Piden que el gobierno cumpla con la protección efectiva
El riesgo de las defensoras de Derechos Humanos en México
Por Patricia
Chandomi, corresponsal
Tuxtla Gtz. Chis. 22 jul 10 (CIMAC).- Obtilia Eugenio Manuel tiene 32 años de edad y los últimos 6 años, ha vivido entre constantes amenazas de muerte.
Ella es fundadora y presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) en Guerrero, destaca Amnistía Internacional (AI), al publicar documentos relacionados con el riesgo que corren las activistas en el país. El organismo internacional, indica que las autoridades no le han proporcionado a Obtilia ninguna protección efectiva, a pesar de que solicitó al Estado mexicano garantías urgentes de protección para la defensora a fin de poder ejercer su trabajo.
Ella es desde hace tiempo, activista de los derechos de las personas indígenas, su organización tiene más de 200 miembros activos. La OPIM gestiona proyectos de desarrollo económico y social a pequeña escala, para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas Me’phaa. La organización también promueve las tradiciones y prácticas culturales de los Me’phaa, lo que incluye la educación bilingüe.
Ha acompañado a quienes han denunciado abusos cometidos por el Estado y por agentes no estatales. Ayudó a dos mujeres Me’phaa en su búsqueda de justicia tras ser violadas por soldados en el 2002, entre otros casos. Desde que se fundó la OPIM en 2002, Obtilia Eugenio Manuel ha sido objeto de numerosas amenazas, actos de intimidación y vigilancia. En varias ocasiones ha identificado a los agresores como partidarios de un cacique local.
La gravedad y frecuencia de las amenazas provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instara en 2005 al Estado a que concediera medidas de protección a Obtilia. Pese a ello, los actos de intimidación, no han cesado. En febrero de 2009, fueron asesinados Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, colegas de Obtilia, mientras ella recibió nuevas amenazas en marzo.
Esta vez fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) la que ordenó a las autoridades que la protegieran, pero la respuesta del Estado fue lenta e insuficiente. Las medidas de protección acordadas entre las autoridades y Obtilia Eugenio Manuel no se implementaron totalmente hasta diciembre de 2009, diez meses después de que fueron requeridas. El 6 de marzo de 2010, recibió una amenaza de muerte por escrito en la oficina de la OPIM.
La nota decía: “Obtilia, cálmate hija de tu chingada madre, ya no andes denunciando en contra del gobierno. A pesar de que pidió más protección, no obtuvo respuesta de las autoridades y se marchó de su ciudad natal, con su compañero y sus tres hijos. OAXACA La abogada de Derechos Humanos (DH), Alba Cruz está sometida a intimidación y hostigamiento desde 2007. Ella es integrante del Comité de Liberación 25 de Noviembre, organización no gubernamental con sede en Oaxaca, añaden los documentos AI.
A principios de 2010 su situación empeoró y no tuvo más opción que abandonar temporalmente su ciudad natal. A pesar de los reiterados ataques, las autoridades no le han proporcionado ninguna protección significativa. Los defensores y defensoras de DH de México piden al gobierno que cumpla de una vez su promesa de adoptar e implementar un mecanismo de protección efectivo para todos los defensores en situación de riesgo.
Ella ha representado a 32 víctimas de violaciones de DH cometidas en el contexto de las protestas generalizadas que hubo en Oaxaca en 2006. Miembros de las fuerzas de seguridad y otros agentes estatales fueron acusados de abusos graves, incluidos el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y en régimen de incomunicación, malos tratos y torturas, y violaciones del debido proceso y de las garantías de imparcialidad procesal.
A petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades mexicanas se reunieron con Alba Cruz en septiembre de 2007 y acordaron adoptar varias medidas de protección. Una de ellas fue un teléfono móvil con cargo al estado para que la abogada llamara a las autoridades en caso de peligro. El teléfono lo recibió hasta diciembre de 2009 y a la fecha, no se han implementado ninguna de las demás medidas de protección solicitadas y acordadas. Las amenazas y los ataques contra Alba Cruz se intensificaron a finales de 2009 y principios de 2010.
En esos meses, Alba Cruz defendió a un hombre encarcelado injustamente por un homicidio cometido durante las manifestaciones de 2006. La campaña de intimidación afecta la vida de Alba Cruz y su familia, su madre y su hija adolescente.
