Por fin tenemos en este país una estrategia contra el crimen organizado que ahora manda en gran parte del territorio.
Y es que, al igual que algunas otras voces, estoy convencido de que es un error hablar de “la estrategia del gobierno en la guerra contra el narco”, porque simple y llanamente nunca la hubo. Lo que hemos vivido durante casi cinco años es un método elemental y, en más de un sentido, cavernario, que antepone la violencia generando una espiral tan sangrienta como inacabable. Un procedimiento rudimentario que prácticamente omite la inteligencia y en cambio ha optado por el fuego contra fuego sin importar quién queda en medio.
Por eso, ahora que los diputados comienzan el debate sobre las reformas a la Ley de Seguridad Nacional resulta no sólo oportuna sino sustancial esta gran propuesta que consta de 30 recomendaciones a los tres poderes de la Unión y seis compromisos de la propia UNAM. Primero porque es fruto de una confiabilísima reflexión colectiva de un centenar de expertos nacionales e internacionales convocados por el propio rector Narro en el Congreso sobre Seguridad y Justicia; luego, porque sus sugerencias son concretas y ajenas a intereses partidistas o de grupo. No es tampoco una censura o un regaño al gobierno. Se trata de una iniciativa vinculante y, ¿por qué no?, patriótica.
Para no pecar de ingenuidad, es obvio que será una propuesta incómoda para el gobierno y los gobiernistas que ya se apresuran a desdeñarla y descalificarla sin siquiera haberla leído. Harán muy mal, porque se trata —esta sí— de una estrategia integral que, si bien es discutible, puede ser la base de un gran debate nacional que debe darse en el Congreso.
Son muchas y diversas las virtudes de este documento histórico: propone un gran pacto político y social que reoriente nuestras instituciones de seguridad y justicia; antes que las balas, privilegia la prevención del delito; destaca la implementación de toda una serie de medidas para los jóvenes que incluyen desde programas para alejarlos del consumo de drogas, becas, empleos y hasta una Defensoría de la Juventud; establece políticas de reclutamiento para policías y ministerios públicos reinsertándolos en la comunidad, propone rediseñar e intensificar la persecución del lavado de dinero como elemento fundamental para desmembrar los cárteles del narcotráfico y sugiere replantear todos los esquemas de operación de las prisiones para restablecer el orden y la ley, así como despenalizar delitos no graves para descongestionar los reclusorios, entre otras medidas recomendadas por los especialistas.
Desde luego que el tema toral del documento presentado antier es el que se refiere al papel del Ejército y la Marina. Sin aspavientos, se prioriza “el diseño de un plan para el regreso de las Fuerzas Armadas a las funciones que le son naturales, tan pronto como sea posible”. En este punto es absolutamente previsible una férrea oposición del Presidente y sus huestes panistas porque justo es ahora que tratan de legalizar y elevar a rango constitucional la intervención de marinos y soldados para evitar cuestionamientos por el cúmulo de miles de denuncias por sus abusos y crímenes con el pretexto de su guerra al narco. Además de que, de entrada, todo lo que provenga de nuestra UNAM no es precisamente bien recibido por la cúpula panista en el poder. Baste decir que hay tan sólo un puma en el gabinete y mejor ni digo de quién se trata.
De cualquier manera, la batalla fundamental se dará en San Lázaro, donde nuestros diputados tienen una oportunidad irrepetible de cambiar el rumbo patético y violento que hemos seguido hasta ahora y que ha dejado 50 mil muertos, 100 mil desaparecidos y 120 mil desplazados. Optar, en cambio, por una alternativa moderna, inteligente, sensata y organizada para combatir al crimen organizado. Es ahora o nunca.
P.D. Para Paco Palencia, por el orgullo que nos da siendo nuestro capitán.
ddn_rocha@hotmail.com
Editorial La Jornada
n demanda de que el Estado cumpla su responsabilidad de ofrecer educación a todos los jóvenes, sin marginar a una inmensa mayoría que queda fuera de la enseñanza media y superior.
