de las acciones del gobierno de facto de Felipe Calderón por cancelar los derechos individuales y sociales de los trabajadores, como se ve ahora con la decisión oficial de reducir las pensiones.1. El escenario que está viviendo México es el de una verdadera guerra librada desde la cúspide del poder contra los trabajadores del país, y muy pocos ya pueden negarlo al estarse imponiendo de manera atrabiliaria por orden de Los Pinos la contrarreforma laboral.
2. El hachazo aprobado en sesión secreta por los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las pensiones por invalidez, vejez y cesantía de los trabajadores, reduciéndolas a un límite de 10 veces el salario mínimo (en vez del vigente de 25 salarios mínimos), denunciado ya por el analista Arturo Alcalde y objeto ayer de un amplio reportaje de La Jornada, constituye un nuevo atentado a la clase trabajadora y a la nación, pues es una decisión contra la razón y contra el derecho que violenta tanto la Constitución como la Ley del Seguro Social en aras de imponer las medidas neoliberales que convienen a un puñado de integrantes de la mafia en el poder.
3. La decisión de la segunda sala de la Corte, que priva a los trabajadores mexicanos del derecho constitucional y legal a una pensión justa, parte del hecho de que los ministros mexicanos pretenden tener, como lo han hecho ya evidente con diversos fallos, la facultad de legislar, suplantando de esta manera al Poder Legislativo, que es el único que puede hacerlo, lo que es inadmisible en un régimen constitucional de derecho, porque eso y no otra cosa es lo que entrañan sus últimos fallos. La facultad que otorga nuestro sistema constitucional a la Suprema Corte de esclarecer y desentrañar el sentido de un texto constitucional o legal no autoriza a los ministros a tergiversar a tal punto su sentido, de manera que lo hagan decir lo contrario de lo que era la voluntad del legislador. El derecho a la seguridad social, que comprende entre otros el derecho a la jubilación, debe estar, según el artículo 123 y la legislación en materia de seguridad social, encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores y no a su desamparo.
4. El Poder Judicial federal tiene en el sistema constitucional mexicano la alta responsabilidad de fungir como el defensor de la Constitución y de las leyes y no, como lo ha venido haciendo, por una serie de decisiones de los actuales ministros, la de actuar como un instrumento del Ejecutivo en turno para hacer viables las políticas de exacción de las corporaciones privadas, nacionales o extranjeras. Tiene el deber de proteger las garantías individuales y sociales de los mexicanos y no el privilegio de convalidar la violación de éstas, como acontece en la realidad del régimen de facto panista que busca instaurar un modelo de explotación de la clase trabajadora que no tiene parangón en América Latina.
5. El llamado paquete estratégico
de reformas constitucionales y legales en materia laboral, que el gran capital nacional e internacional y algunas instancias internacionales como el Banco Mundial y el FMI le han exigido al gobierno panista de facto que sean aprobadas en México a fin de poder imponer de manera más plena el modelo neoliberal de explotación, y que constituye en su conjunto una enorme contrarreforma constitucional, está siendo de esta manera puesto en vigor. Al no tener consenso Calderón en las cámaras legislativas para hacerlo aprobar, está recurriendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se arroga a su vez atribuciones que no tiene y está de hecho legislando. En vez de ser en consecuencia discutidos estos temas de manera pública y de frente a la nación por los legisladores de las dos cámaras, están siendo aprobados de manera clandestina, como resalta la nota de La Jornada, por sólo 11 individuos que han demostrado hasta la saciedad ser indignos del cargo que ocupan.