Debido a las amenazas, Alba Cruz se marchó de Oaxaca el 25 de marzo de 2010 a la Ciudad de México y luego al extranjero. CHIAPAS Aunque el caso de Margarita Martínez Martínez, no se incluye en los documentos de AI, se subraya que el 8 de noviembre de 2009, al domicilio de la activista mexicana y su esposo el defensor de DH Adolfo Guzmán, de la organización Enlace, Comunicación y Capacitación, ingresó un grupo de 20 personas “presuntos” elementos de la Policía Ministerial (PM), sin orden de cateo en Comitán, Chiapas.
Los efectivos policiales entraron con un “uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública” amenazaron y encañonaron a Margarita, le ordenaron abrir los cuartos, para que pudieran entrar a revisarlos, introduciéndose también, en los ocupados por sus hijos y esposo. El 23 de noviembre de 2009, Margarita interpuso una denuncia en contra de autoridades policíacas por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento, tortura psicológica y amenazas con la agravante de muerte.
El argumento de la Policía es que entró a buscar a supuestos líderes de organizaciones que bloqueaban carreteras; este atropello llevó a Margarita a interponer la averiguación previa 00004/FEPONGDDH-M1/2009, integrada por la Fiscalía Especializada en Protección a Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas. El 25 de noviembre de 2009, Margarita y Adolfo recibieron en su casa una hoja en la que les advertían que “se cuiden” porque la noche anterior “había 5 individuos que vigilaban su casa”, el 14 de diciembre de 2009, tuvieron otra advertencia hecha con recortes de papel que decía: “no sigan se van a morir”.
Las amenazas contra la activista aumentaron, y el 25 de febrero Margarita fue secuestrada por elementos policíacos vestidos de civil, la golpearon y le dijeron que todo era “un regalito del presidente municipal de Comitán, Eduardo Ramírez”. No obstante, Margarita enfrenta la situación y asegura “no soy yo, la que se tiene que ir, en realidad los que se tendrían que ir son los agresores, este es mi lugar mi espacio, ya me cambié una vez, (de Comitán a San Cristóbal) que se muevan ellos”.
Chandomi, corresponsal Tuxtla Gtz. Chis. 22 jul 10 (CIMAC).- Obtilia Eugenio Manuel tiene 32 años de edad y los últimos 6 años, ha vivido entre constantes amenazas de muerte.
Ella es fundadora y presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) en Guerrero, destaca Amnistía Internacional (AI), al publicar documentos relacionados con el riesgo que corren las activistas en el país. El organismo internacional, indica que las autoridades no le han proporcionado a Obtilia ninguna protección efectiva, a pesar de que solicitó al Estado mexicano garantías urgentes de protección para la defensora a fin de poder ejercer su trabajo.
Ella es desde hace tiempo, activista de los derechos de las personas indígenas, su organización tiene más de 200 miembros activos. La OPIM gestiona proyectos de desarrollo económico y social a pequeña escala, para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas Me’phaa. La organización también promueve las tradiciones y prácticas culturales de los Me’phaa, lo que incluye la educación bilingüe.
Ha acompañado a quienes han denunciado abusos cometidos por el Estado y por agentes no estatales. Ayudó a dos mujeres Me’phaa en su búsqueda de justicia tras ser violadas por soldados en el 2002, entre otros casos. Desde que se fundó la OPIM en 2002, Obtilia Eugenio Manuel ha sido objeto de numerosas amenazas, actos de intimidación y vigilancia. En varias ocasiones ha identificado a los agresores como partidarios de un cacique local.
La gravedad y frecuencia de las amenazas provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instara en 2005 al Estado a que concediera medidas de protección a Obtilia. Pese a ello, los actos de intimidación, no han cesado. En febrero de 2009, fueron asesinados Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, colegas de Obtilia, mientras ella recibió nuevas amenazas en marzo.
Esta vez fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) la que ordenó a las autoridades que la protegieran, pero la respuesta del Estado fue lenta e insuficiente. Las medidas de protección acordadas entre las autoridades y Obtilia Eugenio Manuel no se implementaron totalmente hasta diciembre de 2009, diez meses después de que fueron requeridas. El 6 de marzo de 2010, recibió una amenaza de muerte por escrito en la oficina de la OPIM.
