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3/21/2019

La disputa por la educación: los neoliberales se aferran a mercantilizarla

La lucha contra el neoliberalismo no ha acabado, a pesar de un nuevo gobierno que en el discurso condena claramente la política neoliberal. El reto ahora es desmontar uno de los triunfos más profundos que se había anotado el antiguo régimen: la reforma educativa. No se trata sólo de suspender la evaluación punitiva, sino de erradicar el carácter mercantil y recuperar el valor del trabajo académico como formador de seres humanos solidarios.


Trabajando, pescando y combatiendo
en su trabajo de carpintería o en su mina mojada.
Lo ataron y ahora es decidido soldado,
lo hirieron y hoy muestra su salud de manzana,
le cortaron las manos y hoy golpea con ellas,
lo enterraron y hoy vive cantando con nosotros.
Juan: es tuya la puerta y el camino,
la tierra es tuya, pueblo.
La verdad ha nacido contigo, de tu sangre.
A Juan, el pueblo.
 Pablo Neruda, Canto general
México vive un momento importante de su Historia. El régimen de opresión que representan las fuerzas que concertaron el “Pacto por México” sufrió una descomunal derrota el pasado 1 de julio del 2018. Treinta millones de mexicanos que votamos por el cambio le impedimos que repitiera el fraude electoral que estaba acostumbrado a hacer (y lo repetía con gran facilidad, como se vio el año pasado en el Estado de México, donde impuso a un heredero de la casta Del Mazo).
Ese triunfo comicial de los mexicanos y mexicanas nos colocó en la posibilidad de realizar transformaciones de fondo en el funcionamiento del aparato del poder. El candidato triunfador ofreció cosas importantes, entre las que destacan las de poner fin a la corrupción y terminar con la impunidad. Con sólo esos ofrecimientos que se cumplieran, se modificaría la forma de operación del Estado mexicano y podrían empezar a modificarse sustancialmente las relaciones sociales. Porque sabemos de sobra que son la corrupción y la impunidad dos plagas extendidas por todo el ser social y, señaladamente, en el político.
El sistema político, que desde sus inicios a principios del siglo XX estuvo dirigido por corruptos a los cuales garantizó la impunidad, dañó profundamente la convivencia entre las y los mexicanos. Por todos los poros de la sociedad se propagó esa terrible enfermedad, al grado de que muchas veces llegamos a considerarla incurable. Hoy podemos comenzar a derrumbarlo y construir otro que se base en el respeto y la solidaridad entre todos los habitantes de esta generosa patria.

La llegada del neoliberalismo

Nuestro pueblo tuvo el mérito de edificar, en medio de ese sistema viciado, un modelo educativo que respondió –en lo general– a las apremiantes necesidades y a las más nobles aspiraciones. Heredero de la tradición liberal juarista y del sector avanzado de la revolución de 1910-17 (el villismo y el zapatismo), luchó a brazo partido contra el analfabetismo, consiguió que la enseñanza básica llegara a la mayoría de los niños que la requieren, multiplicó las opciones en la educación media superior y levantó un importante edificio de nivel superior. El Artículo Tercero constitucional ha recogido lo esencial de esa lucha. Con avances y retrocesos, ese precepto es el más programático de los que contiene el actual texto de la Carta Magna.
Como todo ámbito de tensiones sociales, el educativo está siempre en movimiento. Recibe –para bien o para mal– las presiones de los grupos, sectores y clases que disputan el control de la sociedad. En lo general, ha primado siempre el pensamiento progresista, por lo que se han mantenido los principios de publicidad, laicidad y gratuidad en el quehacer educacional.
Aunque no ha sido la única, una de las ofensivas más fuertes y organizadas contra la educación es la que se desató al triunfo de la ideología neoliberal, que da cobertura a la globalización económica. Dio inicio en la década de 1980 con el documento llamado La Revolución Educativa, que firmó el entonces secretario de Educación Jesús Reyes Heroles. Los organismos internacionales de crédito aprovecharon la situación de endeudamiento de los países periféricos y les impusieron reglas de organización y funcionamiento de la economía, la política y la ideología (que incluye a la educación). [1]
Para las universidades públicas también diseñó el Banco Mundial una estrategia de neoliberalización: la representó el documento denominado Fortalezas y Debilidades de la UNAM, que firmó su entonces rector Jorge Carpizo y que desató la resistencia de los alumnos durante la movilización encabezada por el Consejo Estudiantil Universitario (CEU). Vendrían luego otras batallas como la gran huelga rebelde de 1999-2000, que detuvo la intentona de imponer los cambios ordenados por los organismos internacionales.
Ya para entonces se habían impuesto transformaciones a otras naciones, por medio de la violencia. Chile es el ejemplo que más conocemos, porque la dictadura militar de Augusto Pinochet se  entronizó sobre la sangre mártir de Salvador Allende y de miles de otros chilenos.
Con altas y bajas, llegamos al siglo XXI con un saldo favorable a los neoliberales. En 2010, éstos pensaron que estaban ya en condiciones de dar un golpe definitivo y elaboraron el Acuerdo de Cooperación México-OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para Mejorar la Calidad de la Educación en las Escuelas Mexicanas [2], en el que formularon 15 recomendaciones que se basaron en la idea central de “diseñar una estrategia de largo plazo” para cumplir los objetivos que buscaban. Nos interesa destacar las siguientes:
I. Consolidar una profesión docente de calidad. Punto 5: Abrir todas las plazas docentes a concurso. Punto 8: Evaluar todo el sistema para ayudar a mejorarlo.
II. Fomentar el liderazgo, la gestión y la participación social. Punto 10: Profesionalizar la formación y el nombramiento de directores. Punto 12: Incrementar la autonomía escolar para que los directores puedan contratar o despedir docentes. Punto 14: Fortalecer la participación social creando consejos escolares con poder e influencia real “sobre aspectos importantes”.
Este documento contiene los puntos esenciales de lo que después se llamaría reforma educativa: la evaluación del quehacer de los docentes para decidir sobre su ingreso, promoción y permanencia; el fortalecimiento del aparato evaluador (Instituto Nacional de Evaluación de la Educación); y la desaparición de la estabilidad en el empleo, pues el docente deja de ser trabajador (en lo sucesivo se le llamará “profesional docente”).

