SEMlac
Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe
Adital
Por Sara Lovera
(saralovera@yahoo.com.mx)
México, agosto (Especial de SEMlac).- La violencia en México involucra a civiles de todo tipo y ello incluye a periodistas hombres y mujeres que escriben y denuncian violaciones de derechos humanos, actividad que hoy en día se torna vulnerable y peligrosa.
La situación existente, con la ejecución de 82 periodistas, 15 desapariciones y más de 300 quejas por amenazas, define al país como el más peligroso en las Américas para la actividad informativa, según organismos nacionales e internacionales de prensa.
El asesinato de Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera del diario Notiver, de Veracruz, sucedido el lunes 25 de julio, hizo saltar una maraña de supuestos, versiones encontradas, filtración desde las autoridades a partir de grabaciones, e informes diversos, mientras que los mandos judiciales no hacen investigación ni rinden cuentas, lo cual genera un arco infinito de impunidad.
Además, se trató de un crimen extremadamente violento pues la periodista, que cubría para su medio temas de seguridad y narcotráfico, fue degollada. Su cuerpo fue hallado en la colonia Jardines de Virginia, del municipio de Boca del Río, luego que .vecinos del lugar alertaran a los uniformados del hallazgo. Hacía 48 horas que Ordaz estaba desaparecida.
Hasta ahora y desde que organizaciones no gubernamentales hacen el recuento de asesinatos, desapariciones y amenazas a periodistas y medios de comunicación, se desató una ola de temor, al punto que a partir del crimen de Ordaz, algunos profesionales del ramo huyeron del país, de la misma forma en que una docena de defensores de Derechos Humanos partió a vivir a Estados Unidos.
Los hechos están cada día más enmarañados, sostuvo Omar Raúl Martínez, presidente de la Casa de Protección a Periodistas del Distrito Federal y dirigente de la fundación Manuel Buen Día, y afirmó que, como nunca antes, estamos frente a un muro de especulaciones poco claras.
En el mismo sentido, Agniezka Raczynsca, presidenta de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, dijo en entrevista con SEMlac que en el México de hoy la crisis de seguridad y respeto a los derechos humanos está tan poco clara que no existe la más mínima transparencia ni para el señalamiento de presuntos responsables ni para la defensa y protección de los derechos humanos.
Durante el último año se han establecido mesas de diálogo con las autoridades, y éstas últimas, aún antes de iniciar cualquier conversación, alegan que tanto los periodistas como los defensores de los derechos humanos tienen vínculos con el crimen organizado, sostuvo Raczynsca.
Hasta los años setenta y ochenta del siglo pasado, las violaciones a los derechos humanos estaban claramente ubicadas en el gobierno o sus agentes, pero desde que en 2006 el ejecutivo de la nación lanzó una guerra contra el crimen organizado, cuyo último dato oficial de ejecuciones es de 55.000 civiles, la confusión es mayúscula. ¿Quién es criminal y quién no?
La entrevistada afirmó que, hace menos de un año, la Constitución de la República fue modificada para poner en el artículo primero el derecho a los derechos humanos.
El gobierno ha signado toda clase de documentos comprometiéndose a defenderlos pero, al mismo tiempo, el secretario de la Armada, Mariano Francisco Saynez, dijo que las defensorías están implicadas en el crimen, y el procurador del Estado de Veracruz, Reynaldo Escobar Pérez, a raíz del asesinato de la periodista, sostuvo que ella tenía nexos con los Zetas -nomenclatura dada al paramilitarismo-, cuyas acciones en Veracruz han sido reiteradamente denunciadas.
Un mes antes del asesinato de la reportera Ordaz (el 20 de junio), Miguel Ángel López Velasco, periodista y columnista del mismo diario, fue ultimado junto a su esposa e hijo menor en su domicilio de la ciudad de Veracruz. Hasta la fecha, los responsables de estos crímenes tampoco han sido identificados.
Solamente en el estado de Veracruz, considerada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos una de las cinco entidades de mayor inseguridad, se cuentan 10 periodistas asesinados desde el 2003, y cuatro están desparecidos.
Desde hace seis años la prensa veracruzana vive bajo presión y amenazas. El diario Notiver sostuvo en un editorial, tras la muerte de Ordaz, que han sufrido amenazas de todo tipo, desde secuestros hasta 'levantones', en referencia esto último a los apresamientos extrajudiciales.
