Los riesgos de un estallido social tienen ya enfrente una barrera de contención fincada a cuenta y cuento de la batalla contra el narcotráfico. Los soldados fueron sacados de los cuarteles no sólo para que los civiles encargados de lo federal trataran de cambiar el orden comercial establecido en materia de drogas (nuevos concesionarios, nuevos distribuidores, nueva tarifación y formas de recaudación), sino en razón de los siempre sabidos riesgos de que los problemas económicos llevaran a una radicalización de la protesta política y social. El comandante Calderón no sólo distribuyó a la tropa a lo largo del país y acostumbró a la población a tener diariamente un reporte sangriento y cruel de bajas, sino que estatuyó por sus pistolas (literalmente) una nueva normatividad pública de guerra que, sin declaración de estados de sitio o de excepción, acabó desplazando los textos constitucionales y legales. Hoy, sin que haya poder alguno que se oponga a ello, el ocupante de Los Pinos ha sometido a arraigo domiciliario a los derechos humanos y las garantías constitucionales y ha decretado la vigencia de las reglas del pitazo, el levantón, la capucha, el allanamiento, la tortura y, en muchos casos, la ley del retén, que como antes sucedía con la llamada ley fuga, sirve para acribillar a quienes supuestamente no atienden las indicaciones de hacer alto en determinados sitios de revisión carretera.
Hoy, cualquier mexicano puede ser asaltado en su casa por comandos armados que al final del episodio, si fuera estrictamente necesario, podrían argumentar que habían actuado al amparo de supuestas denuncias telefónicas anónimas. El grosor de la legalidad imperante y del respeto al presunto estado de derecho es del tamaño de una simple hoja de papel en la que algún soldado o policía diga que apuntó una acusación sin nombre contra algo o alguien. Dos casos recientes han llamado la atención en ese sentido. Primero, el de Manuel Espino, siempre digno de desconfianza por su actuar sinuoso y convenenciero. Instrumento de Vidente Fox en su lucha contra Calderón, Espino es ex presidente del partido encaramado en el poder federal y dirigente de la organización continental de partidos conservadores, por lo que llama la atención que se haya producido un incidente confuso (la Secretaría de la Defensa Nacional asegura que no hubo un allanamiento de morada) en el que según el dicho de Espino se habrían aparecido militares en su casa de Ciudad Juárez durante una fiesta. Pero en el estado de Chihuahua, y en general en todo el país, esos abusos extremos de los militares son moneda corriente, aunque no alcanzan celebridad porque los agraviados no tienen tarjeta preferente en los bancos mediáticos del escándalo personalizado.
Igual ha sucedido con la madre del famoso vocero de La Familia Michoacana, Servando Gómez, conocido como La Tuta. Sin que hubiera una sola evidencia de que la señora María Teresa Martínez hubiera cometido algún delito, se le sometió a un proceso de escarmiento que sin duda tuvo como destinatario al hijo prófugo pero que, además, encaja con irónica exactitud en las afirmaciones que el mencionado Gómez había hecho, semanas atrás, en un programa michoacano de televisión, cuando demandó que se mantuviera contra los narcotraficantes una guerra limpia, circunscrita a los voluntarios participantes y no extendida con ánimos de venganza o presión hacia familiares de quienes se asumen como delincuentes dispuestos a encarar personalmente sus riesgos. La madre de La Tuta fue puesta en libertad (aunque un hermano continúa preso), como está sucediendo diariamente en todo México, con una simple mención displicente de que no hubo pruebas o indicios de que el detenido hubiese estado involucrado en algún acto delictivo. Es decir, cualquiera puede ser detenido por nada, o por el nuevo delito de ser familiar de alguien que infringe la ley, dado que vivimos en una normatividad de guerra que nadie aprobó y que muy pocos desean.
Astillas
Justamente cuando Los Pinos ha filtrado desde días atrás la versión firme de que Eduardo Medina Mora dejará la procuraduría federal de justicia, y que muy probablemente sea enviado como embajador al Reino Unido, se aparece, justiciero e implacable, el manipulado Alejandro Martí para, ahora sí, exigir que, conforme a su frase hasta ahora aceptadamente infructuosa, si no pueden, renuncien, pasen a retiro los funcionarios que no hubieran cumplido. ¿Que renuncie Calderón, el jefe de facto de los funcionarios que él designó y puede despedir, porque son su responsabilidad práctica? No. El flamígero Martí se conforma con que renuncie Medina Mora, el que dicen que ya está renunciado y, si en los pleitos palaciegos también cae Genaro García Luna, por presión de los gringos, pues entonces será carro completo del empresario usado políticamente... Basta ver el manejo del caso Acteal en Televisión Azteca (comprada por Salinas Pliego al gobierno de Carlos Salinas con un préstamo auxiliar de 30 millones de dólares del hermano Raúl) para confirmar que la supuestamente quijotesca búsqueda de justicia es en realidad una revancha del salinismo contra el zedillismo, ahora que el jefe Carlos ha vuelto a tener amplio control político explícito. Los selectivos esfuerzos del área jurídica evangelizada del CIDE, y de comentaristas e intelectuales dedicados a reivindicar a los acusados del asesinato histórico, han creado las condiciones adecuadas para que el Padrino, don Carleone, insista en buscar el acribillamiento político e histórico de su escurridizo sucesor. El móvil, desde luego, no es la justicia en sí (que muchos expedientes oscuros tiene Zedillo, el de la venta de los ferrocarriles nacionales, antipatriótica y llena de alta corrupción, por ejemplo), sino el ajuste de cuentas entre bandos mafiosos, con la tierna ayuda de blancas palomitas intelectuales y jurídicas... Y, mientras Calderón y sus allegados siguen viviendo requetebién de no hablar mal de un México que cada vez está peor, ¡hasta mañana, con las viudas de Pasta de Conchos dispuestas a no dejarse avasallar por el paso del tiempo y las impunidades concertadas!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Hoy, cualquier mexicano puede ser asaltado en su casa por comandos armados que al final del episodio, si fuera estrictamente necesario, podrían argumentar que habían actuado al amparo de supuestas denuncias telefónicas anónimas. El grosor de la legalidad imperante y del respeto al presunto estado de derecho es del tamaño de una simple hoja de papel en la que algún soldado o policía diga que apuntó una acusación sin nombre contra algo o alguien. Dos casos recientes han llamado la atención en ese sentido. Primero, el de Manuel Espino, siempre digno de desconfianza por su actuar sinuoso y convenenciero. Instrumento de Vidente Fox en su lucha contra Calderón, Espino es ex presidente del partido encaramado en el poder federal y dirigente de la organización continental de partidos conservadores, por lo que llama la atención que se haya producido un incidente confuso (la Secretaría de la Defensa Nacional asegura que no hubo un allanamiento de morada) en el que según el dicho de Espino se habrían aparecido militares en su casa de Ciudad Juárez durante una fiesta. Pero en el estado de Chihuahua, y en general en todo el país, esos abusos extremos de los militares son moneda corriente, aunque no alcanzan celebridad porque los agraviados no tienen tarjeta preferente en los bancos mediáticos del escándalo personalizado.
