Demanda Familia Pasta de Conchos seguridad en minas
Derechos humanos y laborales, deben ser prioridad en Coahuila
De la Redacción
México, DF. 20 jul. 10 (CIMAC).- El desastre
ocasionado en la zona carbonífera de Coahuila por tormentas e inundaciones “predecibles”, es una oportunidad para “poner orden”, y aplicar normas de seguridad e higiene en la operación de la minería de la región, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los trabajadores del carbón y sus familias, afirma la Organización Familia Pasta de Conchos.
En un comunicado, dicha organización, integrada por viudas y familias de los 63 mineros fallecidos en Pasta de Conchos en 2006, cuyos restos permanecen sepultados en ese yacimiento, señala que es momento de que los tres niveles de gobierno por encima de los intereses de empresas, “funcionarios corruptos y sindicatos”, prioricen los derechos humanos y laborales de las y los habitantes de la región. La asociación, manifiesta que tras la tragedia de 2006, la forma de dignificar a la población damnificada de San Juan Sabinas, sería el rescate de los restos de los mineros caídos y “cesar el sufrimiento ininterrumpido” de las familias.
Este hecho, fue ignorado por “Felipe Calderón Hinojosa, en los 20 minutos que duró su estancia en la inundada colonia Rovirosa, en Nueva Rosita”, zona en la que operan decenas de minas inseguras, las cuales no han podido reanudar sus trabajos porque su infraestructura deficiente, les impide sobreponerse al desastre, a diferencia de los yacimientos que cuentan con condiciones de seguridad e higiene.
AYUDA INSUFICIENTE
Las pérdidas de las y los habitantes de la zona carbonífera coahuilense no podrán superarse con las ayudas salariales para 7 mil trabajadores o los 5 mil pesos que el gobierno otorga para que las familias repongan sus bienes, ya que resultan “insuficientes” e incluso “ofensivas”, sostiene la OFPC. Tras las intensas lluvias, el gobernador, Humberto Moreira prometió asegurar el salario “un par de semanas” para 7 mil mineros, de los 10 mil que se calcula trabajan en la región, y cuyas minas resultaron afectadas por las inundaciones. La destrucción derivada de las tormentas e inundaciones “predecibles” en Coahuila, ocasionadas por el huracán Alex, que entró al norte del país hace 13 días, evidenció “una vez más” la pobreza y marginación en la que se encuentran los mineros del carbón y sus familias.
La dimensión de la catástrofe en la región es “imposible de determinar”, así como el número de trabajadores afectados por la inundación de las minas y pocitos de los municipios coahuilenses de Nueva Rosita, San Juan Sabinas, Juárez y Progreso. Ello se debe a que las autoridades ignoran el número, ubicación y quiénes explotan las minas, y en consecuencia las condiciones en las que operan. Desde el siniestro registrado en 2006, se evidenció la falta de conocimiento de las autoridades acerca del funcionamiento de los yacimientos en la región carbonífera, los datos con los que cuentan las diferentes autoridades en la materia no coinciden.
Por ejemplo, la Subdirección General de la Dirección de Minas del Estado de Coahuila, dice que existen 672 minas, pero en sus informes indica que son 125 minas grandes y medianas y 70 pequeños productores. Mientras que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social informó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que hay “aproximadamente” 60 minas.
Pese al desconocimiento de la problemática, ninguna autoridad reconoce que existen minas clandestinas, sin embargo, “la mitad de los casos que hemos documentado de 2006 al mes de mayo de 2010, la mitad son ilegales o clandestinas”, asegura la OFPC, que en mayo pasado entregó un informe detallado de la zona carbonífera a la OIT.
México, DF. 20 jul. 10 (CIMAC).- El desastre
ocasionado en la zona carbonífera de Coahuila por tormentas e inundaciones “predecibles”, es una oportunidad para “poner orden”, y aplicar normas de seguridad e higiene en la operación de la minería de la región, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los trabajadores del carbón y sus familias, afirma la Organización Familia Pasta de Conchos. En un comunicado, dicha organización, integrada por viudas y familias de los 63 mineros fallecidos en Pasta de Conchos en 2006, cuyos restos permanecen sepultados en ese yacimiento, señala que es momento de que los tres niveles de gobierno por encima de los intereses de empresas, “funcionarios corruptos y sindicatos”, prioricen los derechos humanos y laborales de las y los habitantes de la región. La asociación, manifiesta que tras la tragedia de 2006, la forma de dignificar a la población damnificada de San Juan Sabinas, sería el rescate de los restos de los mineros caídos y “cesar el sufrimiento ininterrumpido” de las familias.
Este hecho, fue ignorado por “Felipe Calderón Hinojosa, en los 20 minutos que duró su estancia en la inundada colonia Rovirosa, en Nueva Rosita”, zona en la que operan decenas de minas inseguras, las cuales no han podido reanudar sus trabajos porque su infraestructura deficiente, les impide sobreponerse al desastre, a diferencia de los yacimientos que cuentan con condiciones de seguridad e higiene.
AYUDA INSUFICIENTE
Las pérdidas de las y los habitantes de la zona carbonífera coahuilense no podrán superarse con las ayudas salariales para 7 mil trabajadores o los 5 mil pesos que el gobierno otorga para que las familias repongan sus bienes, ya que resultan “insuficientes” e incluso “ofensivas”, sostiene la OFPC. Tras las intensas lluvias, el gobernador, Humberto Moreira prometió asegurar el salario “un par de semanas” para 7 mil mineros, de los 10 mil que se calcula trabajan en la región, y cuyas minas resultaron afectadas por las inundaciones. La destrucción derivada de las tormentas e inundaciones “predecibles” en Coahuila, ocasionadas por el huracán Alex, que entró al norte del país hace 13 días, evidenció “una vez más” la pobreza y marginación en la que se encuentran los mineros del carbón y sus familias.
La dimensión de la catástrofe en la región es “imposible de determinar”, así como el número de trabajadores afectados por la inundación de las minas y pocitos de los municipios coahuilenses de Nueva Rosita, San Juan Sabinas, Juárez y Progreso. Ello se debe a que las autoridades ignoran el número, ubicación y quiénes explotan las minas, y en consecuencia las condiciones en las que operan. Desde el siniestro registrado en 2006, se evidenció la falta de conocimiento de las autoridades acerca del funcionamiento de los yacimientos en la región carbonífera, los datos con los que cuentan las diferentes autoridades en la materia no coinciden.
Por ejemplo, la Subdirección General de la Dirección de Minas del Estado de Coahuila, dice que existen 672 minas, pero en sus informes indica que son 125 minas grandes y medianas y 70 pequeños productores. Mientras que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social informó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que hay “aproximadamente” 60 minas.
Pese al desconocimiento de la problemática, ninguna autoridad reconoce que existen minas clandestinas, sin embargo, “la mitad de los casos que hemos documentado de 2006 al mes de mayo de 2010, la mitad son ilegales o clandestinas”, asegura la OFPC, que en mayo pasado entregó un informe detallado de la zona carbonífera a la OIT.
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