La publicación señaló que se trabaja "con todos los riesgos y sin ningún apoyo de la autoridad, ésta no existe, no funciona, es invisible y en el peor de los casos o sea casi siempre, cómplice de los criminales; si no cómo se explica su existencia, impunidad y operación a la luz del día".
Con el asesinato de Ordaz son cinco profesionales de la comunicación asesinados este 2011 en México, cuatro de ellos en Veracruz.
Los restos de Noel López Olguín, reportero de los semanarios Horizonte y Noticias de Acayucan y del diario La Verdad, fueron encontrados el 1 de junio en Jáltipan, tras su desaparición el 8 de marzo; Miguel Ángel López Velasco, columnista y subdirector de Notiver, más conocido como Milo Vera, su hijo, el también reportero gráfico Misael López Solana, y su esposa, Agustina Solana, fueron asesinados en su casa el pasado 20 de junio.
Con el asesinato de Yolanda, los periodistas ultimados desde el año 2000 suman 82, así como dos desaparecidos de los 14 contabilizados.
Amplia preocupación
Tras esta última muerte -la octava mujer periodista asesinada en 23 años- se desató una reacción en cadena de múltiples aristas, y el tema alcanzó gran notoriedad en algunos diarios, la radio y la televisión. Pero lo cierto es que hasta la fecha ninguno de esos crímenes ha sido resuelto.
Las protestas provinieron de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), integrada por empresarios de la comunicación, Reporteros sin Fronteras, la Federación Latinoamericana de Prensa y muchas más, hasta organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional.
La SIP sostiene que, en los primeros siete meses de 2011, 19 periodistas fueron asesinados en América Latina. Preocupa, además, que esos casos no estén focalizados solo en México, sino extendidos por Honduras, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela.
Además, tal como las autoridades mexicanas dicen, "implica que el narcotráfico, fuente principal de la violencia, está expandiendo sus tentáculos por toda la región".
Agrega que no existen garantías en plazas violentas, como Ciudad Juárez, donde policías, soldados y narcotraficantes están acusados por los mismos crímenes, así sean robos, extorsiones, secuestros y trata de personas; o en países como Honduras y Brasil, donde el crimen organizado tiene alto grado de consanguinidad con la corrupción política.
Frente a estas opiniones, periodistas libres y organizaciones de Derechos Humanos en México sostienen que las autoridades encubren los crímenes y que hasta el 60 por ciento de las acciones criminales contra periodistas provienen de caciques locales, gobiernos estatales o federal y hasta de partidos políticos.
Lo cierto, dice la defensora de Derechos Humanos Agniezka Raczynsca, es que la opacidad impide ubicar correctamente a los presuntos responsables en cada caso.
Las consecuencias
Según el último informe sobre la violencia publicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las entidades con mayor índice de violencia del país son el estado de Chihuahua (4.747 homicidios), seguido de Sinaloa (2.505), estado de México (2.096), Guerrero (1.629), Baja California (1.539), Durango (1.197), Jalisco (1.074), Nuevo León (994) y Tamaulipas (970).
De acuerdo con informaciones enviadas desde Veracruz a SEMlac, nueve reporteros abandonaron ese lugar tras la muerte de Ordaz. Cinco de ellos laboraban para Notiver y otros medios reasignaron a sus reporteros de la fuente policíaca por temor.
Se informó que de una estación de radio -que no identifica- decidió quitar de su portal de Internet la sección policial y reasignó a sus reporteros encargados de cubrir esas fuentes.
Por otra parte, trascendió que horas después del hallazgo del cuerpo de Ordaz cerca del edificio del periódico Imagen del Golfo, en el fraccionamiento Jardines del Virginia, los reporteros de la fuente policíaca de ese rotativo presentaron una renuncia colectiva ante el temor de que el asesinato de la mujer fuera en realidad un mensaje contra ellos.
Las mujeres periodistas
Las organizaciones de defensa de la libertad de expresión estiman que entre 13 y 20 por ciento de las agresiones a la prensa en México están dirigidas a mujeres de esa profesión; sin embargo, no existe información suficiente y desagregada por género en los informes.
