Acteal, una matanza atroz, un intento por cubrir con sangre y con horror la dignidad de quienes luchan por salir del olvido. ¿Qué podría ser peor que la matanza de 45 hombres, mujeres, niños y ancianos que se encontraban rezando? ¿Qué puede horrorizarnos más que un grupo de paramilitares destazando a una mujer embarazada? Que no haya justicia, que quienes deben procurarla y administrarla se conviertan en cómplices de la impunidad, y peor aún, que traten de minimizar el horror, que traten de argumentar que esa impunidad es legal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha convertido en una especie de seguro de impunidad para Ulises Ruiz y Vicente Fox ante la brutal represión en Oaxaca, para Enrique Peña Nieto por las mujeres torturadas sexualmente y los muertos en Atenco, para Rubén Figueroa Alcocer y el general Mario Arturo Acosta Chaparro por la matanza de Aguas Blancas, para el Ejército Mexicano por la matanza del Charco, para Mario Marín Torres por sus vínculos con redes de pederastia y las violaciones en contra de los derechos humanos de Lydia Cacho, para Luis Echeverría por la matanza de Tlatelolco y ahora, en la que es probablemente la más brutal agresión a la dignidad y a la memoria, Acteal .
Cuando asesinan, violan, encarcelan y desaparecen a indígenas, a estudiantes, a campesinos y a todos aquellos que protestan contra la injusticia del poder, en esos casos, la SCJN defiende “el uso legítimo de la fuerza pública”, pero cuando se trata de hacer justicia sobre quienes asesinan, masacran y destazan a gente inocente, entonces sí los costosísimos ministros se sienten abrumados por “defender el debido proceso y los derechos humanos”.
En el diario La Jornada aparece la declaración del magistrado José Ramón Cossío en la que dice que “No puede entenderse que este tribunal está absolviendo culpables”. Entonces debemos entender que no los absuelven, sólo los liberan y eximen de responsabilidades ¿Y eso en serio no es asumir una posición con respecto a su culpabilidad, en serio no es una declaración de inocencia “de facto”? ¿Qué clase de ley permite que sean liberados los culpables sin que eso consista en una declaración de inocencia? La misma que permite, que quienes son inocentes estén presos y sean perseguidos por defender su tierra y su territorio, por resistir a los abusos de la Comisión Federal de Electricidad, por construir otro mundo.
¿Qué justicia les queda a los sobrevivientes de Acteal, a quienes ni siquiera se les permitió escuchar la decisión de los ministros de la corte? ¿Qué autoridad moral, que certeza de justicia puede quedar en una corte que se empeña en consolidar la impunidad y el olvido? Contrario a lo que declaran los magistrados, lo que derive de esta decisión, de este acto de impunidad, será responsabilidad de quienes lo diseñaron y ejecutaron, será responsabilidad del salinista Héctor Aguilar Camín, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la PGR.
La impunidad es enterrar la verdad bajo mentiras para que la justicia se convierta en olvido y no toque a quienes hacen del horror un negocio y una política de Estado. Dejar a Acteal en la impunidad es violencia, es la garantía que necesitan los grupos paramilitares que actúan apoyados por caciques, presidentes y gobernadores ejecuten nuevas masacres en Chiapas y en todo el país.
En Acteal fueron masacradas 45 personas inocentes, fueron masacradas en medio de una guerra permanente en contra de los pueblos indios, fueron masacradas por paramilitares bajo el cobijo de las instituciones, fueron masacradas porque en México la ley no es un instrumento de justicia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha convertido en una especie de seguro de impunidad para Ulises Ruiz y Vicente Fox ante la brutal represión en Oaxaca, para Enrique Peña Nieto por las mujeres torturadas sexualmente y los muertos en Atenco, para Rubén Figueroa Alcocer y el general Mario Arturo Acosta Chaparro por la matanza de Aguas Blancas, para el Ejército Mexicano por la matanza del Charco, para Mario Marín Torres por sus vínculos con redes de pederastia y las violaciones en contra de los derechos humanos de Lydia Cacho, para Luis Echeverría por la matanza de Tlatelolco y ahora, en la que es probablemente la más brutal agresión a la dignidad y a la memoria, Acteal .
Cuando asesinan, violan, encarcelan y desaparecen a indígenas, a estudiantes, a campesinos y a todos aquellos que protestan contra la injusticia del poder, en esos casos, la SCJN defiende “el uso legítimo de la fuerza pública”, pero cuando se trata de hacer justicia sobre quienes asesinan, masacran y destazan a gente inocente, entonces sí los costosísimos ministros se sienten abrumados por “defender el debido proceso y los derechos humanos”.
En el diario La Jornada aparece la declaración del magistrado José Ramón Cossío en la que dice que “No puede entenderse que este tribunal está absolviendo culpables”. Entonces debemos entender que no los absuelven, sólo los liberan y eximen de responsabilidades ¿Y eso en serio no es asumir una posición con respecto a su culpabilidad, en serio no es una declaración de inocencia “de facto”? ¿Qué clase de ley permite que sean liberados los culpables sin que eso consista en una declaración de inocencia? La misma que permite, que quienes son inocentes estén presos y sean perseguidos por defender su tierra y su territorio, por resistir a los abusos de la Comisión Federal de Electricidad, por construir otro mundo.
¿Qué justicia les queda a los sobrevivientes de Acteal, a quienes ni siquiera se les permitió escuchar la decisión de los ministros de la corte? ¿Qué autoridad moral, que certeza de justicia puede quedar en una corte que se empeña en consolidar la impunidad y el olvido? Contrario a lo que declaran los magistrados, lo que derive de esta decisión, de este acto de impunidad, será responsabilidad de quienes lo diseñaron y ejecutaron, será responsabilidad del salinista Héctor Aguilar Camín, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la PGR.
La impunidad es enterrar la verdad bajo mentiras para que la justicia se convierta en olvido y no toque a quienes hacen del horror un negocio y una política de Estado. Dejar a Acteal en la impunidad es violencia, es la garantía que necesitan los grupos paramilitares que actúan apoyados por caciques, presidentes y gobernadores ejecuten nuevas masacres en Chiapas y en todo el país.
En Acteal fueron masacradas 45 personas inocentes, fueron masacradas en medio de una guerra permanente en contra de los pueblos indios, fueron masacradas por paramilitares bajo el cobijo de las instituciones, fueron masacradas porque en México la ley no es un instrumento de justicia.
BASTA DE REPRESIÓN, MASACRES E IMPUNIDAD !!
Red Contra la Represión y por la Solidaridad
Coordinadora de Valle de Chalco
Colectivo de Trabajadores Democráticos
Nodo de Derechos Humanos
Mujeres y la Sexta
Resistencias Enlazando Dignidad-Movimiento y Corazón Zapatista
Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO)
La Otra en Surponiente-DF
Elvira Madrid Romero por Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa
Martínez” A.C.
Jaime Montejo por la Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle
Comisión de Enlace de la Red Mexicana de Trabajo Sexual D.F. y
Guadalajara Jalisco.
Comisión de Enlace de la Cooperativa de trabajadores sexuales los ángeles en búsqueda de la libertad de Tlalpan
Cooperativa por mejores condiciones de trabajo y salud de Tlalpan
Cooperativa Mujer Libres de la Merced
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