Trata de personas y participación ciudadana

Miguel Concha

La participación de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas puede atravesar por diferentes retos, entre otros que la misma crítica, e inclusive el disenso con las autoridades, sean respetados, y que se considere la concurrencia de la sociedad en su debida dimensión como un acto valioso y consecuente. Que su intervención se acompañe también de la garantía de que pueda manifestar sus diferencias y elaborar propuestas desde su experiencia, y que efectivamente tengan peso en las discusiones de los espacios y en las decisiones que se tomen. Otro reto es que se respeten las diversas formas de participación; esto es, la posibilidad que tiene la sociedad, por su pluralidad, de participar en mesas de trabajo, y además llevar a cabo marchas, jornadas culturales, etcétera. Expresiones no sólo legitimas, sino que no se excluyen, y por el contrario se refuerzan entre sí. De otra forma se caería en dinámicas de simulación en espacios oficiales en los que se pretendiera otorgar, como una especie de concesión graciosa, la presencia de la sociedad, aunque limitada a asentir con docilidad bovina.

En ese escenario, lo que se estaría incentivando es la suplantación de la ciudadanía por siervos y lacayos. El 19 de julio pasado representantes de varias organizaciones civiles, que forman parte de la Iniciativa Popular contra la Trata de Personas, marcharon pacíficamente en la ciudad de Tlaxcala. El motivo de su movilización era acudir a la sede del Consejo Estatal contra la Trata de Personas, que se encontraba en esos momentos sesionando, para entregar una propuesta ciudadana acerca de la estrategia para prevenir, atender y sancionar dicho delito en ese estado.

A partir de 2004 este movimiento se ha desarrollado como una respuesta en contra de la trata de personas, en particular mujeres, para la explotación sexual, problemática reconocida en la realidad tlaxcalteca. Compuesto por diferentes grupos comunitarios promotores de los derechos humanos, organizaciones civiles y personas comprometidas, el movimiento Iniciativa Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y la Trata de Personas cuenta ya entre sus logros los siguientes:

A) Haber visibilizado la problemática de la trata de personas, así como el reconocimiento público de la existencia en Tlaxcala de redes de tratantes para la explotación sexual;

B) Campañas ciudadanas contra éstas;

C) La tipificación del delito de trata de personas en el estado;

D) La generación de una ley estatal para prevenir y sancionar este delito; y,

E) Que la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el Consejo Estatal contra la Trata de Personas esté garantizada con voz y voto. El tema de la trata de personas no es menor, pues no solamente constituye un delito grave, sino que también es una violación a varios derechos humanos importantes: vida, libertad, autodeterminación, salud y libre desarrollo de la personalidad.

El municipio de Tenancingo en Tlaxcala, mencionado en el apartado sobre México en el Informe sobre la Trata de Personas, de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, correspondiente a 2011, está identificado claramente como un lugar importante de origen de víctimas mexicanas de trata para la explotación sexual en México y Estados Unidos. Junto con Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca, es uno de los que procede la mayoría de las víctimas identificadas. Es entonces legítimo que la sociedad organizada presente propuestas respecto de la estrategia gubernamental para enfrentar una problemática bien identificada en ese estado. Lamentablemente la propuesta ciudadana, enriquecida con las observaciones de las organizaciones civiles que conforman la Iniciativa Popular, no pudo ser presentada directamente ese día ante el consejo, sino que por el contrario se mantuvo a la ciudadanía bajo la lluvia y fuera de la Secretaría de Gobierno, permitiendo al cabo de alrededor de una hora que una pequeña comisión, integrada por tres personas, dejara el documento en la recepción de dicha dependencia.

Sin fecha fija, quedó pendiente en el consejo estatal la discusión y votación, tanto de la estrategia original, que elaboró la experta Bárbara Yllán, como de la iniciativa popular enriquecida por la sociedad civil. Esta estrategia pretende fundamentalmente establecer las máximas acciones para conseguir tres grandes objetivos:

1) Prevenir el delito;

2) Atender, proteger y reincorporar a las víctimas, y

3) Sancionar a los tratantes. Para lograrlo, se basará en cuatro enfoques para garantizar no sólo su construcción, sino también y sobre todo su eficacia:

1) Protección de derechos;

2) prevención del delito;

3) atención y protección integral e interdisciplinaria de las personas; y

4) enfoque de género. Dichos enfoques se materializarán en cuatro ejes de acción: prevención; atención y protección integral; coordinación de la administración pública estatal, e investigación y judicialización.

Hacemos votos por que la discusión sea fructífera y de ella emanen acciones idóneas para combatir este delito que atenta gravemente contra la dignidad de las personas. Como sociedad civil confiamos en que los espacios de participación se caractericen por la apertura a las demandas ciudadanas y sus diferentes expresiones, porque las personas que se dirigen a las autoridades en marchas pacíficas y organizadas merecen una consideración más sensible que la de ser atentamente invitadas a dejar sus escritos en una ventanilla. Y se espera que no se pretenderá reducir su participación a una especie de servidumbre civil, sentada en una mesa formalmente puesta para la discusión, pero materialmente inoperante, toda vez que se trata de espacios incapaces de abordar las inquietudes de la ciudadanía. Necesitamos nuevos modelos de diálogo, en los que la ciudadanía se vea como un aliado, no como un agente exógeno e intimidante.