La aplicación práctica de la reforma educativa

Aun cuando el modelo neoliberal avanzó con éxito para sus impulsores en México, quienes forman “el gobierno que gobierna a los gobiernos” no estaban satisfechos. Al inicio de la segunda década del siglo XXI, la OCDE presionaba para que se efectuaran más ajustes políticos en el aparato del Estado. No había tomado posesión Enrique Peña Nieto, cuando vino Ángel Gurría Ordóñez [3] a llamarle la atención. Obtuvo en 2012 una declaración de intenciones de quien llegaría a la presidencia, en la que se comprometía a realizar los cambios que le eran “sugeridos”. Dijo Gurría que México es “el país con menor desarrollo relativo y mayores desigualdades de la OCDE”; y que aun cuando dedica un porcentaje considerable del producto interno bruto (PIB) a la educación, “tenemos el peor desempeño”.  Mencionó la necesidad de tres ejes para el cambio: a) reformas estructurales; b) política social; y c) crecimiento verde. Concluyó arengando: “Llegó el momento de salir de la mediocridad de la media tabla”.
Luego de la asunción de la presidencia, le trajeron a Peña Nieto un documento denominado Getting it right, donde Gurría se refirió a los 95 compromisos del Pacto por México (signados por los partidos Revolucionario Institutiocnal, PRI; Acción Nacional, PAN, y de la Revolución Democrática, PRD) como la base para los cambios. Confió en que sus reformas “llevarán a México a mejorar su desempeño económico, reducir las desigualdades y avanzar hacia un nivel más elevado de desarrollo para beneficio de todos los mexicanos” [4].
Apenas estrenando la Presidencia, Peña firmó con el PRD y el PAN el Pacto por México [5], al que asignaron tres objetivos: a) aumentar la calidad de la educación básica, de tal forma que esto se reflejara en las pruebas internacionales del tipo de PISA (sigla en inglés del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, de la OCDE); b) aumentar la matrícula y la calidad de la educación media superior y superior, y c) recuperar la rectoría del Estado en el sistema educativo nacional. Ya sabemos que la redacción de los documentos oficiales tiene que ser traducida a la realidad; en este caso, lo que se buscaba era: a) quedar bien con los banqueros globales que prestan recursos a los Estados endeudados, diciendo que estaban haciendo esfuerzos para lograr que los estudiantes de educación básica de México fueran capaces de aprobar las evaluaciones estandarizadas que los primeros aplican; b) anticipar que la reforma en la educación se propone alcanzar todos los niveles educativos, incluyendo el universitario, y c) quitar a los sindicatos toda intervención en las decisiones educativas, partiendo de la idea de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE, charro, del gobierno) ejercía la rectoría de la educación básica.
El 10 de diciembre de 2012 se envió la iniciativa de reforma a la Constitución, por parte de Peña Nieto. No obstante la profundidad de las medidas propuestas por el gobierno, apenas 3 días después, el 13 de diciembre del 2018, y en 18 minutos, la Cámara de Diputados aprobó las reformas en lo general. Es muy indicativo que los integrantes de esa Cámara sesionaron no en su edificio, sino en el Centro Internacional de Negocios de Banamex. Esto se explica porque estaban aprobando la evaluación no sólo para el ingreso y la promoción de los docentes, sino también para su permanencia. Decidieron también acerca de las escuelas de tiempo completo y otorgaron rango constitucional al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE).
El 20 de diciembre siguiente tocó el turno al Senado que, por supuesto, aprobó la iniciativa de Peña Nieto (realmente de la OCDE). Vino luego el recorrido por los Estados de la República y el 6-7 de febrero de 2013 se estaba declarando constitucional la reforma. La publicación en el Diario Oficial de la Federación se realizó el 26 de febrero del 2013. En contrapartida, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) estableció en el zócalo capitalino un plantón en protesta por esa reforma, el 8 de mayo del 2013. Se abría un período de resistencia magisterial ante la imposición de nuevas reglas que, en la práctica, anulan los derechos laborales de los maestros de México.

