MEXICO, DF, 18 de julio (apro).- Desde el pasado 27 de abril, el abogado mexi
cano Enrique Rivera Sierra es un “refugiado” en Canadá conforme a la Convención internacional de Ginebra.Así lo señala la sentencia emitida por la División de Protección a los Refugiados de la Oficina de Inmigración y Refugiados (IRB, por su sigla en inglés) del gobierno de Canadá, la cual fue firmada por el juez de ese país, Michel Byczak.
Rivera, originario de San Luis Potosí y exrepresentante legal del Frente Amplio Opositor (FAO), llegó a la ciudad de Montreal el 24 de mayo de 2007 y pidió refugio después de que durante meses él y sus compañeros del FAO sufrieron hostigamiento y actos violentos. La razón: su rechazo a las actividades de la empresa Minera San Xavier (MSX), subsidiaria de la empresa canadiense New Gold Inc.
De hecho, el activista mexicano decidió pedir refugio a Canadá tras la emisión por parte de las autoridades de San Luis Potosí de una orden de aprensión en su contra, en la que, afirma, le imputaron “delitos falsos”.
Sin embargo, para que las autoridades canadienses le otorgaran el status de refugiado tuvieron que pasar casi tres años. Él y su abogado, el canadiense Jared Will, proporcionaron todo tipo de pruebas que, según la sentencia, demostraron que “hay la razonable posibilidad” de que será perseguido si regresa a México.
En la sentencia de cinco páginas, el juez Michel Byczak hace una cronología de hechos, en la que destaca una golpiza que Rivera recibió el 14 de abril de 2006 “por parte de empleados de MSX” y la “persecución” de la que fue objeto en mayo de 2007 por parte del gobierno de Jesús Marcelo de los Santos, quien utilizó “su autoridad para perseguir a los activistas a lo largo del estado de San Luis Potosí”.
Aunado a lo anterior, el documento señala que una “marcha pacífica realizada en diciembre de 2006 fue atacada por golpeadores a las órdenes de la gente de MSX”.
En el documento, el juez canadiense advierte que el Estado (mexicano) “podría utilizar la ley de manera discriminatoria”. El solicitante, sigue el documento, “ha tratado de hacer todo lo que quedaba en sus posibilidades”.
Añade que “como el solicitante es requerido por las autoridades (...) éste podría correr el riesgo de ser detenido sin tener la oportunidad de ver sus derechos legales oportunamente representados”.
Más adelante, el texto afirma que “en las circunstancias particulares de este caso, el tribunal piensa que el solicitante ha probado con suficiencia que hay la razonable posibilidad para creer que, en caso de volver a México, será perseguido ahora como en el futuro”.
Además, “no tendría la posibilidad de tener la protección del Estado, pues éste, tanto a nivel estatal como federal, ha sido su perseguidor”.
Un expediente “bien fraguado”
Rivera Sierra, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sal Luis Potosí (UASLP), fue el abogado del FAO y por lo tanto “una de las caras visibles del movimiento” en contra de las actividades de la MSX en el Cerro de San Pedro, en el valle de San Luis Potosí.
En entrevista telefónica con Apro, Rivera recuerda que “la represión se puso muy fuerte, sobre todo por parte de la empresa, amparada por el gobierno panista de Marcelo de los Santos”.
Cuenta que el 14 de abril de 2006 guardias blancas de MSX, encabezadas por Ramón Márquez, lo atacaron a él y a su compañera Lorena Gil Barba. Recuerda que lo dejaron bañado en sangre.
Un año después, el 1 de mayo de 2007, Rivera y los integrantes del FAO participaron en una marcha por el Día del Trabajo. “Estaban también unos estudiantes universitarios que tras ser provocados por la policía fueron detenidos”, recuerda.
Dice que cuando fue a pedir la liberación de los cinco arrestados en su calidad de representante legal del FAO, “pude platicar con ellos y me enteré que las autoridades querían que los muchachos, a cambio de su libertad, firmaran unos papeles en los que me acusaban de haberles entrenado, pagado y proporcionado estupefacientes para que hicieran desmanes en el desfile de ese 1 de mayo”.
Tras ese episodio, los integrantes del FAO realizaron una investigación y se dieron cuenta que “había un plan por parte del gobierno del estado” para detener al activista.
