MÉXICO, D.F., 19 de julio.- La contundente derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del pasado 4 de julio no significa ni de cerca que la democracia y la rendición de cuentas hayan avanzado en el país. El fracaso de la “alternancia” al nivel federal nos ha enseñado a los ciudadanos que un cambio de siglas en el gobierno no genera ni más efectividad gubernamental ni mayor participación ciudadana en la definición del r
umbo del país. Gabino Cué, Rafael Moreno Valle y Mario López Valdez tienen la responsabilidad histórica de no repetir los errores de Vicente Fox y Felipe Calderón. Los nuevos gobernadores de Tlaxcala, Aguascalientes y Zacatecas también tienen frente a sí el reto de demostrar que un retorno al PRI no necesariamente implica un retroceso en términos políticos. Todos los nuevos gobernantes se verán obligados a ganar la confianza ciudadana a partir de una nueva forma de ejercer el poder, lejos de las lógicas caciquiles y el abuso de autoridad típicos del pasado.
El camino deberá iniciar forzosamente con una transformación estructural en los poderes judiciales y los ministerios públicos en los seis estados que pronto experimentarán un cambio en el partido que los gobierna. Más allá de la evidente desviación de recursos del erario, el poder autoritario de los gobernadores ha encontrado su máxima expresión en el férreo control sobre los aparatos de procuración e impartición de justicia.
Tal y como reza el dicho, inspirado por la corrupción tan acendrada que caracteriza al viejo partido de Estado: “No me des, ponme donde hay”. Lo realmente importante no es poder robar ocasionalmente unos cuantos millones de pesos aquí y allá, sino asegurar la impunidad de por vida para uno mismo y los aliados políticos.
Enrique Peña Nieto entiende muy bien esta lección histórica. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de San Salvador Atenco evidenció la existencia de una abierta manipulación de la justicia por este gobernador que no sabe cumplir con los postulados mínimos del estado de derecho. El enroque en la Procuraduría de Justicia de aquella entidad a raíz del caso Paulette también ratifica el compromiso del mandatario estatal con la intervención política en el ámbito de la justicia. Urge pasar de la defensa de los derechos humanos a un movimiento social en contra de la impunidad, en aquel estado que todavía no ha logrado escapar de la herencia de los dinosaurios.
En Puebla, el abuso de autoridad y la manipulación de justicia también han estado a la orden del día. Como tantos otros gobernadores, Mario Marín se ha acostumbrado a ser un señor “feudal” y no tolera la mínima expresión de autonomía de parte de los políticos y jueces en su estado. Cualquier criterio independiente es interpretado como una “traición” por el mandatario y recibe un castigo ejemplar.
Tal es el caso, por ejemplo, del exmagistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla Germán López Bruhn. En el contexto de las acusaciones de Lydia Cacho en contra de Marín tanto por su participación en una red de pederastia como por su utilización de las fuerzas del orden para vengarse personalmente con ella, López Bruhn se negó a respaldar públicamente al góber precioso. Ante tal “insubordinación” Marín hizo todo lo posible por también vengarse del magistrado. Finalmente, en 2006 logró echarlo del Tribunal por medio de un ilegal e irregular procedimiento de “ratificación” en el Congreso local.
López Bruhn a su vez decidió defender su caso hasta las últimas consecuencias y hace unos meses logró que la misma Suprema Corte le otorgara un amparo en contra del proceso legislativo que culminó con su destitución. En su sentencia, los ministros de la Segunda Sala argumentan que “la concentración del poder representa un peligro para el principio de división de poderes” y señalan que “ese riesgo, históricamente, se ha generado, en mayor grado, dentro de las entidades federativas y municipios”. En consecuencia, dicen que es necesario tomar medidas enérgicas para defender la independencia de los jueces en los estados. Y esto implica protegerlos de procedimientos viciados y políticamente manipulados, como el que terminó con la carrera de López Bruhn como magistrado electoral.
A pesar del fallo de la Corte, el Poder Legislativo en Puebla simplemente se ha negado a cumplir con la orden judicial. Una vez más, el gobierno poblano vuelve a destacar por su falta de respeto a la justicia. Muy pronto la Corte se encontrará frente a la disyuntiva de tener que ordenar la destitución de los diputados locales responsables por este desacato judicial o de permitir la impunidad.
Este enredo, tanto como el de Atenco y muchos otros que manchan la justicia del país, se debe a la existencia de un sistema en el que el gobernador en turno goza de total impunidad y control monopólico sobre todas las autoridades locales. Ojalá que Cué, Moreno Valle y López Valdez entiendan que están obligados a hacer algo verdaderamente diferente a sus predecesores. Ojalá que de una vez por todas doten de autonomía jurídica y política plena a los ministerios públicos y los jueces de Oaxaca, Puebla y Sinaloa.
Si algo hemos aprendido de la abortada transición política a nivel federal es que las soluciones que realmente valen la pena son las que atacan de raíz los graves problemas y que presentan una visión de largo plazo. El establecimiento de un sistema de procuración e impartición de justicia verdaderamente profesional, independiente, valiente y plural sería un legado histórico que nadie les podría regatear a estos nuevos gobernadores. En contraste, una falta de acción en esta materia sería algo que la ciudadanía muy difícilmente les podrá perdonar. l
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