Jueves 11 de agosto de 2011, p. 5
El acuerdo entre México y Estados Unidos para la operación en territorio nacional de integrantes de las agencias antidrogas (DEA) y Central de Inteligencia (CIA), así como del Pentágono, que trabajan conjuntamente con autoridades mexicanas en un centro de fusión e inteligencia para el combate al narcotráfico, forma parte de una carta de entendimiento
signada por ambos gobiernos hace 18 meses.
Según legisladores de varios partidos, los detalles de coordinación se concretaron durante la reunión entre los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama, el pasado marzo, y el acuerdo comenzó a operar hace dos meses, cuando los estadunidenses iniciaron trabajos de inteligencia y de planeación y ejecución de operativos contra los cárteles de la droga en una base militar ubicada en el norte de México.
El senador del PRI Carlos Jiménez Macías dijo que ha recibido información de la existencia de ese memorando de entendimiento, que confirma gran parte de lo publicado por The New York Times. Es uno de los puntos que el gobierno de Calderón debe explicar al Congreso, recalcó, ya que fue diseñado para violar las leyes mexicanas, mismas que prohíben la operación de fuerzas militares y policiacas extranjeras y la participación directa de otra nación en asuntos internos, sobre todo si son de seguridad nacional.
Otras fuentes en el Senado revelaron que, según esa carta de entendimiento, los responsables del centro de fusión –similar a los que usa Estados Unidos en Afganistán e Irak– son el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), por parte de México, y por Estados Unidos la CIA y la DEA.
Quienes conforman la base de Estados Unidos pertenecen, además de las dos agencias anteriores, al Departamento de Estado, la Oficina Federal de Investigación (FBI) y el Departamento de Defensa, con algunos integrantes del Comando Norte y del Pentágono.
Se sabe que los participantes en la operación por parte del Departamento de Defensa estadunidense son funcionarios civiles con experiencia castrense y algunos militares retirados. Ello es una trampa, ya que si fueran tropas se requeriría la autorización específica del Senado para poder estar en el país
, comentó el senador del PT Ricardo Monreal.
El legislador zacatecano dijo que tiene información de que se pretende dar un viso de legalidad a la presencia de los agentes de Estados Unidos en México, con el argumento de que no operan a espaldas del gobierno mexicano, sino que son parte de un esquema de cooperación “dentro de la guerra de Calderón contra el narco”, y que su presencia se enmarca en las reglas ya autorizadas por el Congreso para agentes extranjeros.
Una versión que circuló también en el Senado es que un selecto grupo de legisladores
estaba al corriente de ese acuerdo, pero la mayoría lo negó ayer. Para mí ha sido una sorpresa conocer que hay un acuerdo México-Estados Unidos para una acción conjunta en territorio mexicano. Esto tiene muchos filos que hay que evaluar, sin duda alguna, y por eso la Comisión Permanente aprobó ayer un punto de acuerdo en ese sentido
, comentó el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete.
Igualmente, el coordinador de los diputados del PRD, Armando Ríos Piter, rechazó que estuviera al tanto de ese operativo, al igual que el presidente de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional, el senador René Arce.
A su vez, Jiménez Macías (PRI) precisó que es grave la información que dio a conocer The New York Times, en el sentido de que agencias de seguridad de Estados Unidos operan en México. Otras fuentes legislativas sostuvieron, sin embargo, que en la carta de entendimiento no se plantea la incorporación de contratistas, ni hay una propuesta del gobierno de Obama en ese sentido.
Con respecto a los vuelos no tripulados sobre territorio nacional, la información del rotativo estadunidense es inexacta, toda vez que estaban operando seis o siete meses antes de la reunión de Calderón y Obama, el pasado 3 de marzo.
Ayer, durante el debate en la Permanente, el senador del PRD Pablo Gómez recordó que los sobrevuelos de naves no tripuladas de Estados Unidos en espacio aéreo mexicano, es uno de los asuntos en que no ha habido respuesta gubernamental, al igual que en el operativo Rápido y furioso.
Deben acreditar exámenes de confianza para ser interlocutores
Jueves 11 de agosto de 2011, p. 7
Funcionarios de alto nivel de áreas de seguridad y justicia del gobierno mexicano que trabajan
Según legisladores de varios partidos, los detalles de coordinación se concretaron durante la reunión entre los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama, el pasado marzo, y el acuerdo comenzó a operar hace dos meses, cuando los estadunidenses iniciaron trabajos de inteligencia y de planeación y ejecución de operativos contra los cárteles de la droga en una base militar ubicada en el norte de México.
El senador del PRI Carlos Jiménez Macías dijo que ha recibido información de la existencia de ese memorando de entendimiento, que confirma gran parte de lo publicado por The New York Times. Es uno de los puntos que el gobierno de Calderón debe explicar al Congreso, recalcó, ya que fue diseñado para violar las leyes mexicanas, mismas que prohíben la operación de fuerzas militares y policiacas extranjeras y la participación directa de otra nación en asuntos internos, sobre todo si son de seguridad nacional.
Otras fuentes en el Senado revelaron que, según esa carta de entendimiento, los responsables del centro de fusión –similar a los que usa Estados Unidos en Afganistán e Irak– son el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), por parte de México, y por Estados Unidos la CIA y la DEA.
como informantes para agencias del gobierno de Estados Unidos, revelaron que altos mandos de instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y la Procuraduría General de la República (PGR) tienen que acreditar exámenes de confianza
a que los someten diversas agencias estadunidenses que operan en territorio nacional, antes de ser considerados interlocutores o servidores confiables.