6. Ese es en suma el papel que en el modelo neoliberal de gobierno, que sí existe, se le ha asignado al Poder Judicial en nuestros países: el de fungir como un candado de seguridad de los privilegios de las grandes corporaciones. Así estaba previsto desde finales de 1994, cuando Ernesto Zedillo, al llegar a la silla presidencial, en una de sus primeras decisiones liquidó a la antigua Corte e instauró el tribunal actual a semejanza de la Corte Suprema de Estados Unidos, integrándolo con oscuros abogados conservadores, jubilando por cierto con multimillonarias pensiones a los antiguos ministros, a los que además de su sueldo íntegro se les otorgan más de 100 mil pesos de gastos mensuales para comidas y el privilegio de seguir contando con cargo al erario seguro de gastos médicos mayores, un chofer y un auxiliar, según nota de El Universal del 9 de marzo de 2009. La SCJN tiene 35 ministros jubilados o en retiro, se dice en ella, todos los cuales gozan de esta situación de privilegio que cuesta al país 76 millones de pesos al año.
7. ¿Es o no un marco de corrupción institucional en el que actúan los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que por cierto no son juristas sino mediocres abogados conservadores funcionales a la derecha en el poder?
8. Los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al quebrantar la frágil legalidad existente, que ni de lejos era la más justa, y terminar con el acuerdo mínimo en lo fundamental que existía en el país, están contribuyendo no nada más al desprestigio de la institución como parecen creer algunos de los enriquecidos ministros, sino sobre todo a enrarecer la vida social al aniquilar cualquier posibilidad de vivir bajo un régimen de derecho y en consecuencia de hacer de México un país viable. El mensaje que mandan los irresponsables y corruptos integrantes actuales de la Corte es el mismo del fallo con el que buscaron legalizar
el atentado de Calderón contra la empresa Luz y Fuerza del Centro convalidándole al Ejecutivo de facto el ejercicio de atribuciones que no tiene en la Constitución.
9. En el marco de esta guerra abierta entre el gobierno espurio de Calderón y la clase trabajadora mexicana, las fuerzas democráticas de México no tienen en consecuencia más alternativa, además de organizarse para el 2012, que la de seguir insistiendo en su misma lucha que supone, aunque parezca paradójico, a) el pugnar por el respeto a la legalidad existente, que los fallos
de la Suprema Corte no pueden derogar, demandando el cumplimiento a la Constitución y las leyes de la República, e incluso acudiendo a las instancias internacionales, lo que supone además, de manera prioritaria, exigir al Congreso de la Unión que inicie un juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte por su proceder abiertamente violatorio del marco constitucional mexicano, pero también, y quizás sea lo más importante, b) llevando a su extremo las acciones de resistencia civil.
10. La huelga de hambre de Cayetano Estrada Cabrera y los demás trabajadores del SME, a costa de su salud y de su existencia misma, tiene por todo esto un significado más profundo que el de su lucha por la vida
, que como dicen les está arrebatando el gobierno panista de Calderón con sus decisiones. Es un acto desesperado por la supervivencia de la nación.
afiliados al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) ha congregado en horas recientes expresiones de rechazo de organismos sindicales y empresariales, de la oposición partidista y de miles de derechohabientes de esa institución.A fin de poner el hecho en contexto, debe recordarse que el máximo tribunal fue requerido, en semanas anteriores, para resolver fallos contradictorios emitidos por dos tribunales colegiados en materia de pensiones y para sentar la jurisprudencia correspondiente. En consecuencia, el pasado 9 de junio, en una sesión privada, la segunda sala de la SCJN votó por unanimidad la reducción –de 25 a 10 salarios mínimos– del límite superior para fijar las pensiones por invalidez, vejez, cesantía o muerte de los trabajadores que cotizan bajo el régimen previsto en la Ley del Seguro Social de 1973. Por tanto, en caso de ser aplicada por el comité técnico del IMSS, esta jurisprudencia podría reducir sustantivamente –hasta en 60 por ciento– el monto de las pensiones de derechohabientes que han cotizado por encima del tope máximo, lo cual, se calcula, afectará a un millón 200 mil de trabajadores.
