José Enrique González Ruiz
cuando se trata de investigar
delitos cometidos bajo su protección
Nada de comisiones ciudadanas
Para quienes detentan el poder, en cualquiera de sus expresiones, es incómoda la intervención de los ciudadanos en los temas públicos. Les resulta indeseable lo que consideran una intromisión en su ámbito de acción exclusivo: el de la toma de decisiones. Por eso, los hombres y mujeres del sistema cierran filas cuando alguien propone que los crímenes de lesa humanidad sean indagados por una Comisión de la Verdad de conformación ciudadana.
De acuerdo con las reglas que el poder ha impuesto, a sus cargos sólo se accede mediante los mecanismos que él establece. Nadie que no forme parte de los partidos reconocidos ni participe en las elecciones programadas desde arriba, puede llegar a un puesto de poder. A menos que lo designe (y lo comprometa) uno de los que sí cumplen con esos requisitos.
En la prensa, casi solamente tienen espacio aquellos que se han adecuado a las normas imperantes. Las y los de a pié raramente son escuchados. Mayoritariamente, los espacios en los medios son ocupados por la clase política (que en buena cantidad de ocasiones paga por ello).
Por eso, la marginalidad es el sitio designado para quienes no admiten las directrices de los poderosos. Sólo aceptando las imposiciones, así sea en parte, se abre la posibilidad de que se publiquen verdades distintas a la oficial.
La Mediación está estancada
Para abrir camino hacia la solución de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el Estado pide concesiones:
a) Que los familiares de los detenidos desaparecidos den pruebas de ADN, para cotejarlas con las de algunos restos mortales que –por alguna extraña razón- las autoridades tienen en su poder.
b) Que los propios familiares de las víctimas acepten ser coadyuvantes del Ministerio Público, o que designen a alguien que lo sea.
c) Que la Comisión de Mediación admita que hay avances en la investigación, aunque hayan transcurrido más de cuatro años sin una sola evidencia de voluntad política de aclarar el caso.
Sin tomar en cuenta que está administrando la tregua que declaró el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el gobierno federal busca condiciones favorables para deshacerse del asunto sin resolverlo de fondo. No aporta un solo elemento que indique que trabaja con seriedad en el caso; no pasa de suposiciones y de indicios que apuntan a ninguna parte.
El estancamiento de la Mediación obedece a la ausencia de voluntad política para enfrentar con responsabilidad el problema, pues la Procuraduría General de la República aún tiene abierta la averiguación por privación ilegal de la libertad y no por desaparición forzada de persona. No se ha llamado a declarar a nadie de las personas mencionadas en la Recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y no existe un solo dato que apunte a encontrar a los responsables –intelectuales y materiales- de tan nefando crimen.
Parece que llegó la hora de la justicia internacional
No nos gusta a los mexicanos que nuestro país sea exhibido en el extranjero como sitio donde se viola sistemática y gravemente los Derechos fundamentales de las personas. Porque eso implica que siga divulgándose una imagen de barbarie y crueldad. Por eso nos duele cada una de las sentencias que ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero el gobierno no deja de otra. A cuatro años de la desaparición forzada de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, imposible negar a sus familiares el derecho a acudir a instancias internacionales. Les sobran motivos para llevar al caso al sistema interamericano o al universal.
Está en puerta otra condena al Estado mexicano por sus políticas antihumanas. Aunque a los gobernantes no les haga mella y no las cumplan, tienen un gran peso moral y contribuirán a que nuestro pueblo forje mejores y más útiles instituciones. Las de hoy están en serio predicamento.
8/agosto/11.
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