Igual ha sucedido con la madre del famoso vocero de La Familia Michoacana, Servando Gómez, conocido como La Tuta. Sin que hubiera una sola evidencia de que la señora María Teresa Martínez hubiera cometido algún delito, se le sometió a un proceso de escarmiento que sin duda tuvo como destinatario al hijo prófugo pero que, además, encaja con irónica exactitud en las afirmaciones que el mencionado Gómez había hecho, semanas atrás, en un programa michoacano de televisión, cuando demandó que se mantuviera contra los narcotraficantes una guerra limpia, circunscrita a los voluntarios participantes y no extendida con ánimos de venganza o presión hacia familiares de quienes se asumen como delincuentes dispuestos a encarar personalmente sus riesgos. La madre de La Tuta fue puesta en libertad (aunque un hermano continúa preso), como está sucediendo diariamente en todo México, con una simple mención displicente de que no hubo pruebas o indicios de que el detenido hubiese estado involucrado en algún acto delictivo. Es decir, cualquiera puede ser detenido por nada, o por el nuevo delito de ser familiar de alguien que infringe la ley, dado que vivimos en una normatividad de guerra que nadie aprobó y que muy pocos desean.
Astillas
Justamente cuando Los Pinos ha filtrado desde días atrás la versión firme de que Eduardo Medina Mora dejará la procuraduría federal de justicia, y que muy probablemente sea enviado como embajador al Reino Unido, se aparece, justiciero e implacable, el manipulado Alejandro Martí para, ahora sí, exigir que, conforme a su frase hasta ahora aceptadamente infructuosa, si no pueden, renuncien, pasen a retiro los funcionarios que no hubieran cumplido. ¿Que renuncie Calderón, el jefe de facto de los funcionarios que él designó y puede despedir, porque son su responsabilidad práctica? No. El flamígero Martí se conforma con que renuncie Medina Mora, el que dicen que ya está renunciado y, si en los pleitos palaciegos también cae Genaro García Luna, por presión de los gringos, pues entonces será carro completo del empresario usado políticamente... Basta ver el manejo del caso Acteal en Televisión Azteca (comprada por Salinas Pliego al gobierno de Carlos Salinas con un préstamo auxiliar de 30 millones de dólares del hermano Raúl) para confirmar que la supuestamente quijotesca búsqueda de justicia es en realidad una revancha del salinismo contra el zedillismo, ahora que el jefe Carlos ha vuelto a tener amplio control político explícito. Los selectivos esfuerzos del área jurídica evangelizada del CIDE, y de comentaristas e intelectuales dedicados a reivindicar a los acusados del asesinato histórico, han creado las condiciones adecuadas para que el Padrino, don Carleone, insista en buscar el acribillamiento político e histórico de su escurridizo sucesor. El móvil, desde luego, no es la justicia en sí (que muchos expedientes oscuros tiene Zedillo, el de la venta de los ferrocarriles nacionales, antipatriótica y llena de alta corrupción, por ejemplo), sino el ajuste de cuentas entre bandos mafiosos, con la tierna ayuda de blancas palomitas intelectuales y jurídicas... Y, mientras Calderón y sus allegados siguen viviendo requetebién de no hablar mal de un México que cada vez está peor, ¡hasta mañana, con las viudas de Pasta de Conchos dispuestas a no dejarse avasallar por el paso del tiempo y las impunidades concertadas!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Una de las herencias del ex presidente Zedillo es el ministro de la Suprema Corte de Justicia Salvador Aguirre Anguiano. Antes fue regidor del ayuntamiento de Guadalajara y candidato derrotado a diputado por el partido al que siempre ha servido, el PAN. Zedillo lo propuso para ocupar un lugar en la Corte en 1995 y su paso por el máximo (a veces se porta como mínimo) tribunal ha dejado una huella negativa. Recientemente se pronunció en contra de que se abriera una investigación en el caso del crimen de la guardería de Hermosillo, aunque perdió, porque la mayoría votó a favor. Ayer adoptó una posición contraria a los intereses de millares de familias cuyos créditos remató Infonavit a dos compañías trasnacionales.
Les quema las manos
La Corte inició el análisis de la venta de más de 56 mil créditos vencidos –trabajadores que no pudieron seguir abonando sus pichonavits– realizada por Infonavit en 2006. Fueron adquiridos por dos empresas trasnacionales en una operación que despide el inconfundible olor a tráfico de influencias. Infonavit valuó las casas en una parte ínfima de su precio comercial, siguiendo el esquema del Fobaproa, que también remató a agencias de cobranzas decenas de miles de viviendas que quitó a las familias y luego llegaron extrañamente a manos de especuladores e influyentes, como el sonado caso que involucró a los hermanos Bribiesca. Si iban a rematarlas lo justo hubiera sido que la primera opción la tuvieran los dueños originales, pero eso no hubiera sido negocio. Las trasnacionales son Capmark y Scrap II. El presidente de esta última es Enrique Colliard, quien fungió años atrás como coordinador general de Recursos Corporativos del Fobaproa, denuncia el Consejo de Defensa de la Vivienda que encabeza Itzel Castillo. El asunto de la legalidad de la operación iba a analizarse y resolverse ayer, el ministro Aguirre Anguiano salió en defensa de la administración panista del Infonavit a cargo de Víctor Manuel Borrás Setién, finalmente hubo de aplazarse el fallo. Los cobradores de las trasnacionales, mientras tanto, hacen víctimas de feroz persecución a las familias endeudadas. Imagínense: sin empleo y, además, en peligro de ser echadas de sus modestas viviendas.
Gasolinazo
Banamex anticipa que habrá aumentos al precio de las gasolinas este mismo año. Se suponía se mantendría congelado hasta diciembre, al menos ese fue el compromiso que el licenciado Calderón asumió la primera semana de enero al presentar el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo.