“El 5 de mayo, llegando a mi casa de una reunión que tuvimos en San Pedro, encuentro mi hogar rodeado por unas diez patrullas de policía”, cuenta. “Desde ese día no duermo en mi casa”. Se escondió en “una casa de seguridad del movimiento” en la capital del estado.
Desde su “escondite”, el abogado solicitó un amparo que el Juzgado Tercero de Distrito de San Luis Potosí le otorgó cuatro días después. Gracias a ese recurso legal pudo percatarse de las acusaciones en su contra: motín, asociación delictuosa y faltas contra la salud. Dichas acusaciones fueron realizadas por la Dirección de Comunicación Social del gobierno estatal, cuya directora era María Luisa Paulín.
“Todo el expediente fue muy bien fraguado tanto por la empresa New Gold como por el gobierno estatal y la Procuraduría General de la República (PGR)”, afirma.
Después de recibir el amparo, las autoridades judiciales citaron al activista a una “audiencia constitucional” para el día 10 de mayo. Tras considerar la situación, Rivera decidió no presentarse y optó por ir primero a la ciudad de Querétaro y luego a la Ciudad de México.
“Ya en la capital, decidimos que saliera del país e irme a Montreal a pedir refugio”, pues en la ciudad canadiense “teníamos compañeros trabajando para el FAO”.
La espera
“El 24 de mayo de 2007 llegué al aeropuerto de Montreal, donde inmediatamente pedí refugio al gobierno canadiense”, relata. “Me apartaron de la fila (de personas) y comenzó así el tortuoso procedimiento burocrático”.
El abogado mexicano dice que en Montreal existe un grupo de estudiantes de la Universidad McGill que desde hace seis años colaboran con el FAO en “la denuncia de la compañía New Gold” por sus actividades en Cerro de San Pedro.
Explica que con la ayuda del abogado Jared Will, el proceso de recopilación de documentos y pruebas para sostener la petición de refugio tardó “unos ocho meses”. Una vez entregados los papeles a las oficinas del IRB, el mexicano quedó a la espera.
“El proceso se extendió demasiado –comenta--. Duró casi tres años”.
El 17 de diciembre de 2009, las autoridades canadienses concedieron a Rivera la primera audiencia. En ella, el juez Michel Byczak escuchó al solicitante y a su abogado y decidió posponer la decisión para una fecha posterior no especificada.
En febrero pasado, por correo, llegó la notificación de la nueva audiencia: 27 de abril pasado. Rivera comenta que en esta ocasión él y su abogado pudieron aportar “más pruebas relativas a la situación en México, a la condición de los luchadores sociales, a los abusos que sigue realizando la empresa Minera San Xavier”.
Entre “los abusos”, incluyó el caso de amenazas recibidas por otro activista del FAO, Juan Carlos Ruiz Guadalajara.
Consultado al respecto, Ruiz Guadalajara refiere que el pasado 13 de marzo por la noche, en pleno Festival Cultural Cerro de San Pedro (acto organizado cada año por el FAO) el empleado de la MSX, Ramón Márquez, autor de la golpiza a Enrique Rivera en 2006, lo abordó en plena plaza del pueblo, frente a policías estatales y el secretario del ayuntamiento de Cerro de San Pedro.
--¿Sabes quién golpeó a Enrique Rivera? --preguntó Márquez a Ruiz.
--Sí, fuiste tú --respondió este último.
--Sí, fui yo, y sigues tú --amenazó Márquez.
El 27 de abril, fecha de la nueva audiencia, Rivera y su abogado contaron con el testimonio del exdiputado por el Partido Convergencia, Jesús González Schmal, lo que “fue pieza clave” para aclarar al juez canadiense los pormenores y “el contexto jurídico de mi caso y las diferencias entre los ordenamientos” canadiense y mexicano.
También durante la audiencia el juez preguntó a Rivera cuánta gente participaría en el movimiento de oposición a la MSX. “Le dije la verdad: somos cerca de 70 personas que participan de manera activa y permanente, pero que el 22 y 23 de octubre de 2006, en una consulta pública que organizamos en el valle de San Luis Potosí, en donde convergen los municipios de San Pedro, La Soledad y la capital del estado, hubo la participación de 20 mil personas, de las que 97% estaba en favor del movimiento social”, cuenta.
Satisfecho, el juez “pronunció la sentencia favorable”.
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