Por Calderón el miedo, la zozobra, la muerte ronda nuestro País

Laguneros por la paz: romper el miedo

Espacio Civil
Emilio Álvarez Icaza ..

“La gente está con miedo… No sale a la calle por temor a que le suceda algo… Lo que pasó es que se les tapa la esperanza. Se vive el drama de la desesperanza”, fue la síntesis de Miguel Valdés, habitante de Torreón y promotor ciudadano de décadas, ante la matanza de la madrugada del pasado domingo (tercera en seis meses). La gente de esta ciudad, como en otras, no sale a reunirse por miedo, pero también porque se pregunta para qué. Esa es una de las mayores afectaciones de esta ola de violencia y terror, la parálisis y desesperanza. Es parte de la ruptura del tejido social.

Ante esto, comenta Miguel, un grupo de profesionistas, de artistas, de jóvenes, de empresarios, de gente de iglesias y de universidades, entre otros, han promovido una iniciativa desde la sociedad civil que denominan Laguneros por la paz. Por increíble que parezca, lo primero es lograr espacios donde la gente se encuentre; que venza el miedo de salir. Una vez reunida, iniciar un proceso colectivo de catarsis para trabajar la dolorosa situación. De ahí se pueden dar condiciones para iniciar un lento y complejo proceso de reconstrucción del tejido social. Se trata de no permitir que la delincuencia haga más daño y que no robe hasta el espacio público.

Esto sucede también porque la desconfianza y desesperanza se reproduce en las autoridades y su actuar. Dramáticamente, no se espera nada del Presidente municipal; al gobernador Humberto Moreira sólo se le ve preocupado en su seguridad y la de los suyos, como el impresionante operativo de seguridad para la boda de su hermano Rubén (el mismo fin de semana de la matanza), o en asuntos electorales. El gobierno federal, a su vez, preocupa más por la forma de enfrentar el problema. Los allanamientos del Ejército y el maltrato a la gente hace casi tan malo el remedio como la enfermedad. En este marco, la ineficacia del aparato de justicia es patética. De acuerdo con información oficial, conseguida por EL UNIVERSAL, de las más de 22 mil ejecuciones desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, hasta abril de 2010, sólo se han iniciado 1,200 averiguaciones previas ¿¿¡¡1,200!!?? Para colmo, la autoridad intenta legitimarse diciendo que la mayoría de las muertes son de “delincuentes”. No se repara en la irresponsabilidad y gravedad de estas declaraciones. El Estado falla en tutelar los derechos a la seguridad y a la justicia. Se permite que la peligrosa dinámica de venganzas desplace a la justicia y no se cae en cuenta que esta dinámica conduce a espirales de revanchas que producen ondas expansivas cada vez más violentas. De hecho ya se llegó al uso de coche-bomba.

Si la respuesta del Estado es integral y, en esencia, con la enérgica y eficaz acción de la justicia, vendrán tiempos peores. Urge que el procurador Chávez asuma su responsabilidad y dé buena cuenta de sus atribuciones. Por ahora, Laguneros por la paz dan un esperanzador y valiente testimonio.

Terrorismo a debate

José Antonio Crespo
El problema con el coche bomba es que representa un escalamiento del nivel de violencia utilizada por los capos.

Se entiende que el gobierno mexicano busque minimizar el estallido del coche bomba en Ciudad Juárez, porque quiere evitar la percepción de que las cosas se le están yendo de control. De ahí el debate sobre cómo tipificar e interpretar dicho ataque. Tiene que ver también con la correcta ubicación de la etapa en la que se halla el "combate por la seguridad", y de la proyección que de ello surge a nivel internacional. Y es que, mientras crece la escalada de violencia, Estados Unidos toma medidas cada vez más severas contra la migración, que terminan por afectar a nuestros ciudadanos y a todo el país (para no hablar del comercio y del turismo fronterizos).
De ahí que nuestro embajador en Washington, Arturo Sarukhan, se esfuerce por reducir el impacto político y mediático de ese ataque en Estados Unidos. Dijo en el Congreso norteamericano que no se quiere "esconder bajo la alfombra el tema de la violencia (sino) poner en contexto la violencia, mostrar que es focalizada" (20/VII/10). Es racional poner las cosas en su justa proporción, pues la magnificación de la violencia es frecuente, y el daño político de ello, considerable. Dice el diplomático que para definir el terrorismo debe considerarse contra quién se dirige el ataque: sólo si va contra los ciudadanos se puede hablar de terrorismo, afirma él. Quizás el coche bomba en efecto no haya sido dirigido contra los ciudadanos, sino contra policías federales. Pero otros actos, como los granadazos en Morelia o las ejecuciones de menores en las afueras de su escuela en varias ciudades del norte o los recientes granadazos en Nuevo Laredo y en Guadalajara, esos sí contra ciudadanos, serían terroristas. Dice por su parte Carlos Pascual, contraparte de Sarukhan, que tampoco es terrorismo pues los atacantes no pretenden adueñarse del gobierno. Ese tampoco es un criterio válido en la definición. Y el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, agrega otro criterio más: la frecuencia y sistematicidad de los ataques, por lo cual considera lo de Juárez como un incidente aislado.
El problema con el coche bomba es que representa un escalamiento del nivel de violencia utilizada por los capos. Coches bomba se utilizaron en Colombia en el pináculo de la narcoviolencia, y también en la resistencia patriótica y terrorista de Irak. De seguirse por ahí, el pánico ciudadano (sea o no el propósito de los capos) irá al alza. Como lo señala, Alfredo Rangel, experto colombiano en el tema: "En Colombia esas primeras explosiones fueron el inicio de una oleada de narcoterrorismo que provocó mucha conmoción e impacto en la sociedad y ocasionó una dinámica política muy preocupante para el Estado. Los ciudadanos reclamaban cada vez más airadamente protección al Estado o, en caso de no poder garantizarla, un diálogo con los narcotraficantes a efecto de otorgarles concesiones, con tal de que cesara esa violencia homicida que de manera indiscriminada estaba afectando a la población. Con lo cual pusieron en un dilema muy complicado a las autoridades, que no podían ni controlar el narcoterrorismo ni ceder a las exigencias de los criminales" (17/VIIl/10). Eso, me parece, es lo más relevante del hecho.
Al negarse las autoridades mexicanas a llamarle a lo sucedido en Ciudad Juárez "terrorismo", dicen apegarse estrictamente a la definición legal. Y algunos legisladores afirman que debe tipificarse el terrorismo, pues al no estarlo en nuestra normatividad no puede penalizarse ese tipo de acciones que podrían serán más frecuentes a partir de ahora. Pero bastaría con que gobernantes y legisladores leyeran la legislación vigente para que se percatasen de que la figura ya existe, y despeja las dudas sobre cómo caracterizar el estallido en Juárez (y otros actos terroristas que no quieren ser reconocidos como tales). El Código Penal Federal, en su artículo 139 tipifica como "terrorismo" los actos que utilicen "explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio, cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población. (sean) para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado, o presionar a la autoridad para que tome una determinación". Como puede verse, en la definición legal de terrorismo no se considera si el ataque va dirigido sólo a ciudadanos, si los perpetradores quieren acceder al poder o si son ataques múltiples y sistemáticos. No hay duda, pues, de lo que el coche bomba significa, ni de lo que enfrentamos. El problema radica en definir cómo enfrentarlo eficazmente.