Les quema las manos
La Corte inició el análisis de la venta de más de 56 mil créditos vencidos –trabajadores que no pudieron seguir abonando sus pichonavits– realizada por Infonavit en 2006. Fueron adquiridos por dos empresas trasnacionales en una operación que despide el inconfundible olor a tráfico de influencias. Infonavit valuó las casas en una parte ínfima de su precio comercial, siguiendo el esquema del Fobaproa, que también remató a agencias de cobranzas decenas de miles de viviendas que quitó a las familias y luego llegaron extrañamente a manos de especuladores e influyentes, como el sonado caso que involucró a los hermanos Bribiesca. Si iban a rematarlas lo justo hubiera sido que la primera opción la tuvieran los dueños originales, pero eso no hubiera sido negocio. Las trasnacionales son Capmark y Scrap II. El presidente de esta última es Enrique Colliard, quien fungió años atrás como coordinador general de Recursos Corporativos del Fobaproa, denuncia el Consejo de Defensa de la Vivienda que encabeza Itzel Castillo. El asunto de la legalidad de la operación iba a analizarse y resolverse ayer, el ministro Aguirre Anguiano salió en defensa de la administración panista del Infonavit a cargo de Víctor Manuel Borrás Setién, finalmente hubo de aplazarse el fallo. Los cobradores de las trasnacionales, mientras tanto, hacen víctimas de feroz persecución a las familias endeudadas. Imagínense: sin empleo y, además, en peligro de ser echadas de sus modestas viviendas.
Gasolinazo
Banamex anticipa que habrá aumentos al precio de las gasolinas este mismo año. Se suponía se mantendría congelado hasta diciembre, al menos ese fue el compromiso que el licenciado Calderón asumió la primera semana de enero al presentar el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo.
En este México sacudido por la crisis y la ostentosa cuan onerosa ineficiencia gubernamental, el shock de las finanzas públicas ha puesto los pelos de punta a todos, aunque la señal de alarma –disfrazada de coyuntura, cuando a todas luces es de estructura– ha sido encendida exclusivamente por el lado de los ingresos: el catarrito arrasó, y entre las patas se llevó las tradicionales fuentes de financiamiento del Estado.
Pero el problema tiene dos vertientes: no sólo es por el lado de los ingresos que las finanzas públicas reventaron, sino también por el del gasto, igual de elevado que de ineficiente y derrochador. Sobre este aspecto, que ni por aproximación se aborda en el análisis oficial sobre el shock, el Departamento de Finanzas y Economía, División de Negocios, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus estado de México (cortesía de los profesores José Luis de la Cruz Gallegos y Carlos Canfield) nos aporta los siguientes elementos:
El problema con las finanzas públicas de México no únicamente es de ingresos, también es relevante observar el sentido del gasto. Si bien el estudio de la contabilidad gubernamental es un proceso complejo, parece oportuno citar algunos rubros donde se debe iniciar la revisión. Para 2009 el presupuesto de egresos original contabilizaba un gasto programable cercano a 2.3 billones de pesos, de los que 74 por ciento era destinado al gasto corriente y el 26 por ciento restante a gasto en capital. Dentro del gasto corriente, 533 mil millones de pesos van destinados a los servicios personales y a otros de corriente 633 mil millones de pesos más, siendo las pensiones el tercer rubro en importancia, con 251 mil millones pesos.
Dentro de los ramos administrativos el mayor peso del gasto corriente lo tiene el ramo 11 (Educación Pública) con 190 mil millones de pesos. En segundo lugar se encuentra el ramo 12 (Salud) con 76 mil millones. Tercero el ramo 08 (Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) con 70 mil millones. El ramo 20 (Desarrollo Social) destina a gasto corriente 66 mil millones, en tanto que el ramo 18 (Energía) eroga 43 mil millones. A Defensa Nacional (ramo 07) se van 41 mil millones para gasto corriente, mientras Hacienda y Crédito Público (ramo 06) destina 34.5 mil millones.
Para servicios personales, el ramo de Educación Pública es el mayor exponente de gasto: 72 mil millones de pesos. Pemex, 65 mil 100 millones; el IMSS, 110 mil millones, y la Comisión Federal de Electricidad, 31 mil 500 millones. De conformidad con la clasificación del Análisis Administrativo Económico del Gasto Programable se tiene que en otros de corriente recaen 118 mil millones de pesos del ramo 11 (Educación Pública), 63.5 mil millones del ramo 08 (Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), 62.8 mil millones más del ramo 20 (Desarrollo Social), 57 mil millones del ramo 12 (Salud), 42.6 mil millones son del ramo 18 (Energía) y 17.7 mil millones del ramo 06 (Hacienda y Crédito Público).
Cuando la revisión se amplía a las entidades de control directo, es evidente que el gasto corriente y en particular el de otros son muy elevados. La CFE destina 120 mil millones de pesos a otros de corriente, mientras el IMSS destina 53 mil 700 millones y Pemex 32 mil 700 millones. Dado que en general es conocido el hecho de que el gasto corriente tiene un bajo valor agregado (un reducido impacto en el PIB), parece pertinente entender qué significa el rubro otros de corriente. En primera instancia se debe mencionar que otros de corriente descarta a los servicios personales (ya de sí cuestionables) y a las pensiones. No obstante, parece oportuno ejemplificar de manera amplia algunos rubros del gasto de gobierno que representan verdaderas áreas de oportunidad para lograr una mayor eficiencia en su ejercicio.
Por ejemplo, son recortables 107 mil millones de pesos erogados únicamente en los ramos administrativos (no contemplan sueldos, seguridad médica, seguros de separación, o los pagos a servicios adicionales y compensaciones especiales que está realizando a la Defensa Nacional, la Marina o la Seguridad Pública), de los que destacan: compensaciones garantizadas, 45 mil 430 millones de pesos; asignaciones adicionales al sueldo, 7 mil 682 millones; honorarios, 5 mil 158 millones; otras prestaciones, 8 mil 494 millones; otras prestaciones de carácter laboral y económico, 4 mil 544 millones; servicios de asesoría y consulta, 9 mil 968 millones; subcontratación a terceros, 4 mil 960 millones; primas quinquenales, 2 mil 11 millones. Cuando la revisión se realiza respecto a las entidades bajo control directo (CFE, Pemex y Luz y Fuerza del Centro) puede establecerse que algunos elementos similares a los anteriores permitirían hacer una revisión de más de 56 mil millones de pesos.