Por otra parte, el estudio "El crimen silenciado: violencia sexual y periodistas", realizado por Lauren Wolfen con apoyo de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios, destaca que estigmas sociales y culturales y el temor a ser reasignados a otras labores, lleva a las y los periodistas víctimas de abuso sexual a no denunciarlo.
Una investigación emprendida por SEMlac en marzo pasado dejó claro que en 2008 fueron asesinadas dos comunicadoras indígenas: Teresa Bautista y Felícitas Martínez.
Igualmente se pudo establecer que muchas mujeres periodistas sufrieron, en cinco años, decenas de agresiones y diversas amenazas. Periodistas organizadas señalan que entre 2001 y 2010 desaparecieron 12 reporteras.
María Esther Aguilar Casimbre, del periódico Cambio de Michoacán, fue reportada desaparecida el 11 de noviembre de 2009, en la ciudad de Zamora, Michoacán. Rebeca Luna Jiménez, del diario PM de Oaxaca, fue agredida en abril de 2009, sufrió persecución, amenazas, amago y el robo de su computadora. Nuevamente el 15 de febrero de 2011 fue agredida por elementos de la Policía Federal Preventiva que intentaron arrebatarle su cámara y grabadora.
Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea, recibió amenazas -incluso de muerte-. Es vigilada y perseguida física y judicialmente desde hace casi dos años por empresarios y funcionarios muy poderosos.
Esta periodista pide no centrar la atención sólo en los ataques a ella y sus compañeras y compañeros de Contralínea - de por sí un hecho muy grave-, sino en investigar las denuncias periodísticas que originaron esta persecución, donde demuestra claramente cómo altos funcionarios del gobierno y empresarios se están haciendo millonarios con negocios en Petróleos Mexicanos.
En 2010 la cifra de asesinatos fue de siete periodistas que fueron ultimados en circunstancias sospechosas y relacionadas con su labor. Una de ellas fue María Elvira Hernández Galeana, baleada el 29 de junio de 2010.
A lo largo del año 2008, se registraron 126 agravios contra periodistas, según el Centro de Periodismo y Ética Pública y Reporteros Sin Fronteras.
Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe
Adital
Por Sara Lovera
(saralovera@yahoo.com.mx)
México, agosto (Especial de SEMlac).- La violencia en México involucra a civiles de todo tipo y ello incluye a periodistas hombres y mujeres que escriben y denuncian violaciones de derechos humanos, actividad que hoy en día se torna vulnerable y peligrosa.
La situación existente, con la ejecución de 82 periodistas, 15 desapariciones y más de 300 quejas por amenazas, define al país como el más peligroso en las Américas para la actividad informativa, según organismos nacionales e internacionales de prensa.
El asesinato de Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera del diario Notiver, de Veracruz, sucedido el lunes 25 de julio, hizo saltar una maraña de supuestos, versiones encontradas, filtración desde las autoridades a partir de grabaciones, e informes diversos, mientras que los mandos judiciales no hacen investigación ni rinden cuentas, lo cual genera un arco infinito de impunidad.
Además, se trató de un crimen extremadamente violento pues la periodista, que cubría para su medio temas de seguridad y narcotráfico, fue degollada. Su cuerpo fue hallado en la colonia Jardines de Virginia, del municipio de Boca del Río, luego que .vecinos del lugar alertaran a los uniformados del hallazgo. Hacía 48 horas que Ordaz estaba desaparecida.
Hasta ahora y desde que organizaciones no gubernamentales hacen el recuento de asesinatos, desapariciones y amenazas a periodistas y medios de comunicación, se desató una ola de temor, al punto que a partir del crimen de Ordaz, algunos profesionales del ramo huyeron del país, de la misma forma en que una docena de defensores de Derechos Humanos partió a vivir a Estados Unidos.
Los hechos están cada día más enmarañados, sostuvo Omar Raúl Martínez, presidente de la Casa de Protección a Periodistas del Distrito Federal y dirigente de la fundación Manuel Buen Día, y afirmó que, como nunca antes, estamos frente a un muro de especulaciones poco claras.
En el mismo sentido, Agniezka Raczynsca, presidenta de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, dijo en entrevista con SEMlac que en el México de hoy la crisis de seguridad y respeto a los derechos humanos está tan poco clara que no existe la más mínima transparencia ni para el señalamiento de presuntos responsables ni para la defensa y protección de los derechos humanos.