Si la resolución comentada resulta impresentable en la forma, por cuanto fue adoptada en condiciones de opacidad, discrecionalidad y de espaldas a los afectados y a la opinión pública, lo es aún más en el fondo: se trata de la legalización de un despojo a los trabajadores y de un intento por escamotearles el derecho a una jubilación digna; abona a la precarización de las condiciones laborales en el país y contribuye a profundizar la desconfianza y el descrédito institucional. Adicionalmente, el argumento de que la decisión del máximo tribunal estuvo orientada a resolver la crisis financiera que atraviesa el régimen de pensiones del IMSS es insostenible, habida cuenta de que los ministros que despachan en Pino Suárez y Corregidora tienen la obligación de emitir fallos con base en consideraciones legales, no económicas ni financieras.
Es lamentable, por lo demás, que los afanes oficiales de rescate del IMSS se concentren en medidas como la referida, y no empiecen por lo más evidente: emprender acciones concretas de combate a la corrupción administrativa que impera en las oficinas públicas, así como de políticas de austeridad para reducir los salarios y prestaciones principescas de los altos funcionarios del Ejecutivo y de los otros poderes de la Unión: un dato revelador al respecto es que el monto máximo de las pensiones que recibirán los asalariados de aplicarse estas modificaciones –alrededor de 17 mil pesos mensuales– equivale a menos de dos días de salario de los integrantes del máximo tribunal. Es de suponer que, de haber voluntad política del gobierno para emprender tales medidas, se podría enderezar el rumbo financiero del instituto.
En suma, como ha ocurrido con otros fallos emitidos por sus integrantes, el máximo tribunal del país se erige, con la resolución comentada, en instancia legalizadora de atropellos y en una fuente de perjuicios a los intereses de los asalariados. Lo anterior ratifica una pérdida lamentable del sentido de justicia por parte del máximo tribunal, abona la percepción de que esa instancia del Poder Judicial se encuentra sometida a los intereses del grupo político-empresarial que detenta el poder, y constituye un golpe demoledor no sólo a los bolsillos de los jubilados, sino también a la imagen de la propia institución, de por sí afectada por el descrédito.
.Vitral | Javier Solórzano
Cayetano Cabrera y Miguel Ángel Ibarra saben que su vida aún está en lo que ellos decidan. Pero ya estamos en los márgenes de las corresponsabilidades. A estas alturas es obligación de los lideres del SME y de las autoridades buscar entendimientos, porque día a día se acerca la muerte. Movimientos como el del SME, Atenco, Pasta de Conchos, y el de padres de la guardería ABC, no han sido analizados en su exacta dimensión. Hacerlo lleva a entender sus razones y a ver lo que realmente pasa. Hace días conversamos con Ignacio del Valle y constatamos que mucho de lo que pasó en Atenco y en la cárcel ha sido visto unilateralmente, o a través de lo que provocaron las imágenes de tv en los días de mayo del 2006.
No han sido escuchados muchos de los movimientos que bajo el lugar común son desacreditados. Entre que los funcionarios se encargan de dar su versión en todo lugar en donde pueden, los cuales por cierto son muchos, y que hay pocos afanes para hablar con los estigmatizados, vivimos con las versiones oficiales. No pareciera haber espacio para la comprensión del porqué se asumen ciertas posturas, las cuales son calificadas como radicales. Integrar a la sociedad a los movimientos sociales es fundamental, y para que pase lo primero que hay que hacer es escucharlos.
Si Ignacio del Valle, su hija América y Felipe Álvarez quedan libres la justicia es discrecional. Si están en la cárcel se está atacando por fin a los que protestan o andan cerca de la “sublevación”. Hemos sido testigos de la utilización de la política por parte de grupos que hoy se oponen a la protesta. En medio de divisiones y problemas el gobierno y los partidos están obligados a escuchar a quienes, sin estar dentro de la vida política institucional, aseguran estar dispuestos a entrar en la vida del país. No hay ingenuidades, pero mientras no escuchemos a esos que llamamos los “otros”, una parte del país seguirá entre congelada y atascada. Unos están obligados a escuchar y negociar, los “otros” están obligados a buscar salidas y no alargar los problemas para los intentos de la rentabilidad política. Son muchos los agravios pero no podemos como esta el país sumergirnos en ellos.
¡OUUCH! ¿Quién será el mexicano del Bicentenario? En octubre se sabe
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