TIEMPO DE MUJERES

Impunidad militar a juicio

Miguel Concha

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias tienen carácter vinculante para México, analiza durante este año los casos de Inés Fernández, Valentina Rosendo Cantú y los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Los tres revelan con nitidez las condiciones estructurales y las fallas institucionales que propician un ambiente desfavorable a la vigencia de los derechos humanos en el país. Una circunstancia común a estos casos de abusos cometidos por miembros del Ejército en el estado de Guerrero es la impunidad que ha prevalecido. El año pasado el tribunal americano emitió una sentencia contra el gobierno mexicano por el caso Rosendo Radilla. En ésta ordena la adopción de medidas legislativas para armonizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales de derechos humanos, que en forma indebida extiende el fuero castrense a delitos del orden común contra civiles, cometidos por miembros de las fuerzas armadas en actos de servicio. Es decir, dispone que se restrinja el fuero militar. Sin embargo, hasta la fecha el gobierno no ha dado los pasos necesarios para cumplir con esa indicación.

Ante la espera de nuevas sentencias –probablemente a finales del mes próximo–, las organizaciones civiles que acompañan a las víctimas, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, han publicado el informe La impunidad militar a juicio, con el propósito de difundir estos tres casos e invitar a la sociedad a velar para que las sentencias no constituyan el fin de un largo proceso, sino el inicio de un trayecto que revierta el actual deterioro de los derechos humanos en México.

Valentina Rosendo fue violada y torturada por militares en febrero de 2002, mientras era interrogada sobre la ubicación de algunos hombres de la comunidad señalados como encapuchados. En los días que siguieron a estos hechos le fue negada la atención médica en un centro cercano a su comunidad. Desde entonces su exigencia de justicia la ha llevado a ser amenazada y hostigada.

Inés Fernández fue violada y torturada por militares que allanaron su domicilio en marzo de 2002. Inés y sus familiares, integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, han sido también amenazados y hostigados. Lo mismo pasa con sus defensores.

Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, defensores ambientales agrupados en la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, tuvieron éxito en la defensa de los bosques, al detener su tala indiscriminada. En represalia fueron detenidos y torturados por militares. Éstos les obligaron a firmar confesiones de delitos fabricados, que luego fueron empleadas como prueba por la autoridad judicial. Como es habitual en México, el proceso estuvo lleno de irregularidades. La notoriedad de este caso y la solidaridad hacia ellos condujeron a que la Secretaría de Seguridad Pública otorgara la libertad a ambos, argumentando razones humanitarias. Sin embargo esto nunca implicó el reconocimiento de su inocencia. Tampoco se ha reconocido la existencia de tortura ni se ha sancionado a los torturadores, porque el Ministerio Público Federal cedió la competencia a la Procuraduría General de Justicia Militar. Es decir, el Ejército, como sucede hasta hoy, por la indebida extensión del fuero militar, se juzgó a sí mismo y decidió no ejercer la acción penal.

Guerrero, una de las entidades más pobres y estigmatizadas de la República, ha estado sujeto a un proceso constante de militarización. Éste en la práctica ha reforzado a los poderes fácticos, principalmente de tipo caciquil. La realización de labores de contrainsurgencia, el combate a la siembra de enervantes y la lucha contra el crimen organizado sostienen la presencia castrense, que se ha caracterizado por el alto saldo de violaciones a derechos humanos. Estas violaciones afectan sobre todo a los pobres y a quienes se organizan para exigir y crear condiciones que hagan posible el respeto de los derechos fundamentales de los pueblos. Por el contrario, la política de seguridad del gobierno actual otorga a los militares un papel relevante. Empeñado en su lógica de combate al enemigo, el Ejecutivo federal mantiene inalterado uno de los pilares de la impunidad concomitante a los abusos cometidos por el personal militar: la extensión indebida de su fuero. Los militares se juzgan a sí mismos cuando cometen delitos que deben ser juzgados por las instancias civiles. La situación ha ameritado recomendaciones de los organismos de derechos humanos interamericanos y de Naciones Unidas. La extensión del fuero es un hecho aberrante en una sociedad que se pretende democrática.

Desconcierta que hasta hoy las autoridades civiles de los tres poderes evadan la responsabilidad que les corresponde. Ante un caso presentado por el Centro Prodh en agosto de 2009, que también acompaña a Rodolfo y Teodoro en su demanda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación evadió el debate. El Ejecutivo en cambio ha presionado para evitar cualquier modificación, y el Legislativo no ha logrado llevar adelante ninguna propuesta real de modificación al Código de Justicia Militar. Los casos considerados actualmente por la Corte Interamericana reforzarán la exigencia de las víctimas y las propias organizaciones que, como el Centro Prodh, han acompañado por años a víctimas de abusos militares. El Estado mexicano no podrá desentenderse de esta situación.