A reserva de esperar los resultados de la mesa de negociación instalada desde hace días entre estudiantes rechazados, autoridades universitarias y la Secretaría de Educación Pública, el carácter recurrente de estas movilizaciones, el creciente número de aspirantes que no alcanza acomodo en los ciclos mencionados y la situación de precariedad que enfrentan las universidades públicas ante la perspectiva constante de la reducción presupuestaria, constituyen signos preocupantes de un conflicto social que debiera ser atajado por las propias autoridades antes de que sea demasiado tarde.
Sería impreciso achacar la circunstancia de marginación educativa que padecen cientos de miles de jóvenes a un mal desempeño en los correspondientes exámenes de admisión: al fin de cuentas, sin soslayar las enormes deficiencias que arrastra buena parte de los egresados de los ciclos de enseñanza básica a cargo del Estado, esas pruebas están diseñadas para distribuir, entre un caudal cada vez mayor de aspirantes, un número reducido de lugares en las universidades públicas y en los planteles de bachillerato. Más que mecanismos de evaluación de conocimientos y habilidades, los procesos de admisión a la educación media y superior constituyen instrumentos de exclusión que remiten, inevitablemente, a las dinámicas económicas y sociales competitivas y darwinistas que se han impuesto en el país en décadas recientes y que preconizan la supervivencia de los más aptos
.
En esa circunstancia, la imposibilidad de acceder al bachillerato y a la universidad es vivida por miles de jóvenes como una cancelación terminante de sus horizontes de desarrollo profesional y personal. Tal percepción alimenta expresiones de descontento como las que se dieron en esta capital o como las que se realizan –en escala mucho mayor– en Chile, donde ayer mismo se manifestaron alrededor de cien mil personas en rechazo al modelo privatizador de la educación impuesto por las administraciones anteriores y profundizado por el gobierno de Sebastián Piñera.
En el caso de México, tal situación coloca a las universidades públicas ante la difícil perspectiva de enfrentar una presión social que, en todo caso, tendría que ir dirigida contra los defensores e impulsores del modelo económico vigente: al fin de cuentas, las primeras no pueden expandirse de la noche a la mañana para dar cabida a la totalidad de los aspirantes que buscan matricularse; los segundos, por su parte, han permitido el desarrollo de las tendencias privatizadoras en la educación; han propiciado el deterioro y, en algunos casos, la ruina de escuelas oficiales y universidades públicas, y han impulsado la conversión del conocimiento y la enseñanza –los cuales, por definición, no tienen precio– en mercancías sólo al alcance del mejor postor.
En lo inmediato, es deseable que las autoridades educativas logren acuerdos para colocar a la mayor cantidad posible de jóvenes rechazados en planteles de enseñanza media y superior. Es igualmente necesario que se revisen y corrijan deficiencias y vicios que privan en los niveles de educación básica, empezando por el abandono presupuestario y la entrega del control de esos ciclos a la cúpula charra que domina el magisterio.
Sin embargo, la solución real a la demanda de enseñanza en la zona metropolitana y en el país pasa necesariamente por el respeto al carácter universal de la educación en todos sus niveles, y ello no se logrará sin la ampliación de la oferta de plazas disponibles y sin la correspondiente creación de nuevas instituciones de educación superior. De otra manera, difícilmente podrá evitarse que cada vez más muchachos y muchachas se vean obligados, ante la escasez de perspectivas de vida, a buscar un futuro en la economía informal, en el mejor de los casos, o en las filas de la delincuencia, en el peor, y se estará asegurando, a mediano y largo plazos, la derrota del país ante la descomposición social.
Más de 7 millones de jóvenes en México no tienen empleo y no cursan ninguna opción escolar; más de 53 mil jóvene
s que buscaron una licenciatura en la UNAM (90% de aspirantes) fueron rechazados por falta de espacios, con porcentajes similares de rechazo en otras universidades públicas; las edades promedio de la mayor parte de los 50 mil muertos por asesinatos violentos ligados al crimen en lo que va del sexenio oscilan entre los 20 y los 25 años de edad; la edad media de los mexicanos que migran a Estados Unidos es de 24 años.