Otro renglón en el que el asalto al presupuesto es evidente por parte de los funcionarios, se refiere a lo siguiente: seguro de vida personal civil, mil 516 millones de pesos; seguro de gastos médicos, mil 845 millones; seguro de separación individualizado, 5 mil 586 millones; pago por riesgo, 118 mil 301 millones; productos alimenticios (sin IMSS ni ISSSTE), 5 mil 905 millones; servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios, 7 mil 901 millones; servicios de comunicación social y publicidad, 2 mil 84 millones; pasajes y viáticos para trabajos de campo, mil 797 millones; erogaciones al sector social y privado para actividades culturales, deportivas, gasto en actividades culturales, deportivas, donativos a instituciones sin fines de lucro, donativos a entidades federativas, donativos a fideicomisos, 17 mil 135 millones y así por el estilo. Y todo ello, con prácticamente nulo impacto en el crecimiento económico, sale de los alicaídos ingresos públicos, supera los 200 mil millones de pesos, y si bien representan una gran cantidad de conceptos su monto no alcanza siquiera a lo que se paga por el problema de la deuda nacional.
Para redondear, el pago por intereses de la deuda, comisiones, costo de las coberturas, apoyo a los deudores de la banca en 2009 consume más de 245 mil millones de pesos. Para el caso de las entidades agrupadas en el sector Energía el pago de intereses de la deuda, coberturas y comisiones superan los 44 mil millones de pesos.
Las rebanadas del pastel
Lo anterior, más banquetes, viajes todo pagado, con ejército de invitados, bebidas espirituosas, día de las madres y conexos. Entonces, no sólo es lo mucho o poco que ingresa, sino cómo y en qué se gasta, aunque algunos supongan que el problema se limita al salario de los altos funcionarios. Y hoy, las cifras oficiales sobre el desplome económico en el segundo trimestre de 2009.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Pero el problema tiene dos vertientes: no sólo es por el lado de los ingresos que las finanzas públicas reventaron, sino también por el del gasto, igual de elevado que de ineficiente y derrochador. Sobre este aspecto, que ni por aproximación se aborda en el análisis oficial sobre el shock, el Departamento de Finanzas y Economía, División de Negocios, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus estado de México (cortesía de los profesores José Luis de la Cruz Gallegos y Carlos Canfield) nos aporta los siguientes elementos:
El problema con las finanzas públicas de México no únicamente es de ingresos, también es relevante observar el sentido del gasto. Si bien el estudio de la contabilidad gubernamental es un proceso complejo, parece oportuno citar algunos rubros donde se debe iniciar la revisión. Para 2009 el presupuesto de egresos original contabilizaba un gasto programable cercano a 2.3 billones de pesos, de los que 74 por ciento era destinado al gasto corriente y el 26 por ciento restante a gasto en capital. Dentro del gasto corriente, 533 mil millones de pesos van destinados a los servicios personales y a otros de corriente 633 mil millones de pesos más, siendo las pensiones el tercer rubro en importancia, con 251 mil millones pesos.
Dentro de los ramos administrativos el mayor peso del gasto corriente lo tiene el ramo 11 (Educación Pública) con 190 mil millones de pesos. En segundo lugar se encuentra el ramo 12 (Salud) con 76 mil millones. Tercero el ramo 08 (Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) con 70 mil millones. El ramo 20 (Desarrollo Social) destina a gasto corriente 66 mil millones, en tanto que el ramo 18 (Energía) eroga 43 mil millones. A Defensa Nacional (ramo 07) se van 41 mil millones para gasto corriente, mientras Hacienda y Crédito Público (ramo 06) destina 34.5 mil millones.
Para servicios personales, el ramo de Educación Pública es el mayor exponente de gasto: 72 mil millones de pesos. Pemex, 65 mil 100 millones; el IMSS, 110 mil millones, y la Comisión Federal de Electricidad, 31 mil 500 millones. De conformidad con la clasificación del Análisis Administrativo Económico del Gasto Programable se tiene que en otros de corriente recaen 118 mil millones de pesos del ramo 11 (Educación Pública), 63.5 mil millones del ramo 08 (Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), 62.8 mil millones más del ramo 20 (Desarrollo Social), 57 mil millones del ramo 12 (Salud), 42.6 mil millones son del ramo 18 (Energía) y 17.7 mil millones del ramo 06 (Hacienda y Crédito Público).
Cuando la revisión se amplía a las entidades de control directo, es evidente que el gasto corriente y en particular el de otros son muy elevados. La CFE destina 120 mil millones de pesos a otros de corriente, mientras el IMSS destina 53 mil 700 millones y Pemex 32 mil 700 millones. Dado que en general es conocido el hecho de que el gasto corriente tiene un bajo valor agregado (un reducido impacto en el PIB), parece pertinente entender qué significa el rubro otros de corriente. En primera instancia se debe mencionar que otros de corriente descarta a los servicios personales (ya de sí cuestionables) y a las pensiones. No obstante, parece oportuno ejemplificar de manera amplia algunos rubros del gasto de gobierno que representan verdaderas áreas de oportunidad para lograr una mayor eficiencia en su ejercicio.
Por ejemplo, son recortables 107 mil millones de pesos erogados únicamente en los ramos administrativos (no contemplan sueldos, seguridad médica, seguros de separación, o los pagos a servicios adicionales y compensaciones especiales que está realizando a la Defensa Nacional, la Marina o la Seguridad Pública), de los que destacan: compensaciones garantizadas, 45 mil 430 millones de pesos; asignaciones adicionales al sueldo, 7 mil 682 millones; honorarios, 5 mil 158 millones; otras prestaciones, 8 mil 494 millones; otras prestaciones de carácter laboral y económico, 4 mil 544 millones; servicios de asesoría y consulta, 9 mil 968 millones; subcontratación a terceros, 4 mil 960 millones; primas quinquenales, 2 mil 11 millones. Cuando la revisión se realiza respecto a las entidades bajo control directo (CFE, Pemex y Luz y Fuerza del Centro) puede establecerse que algunos elementos similares a los anteriores permitirían hacer una revisión de más de 56 mil millones de pesos.
Otro renglón en el que el asalto al presupuesto es evidente por parte de los funcionarios, se refiere a lo siguiente: seguro de vida personal civil, mil 516 millones de pesos; seguro de gastos médicos, mil 845 millones; seguro de separación individualizado, 5 mil 586 millones; pago por riesgo, 118 mil 301 millones; productos alimenticios (sin IMSS ni ISSSTE), 5 mil 905 millones; servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios, 7 mil 901 millones; servicios de comunicación social y publicidad, 2 mil 84 millones; pasajes y viáticos para trabajos de campo, mil 797 millones; erogaciones al sector social y privado para actividades culturales, deportivas, gasto en actividades culturales, deportivas, donativos a instituciones sin fines de lucro, donativos a entidades federativas, donativos a fideicomisos, 17 mil 135 millones y así por el estilo. Y todo ello, con prácticamente nulo impacto en el crecimiento económico, sale de los alicaídos ingresos públicos, supera los 200 mil millones de pesos, y si bien representan una gran cantidad de conceptos su monto no alcanza siquiera a lo que se paga por el problema de la deuda nacional.