Los despidos y las ejecuciones extrajudiciales

El aliado natural de un gobierno como el que ha padecido México es el empresariado.  Por eso, a “sugerencia” de los organismos crediticios globales, se creó una agrupación denominada Mexicanos Primero, encabezada por los Claudio X González, padre e hijo. Es ésta la que más teoría ha elaborado para proveer de ideología a la reforma educativa. Su página en Internet da cuenta de algunas de sus publicaciones, entre las que destaca Ahora es cuando. Se propone incidir en el tema de forma permanente y sostiene que: “Los cuatro caminos propuestos para lograr la transformación educativa son: recuperar la rectoría del Estado Mexicano en educación, profesionalización docente, gasto transparente y eficiente, y autonomía y participación de las escuelas”. [6]
Coincidiendo plenamente con lo anterior, Emilio Chuayffet, a la sazón secretario de Educación Pública, comenzó a aplicar las evaluaciones. Sólo que se percató de los enormes yerros que contiene la llamada reforma educativa, así como de los conflictos que origina, y las suspendió. Fue atacado fuertemente por dos funcionarios del INEE: Eduardo Backhoff  y Gilberto Guevara Niebla, quienes también se lanzaron contra el magisterio democrático. Dijeron:
“[…] el peligro que corre la reforma educativa [RE] no ha sido completamente superado. Si bien es posible que no tenga “enemigos internos” como inicialmente se sospechó, en el exterior se ha constituido un escenario bastante complejo. En algunos  estados de la república como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, no sólo se ha cristalizado un movimiento de oposición y rechazo a la RE, sino que además se han gestado acciones colectivas violentas que van más allá del horizonte educativo. He aquí el auténtico México bronco al que se refería don Jesús Reyes Heroles: zonas de la nación que escapan a la soberanía estatal y que desprecian el estado de derecho; lugares donde se mezclan, indiferenciados, grupos políticos radicales, guerrillas, bandas armadas de delincuentes y poderosas organizaciones del narcotráfico; pueblos que viven en un estado de insurrección crónica, sitios donde le agitación contra la autoridad se ha convertido, pasmosamente, en un jugoso negocio. Este escenario aterrador debe convocar a todas las fuerzas de la república a emprender una acción seria, vigorosa y sin rodeos, que permita restituir la civilización que ha colapsado en esas regiones.
“Se comprende que en estas regiones convulsionadas, agitadas, en esta mezcla confusa de intereses, donde la irracionalidad ha terminado por imponerse como discurso cotidiano, el tema de la reforma educativa y de la evaluación docente se hayan convertido en objetos preferidos de la demagogia radical que se sustenta en la ignorancia y el prejuicio.” [7]
Adviértase cómo Guevara y Backhoff se otorgan el papel de jueces y se comportan “benévolamente” con el que fuera secretario de Educación Pública, pero son implacables con los maestros que resistían heroicamente –en esos momentos– la aplicación de la malhadada reforma.
La negativa a presentarse a las evaluaciones punitivas de Peña-Nuño dio como resultado el despido de casi 1 mil maestros, así como una feroz campaña de prensa para denostar al magisterio democrático. Fueron muchos los medios que se unieron al coro de la difamación y la calumnia contra los docentes, acusándolos de flojos, incompetentes y traficantes de plazas (que vendían o heredaban a sus familiares, según la imputación oficial).
Se daría más tarde la brutal ejecución extrajudicial de pobladores de  Nochixtlán, Oaxaca, por parte de la Policía Federal. Y lo que pareció una derrota: cuando el movimiento tuvo que levantarse sin ver satisfechas sus demandas.