Con ese negro panorama para la juventud mexicana no sólo perdimos ya, entre la violencia, la migración y el desencanto, parte del llamado “bono demográfico” que, se supone, le daría al país un tiempo dorado en materia de productividad y crecimiento; estamos en riesgo de perder a una generación entera y, lo más grave, los jóvenes están alimentando a la sanguinaria industria del crimen, que encuentra en la desesperanza y la miseria de adolescentes y muchachos a una fresca y dispuesta carne de cañón, presta a cometer las peores atrocidades a cambio de una falsa expectativa de poder y riqueza.
¿Qué hacemos la sociedad y el gobierno para rescatar a esos jóvenes de las garras del crimen, de la muerte y del peligroso desánimo? Nada. Por eso, en la dramática inacción oficial y la indolente apatía social, las propuestas vertidas por la UNAM en su documento Seguridad y justicia en democracia, donde se proponen medidas concretas y políticas públicas para detener el lento desangre de nuestra juventud, deberían ser atendidas con carácter urgente por la clase gobernante.
Diseñar una política social que desarrolle modelos para ayudar a consumidores de drogas a aceptar su problema y solicitar tratamiento, establecer programas que reconozcan la heterogeneidad de los jóvenes y contemplen foros para su expresión y vinculación con la comunidad, así como programas para propiciar la permanencia o reinserción de los jóvenes en el sistema educativo, con insumos y mecanismos para su desarrollo laboral, son algunos planteamientos hechos por académicos e investigadores de la Universidad Nacional que urgen a una política de apoyo real y de rescate a la juventud como tema urgente en el país.
¿Qué han respondido los poderes del Estado mexicano a los planteamientos de la UNAM? Algunas reacciones de diputados y senadores que consideran “viables” las propuestas y ofrecen “analizarlas, estudiarlas”. Ningún pronunciamiento de un gobernador de algún estado y un extraño y sintomático silencio del presidente Felipe Calderón, que suena a soberbia.
En lugar de comentar o fijar posición sobre el documento que podría servir de base para frenar el caos de seguridad, violencia e injusticia en que se halla el país, lo más parecido a una respuesta de Calderón fue una declaración presumiendo que en su gobierno se incrementó en 7% la cobertura de la educación superior. Y aunque importante, lo que el presidente Calderón no dice es que, con todo y el aumento a la cobertura, ésta es claramente insuficiente y de las más bajas en la OCDE. Porque, aun con ese incremento, apenas uno de cada cuatro jóvenes de entre 20 y 29 años puede acceder a educación superior en México.
¿Sólo eso le alcanzó al Presidente para responder a una propuesta que podría, si se adoptan las medidas en el corto, mediano y largo plazos, sacar al país del peligroso caos en que se encuentra? De ser así, confirmaríamos que buena parte del problema que tenemos está en nuestros gobernantes y en su pequeñez y mezquindad; hasta que el enorme descontento que se acumula en los jóvenes, la mayoría de nuestra población actual, nos estalle en la cara.
NOTAS INDISCRETAS… Mientras Ernesto Cordero nos confirmó ayer en El Empujón que se va de Hacienda, pero no es “inminente” su salida, es decir, que se queda hasta el 8 de septiembre cuando entrega el Presupuesto 2012 —en foxiano lenguaje “entregas y te vas”— en los pasillos de la SHCP confirman que el equipo de Cordero ya ha sostenido varias reuniones con José Antonio Meade Kuribreña en las que se traza la estrategia de negociación del paquete fiscal con el Congreso. Es decir, se confirman dos cosas: que el sustituto de Cordero será su amigo Pepe Meade, y que al secretario le queda, exacto, un mes en el cargo… Hoy, en la elección del nuevo presidente del Trife, dos propuestas se enfrentan: el interés de reelección de María del Carmen Alanís y la experiencia y currículumn del magistrado Pedro Esteban Penagos. A estas alturas las cartas están echadas y los apoyos definidos. La apuesta de los magistrados deberá de ser por la certidumbre en el tribunal que se encargará de calificar las elecciones presidenciales del próximo año; ya se verá si deciden y votan en conciencia o si pesan las presiones políticas de todos los partidos, marcadamente el PRI, que apuesta por la reelección de Alanis, mientras que otra ala de magistrados promueve un cambio con Penagos. ¿Continuidad o renovación en el Trife?... Tropezón de los dados. Tocó serpiente.
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