Para redondear, el pago por intereses de la deuda, comisiones, costo de las coberturas, apoyo a los deudores de la banca en 2009 consume más de 245 mil millones de pesos. Para el caso de las entidades agrupadas en el sector Energía el pago de intereses de la deuda, coberturas y comisiones superan los 44 mil millones de pesos.
Las rebanadas del pastel
Lo anterior, más banquetes, viajes todo pagado, con ejército de invitados, bebidas espirituosas, día de las madres y conexos. Entonces, no sólo es lo mucho o poco que ingresa, sino cómo y en qué se gasta, aunque algunos supongan que el problema se limita al salario de los altos funcionarios. Y hoy, las cifras oficiales sobre el desplome económico en el segundo trimestre de 2009.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Pedro Miguel: Navegaciones
Hacía tiempo venía pensando que los objetos maravillosos de los cuentos requerían de una actualización: la lámpara de Aladino era de aceite, no de pilas, y menos de leds, y no llevaba radio FM incorporado. El espejo mágico de la madrastra de Blanca Nieves no habrá tenido una buena resolución en megapixeles, fuera cual fuera su respuesta, y por descontado carecía de captación nocturna para devolver en imágenes monocromáticas verdes la hermosura o la fealdad de la señora.
Opinión
Escasez de agua y medidas necesarias
El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), Ramón Aguirre Díaz, advirtió ayer que, en caso de que siga sin llover en el valle de México, y dado el bajo nivel que se observa en las presas del sistema Cutzamala –de donde proviene 30 por ciento del abasto hídrico para esta capital–, será necesario elevar, en meses próximos, a 40 y 50 por ciento la reducción en el suministro de agua en el Distrito Federal.
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El Correo Ilustrado
Cuestiona plan de austeridad gubernamental
Felipe Calderón adelanta en Brasil, con tono grave y supuesta preocupación, que su gobierno analiza la puesta en marcha de un plan muy severo de austeridad, en el que se contemplan probables ajustes en la propia estructura de gobierno, mientras que los gastos de Los Pinos presentan un irracional exceso de 37 por ciento de su presupuesto. ¿Cuándo se extinguirán en México los gobernantes que se inventan su propia Corte y su propia burbuja de bonanza ficticia, aislada ésta del sufrimiento de millones de seres que sobreviven de milagro?
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En estos tiempos de desempleo y de jubilaciones forzadas –aunque se apliquen a septuagenarios–, la Cámara de Diputados se ha convertido en una apetitosa alternativa. Las condiciones de admisión son mínimas, pero varían en cada caso. Es decir, cada partido demanda atributos personales distintos. Por ejemplo, los perredistas requieren de su personal pulmón, fuerza física suficiente para empujar curules, bloquear portones, un vocabulario florido y buena disposición para recibir instrucciones. Los panistas, en cambio, esperan reclutar a personas bien peinadas, persignadas, con capacidad para engolar la voz y cantar himnos, y buena disposición para recibir instrucciones. A los priístas les basta con que sus representantes tengan capacidad de aguante y buena disposición para recibir instrucciones. El Partido Verde busca diputados que puedan hablar en voz alta, a pesar de que traigan una papa caliente en la boca, viajados, que sean jóvenes de buen ver, comprometidos con la defensa de los valores del ahora maduro Niño Verde, y que tengan buena disposición para recibir instrucciones. El Partido del Trabajo y Convergencia convienen en que sus representantes tengan buena disposición para recibir instrucciones, aunque éstas provengan de ultratumba.
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Acteal, en estos días, ha provocado tantas palabras –las más en repudio de la actuación de la Suprema Corte de Justicia–, que nada nuevo pretendo decir ahora. Así suele sucedernos, ante las conmociones necesitamos hablar, hay un algo que lo exige aunque el qué y el para qué no queden claros. Son las lealtades quizá, ésas que se van acumulando revueltas con los sueños y las amistades profundas. Son, tal vez, los antiguos sentimientos que reviven dentro sin expresiones conceptuales precisas porque ellas nunca logran expresar cabalmente lo profundo. Son, a lo mejor, los impactos que nos han transformado, impactos del amor o del dolor, de la injusticia, del otro o de los otros tan golpeados, tan ofendidos, que alguna vez no nos dejaron ser como éramos. Que sean lealtades, sentimientos o impactos es lo de menos, de cualquier modo son huellas gratuitas que nos deja la vida, ofrecidas como un don por los vejados, los pobres, los desdeñados. Y como al fin de las cuentas son esas huellas las que terminan dando sentido y rumbo a nuestra propia vida, son las que nos urgen a clamar ante el horror del poderoso sobre el menospreciado. Me voy, así, a los recuerdos de algunas huellas que me ayudan a decir lo que necesito detestar ahora.
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¿Por qué tanto brinco si el suelo estaba muy parejo? Ernesto Zedillo, primero, y luego Jorge Madrazo, dijeron claramente el 23 de diciembre de 1997 que en la matanza de Acteal hubo quienes la planearon y otros que la ejecutaron, lo que significa que no fue un pleito de comunidades (aunque así lo propusiera Madrazo), sino, en el menor de los casos, una venganza urdida por grupos armados en contra de otros que no sólo estaban desarmados, sino que eran principalmente mujeres y niños. Una de las razones por las que Madrazo justificó el arraigo del caso a la Procuraduría General de la República (PGR) fue que se trataba de un delito federal, puesto que los asesinos habían usado armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. También se dijo que intervenía el gobierno federal porque el estatal no tenía los recursos para atender adecuadamente el asunto, pese a que el secretario de gobierno de la entidad había dicho que serían protegidos los pobladores expulsados de sus tierras.
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Históricas o recientes, las matanzas colectivas de seres humanos, con su trágica intermitencia, marcan nuestra memoria, deambulan en el recuerdo, se adormecen pero no se extinguen, así se contradigan las conquistas civilizatorias de quienes se resisten a la más leve gratificación moral a la violencia. Y, sin embargo, no avanzamos porque de algún modo no interesa en este punto conocer la verdad. A la cita con la sangre (enaltecida en los abrevaderos germinales del autoritarismo) concurre la impunidad, el olvido, la losa de hipocresía que ha creado el abismo entre derecho y justicia. ¿Cuántos cadáveres hay que alzar de las plazas para aplicar la ley o sencillamente distinguir entre las víctimas y sus asesinos? ¿Dónde está el umbral de la indignación de un país que deja sin castigo a los autores del 2 de octubre? ¿Y Aguas Blancas? ¿Y Ac-teal? ¿Cómo dormir tranquilos si ante la ficción del debido proceso se admite la no responsabilidad de los verdugos o se pospone hasta el final de los tiempos la reparación de lo irrecuperable?
