Seis de ellas purgan condenas de 25 a 29 años de prisión
En 10 años 160 guanajuatenses han sido denunciadas por aborto
Por Gladis Torres Ruiz
México, D.F 20 jul 10 (CIMAC).- De 2000 a 2010, en Guanajuato 160 mujeres han sido denunciadas por aborto, 14 de ellas están bajo un proceso penal, y 9 purgan una sentencia bajo caución. Hasta el momento 7 han sido encarceladas por una sentencia de homicidio en razón de parentesco, y sólo una de ellas fue recientemente liberada, “porque no cometió ningún delito”. Verónica Cruz Sánchez, directora del “Centro Las Libres”, informó en entrevista telefónica que las 6 mujeres encarceladas, todas son pobres, originarias de la zona Noreste del estado, “casualmente la más marginada con escaso acceso a la educación básica”.
“Estas mujeres no tuvieron acceso a los servicios de salud, ni educación sexual y comunicación entre sus padres, los hombres que las embarazaron las abandonaron a su suerte”, subrayó. Cruz Sánchez, informó que las 6 mujeres que se encuentran presas ya agotaron todos los recursos estatales, para poder comprobar su inocencia en los “crímenes” que se les imputan, por lo que el único recurso que les queda es el amparo directo, el cual las y los abogados de la organización ya tramitan.
Tras dos años de investigación el “Centro Las Libres”, presentó hoy un reporte de investigación, documentación y litigio de los casos de las mujeres denunciadas, procesadas, sentenciadas y encarceladas por el delito de aborto. En él se detalla que las seis mujeres que fueron encarceladas en el periodo 2002 a 2010, y que actualmente están en la cárcel sentenciadas por el delito de homicidio en razón de parentesco, purgan sentencias de 25 a 29 años. “Una de ellas tiene encarcelada 8 años, y las demás en promedio 5 años viviendo en las cárceles del estado de Guanajuato”, precisa el documento.
La directora del “Centro las libres”, afirmó que a estas mujeres las sentenciaron y criminalizaron desde sus creencias personales-morales-católicas, y no desde la perspectiva de la justicia. “Esta es la política del gobierno del estado de Guanajuato”. “Ni siquiera intentaron abortar, sufrieron abortos espontáneos e imprudenciales y algunas de ellas son víctimas de violación”. Verónica Cruz, detalló el caso de una mujer que se desmayó y tuvo un aborto espontáneo, “su delito es haberse desmayado”; lo que nos deja claro que lo que busca el estado con este tipo de acciones es criminalizar a las mujeres.
Testimonios de este tipo hay muchos, hay otro caso en el que la mujer de 19 años de edad, que no sabía que estaba embrazada una noche, sintió mucho dolor en el estómago y ganas de ir al baño, así que cuando fue al baño sintió que algo se le salió, tuvo un embarazo pre término, el producto resultó muerto. Al encontrarse sola con miedo y sin dinero, hizo todo para que su familia no se enterara, días después ante los malestares fue a una clínica del IMSS y la trabajadora social la denunció. Llamó al Ministerio Público y dijo que atendía a una mujer que había tenido trabajos de parto.
“Le dictaron una condena de 25 años de prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco en agravio de su vástago, recién nacido”. Se interpuso el recurso de apelación y le confirmaron la sentencia a 25 años.
Esta detención ocurrió el 16 de febrero de 2004 y la trasladaron al Cereso ese mismo día, donde lleva 6 años recluida. Verónica Cruz, enfatizó que durante los dos años de investigación, han constatado que ninguna de las mujeres que se encuentran presas actualmente en Guanajuato, tienen maniobras de haber intentado abortar, es decir no se les puede comprobar el “delito” que se les imputa. “Durante el proceso penal, se infiere que se juzga a las mujeres por omisión de no prestar auxilio al producto, y configuran el delito de homicidio para criminalizar el aborto”.
Sin embargo, a pesar de todo esto, el pasado 9 de junio, se logró la absolución de Alma, una joven de 27 años de edad, quien fue puesta en libertad, gracias al trabajo del “Centro las Libres” y del litigio de la Clínica de Interés Público de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), detalló Verónica Cruz Sánchez.
