Reiteran exigencia de que haya mecanismo de seguridad
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 12 ago 11 (CIMAC).- A pesar de la simulación del Estado mexicano en la “protección” a las y los defensores de Derechos Humanos (DH), y el clima de impunidad prevaleciente ante las agresiones del crimen organizado y las fuerzas de seguridad, las y los activistas recalcaron que no detendrán su labor por la vigencia de las garantías humanitarias.
Así lo manifestaron durante la inauguración del cuarto encuentro nacional de defensoras y defensores “La defensa de los Derechos Humanos y el ejercicio del periodismo: una labor peligrosa”, en la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en esta capital.
Activistas de distintos estados del país denunciaron que las y los defensores de DH, al igual que el gremio periodístico, son víctimas de agresiones y de hostigamiento por parte de criminales y cuerpos de seguridad del Estado, por lo que reiteraron su demanda de garantías para realizar su trabajo.
Alejandra Nuño, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización internacional especialista en el litigio ante el sistema interamericano de DH, dijo que México aún tiene pendiente un mecanismo de protección para defensores y defensoras.
Explicó que aunque el 7 de julio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se establecen las bases para la instalación de un mecanismo de protección de defensoras y defensores de los DH, su implementación aún es una deuda pendiente que a la brevedad debe ser resarcida.
De acuerdo con un informe de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del 1 de enero de 2006 al 31 de agosto de 2009 hubo 128 presuntas agresiones contra activistas; sin embargo, las agresiones lejos de reducirse van en aumento.
En el caso de mujeres activistas, durante 2010 fueron asesinadas tres defensoras: Marisela Escobedo y Josefina Reyes (ambas en Chihuahua), y Beatriz Cariño (en Oaxaca). Este año fueron ultimadas Susana Chávez, Malena Reyes y Luisa Ornelas, las tres en la entidad fronteriza.
Ante este escenario, el encuentro –que concluirá mañana– tiene como objetivo construir indicadores que constaten el riesgo que enfrentan defensores de DH y periodistas, con el fin de contribuir a la creación de un mecanismo eficiente de protección.
En opinión de Alejandra Nuño, las medidas de seguridad ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de 34 personas en Chihuahua y 107 en Guerrero, reflejan el peligro que hoy viven las y los activistas en todo el país.
Por lo anterior afirmó que las acciones de protección, así como la investigación de agresiones y actos de hostigamiento, son una cuestión urgente toda vez que muchas personas están saliendo del país al ver en riesgo su vida e integridad personal y al no contar con seguridad por parte del Estado.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera, dijo que las y los activistas no están pidiendo protección sino libertad. “Queremos nuestra libertad para defender la vida. Queremos trabajar con libertad. Queremos libertad porque enfrente tenemos mucho trabajo, eso es todo”, sostuvo.
Asimismo mencionó que no están pidiendo “migajas” y explicó que las y los defensores no pueden seguir confiando en que el Estado va a implementar un mecanismo “de defensa” y explicó que los activistas no pueden olvidar su labor a favor de la sociedad.
Cabe recordar que el acuerdo entre la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y otras entidades federales se presentó durante la reciente visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
En julio pasado, Pillay reconoció el trabajo de las y los activistas, en especial la labor de las defensoras que fomentan la protección de los DH en contextos de inseguridad y poniendo en riesgo su vida.
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