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Las siete bases militares de Estados Unidos en Colombia constituyen nodos indispensables de un vasto y flexible repertorio continental de opciones e instrumentos para ampliar y reforzar el control militar territorial de la potencia del norte sobre América Latina y sus recursos naturales. Las bases actuarán como centros de comando y control o de inteligencia en unos casos; en otros, como el aeródromo militar de Palanqueros, proporcionarán pistas a los grandes aviones de trasporte de tropas y los bombarderos para actuar con la mayor celeridad en todo el territorio de América del Sur sin reabastecerse de combustible. Con la entrega de esa facilidad Uribe permite a Washington suplir con creces la pérdida de Manta, de donde fue desalojada por la digna decisión del presidente Correa. En el área de América Central y el Caribe tiene un papel estratégico la base de Palmerola, también conocida como Soto Cano, de sospechoso papel en el golpe militar contra el presidente Zelaya.
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La información sobre el comportamiento del producto interno bruto (PIB) en diferentes países ha empezado a mostrar que es posible que la recesión haya terminado. En el segundo trimestre dos importantes economías, la alemana y la francesa, que representan casi el 11 por ciento del PIB mundial, lograron crecer 0.3 por ciento respecto al trimestre anterior, aunque el dato anualizado es el de caídas de 5.9 y 2.6 por ciento, respectivamente. Para la zona del euro el desempeño de las dos mayores economías permitió que en este segundo trimestre respecto al primero del año hubiera una contracción de apenas 0.1 por ciento.
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Se trata, como lo publicó Carlos Paul en la entrevista que le hizo para La Jornada a los creadores del montaje, de la segunda parte de una trilogía que Juliana Faesler inició con Nezahualcóyotl, estrenada en 2007, y en la que la autora pretende buscar en el pasado prehispánico de nuestra nación muchas de las razones de algunos sucesos actuales. En la primera obra, Faesler, en colaboración con la compañía La máquina de Teatro (Clarissa Maheiros, codirectora de la misma y parte de su elenco, Diana Fidelia, Natyeli Flores, Roldán Ramírez y Horacio García Rojas) se sirvió de la historia del rey poeta y del inmenso municipio mexiquense para jugar la realidad antigua de nuestro país y la realidad actual de parte de algunos de sus habitantes. Con Moctezuma, prosigue su trilogía –que se rematará con La Malinche el año próximo– y ahonda mucho más en la explotación e injusticia que se cometen con los pueblos indígenas en la actualidad en momentos en que todos tenemos en mente la bárbara sentencia de la Suprema Corte que libera a los asesinos de Acteal y no menciona a los gobernantes culpables que han armado a tzotziles contra sus hermanos. Por algo el subtítulo de la escenificación es La guerra sucia.
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Casi a diario, en la esquina de la calle donde vivo, a una cincuentena de pasos, veo de reojo los suntuosos arcos de la popa de Notre-Dame, antes de tomar a la derecha Frédéric Sauton.
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Lydia Cacho
Plan B
Golpe a traficantes de menores
Tenemos buenas noticias: por fin la subprocuraduría de delincuencia organizada y la procuraduría del Distrito Federal arrestaron a tres responsables de tráfico de menores, vinculados a Casitas de Sur. Pero eso no asegura nada.
En 2005 los medios evidenciamos una red de traficantes de menores comandada por la secta Los perfectos. Leidy Campos, su representante legal desde la Procuraduría de Cancún, llevaba a niños y niñas maltratados a La Casita, luego les entregaban a familias pertenecientes a la secta. Hubo testimonios de adopción ilegal a bebés en Canadá.
El 5 de agosto del 2005 Leidy Campos fue encarcelada por sustracción de menores; aún no estaban tipificados los delitos de Trata y Tráfico de menores que ahora las leyes locales y federales persiguen. Miembros de la secta comandada por Jorge Erderly defendieron a Campos y amenazaron a las madres que denunciaron y a periodistas. Las familias que perdieron a sus criaturas celebraron el encarcelamiento. En agosto del 2007 Leidy fue liberada; el Juez Benjamín Navarrete aseguró que había una mala integración del expediente. Pero en el juzgado hubo corrupción, la madre de unos pequeños encerrados en La Casita, Maria Luisa Pacheco, es analfabeta y en el juzgado le pidieron su huella digital para darle la custodia de sus niños; nadie le leyó que en la entrega de la custodia estaba la liberación los cargos contra Campos.
Las niñas y niños desaparecidos no fueron rescatados, el procurador de Quintana a Roo no hizo el menor esfuerzo. La Interpol buscó a Patricia Seoane, directora del albergue, pero ni rastro de las menores. Ni la Segob ni el entonces subprocurador Santiago Vasconcelos escucharon. Se les advirtió que esta era una red internacional de tráfico y trata de menores. La Subprocuradora de Delincuencia Organizada Marisela Morales anunció cuatro años después que esta es una red internacional de traficantes de menores.
Debemos celebrar la detención y que las leyes sobre trata y tráfico ya son aplicables. Faltará que las ONG supervisen que los expedientes estén consignados adecuadamente; pero sobre todo que esas niñas y niños robados vuelvan a su patria, que todos los niños y niñas de México sepan que tienen derecho a una vida digna y a ser protegidos por el Estado, no vendidos o regalados.
Tenemos buenas noticias: por fin la subprocuraduría de delincuencia organizada y la procuraduría del Distrito Federal arrestaron a tres responsables de tráfico de menores, vinculados a Casitas de Sur. Pero eso no asegura nada.
En 2005 los medios evidenciamos una red de traficantes de menores comandada por la secta Los perfectos. Leidy Campos, su representante legal desde la Procuraduría de Cancún, llevaba a niños y niñas maltratados a La Casita, luego les entregaban a familias pertenecientes a la secta. Hubo testimonios de adopción ilegal a bebés en Canadá.
El 5 de agosto del 2005 Leidy Campos fue encarcelada por sustracción de menores; aún no estaban tipificados los delitos de Trata y Tráfico de menores que ahora las leyes locales y federales persiguen. Miembros de la secta comandada por Jorge Erderly defendieron a Campos y amenazaron a las madres que denunciaron y a periodistas. Las familias que perdieron a sus criaturas celebraron el encarcelamiento. En agosto del 2007 Leidy fue liberada; el Juez Benjamín Navarrete aseguró que había una mala integración del expediente. Pero en el juzgado hubo corrupción, la madre de unos pequeños encerrados en La Casita, Maria Luisa Pacheco, es analfabeta y en el juzgado le pidieron su huella digital para darle la custodia de sus niños; nadie le leyó que en la entrega de la custodia estaba la liberación los cargos contra Campos.
