GOBIERNOS SIN PRINCIPIOS

Alberto Híjar.

Entrevistado en el programa radiofónico de José Cárdenas el sábado 10 de julio, César Nava respondió a la pregunta de la repartición de puestos y cuotas de poder como paso siguiente a los triunfos de la alianza entre PRD, PAN y Convergencia. Respondió que no, aunque resulta evidente que no pueden prevalecer los principios de alguno de los aliados, si es que los tienen, sino que más bien tratarían de organizar gobiernos ciudadanos en Oaxaca, Puebla y Sinaloa. ¿Con qué organizaciones civiles?

Entrevistado el gobernador electo de Oaxaca, responde a la pregunta de qué hacer con San Juan Copala y Ulises Ruiz, con la negativa a la caza de brujas a cambio del respeto a la ley. Si se ha de aplicar a delitos federales, su gobierno, promete, habrá de ayudar en todo lo posible. En este caso, hay desapariciones tan graves como las de los dos militantes del EPR averiguadas por una comisión de notables que luego de entrevistarse con algún subsecretario de Gobernación, no logró esclarecimiento alguno. Está vivo el conflicto de San Juan Copala irreductible a enfrentamiento entre grupos comunitarios como dice el flamante gobernador Cué, ante las evidencias y la flagrancia del ataque a la caravana humanitaria donde fueron asesinados Beatriz Cariño y Tyri Antero y el cierre del paso de la nutrida caravana siguiente acompañada por la subprocuradora de Oaxaca con la encomienda de poner al frente a la UBISORT señalada como promotora del grupo paramilitar armado que ha asesinado a dirigentes municipales, a los defensores de los derechos humanos y mantiene cercado a San Juan Copala.

Es urgente que Cué inaugure su gobierno liberando y reconociendo al Municipio Autónomo de San Juan Copala, organización ciudadana ejemplar por su ejercicio valiente de la soberanía popular. El castigo a los culpables y sus patrocinadores se impone si de veras se trata de alentar el poder ciudadano. La misma línea estratégica tendría que hacer justicia en todos los conflictos pendientes, desde el asesinato de Brad Will mientras filmaba el ataque paramilitar a un contingente de la APPO, hasta los problemas de posesión de tierras en todo el estado. Nada de esto ocurrirá si la APPO evita movilizarse y deja la acción política a traidores como el flamante diputado Flavio Sosa, profesional de la transa.

Es poco probable que en Puebla se imponga el poder ciudadano y procese al Góber precioso por sus tropelías sexistas de pederasta cómplice de los mafiosos explotadores de la maquila de la mezclilla. En Sinaloa, aparentemente todo está en orden, pero la tradición mafiosa se impone y no hay gobernador que se libre de ella, de modo que ahí resultan aplicables la ausencia de principios y la consiguiente corrupción delincuencial a la que los politólogos oficialistas llaman pragmatismo y gobernabilidad.

El problema de la gobernabilidad destapa dos tendencias: la ciudadana constructora del pueblo en defensa de sus derechos conducentes a la autonomía y la oligárquica despótica en vísperas de elección presidencial con todo lo que esto conlleva de alianzas para colocarse a toda costa con desprecio a las necesidades populares. Se ve difícil que el pleito por la hegemonía pueda resolverse a favor del pueblo. Cuando mucho, los ciudadanos electores favorecerán con sus votos al tirano en turno y darán a las campañas la apariencia popular en realidad reducida a la movilización carente de proyecto democrático de largo plazo. La certeza de la elección de Estado ya conspira contra el pueblo y reduce a los trabajadores a su mínima expresión en la resistencia, de modo de cancelar la posibilidad sindical de influencia proletaria mínima. Sin pueblo en lucha organizada y sin trabajadores sindicalizados y combativos, sólo queda la multitud con sus movilizaciones de contentillo. Así las cosas, no es que carezcan de principios los aliancistas sino que procuran la defensa del Estado oligárquico con su inclusión. Este es su paradigma económico-político.