Durante el último año se han establecido mesas de diálogo con las autoridades, y éstas últimas, aún antes de iniciar cualquier conversación, alegan que tanto los periodistas como los defensores de los derechos humanos tienen vínculos con el crimen organizado, sostuvo Raczynsca.
Hasta los años setenta y ochenta del siglo pasado, las violaciones a los derechos humanos estaban claramente ubicadas en el gobierno o sus agentes, pero desde que en 2006 el ejecutivo de la nación lanzó una guerra contra el crimen organizado, cuyo último dato oficial de ejecuciones es de 55.000 civiles, la confusión es mayúscula. ¿Quién es criminal y quién no?
La entrevistada afirmó que, hace menos de un año, la Constitución de la República fue modificada para poner en el artículo primero el derecho a los derechos humanos.
El gobierno ha signado toda clase de documentos comprometiéndose a defenderlos pero, al mismo tiempo, el secretario de la Armada, Mariano Francisco Saynez, dijo que las defensorías están implicadas en el crimen, y el procurador del Estado de Veracruz, Reynaldo Escobar Pérez, a raíz del asesinato de la periodista, sostuvo que ella tenía nexos con los Zetas -nomenclatura dada al paramilitarismo-, cuyas acciones en Veracruz han sido reiteradamente denunciadas.
Un mes antes del asesinato de la reportera Ordaz (el 20 de junio), Miguel Ángel López Velasco, periodista y columnista del mismo diario, fue ultimado junto a su esposa e hijo menor en su domicilio de la ciudad de Veracruz. Hasta la fecha, los responsables de estos crímenes tampoco han sido identificados.
Solamente en el estado de Veracruz, considerada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos una de las cinco entidades de mayor inseguridad, se cuentan 10 periodistas asesinados desde el 2003, y cuatro están desparecidos.
Desde hace seis años la prensa veracruzana vive bajo presión y amenazas. El diario Notiver sostuvo en un editorial, tras la muerte de Ordaz, que han sufrido amenazas de todo tipo, desde secuestros hasta 'levantones', en referencia esto último a los apresamientos extrajudiciales.
La publicación señaló que se trabaja "con todos los riesgos y sin ningún apoyo de la autoridad, ésta no existe, no funciona, es invisible y en el peor de los casos o sea casi siempre, cómplice de los criminales; si no cómo se explica su existencia, impunidad y operación a la luz del día".
Con el asesinato de Ordaz son cinco profesionales de la comunicación asesinados este 2011 en México, cuatro de ellos en Veracruz.
Los restos de Noel López Olguín, reportero de los semanarios Horizonte y Noticias de Acayucan y del diario La Verdad, fueron encontrados el 1 de junio en Jáltipan, tras su desaparición el 8 de marzo; Miguel Ángel López Velasco, columnista y subdirector de Notiver, más conocido como Milo Vera, su hijo, el también reportero gráfico Misael López Solana, y su esposa, Agustina Solana, fueron asesinados en su casa el pasado 20 de junio.
Con el asesinato de Yolanda, los periodistas ultimados desde el año 2000 suman 82, así como dos desaparecidos de los 14 contabilizados.
Amplia preocupación
Tras esta última muerte -la octava mujer periodista asesinada en 23 años- se desató una reacción en cadena de múltiples aristas, y el tema alcanzó gran notoriedad en algunos diarios, la radio y la televisión. Pero lo cierto es que hasta la fecha ninguno de esos crímenes ha sido resuelto.
Las protestas provinieron de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), integrada por empresarios de la comunicación, Reporteros sin Fronteras, la Federación Latinoamericana de Prensa y muchas más, hasta organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional.
La SIP sostiene que, en los primeros siete meses de 2011, 19 periodistas fueron asesinados en América Latina. Preocupa, además, que esos casos no estén focalizados solo en México, sino extendidos por Honduras, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela.
Además, tal como las autoridades mexicanas dicen, "implica que el narcotráfico, fuente principal de la violencia, está expandiendo sus tentáculos por toda la región".