Las niñas y niños desaparecidos no fueron rescatados, el procurador de Quintana a Roo no hizo el menor esfuerzo. La Interpol buscó a Patricia Seoane, directora del albergue, pero ni rastro de las menores. Ni la Segob ni el entonces subprocurador Santiago Vasconcelos escucharon. Se les advirtió que esta era una red internacional de tráfico y trata de menores. La Subprocuradora de Delincuencia Organizada Marisela Morales anunció cuatro años después que esta es una red internacional de traficantes de menores.
Debemos celebrar la detención y que las leyes sobre trata y tráfico ya son aplicables. Faltará que las ONG supervisen que los expedientes estén consignados adecuadamente; pero sobre todo que esas niñas y niños robados vuelvan a su patria, que todos los niños y niñas de México sepan que tienen derecho a una vida digna y a ser protegidos por el Estado, no vendidos o regalados.
Luis Maldonado Venegas
Investigación, ciencia y tecnología
El boquete a las finanzas del país y la medicina anunciada, hacen inevitable volver sobre un tema que hemos tratado en este espacio: el abandono en que se hallan la investigación y la ciencia en México.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se ha encargado de recordarnos lo que hemos hecho con nuestro país y el despeñadero al que nos dirigimos si no aplicamos correctivos urgentes. Y los datos duros son más que elocuentes: México destina sólo 0.4% del Producto Interno Bruto a la investigación científica, en tanto que países como Suecia le dedican 3.8%. En un año, los investigadores mexicanos registran en promedio dos patentes por cada millón de habitantes; Finlandia registra 271.
Toda comparación es odiosa, pero hacerlo ayuda a entender las causas de esta trágica situación: en el año 2000 asumió el poder en México un hombre que tuvo la oportunidad histórica de promover el cambio que requiere México. Cinco años más tarde, Vicente Fox estaba proponiendo al Congreso que redujera en 11.5% el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el 2006.
Paradójicamente, en Brasil ocurrió un hecho insólito: un socio investigador del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Fernando Henrique Cardoso, fue electo presidente de ese país. Cuando Cardoso dejó el poder en 2002, México ya no le veía ni el polvo a los brasileños en materia de investigación científica y tecnológica.
Hoy, los investigadores brasileños propician que su país participe en numerosos acuerdos regionales de comercio y sea mediador entre los países industrializados y desarrollados en el escenario multilateral. Ciertamente, Brasil tiene todavía graves problemas sociales, pero sus investigadores ya participan en planes y estrategias de desarrollo, así como en auténticas reformas estructurales que en México brillan por su ausencia.
Las consecuencias están a la vista en todos los espacios de la vida nacional: educación deficitaria, descenso de nuestra productividad, desempleo masivo, pérdida de competitividad, estancamiento, incertidumbre, éxodo y desperdicio de investigadores, decaimiento de la investigación en las universidades nacionales…
No hay que ir muy lejos para saber cuáles son las urgencias: incrementar el número de becas, apoyo a fondos mixtos y sectoriales, al Sistema Nacional de Investigadores, a la repatriación de talentos, al fondo de la Secretaría de Educación Pública para ciencia básica, a dependencias con programas de investigación y desarrollo, con rigurosa rendición de cuentas.
Hay modo de conseguir recursos: desde el gasto inútil de burocracias ineptas hasta el dispendio (¡por ley!) de reiteradas y costosísimas campañas electorales. Igualmente se requiere de imaginación. Por ejemplo, ofrecer deducción de impuestos a empresas que presenten proyectos de investigación en desarrollo e innovación tecnológica.
Ante este panorama, y en medio de una crisis que se pretende atacar con la medicina de siempre (más impuestos, más apretones del cinturón para las mayorías, más privilegios intocables), la primera víctima de los recortes va a ser la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? “Porque es la más grande”, responden a manera de argumento. ¿Tan grande como la inmensidad de los problemas nacionales?
luismaldonado@senado.gob.mx
Presidente del CEN de Convergencia y senador
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se ha encargado de recordarnos lo que hemos hecho con nuestro país y el despeñadero al que nos dirigimos si no aplicamos correctivos urgentes. Y los datos duros son más que elocuentes: México destina sólo 0.4% del Producto Interno Bruto a la investigación científica, en tanto que países como Suecia le dedican 3.8%. En un año, los investigadores mexicanos registran en promedio dos patentes por cada millón de habitantes; Finlandia registra 271.
Toda comparación es odiosa, pero hacerlo ayuda a entender las causas de esta trágica situación: en el año 2000 asumió el poder en México un hombre que tuvo la oportunidad histórica de promover el cambio que requiere México. Cinco años más tarde, Vicente Fox estaba proponiendo al Congreso que redujera en 11.5% el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el 2006.
Paradójicamente, en Brasil ocurrió un hecho insólito: un socio investigador del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Fernando Henrique Cardoso, fue electo presidente de ese país. Cuando Cardoso dejó el poder en 2002, México ya no le veía ni el polvo a los brasileños en materia de investigación científica y tecnológica.
Hoy, los investigadores brasileños propician que su país participe en numerosos acuerdos regionales de comercio y sea mediador entre los países industrializados y desarrollados en el escenario multilateral. Ciertamente, Brasil tiene todavía graves problemas sociales, pero sus investigadores ya participan en planes y estrategias de desarrollo, así como en auténticas reformas estructurales que en México brillan por su ausencia.
Las consecuencias están a la vista en todos los espacios de la vida nacional: educación deficitaria, descenso de nuestra productividad, desempleo masivo, pérdida de competitividad, estancamiento, incertidumbre, éxodo y desperdicio de investigadores, decaimiento de la investigación en las universidades nacionales…
No hay que ir muy lejos para saber cuáles son las urgencias: incrementar el número de becas, apoyo a fondos mixtos y sectoriales, al Sistema Nacional de Investigadores, a la repatriación de talentos, al fondo de la Secretaría de Educación Pública para ciencia básica, a dependencias con programas de investigación y desarrollo, con rigurosa rendición de cuentas.
Hay modo de conseguir recursos: desde el gasto inútil de burocracias ineptas hasta el dispendio (¡por ley!) de reiteradas y costosísimas campañas electorales. Igualmente se requiere de imaginación. Por ejemplo, ofrecer deducción de impuestos a empresas que presenten proyectos de investigación en desarrollo e innovación tecnológica.