Los retos del nuevo gobierno en materia educativa

Un importante triunfo del pueblo de México se dio: 30 millones de votantes hicimos presidente a Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior despertó grandes expectativas entre la gente sencilla, que pensamos que se abre la posibilidad de avanzar en un cambio más de fondo. Bastaría con que se cumpliera con los compromisos de campaña para que hubiese transformaciones importantes, sobre todo si se combaten la corrupción y la impunidad que son enfermedades endémicas del sistema político mexicano.
Para nuestro objeto, es importante consignar que existe ya una propuesta de modificación de los Artículos Tercero y 73 de la Constitución, que son los que contienen la reforma educativa. Ésta ha sido caracterizada por la mayor parte de quienes se le oponen como meramente laboral. Y si bien lo es, también es muchas cosas más.
Esa reforma sacó a los maestros de la protección del artículo 123 de la Carta de Querétaro, lo que implica que ya no son trabajadores. Son ahora “profesionales docentes”, con un régimen legal de orden administrativo. Sus sindicatos dejan de tener justificación, pues ya no cuentan con atribuciones para intervenir en la defensa de ellos o ellas. Les quita estabilidad en su puesto (que ya no es un trabajo propiamente dicho) al obligarlos a participar en evaluaciones organizadas y ejecutadas por un Instituto externo a sus tareas. A eso tienen el descaro de llamarle: “Educación para toda la vida”.
El docente queda sujeto a una evaluación eterna y externa, que le impide adquirir derechos definitivos sobre su materia de trabajo. [8]
Peña-Nuño también puso en marcha un nuevo “Modelo Educativo”, que tiene en el centro a las competencias. Y todo el mundo sabe que la esencia del capitalismo es precisamente la competencia, que antagoniza con la cooperación entre los seres humanos.
Inventaron las “Escuelas al Cien”, que dan lugar a que los privados inviertan en el mantenimiento de las escuelas, y a que puedan quedarse con sus edificios si no se pagan dichas inversiones.
Los despidos de maestros (profesionales docentes para el régimen) produjeron un daño irreparable. Se unieron a la calumniosa propaganda que sostuvieron muchos medios informativos y dieron lugar al menoscabo en la presencial social de los educadores. Éstos fueron expuestos a la burla y al escarnio públicos, lo cual es de imposible reparación. Todavía hoy no han sido reinstalados.
La dependencia del gobierno de Peña-Nuño respecto de la OCDE es manifiesta. Fue ésta la que determinó el quehacer de la reforma educativa y los funcionarios mexicanos simplemente acataron las indicaciones. La soberanía nacional fue puesta en venta.
Desde el punto de vista pedagógico, se impuso un nuevo patrón basado en el concepto de calidad, que proviene de las relaciones industriales, financieras y comerciales. El neoliberalismo valora a las personas por sus resultados relacionados con la producción de ganancia; y nada más. No cuentan la fraternidad, la comunalidad ni la colaboración.
Por eso son varios los retos del nuevo gobierno cuando haga efectiva la abrogación de la reforma educativa neoliberal:
  1. Establecer constitucionalmente que la educación es un derecho humano y no una mercancía.
  2. Rescatar el valor del trabajo académico como formador de seres humanos conscientes y solidarios con sus semejantes.
  3. Eliminar las evaluaciones externas, lo que implica desaparecer al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (por inútil, irreformable y pernicioso).
  4. Eliminar las cuotas obligatorias para los estudiantes y sus familias. La educación no es un negocio mercantil.
  5. Cuando reinstale a los docentes que fueron despedidos por Peña-Nuño, debe reivindicar públicamente sus merecimientos como personas valiosas para la sociedad. Eso implica reparar integralmente el daño que se les causó.
  6. Establecer con claridad que es obligación del Estado sostener y proporcionar las condiciones para la eficaz realización de la tarea educativa, sin limitar la participación libre e informada de los maestros.
  7. Al definir los programas educativos, tomar en cuenta las diferencias regionales, que se ubicarán dentro de los principios nacionales.
  8. Abrir la colaboración con todos los países del mundo, en cuanto al conocimiento y aplicación de sus experiencias educativas.
  9. Poner al estudiante en el centro de la labor educacional, sin desmedro de los derechos del maestro. [9]
  10. Prever en la legislación que no se repitan las violaciones a derechos humanos que trajo el modelo educativo neoliberal, tanto a los docentes como a los alumnos y a la sociedad en general.
No es sencillo el reto. Pero el pueblo de México tiene capacidad y preparación para superarlo.