Agrega que no existen garantías en plazas violentas, como Ciudad Juárez, donde policías, soldados y narcotraficantes están acusados por los mismos crímenes, así sean robos, extorsiones, secuestros y trata de personas; o en países como Honduras y Brasil, donde el crimen organizado tiene alto grado de consanguinidad con la corrupción política.
Frente a estas opiniones, periodistas libres y organizaciones de Derechos Humanos en México sostienen que las autoridades encubren los crímenes y que hasta el 60 por ciento de las acciones criminales contra periodistas provienen de caciques locales, gobiernos estatales o federal y hasta de partidos políticos.
Lo cierto, dice la defensora de Derechos Humanos Agniezka Raczynsca, es que la opacidad impide ubicar correctamente a los presuntos responsables en cada caso.
Las consecuencias
Según el último informe sobre la violencia publicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las entidades con mayor índice de violencia del país son el estado de Chihuahua (4.747 homicidios), seguido de Sinaloa (2.505), estado de México (2.096), Guerrero (1.629), Baja California (1.539), Durango (1.197), Jalisco (1.074), Nuevo León (994) y Tamaulipas (970).
De acuerdo con informaciones enviadas desde Veracruz a SEMlac, nueve reporteros abandonaron ese lugar tras la muerte de Ordaz. Cinco de ellos laboraban para Notiver y otros medios reasignaron a sus reporteros de la fuente policíaca por temor.
Se informó que de una estación de radio -que no identifica- decidió quitar de su portal de Internet la sección policial y reasignó a sus reporteros encargados de cubrir esas fuentes.
Por otra parte, trascendió que horas después del hallazgo del cuerpo de Ordaz cerca del edificio del periódico Imagen del Golfo, en el fraccionamiento Jardines del Virginia, los reporteros de la fuente policíaca de ese rotativo presentaron una renuncia colectiva ante el temor de que el asesinato de la mujer fuera en realidad un mensaje contra ellos.
Las mujeres periodistas
Las organizaciones de defensa de la libertad de expresión estiman que entre 13 y 20 por ciento de las agresiones a la prensa en México están dirigidas a mujeres de esa profesión; sin embargo, no existe información suficiente y desagregada por género en los informes.
Por otra parte, el estudio "El crimen silenciado: violencia sexual y periodistas", realizado por Lauren Wolfen con apoyo de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios, destaca que estigmas sociales y culturales y el temor a ser reasignados a otras labores, lleva a las y los periodistas víctimas de abuso sexual a no denunciarlo.
Una investigación emprendida por SEMlac en marzo pasado dejó claro que en 2008 fueron asesinadas dos comunicadoras indígenas: Teresa Bautista y Felícitas Martínez.
Igualmente se pudo establecer que muchas mujeres periodistas sufrieron, en cinco años, decenas de agresiones y diversas amenazas. Periodistas organizadas señalan que entre 2001 y 2010 desaparecieron 12 reporteras.
María Esther Aguilar Casimbre, del periódico Cambio de Michoacán, fue reportada desaparecida el 11 de noviembre de 2009, en la ciudad de Zamora, Michoacán. Rebeca Luna Jiménez, del diario PM de Oaxaca, fue agredida en abril de 2009, sufrió persecución, amenazas, amago y el robo de su computadora. Nuevamente el 15 de febrero de 2011 fue agredida por elementos de la Policía Federal Preventiva que intentaron arrebatarle su cámara y grabadora.
Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea, recibió amenazas -incluso de muerte-. Es vigilada y perseguida física y judicialmente desde hace casi dos años por empresarios y funcionarios muy poderosos.
Esta periodista pide no centrar la atención sólo en los ataques a ella y sus compañeras y compañeros de Contralínea - de por sí un hecho muy grave-, sino en investigar las denuncias periodísticas que originaron esta persecución, donde demuestra claramente cómo altos funcionarios del gobierno y empresarios se están haciendo millonarios con negocios en Petróleos Mexicanos.
En 2010 la cifra de asesinatos fue de siete periodistas que fueron ultimados en circunstancias sospechosas y relacionadas con su labor. Una de ellas fue María Elvira Hernández Galeana, baleada el 29 de junio de 2010.
A lo largo del año 2008, se registraron 126 agravios contra periodistas, según el Centro de Periodismo y Ética Pública y Reporteros Sin Fronteras.
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