Foto: Bernandino Hernández
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló hoy otro de los “daños colaterales” que ha traído consigo la guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente Felipe Calderón en su gestión.
Se trata del alarmante aumento del número quejas recibidas –3 mil 786 de enero de 2006 al 31 de mayo último– por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas indistintamente por elementos del Ejército y la Marina, y por miembros de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno en cateos ilegales que a la fecha han derivado en la emisión de 31 recomendaciones.
Los datos hablan por sí solos: En 2006, la CNDH recibió 234 quejas; en 2007 aumentó a 393; en 2008 se disparó a 964; en 2009 registró un ligero descenso, al registrarse 947; en 2010 tuvo un descenso, al acumularse 826, y en los primeros cinco meses del año en curso suman 422.
Por tal razón, el organismo que dirige Raúl Plascencia emitió este viernes la recomendación general número 19, en la que exhorta a los secretarios de la Defensa y la Armada de México, a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, a los gobernadores y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como a los procuradores estatales, a que en el ámbito de su competencia promuevan los cambios y modificaciones necesarias a la legislación para no incurrir más en ese tipo de actos.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación, la recomendación destaca que los cateos ilegales constituyen una práctica común de los elementos que integran los diferentes cuerpos policiales y las Fueras Armadas en auxilio a las labores de seguridad pública.
“La suma de quejas recibidas y violaciones registradas motiva a este organismo a pronunciarse al respecto, con la finalidad de lograr que las autoridades ajusten su actuación en las funciones de investigación y persecución del delito al marco constitucional y legal, con el fin de que se garantice el respeto a los derechos humanos”.
Además, subraya que los cateos ilegales “constituyen el inicio de una cadena de múltiples violaciones a derechos humanos”, porque no sólo se infringe el derecho a la inviolabilidad del domicilio, sino que se ejerce violencia física y psicológica/emocional, se realizan detenciones arbitrarias y, con frecuencia, se ocasiona un menoscabo en el patrimonio del ocupante del domicilio allanado.
En el informe, la CNDH plantea tipificar como delito el allanamiento y los cateos ilícitos, además de adicionar al Código Federal de Procedimientos Penales y a los códigos estatales los procedimientos de cateo establecidos en la Constitución, a fin de que el documento en que obre dicha orden otorgue certeza jurídica.
Asimismo, propone que se hagan las modificaciones necesarias para regular la obligación de solicitud de órdenes de cateo, en los casos en que se utilicen medios tecnológicos de cualquier naturaleza que invadan la privacidad de los domicilios.
La recomendación de la CNDH gira instrucciones a los elementos policiales e integrantes de las Fuerzas Armadas para eliminar en forma inmediata los cateos ilegales, y a los agentes del Ministerio Publico que notifiquen las irregularidades en la detención ante los órganos internos de control de las dependencias y que inicien averiguaciones previas correspondientes.
El organismo también urgió al Estado difundir el derecho a la inviolabilidad del domicilio y al debido proceso, para que los ciudadanos cuenten con elementos que impidan cateos ilegales y con las garantías que se tienen al declarar como testigo en un proceso.
Además, señala que la recomendación de carácter general no requiere aceptación por parte de las instancias destinadas; sin embargo, solicita que las pruebas correspondientes de su cumplimiento se envíen a la CNDH dentro de 30 días hábiles siguientes a su emisión.
En la investigación para elaborar el documento, la CNDH detectó que las autoridades policiales, ministeriales o militares que incurren en cateos ilegales suelen fabricar delitos y alterar en su reporte la forma de detención.
“La Comisión ha detectado en múltiples ocasiones que las autoridades que efectúan un cateo ilegal en un lugar en que no se llevaba a cabo ninguna actividad ilícita, construyen la flagrancia para tratar de justificar legalmente sus acciones, llegando al extremo de colocar armas, drogas y otros objetos para comprometer al involucrado”, señala la recomendación.
Además, encontró que comúnmente las personas son detenidas durante recorridos de rutina o por “actitud sospechosa”, lo que puede derivar en una detención arbitraria.
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