Notas
[1] Tan evidente fue el sometimiento de los deudores a las directrices de los organismos crediticios, que Reyes Heroles utilizó la misma expresión que mandató el Banco Mundial, el cual llamó a realizar en todo el planeta “una revolución educativa”. Comenzaba el retroceso de la educación a nivel global. Desde entonces, el régimen mexicano ha aplicado con obediencia las reglas dictadas por esos organismos, de los cuales el más actual la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
[2] Consultado en internet el 3 de octubre del 2018.
[3] Es actualmente el funcionario de mayor jerarquía en la OCDE. Fue secretario de Hacienda en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. La prensa lo refirió algunas veces como “El ángel de la dependencia”. Su intervención se denominó “México: política para un desarrollo incluyente” y partió de la base de enfatizar que el organismo que él representa ha sido “un aliado estratégico durante los último 18 años”. Consultado en Internet el 21 de septiembre del 2018.
[4] OCDE (2012), Gettin It Rigth. Una agenda estratégica para las reformas en México, OECD Publishing. Pág 4.
[5] Más tarde se uniría el Partido Verde Ecologista de México.
[6] Tomado de internet, 3 de octubre del 2018. Si se compara este documento con los actos de la Secretaría de Educación Pública en los aciagos tiempos en que la han dirigido Aurelio Nuño y Otto Granados Roldán, se encontrará una gran similitud, tanto en los planteamientos como en las propuestas. En realidad, ambas partes, gobierno y empresariado, siguen casi textualmente las sugerencias de la OCDE.
[7] “La reforma educativa y la evaluación docente: retos para su implementación”, revista Nexos, 17 de junio de 2015. Consultada en internet.
[8] Y la propuesta neoliberal va mucho más allá, pues propone que se evalúe permanentemente a todos los profesionistas, con el argumento de que vivimos en la “sociedad del conocimiento”, en la que éste avanza a velocidad no conocida. Esto obliga a los médicos, por ejemplo, a estar al día en los avances de la medicina. Y esto lo deben demostrar en evaluaciones periódicas –dicen– para que el servicio que presten sea de alta calidad.
[9] El grupo empresarial de Mexicanos Primero (a quien los agentes de la reforma educativa disfrazaron de sociedad civil) usó la tesis del “interés superior del niño y de la niña” para intentar dar base a su propuesta de retirar al maestro la estabilidad en el empleo y sacarlo de la protección del Artículo 123 constitucional.
José Enrique González Ruiz*

11/05/2012

La verdad sigue siendo necesaria

 José Enrique González Ruiz*

Esta generación de mexicanos ha sufrido un Estado represor y cínico. También ha luchado denodadamente por sustituirlo.
Lamentablemente no ha tenido éxito
Gracias a la insistencia de una parte de la población de Guerrero, particularmente de las víctimas y sus familiares, la Comisión de la Verdad se abrió paso y actualmente desarrolla la importante tarea de develar lo ocurrido en el periodo conocido como la Guerra Sucia. Época que consistió en una serie de acciones desarrolladas por organismos del Estado mexicano (en todos sus órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal), en perjuicio de aquellos a quienes caracterizó como “el enemigo interno”. Los aparatos creados para proteger y preservar los derechos humanos se convirtieron en sus principales violadores. Como titular del monopolio de la violencia legal, el Estado decidió romper los marcos normativos que lo rigen y aplicar medidas contrarias a la naturaleza de sus funciones y a las prerrogativas esenciales de la persona. Su violencia dejó de ser legal y se transformó en actos delictuosos, que llegaron a las peores aberraciones, a nombre de un “combate contra la subversión” que no encontró fundamentos jurídicos de ninguna índole.
Creada por una ley del Congreso de Guerrero, la Comisión de la Verdad se integró con cinco ciudadanas y ciudadanos ajenos a cargos públicos y a direcciones partidarias. Esto le da una enorme independencia, pues no guarda relación jerárquica con ninguna instancia de gobierno, ni con organización política alguna. De lo esencial de su tarea, solamente responde ante la sociedad, aunque es claro que los recursos que maneja son públicos y debe responder escrupulosamente de ellos ante el Órgano Legislativo que la creó. Hasta hoy, no ha recibido más presiones que las declaraciones de prensa de algunas personas que sienten riesgoso para ellas el quehacer de la Comisión de la Verdad.
Además de buscar la verdad respecto de los hechos de represión ocurridos entre 1969 y 1979, la Comisión de la Verdad se propone contribuir a llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Éstos se tipifican de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y con nuestras disposiciones constitucionales y legales.
Interesa a la Comisión proponer mecanismos jurídicos e institucionales de no repetición y rehacer la memoria histórica de esos hechos de la cara oscura de Guerrero, en particular, y de México, en general. Al final se buscará que se repare el daño a las víctimas y sus familiares, a fin de que se cubra la deuda social que se tiene con ellos.