México, D.F 20 jul 10 (CIMAC).- De 2000 a 2010, en Guanajuato 160 mujeres han sido denunciadas por aborto, 14 de ellas están bajo un proceso penal, y 9 purgan una sentencia bajo caución. Hasta el momento 7 han sido encarceladas por una sentencia de homicidio en razón de parentesco, y sólo una de ellas fue recientemente liberada, “porque no cometió ningún delito”. Verónica Cruz Sánchez, directora del “Centro Las Libres”, informó en entrevista telefónica que las 6 mujeres encarceladas, todas son pobres, originarias de la zona Noreste del estado, “casualmente la más marginada con escaso acceso a la educación básica”.
“Estas mujeres no tuvieron acceso a los servicios de salud, ni educación sexual y comunicación entre sus padres, los hombres que las embarazaron las abandonaron a su suerte”, subrayó. Cruz Sánchez, informó que las 6 mujeres que se encuentran presas ya agotaron todos los recursos estatales, para poder comprobar su inocencia en los “crímenes” que se les imputan, por lo que el único recurso que les queda es el amparo directo, el cual las y los abogados de la organización ya tramitan.
Tras dos años de investigación el “Centro Las Libres”, presentó hoy un reporte de investigación, documentación y litigio de los casos de las mujeres denunciadas, procesadas, sentenciadas y encarceladas por el delito de aborto. En él se detalla que las seis mujeres que fueron encarceladas en el periodo 2002 a 2010, y que actualmente están en la cárcel sentenciadas por el delito de homicidio en razón de parentesco, purgan sentencias de 25 a 29 años. “Una de ellas tiene encarcelada 8 años, y las demás en promedio 5 años viviendo en las cárceles del estado de Guanajuato”, precisa el documento.
La directora del “Centro las libres”, afirmó que a estas mujeres las sentenciaron y criminalizaron desde sus creencias personales-morales-católicas, y no desde la perspectiva de la justicia. “Esta es la política del gobierno del estado de Guanajuato”. “Ni siquiera intentaron abortar, sufrieron abortos espontáneos e imprudenciales y algunas de ellas son víctimas de violación”. Verónica Cruz, detalló el caso de una mujer que se desmayó y tuvo un aborto espontáneo, “su delito es haberse desmayado”; lo que nos deja claro que lo que busca el estado con este tipo de acciones es criminalizar a las mujeres.
Testimonios de este tipo hay muchos, hay otro caso en el que la mujer de 19 años de edad, que no sabía que estaba embrazada una noche, sintió mucho dolor en el estómago y ganas de ir al baño, así que cuando fue al baño sintió que algo se le salió, tuvo un embarazo pre término, el producto resultó muerto. Al encontrarse sola con miedo y sin dinero, hizo todo para que su familia no se enterara, días después ante los malestares fue a una clínica del IMSS y la trabajadora social la denunció. Llamó al Ministerio Público y dijo que atendía a una mujer que había tenido trabajos de parto.
“Le dictaron una condena de 25 años de prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco en agravio de su vástago, recién nacido”. Se interpuso el recurso de apelación y le confirmaron la sentencia a 25 años.
Esta detención ocurrió el 16 de febrero de 2004 y la trasladaron al Cereso ese mismo día, donde lleva 6 años recluida. Verónica Cruz, enfatizó que durante los dos años de investigación, han constatado que ninguna de las mujeres que se encuentran presas actualmente en Guanajuato, tienen maniobras de haber intentado abortar, es decir no se les puede comprobar el “delito” que se les imputa. “Durante el proceso penal, se infiere que se juzga a las mujeres por omisión de no prestar auxilio al producto, y configuran el delito de homicidio para criminalizar el aborto”.
Sin embargo, a pesar de todo esto, el pasado 9 de junio, se logró la absolución de Alma, una joven de 27 años de edad, quien fue puesta en libertad, gracias al trabajo del “Centro las Libres” y del litigio de la Clínica de Interés Público de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), detalló Verónica Cruz Sánchez.
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