La nota decía: “Obtilia, cálmate hija de tu chingada madre, ya no andes denunciando en contra del gobierno. A pesar de que pidió más protección, no obtuvo respuesta de las autoridades y se marchó de su ciudad natal, con su compañero y sus tres hijos. OAXACA La abogada de Derechos Humanos (DH), Alba Cruz está sometida a intimidación y hostigamiento desde 2007. Ella es integrante del Comité de Liberación 25 de Noviembre, organización no gubernamental con sede en Oaxaca, añaden los documentos AI.
A principios de 2010 su situación empeoró y no tuvo más opción que abandonar temporalmente su ciudad natal. A pesar de los reiterados ataques, las autoridades no le han proporcionado ninguna protección significativa. Los defensores y defensoras de DH de México piden al gobierno que cumpla de una vez su promesa de adoptar e implementar un mecanismo de protección efectivo para todos los defensores en situación de riesgo.
Ella ha representado a 32 víctimas de violaciones de DH cometidas en el contexto de las protestas generalizadas que hubo en Oaxaca en 2006. Miembros de las fuerzas de seguridad y otros agentes estatales fueron acusados de abusos graves, incluidos el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y en régimen de incomunicación, malos tratos y torturas, y violaciones del debido proceso y de las garantías de imparcialidad procesal.
A petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades mexicanas se reunieron con Alba Cruz en septiembre de 2007 y acordaron adoptar varias medidas de protección. Una de ellas fue un teléfono móvil con cargo al estado para que la abogada llamara a las autoridades en caso de peligro. El teléfono lo recibió hasta diciembre de 2009 y a la fecha, no se han implementado ninguna de las demás medidas de protección solicitadas y acordadas. Las amenazas y los ataques contra Alba Cruz se intensificaron a finales de 2009 y principios de 2010.
En esos meses, Alba Cruz defendió a un hombre encarcelado injustamente por un homicidio cometido durante las manifestaciones de 2006. La campaña de intimidación afecta la vida de Alba Cruz y su familia, su madre y su hija adolescente.
Debido a las amenazas, Alba Cruz se marchó de Oaxaca el 25 de marzo de 2010 a la Ciudad de México y luego al extranjero. CHIAPAS Aunque el caso de Margarita Martínez Martínez, no se incluye en los documentos de AI, se subraya que el 8 de noviembre de 2009, al domicilio de la activista mexicana y su esposo el defensor de DH Adolfo Guzmán, de la organización Enlace, Comunicación y Capacitación, ingresó un grupo de 20 personas “presuntos” elementos de la Policía Ministerial (PM), sin orden de cateo en Comitán, Chiapas.
Los efectivos policiales entraron con un “uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública” amenazaron y encañonaron a Margarita, le ordenaron abrir los cuartos, para que pudieran entrar a revisarlos, introduciéndose también, en los ocupados por sus hijos y esposo. El 23 de noviembre de 2009, Margarita interpuso una denuncia en contra de autoridades policíacas por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento, tortura psicológica y amenazas con la agravante de muerte.
El argumento de la Policía es que entró a buscar a supuestos líderes de organizaciones que bloqueaban carreteras; este atropello llevó a Margarita a interponer la averiguación previa 00004/FEPONGDDH-M1/2009, integrada por la Fiscalía Especializada en Protección a Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas. El 25 de noviembre de 2009, Margarita y Adolfo recibieron en su casa una hoja en la que les advertían que “se cuiden” porque la noche anterior “había 5 individuos que vigilaban su casa”, el 14 de diciembre de 2009, tuvieron otra advertencia hecha con recortes de papel que decía: “no sigan se van a morir”.
Las amenazas contra la activista aumentaron, y el 25 de febrero Margarita fue secuestrada por elementos policíacos vestidos de civil, la golpearon y le dijeron que todo era “un regalito del presidente municipal de Comitán, Eduardo Ramírez”. No obstante, Margarita enfrenta la situación y asegura “no soy yo, la que se tiene que ir, en realidad los que se tendrían que ir son los agresores, este es mi lugar mi espacio, ya me cambié una vez, (de Comitán a San Cristóbal) que se muevan ellos”.
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