La presencia de corporaciones de Estados Unidos en acciones contra el crimen organizado en territorio mexicano no son exclusivas de la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), sino de al menos ocho instituciones relacionadas con temas de justicia, seguridad nacional, migración, aduanas y tráfico de armas, entre otros, y cuando se trata de casos considerados de alto impacto, como la detención de un capo o un gran decomiso de drogas, químicos o armamento, las reuniones con las contrapartes locales se realizan en un edificio que se localiza en Paseo de la Reforma 225, en la colonia Juárez del Distrito Federal.
Los datos que brindan los agentes extranjeros se consideran claves. Aportan información detallada del objetivo y su ubicación. Además, como si se tratara de un acto de supervisión, participan en los operativos que realizan las corporaciones mexicanas, y cuando éstas no cuentan con el equipo adecuado, los estadunidenses lo donan y capacitan en su uso a los funcionarios nacionales.
Esto tiene un costo: los funcionarios locales que participan en las investigaciones, en el intercambio de información y que realizan labores de inteligencia, son sometidos a exámenes de confianza por parte de los estadunidenses; la evaluación incluye aplicaciones en el iris de los sustentantes, que se considera un sistema más barato, eficiente, confiable y rápido que el polígrafo tradicional.
Las pruebas alcanzan a informantes de las agencias estadunidenses y funcionarios como la procuradora Marisela Morales; el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna; el comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas; sus principales operadores, así como altos mandos militares que sirven de enlaces.
Por lo que hace a la PGR, se aplican estas pruebas a quien esté al frente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y a los titulares de las unidades especializadas, como delitos contra la salud, secuestro, falsificación de moneda y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los exámenes de confianza que aplican las autoridades mexicanas a sus funcionarios no cuentan para las agencias de Estados Unidos.
Por otra parte, cuando las agencias estadunidenses quieren una captura o una incautación de alto impacto en México, las autoridades nacionales son informadas de los vínculos del presunto criminal, sus números telefónicos, los domicilios a los que acude, como ocurrió en el caso de Arturo Beltrán Leyva, abatido por elementos de la Secretaría de Marina el 15 de diciembre de 2009.
“Cuando les interesa una operación, los casos se arman en oficinas que se localizan en el edificio de Paseo de la Reforma 225. Las agencias de Estados Unidos ocupan dos pisos. Allí se intercambian expedientes con México y deciden qué hacer e incluso qué gobierno tiene más elementos para procesar el asunto de que se trate.
Antes de que se abrieran esas instalaciones, en la embajada estadunidense se acordó el caso de Zhenli Ye Gon. Las autoridades mexicanas pretendían obtener evidencia de los cuñetes de precursores químicos que manejaba el empresario de origen chino, porque los estadunidenses ya tenían las rutas, los puntos de arribo a México, sus operaciones y pidieron colaboración dando todos los datos para la captura
, señalaron las fuentes.
Oficialmente, en Paseo de la Reforma 225 se localiza la Oficina Bilateral de Seguimiento a la Iniciativa Mérida, pero “en realidad es un centro donde se determinan operaciones importantes contra grupos del crimen organizado, más por iniciativa o investigación de los estadunidenses, que por actuaciones mexicanas. “Por Estados Unidos acuden representantes de la DEA, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio Secreto, los marshalls, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y agregados de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia.
En tanto, el gobierno mexicano envía a miembros de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, así como de Seguridad Pública, Marina, Defensa Nacional, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y, en el caso de la PGR, dependiendo de la importancia del caso, se presentan los titulares de la institución, el subprocurador de la Siedo y los encargados de las unidades especializadas de los temas a tratar
, señalaron.
Cuando se trata de un operativo importante, los elementos de Estados Unidos “están presentes, participan en medio de los agentes mexicanos en las operaciones y cateos, donde no llevan armas y, para que no los reconozcan, no hablan y cubren sus rostros con pasamontañas y portan chalecos antibalas con siglas de alguna corporación mexicana o del Ministerio Público Federal.
“Tienen acceso inmediato a documentos y otras pruebas, y también toman fotografías del lugar para enviarlas a sus centros de operación –uno de ellos en Texas–, y realizan cruces de información que entregan a México o para que se encaucen las solicitudes de extradición.
No participan en los interrogatorios de los detenidos, porque todas las pruebas, declaraciones o información obtenida se les proporciona a través de los mecanismos formales
, revelaron los entrevistados.
Asimismo, para tener colaboradores eficaces en los funcionarios mexicanos, las agencias estadunidenses donan tecnología. “Por las carencias, principalmente se ha beneficiado a las unidades de la SIEDO con equipos que van desde computadoras hasta escáneres, detectores de dinero falso, explosivos y red de aplicaciones diversas, y para su manejo se capacita al personal fuera de los recursos de la Iniciativa Mérida.
Si bien los agentes estadunidenses en México no suman más de 400, su fuerza radica en el gran número de informantes y funcionarios que también han cooptado en localidades como Ciudad Juárez, Acapulco, Culiacán y Mazatlán, Tijuana, Manzanillo y Monterrey
, concluyeron los entrevistados.
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