Ante este panorama, y en medio de una crisis que se pretende atacar con la medicina de siempre (más impuestos, más apretones del cinturón para las mayorías, más privilegios intocables), la primera víctima de los recortes va a ser la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? “Porque es la más grande”, responden a manera de argumento. ¿Tan grande como la inmensidad de los problemas nacionales?
luismaldonado@senado.gob.mx
Presidente del CEN de Convergencia y senador
Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
Acteal: detrás del reportaje
Además de los perpetradores materiales hay culpables intelectuales por la matanza de Acteal en los Altos de Chiapas. Lo son, todos los que elucubraron y operaron esa estrategia despiadada para desgastar y aplastar al EZLN: Ernesto Zedillo, presidente; Emilio Chuayfett, secretario de Gobernación; Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa; Jorge Madrazo, procurador, y Julio César Ruiz Ferro, gobernador de Chiapas. A ese nivel se operaba el aplastamiento. No es cierto que todo fue un conflicto intercomunitario casual. Lo que sucede es que al gobierno se le salió de control. Fue más brutal de lo que se proponían como escarmiento.
Luego de transmitido mi reportaje, el domingo 7 de diciembre por la noche, las reacciones no se hicieron esperar. El lunes me llamaron los nuevos altos directivos de la empresa a la que serví por 25 años. Me dijeron que en Los Pinos y Bucareli estaban furiosos, que los habían citado y que debían verme después. Así, me enteré de que Zedillo —que ya me detestaba por lo de Aguas Blancas y su compadre Figueroa— les dijo que yo estaba otra vez intentando desestabilizar al país y que de paso nunca estaría de acuerdo en que condujera un noticiario importante. Chuayffet les aseguró que yo desde mi ingreso a la UNAM fui agitador en el movimiento del 68 y que tenía probados nexos con grupos extremistas. Falso, apenas en ese año entré a la UNAM y mi participación se limitó —a mucho orgullo— a colaborar en marchas, boteos y algunas pintas.
El caso es que lo discutimos y concluimos que sería un retroceso muy sospechoso ante la audiencia que yo me desapareciera de un día para otro. Así que me fui a la zona norte chiapaneca para un segundo reportaje el domingo 14. El lunes 15 me llamaron para decirme que la furia continuaba y que lo mejor era que me fuera del país hasta que bajara un poco la presión que sobre ellos seguían ejerciendo.
El lunes siguiente yo estaba en Nueva York a donde me llamaron mis colaboradores para relatarme entre rabia y sollozos lo que desde entonces se conoció como La masacre de Acteal. Era el 22 de diciembre.
En medio del llanto escribí a mano y envié por fax mi renuncia a la que había sido mi casa por tanto tiempo. La que se concretó meses después.
Por cierto, en los primeros días de enero del 98, Chuayffet, que había operado mal la matanza y peor el control de daños, fue removido del cargo y de sus aspiraciones presidenciales. A Madrazo lo cubrieron con un exilio dorado al consulado en Seattle y a Ruiz Ferro lo rescataron inventándole un cargo en la embajada en Washington.
A ustedes les consta que es la primera vez que hablo de mí mismo en este espacio de privilegio en EL UNIVERSAL. Pero, en primer lugar, ya pasaron más de 10 años. Además, espero esclarecer algunas de las cosas que han dicho en estos días quienes jamás estuvieron ahí. Y también necesitaba responder a una pregunta que me han hecho muchas veces.
Por eso, por toda la sangre derramada y por lo que yo viví, para mí Acteal tampoco se olvida.
Además de los perpetradores materiales hay culpables intelectuales por la matanza de Acteal en los Altos de Chiapas. Lo son, todos los que elucubraron y operaron esa estrategia despiadada para desgastar y aplastar al EZLN: Ernesto Zedillo, presidente; Emilio Chuayfett, secretario de Gobernación; Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa; Jorge Madrazo, procurador, y Julio César Ruiz Ferro, gobernador de Chiapas. A ese nivel se operaba el aplastamiento. No es cierto que todo fue un conflicto intercomunitario casual. Lo que sucede es que al gobierno se le salió de control. Fue más brutal de lo que se proponían como escarmiento.
Luego de transmitido mi reportaje, el domingo 7 de diciembre por la noche, las reacciones no se hicieron esperar. El lunes me llamaron los nuevos altos directivos de la empresa a la que serví por 25 años. Me dijeron que en Los Pinos y Bucareli estaban furiosos, que los habían citado y que debían verme después. Así, me enteré de que Zedillo —que ya me detestaba por lo de Aguas Blancas y su compadre Figueroa— les dijo que yo estaba otra vez intentando desestabilizar al país y que de paso nunca estaría de acuerdo en que condujera un noticiario importante. Chuayffet les aseguró que yo desde mi ingreso a la UNAM fui agitador en el movimiento del 68 y que tenía probados nexos con grupos extremistas. Falso, apenas en ese año entré a la UNAM y mi participación se limitó —a mucho orgullo— a colaborar en marchas, boteos y algunas pintas.
El caso es que lo discutimos y concluimos que sería un retroceso muy sospechoso ante la audiencia que yo me desapareciera de un día para otro. Así que me fui a la zona norte chiapaneca para un segundo reportaje el domingo 14. El lunes 15 me llamaron para decirme que la furia continuaba y que lo mejor era que me fuera del país hasta que bajara un poco la presión que sobre ellos seguían ejerciendo.
El lunes siguiente yo estaba en Nueva York a donde me llamaron mis colaboradores para relatarme entre rabia y sollozos lo que desde entonces se conoció como La masacre de Acteal. Era el 22 de diciembre.
En medio del llanto escribí a mano y envié por fax mi renuncia a la que había sido mi casa por tanto tiempo. La que se concretó meses después.
Por cierto, en los primeros días de enero del 98, Chuayffet, que había operado mal la matanza y peor el control de daños, fue removido del cargo y de sus aspiraciones presidenciales. A Madrazo lo cubrieron con un exilio dorado al consulado en Seattle y a Ruiz Ferro lo rescataron inventándole un cargo en la embajada en Washington.
A ustedes les consta que es la primera vez que hablo de mí mismo en este espacio de privilegio en EL UNIVERSAL. Pero, en primer lugar, ya pasaron más de 10 años. Además, espero esclarecer algunas de las cosas que han dicho en estos días quienes jamás estuvieron ahí. Y también necesitaba responder a una pregunta que me han hecho muchas veces.
Por eso, por toda la sangre derramada y por lo que yo viví, para mí Acteal tampoco se olvida.
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