de la Suprema Corte, ni del resto de los tribunales y juzgados termina construyendo acuerdo social alrededor de una misma verdad jurídica.
El mal sabor de boca de cada una de estas decisiones no sucede, como sería normal, por el enojo de los afectados, sino porque las sentencias y resoluciones suelen caer en la tierra estéril de la incredulidad pública. Vale la pena retomar algunos ejemplos recientes para abundar sobre este contexto de desconfianza; concretamente, los muy recientes expedientes relativos a la guardería ABC y a la liberación de los presos de Acteal.
En su proyecto de resolución relacionado con la guardería ABC, el ministro Sergio Aguirre Anguiano propuso a sus colegas del máximo tribunal no participar en la investigación que llevaría a esclarecer las responsabilidades relacionadas con aquel trágico incendio donde fallecieron 49 menores. Argumentó que esa misión encomendada por los padres de las víctimas no podría satisfacerse, o peor aún, que haría las veces de un biombo dispuesto para encubrir la verdad sobre los hechos.
Este argumento del ministro Aguirre no tiene desperdicio. Desnuda al sistema de instituciones que padecemos. ¿En qué país, supuestamente democrático, sería posible que una investigación del máximo tribunal no tuviera fuertes repercusiones? ¿Cómo podría dejar de despertar el interés entre los legisladores, en el Ejecutivo o en el procurador general de la República?
Y sin embargo, la duda del ministro Aguirre está fundada. Esos tres órganos del Estado mexicano pueden pasar de largo ignorando a la Corte y sus pesquisas. En México, el sistema de impunidades ha sido diseñado para que no exista investigación sobre hechos delictivos, o bien, para que esta no tenga ninguna consecuencia.
En el mismo contexto tiene sentido considerar los reclamos que personalidades como el obispo Raúl Vera y Rosario Ibarra de Piedra, o las organizaciones de defensa de derechos, Las Abejas y el Fray Bartolomé de las Casas, han lanzado en contra de la liberación de los 20 acusados por la masacre de Acteal.
Usando distintas expresiones, todos estos voceros han advertido a los ministros que, en su decisión, se preocuparon más por el debido proceso que por encontrar la verdad. Se trata de una afirmación intrigante: ¿puede llegarse a la verdad en un estado de derecho sin atender escrupulosamente al debido proceso? Se trata, en apariencia, de un falso dilema y sin embargo cabe en él algo de razón.
En el México democrático que quisiéramos tener, no podría pasar un día sin que la PGR hubiera reaccionado a la demoledora sentencia de la Corte con respecto a Acteal. Desde esa instancia se debió haber nombrado inmediatamente un fiscal especial encargado, por una parte, de perseguir a los responsables de haber viciado el juicio original y, por la otra, de abrir una nueva investigación que ahora sí condujera al fondo de lo que ocurrió aquel trágico 22 de diciembre de 1997.
Y sin embargo, la PGR se ha desentendido de estos hechos, casi de la misma manera como ha sucedido con respecto al incendio de la guardería ABC. Ni un expediente, ni el otro van a resolverse con apego a la ley porque en nuestro país la justicia sigue subordinada a las preocupaciones políticas más banales.
Ayer, el priísta Ernesto Zedillo pudo instruir a la Procuraduría para que procediera dolosamente en la fabricación de pruebas y testimonios que lo dejaran libre de toda responsabilidad frente a la masacre de Acteal. Hoy la PGR puede eludir el expediente Acteal con el objeto de no enfrentar al presidente Felipe Calderón con sus aliados del PRI. Y también puede desentenderse del caso de la guardería ABC para que sean otros órganos del Estado mexicano quienes asuman esta responsabilidad que es fundamentalmente suya.
Mientras en México la procuración de justicia siga subordinada al Poder Ejecutivo —orgánica y jerárquicamente—, su credibilidad social continuará siendo muy precaria. Y es que bajo ese sistema originado en el autoritarismo, ni la investigación judicial, ni sus hallazgos, tienen consecuencia alguna, a menos que la política toque a la puerta del señor procurador.
Analista político
Lydia Cacho
Plan B
La verdad sobre Acteal
Tengo los videos de entrevistas con sobrevivientes que grabé en enero de 1998, un mes después de la masacre de Acteal. Nunca como ese día me sentí extranjera en mi país; las carreteras tapizadas de militares agresivos y violentos, la descalificación estratégica que el gobierno de Zedillo y el procurador Madrazo hacían tanto de movimientos sociales como de periodistas que se atrevían a dar voz a las comunidades indígenas en resistencia, generaron un ambiente hostil que en aquel entonces sólo se reflejaba plenamente en las páginas de La Jornada y en las crónicas de corresponsales extranjeros.
La manta anuncia que hemos llegado a la comunidad de Acteal de Las Abejas, municipio pacifista de Chenalhó. Margarita habla frente a mi cámara: rezaban cuando los paramilitares les rodearon, ella cayó al suelo y sobre su espalda un muerto como escudo le salvó la vida. Allí tirada, inmóvil, desde el ángulo de su mirada registró el rostro de 10 hombres que nunca olvidará. Muestra fotografías de su madre y su hermano asesinados. Aquí nadie usa armas, ni creemos en matar, dice un joven sobreviviente; los paramilitares lo sabían.
