Los contrapesos sociales

Porfirio Muñoz Ledo

La teoría de la división de poderes y su equilibrio proviene del siglo XVIII y se erigió como antídoto del absolutismo monárquico. Antes aun Carlos I de Inglaterra fue depuesto y ejecutado en 1649 para afirmar el poder de los comunes y establecer el primer sistema propiamente parlamentario.

Muchos vuelcos ha dado la historia desde entonces. En tiempos de globalización las preguntas son: ¿quiénes ejercen hoy el contrapeso de los poderes reales? y ¿quiénes representan el interés de los gobernados? Para que la democracia funcione razonablemente, la voluntad popular expresada en las urnas no debería ser secuestrada por fuerzas internas y externas de dominación. Alguien tendría que acudir en su auxilio.

La descalificación de Standard & Poors a la deuda del gobierno estadounidense es una intromisión ofensiva del gran dinero sobre la política. Mientras la pugna se mantuvo entre el Tea Party y las redes sociales hubo cierto balance, pero ante una agresión financiera de ese calado la democracia es derrotada, el acuerdo político se evapora y un Frankenstein irreverente se torna contra su creador: el sistema político estadounidense.

A tres años de la crisis toman de nuevo el poder quienes la provocaron. En palabras de rancho: el que manda, manda, y si se equivoca, vuelve a mandar. Oh, paradoja: la mayor potencia padeciendo el debilitamiento de los poderes públicos que el FMI recetó a los países obsecuentes de la periferia durante el ciclo neoliberal. La ilusión de unas Naciones Unidas de los pueblos suplantada por un poder supranacional amorfo y apátrida.

El concepto mismo de soberanía se halla en entredicho, aun entre los más poderosos. A nuestra escala, la capacidad de ejercer una política propia con independencia es una remota utopía. Cada wikileak que aparece es estigma de un país penetrado y humillado. Las revelaciones del The New York Times sobre la operación en bases mexicanas de agencias militares y policías extranjeros descubren un salto cualitativo en la intervención foránea: de la conducción estratégica y la información compartida a la actuación directa en el territorio.

Ése fue el sentido del cambio de embajador. Como ya lo habíamos anunciado: una escalada que nos lleva de la condición de Irak a la de Afganistán. El debate sobre la competencia de nuestras Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, siendo grave, se vuelve secundario. Nadie podría argumentar ahora que su objetivo es reforzar una seguridad nacional que de toda evidencia se ha vuelto inexistente en virtud de una ocupación pactada.

Se trata de acuerdos políticos, como los que solían sellar los regímenes autoritarios, al margen del derecho internacional y de la opinión pública. Algunos de ellos han sido disfrazados de “acuerdos ejecutivos” y de “acuerdos interinstitucionales” que ahora se pretenden legalizar a través de una oprobiosa minuta que reforma la Ley de Tratados. Si deseásemos extirpar el temor avanzado y restaurar nuestros márgenes de autonomía, habría que ir a la fuente del vaciamiento de la soberanía.

La relación intermitente entre los poderes y el Movimiento por la Paz podría ser la puerta que legitime los contrapesos sociales necesarios para librar el precipicio. En la Junta de Coordinación Política de la Cámara acordamos incorporar a sus representantes y “a los actores interesados” al trabajo de revisión del proyecto de Ley de Seguridad Nacional. Asimismo, aceptamos que “se mantendrá el debate sobre la totalidad de la minuta para “discutirla, analizarla, aprobarla, modificarla o, en su caso, rechazarla”.

Es una ocasión que no debiera dilapidarse. Es una invitación a la sociedad civil y la academia para establecer un “diálogo permanente, sincero y respetuoso” con el Congreso en torno a éste y otros temas cruciales de la agenda legislativa. No más intercambio de los sordos, sino una pista para construir desde abajo el nuevo andamiaje normativo.

Al pueblo movilizando y a la ley dando con el mazo de la dignidad y la razón.

Diputado del PT