Cuando regresé unos meses después ya habían construido un modesto mausoleo para sus muertos, exigían justicia, no venganza. La solidez moral de esa comunidad me conmovió profundamente. De los 200 miembros del grupo paramilitar que se identificaba con el PRI, casi todos eran conocidos de nombre y rostro por la gente de Chenalhó. Visité el territorio de los priístas y los evangélicos, libres de vigilancia militar. Reportando los hechos concretos se hizo evidente que la versión del gobierno y de medios oficiales había logrado polarizar a la opinión pública. Radicalizar y simplificar hechos facilita el abuso de poder y las injusticias. Cuando se siembra odio se cosechan impunidad y violencia. Pero la comunidad de Las Abejas decidió creer que la autoridad federal haría su trabajo; evidencias y testigos sobraban. Una víctima jamás olvida el rostro del torturador o el asesino, a las y los sobrevivientes les fue fácil señalar a los paramilitares asesinos.
Sólo cinco de ellos confesaron. Lorenzo Pérez Vázquez, uno de los confesos fue liberado por la Suprema Corte. Ochenta y tres paramilitares siguen sujetos a proceso, y ahora tienen posibilidad de salir libres. Cuando la Suprema Corte revisó los expedientes y halló fallas técnicas, pudo haber ordenado que se repusiera el procedimiento, ¿cómo liberar a un asesino que además de haber sido identificado se confesó? ¿Por qué no reponer el procedimiento y además enjuiciar al ex procurador Madrazo por haber forzado un proceso judicial que pudo haber sido de justicia ejemplar? ¿Por qué no juzgar a los ministerios públicos que entorpecieron el caso respondiendo a órdenes políticas? Que la Corte evidencie las fallas estructurales y técnicas del sistema de justicia es bueno; lo sospechoso es la pronta liberación; el ministro Cossío dijo que su resolución no avala la inocencia, sino fallas del procedimiento.
La historia de México está plagada de culpables que están libres gracias a los tecnicismos legales y a las decisiones políticas que los avalan. Y de inocentes presos por las mismas razones. Acteal es y será una herida abierta para México, sangra ahora por la incapacidad del Estado para proteger a las víctimas y por enviciar aún más el putrefacto sistema de justicia penal.
Tengo los videos de entrevistas con sobrevivientes que grabé en enero de 1998, un mes después de la masacre de Acteal. Nunca como ese día me sentí extranjera en mi país; las carreteras tapizadas de militares agresivos y violentos, la descalificación estratégica que el gobierno de Zedillo y el procurador Madrazo hacían tanto de movimientos sociales como de periodistas que se atrevían a dar voz a las comunidades indígenas en resistencia, generaron un ambiente hostil que en aquel entonces sólo se reflejaba plenamente en las páginas de La Jornada y en las crónicas de corresponsales extranjeros.
La manta anuncia que hemos llegado a la comunidad de Acteal de Las Abejas, municipio pacifista de Chenalhó. Margarita habla frente a mi cámara: rezaban cuando los paramilitares les rodearon, ella cayó al suelo y sobre su espalda un muerto como escudo le salvó la vida. Allí tirada, inmóvil, desde el ángulo de su mirada registró el rostro de 10 hombres que nunca olvidará. Muestra fotografías de su madre y su hermano asesinados. Aquí nadie usa armas, ni creemos en matar, dice un joven sobreviviente; los paramilitares lo sabían.
Cuando regresé unos meses después ya habían construido un modesto mausoleo para sus muertos, exigían justicia, no venganza. La solidez moral de esa comunidad me conmovió profundamente. De los 200 miembros del grupo paramilitar que se identificaba con el PRI, casi todos eran conocidos de nombre y rostro por la gente de Chenalhó. Visité el territorio de los priístas y los evangélicos, libres de vigilancia militar. Reportando los hechos concretos se hizo evidente que la versión del gobierno y de medios oficiales había logrado polarizar a la opinión pública. Radicalizar y simplificar hechos facilita el abuso de poder y las injusticias. Cuando se siembra odio se cosechan impunidad y violencia. Pero la comunidad de Las Abejas decidió creer que la autoridad federal haría su trabajo; evidencias y testigos sobraban. Una víctima jamás olvida el rostro del torturador o el asesino, a las y los sobrevivientes les fue fácil señalar a los paramilitares asesinos.
Sólo cinco de ellos confesaron. Lorenzo Pérez Vázquez, uno de los confesos fue liberado por la Suprema Corte. Ochenta y tres paramilitares siguen sujetos a proceso, y ahora tienen posibilidad de salir libres. Cuando la Suprema Corte revisó los expedientes y halló fallas técnicas, pudo haber ordenado que se repusiera el procedimiento, ¿cómo liberar a un asesino que además de haber sido identificado se confesó? ¿Por qué no reponer el procedimiento y además enjuiciar al ex procurador Madrazo por haber forzado un proceso judicial que pudo haber sido de justicia ejemplar? ¿Por qué no juzgar a los ministerios públicos que entorpecieron el caso respondiendo a órdenes políticas? Que la Corte evidencie las fallas estructurales y técnicas del sistema de justicia es bueno; lo sospechoso es la pronta liberación; el ministro Cossío dijo que su resolución no avala la inocencia, sino fallas del procedimiento.
La historia de México está plagada de culpables que están libres gracias a los tecnicismos legales y a las decisiones políticas que los avalan. Y de inocentes presos por las mismas razones. Acteal es y será una herida abierta para México, sangra ahora por la incapacidad del Estado para proteger a las víctimas y por enviciar aún más el putrefacto sistema de justicia penal.
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