La búsqueda de aliados

Para alcanzar esos elevados objetivos, la Comisión de la Verdad buscó aliados en la sociedad nacional e internacional. Estableció relaciones con Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien acompaña en la tarea. Se habló con funcionarios de la Cruz Roja Internacional. Se organizó un curso sobre comisiones de la verdad en el mundo, impartido por el Centro Internacional de Justicia Transicional. Se cuenta con el respaldo pleno del presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, lo mismo que del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Además, organismos no gubernamentales auxilian a la Comisión de la Verdad en sus actividades, lo mismo que sectores académicos y gremiales, como la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero. Se recibió también el ofrecimiento de solidaridad por parte del arzobispo de Acapulco. Y se siguen tejiendo compromisos de trabajo con todos aquellos que deseen apoyar en la consecución de los propósitos.

Los hallazgos más relevantes

Lo más importante que ha encontrado la Comisión de la Verdad es que el dolor sigue vivo; está presente en las madres y en los demás familiares de los ejecutados extrajudicialmente, desaparecidos, torturados y masacrados. El tiempo transcurrido, con ser mucho y estar aderezado de impunidad, no ha hecho que olviden los agravios que les infligió el poder público. Los nombres de los perpetradores están en la boca de los declarantes ante la Comisión de la Verdad.
Por eso tenemos la firme convicción de que la verdad sigue siendo necesaria. Urge saber qué ocurrió cuando se dio en Guerrero la cruel represión durante las décadas de 1960 y 1970, porque es antecedente de la que hoy acontece. Sin justicia de fondo, las atrocidades se repiten de forma dolorosa e indignante.
Asumir una responsabilidad como ésta implica enorme alegría, porque se tiene conciencia de estar contribuyendo a restaurar el tejido social roto por la represión del Estado y sus funcionarios. Y alienta el acompañamiento del sector consciente de la sociedad.
Lo que se ha hecho es el anticipo de que Guerrero no olvida ni perdona a los culpables de la Guerra Sucia.
Queremos que la verdad ilumine el lúgubre periodo de la Guerra Sucia; y que la justicia llene de satisfacción a quienes han sufrido por no menos de cuatro décadas la negación de sus derechos humanos.
*Coordinador de la maestría en derechos humanos de la UACM; doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México; integrante de la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero
  
Fuente: Contralínea 309 / noviembre 2012

2/21/2012

¿Porqué una Comisión de la Verdad con ciudadanos?




José Enrique González Ruiz

Quien logra que sus fechorías
queden ocultas,
seguramente las repetirá.

Las heridas que deja la Guerra Sucia

La convivencia de quienes formamos la sociedad aspira a ser armónica; esto es a desarrollarse en paz y con respeto a los derechos de cada una de las personas. La mejor garantía de tranquilidad es la creación de condiciones que permitan a todas y a todos un desarrollo pleno e integral.

Por eso, los grupos humanos se dan reglas de idéntica validez para todos sus integrantes. Tales reglas se basan en valores, mismos que se pretende fomentar y fortalecer. Lo contrario a ello son los antivalores, que se desea suprimir y evitar. El Estado es el encargado de ambas tareas; promover los valores y reprimir los anti valores; para ello se le dota de fuerza.

Al representar a la sociedad, los miembros del Estado tienen que sujetarse estrictamente a las normas legales; esto es, a las leyes. Es éste su estricto marco de acción La Guerra Sucia se da cuando las autoridades rompen los límites jurídicos que la sociedad les ha impuesto. Con el pretexto de buscar “fines superiores”, rebasan los linderos legales en que se deben mover. Con esto pierden legitimidad y otorgan justificación a la resistencia social. Como depositario original del poder, el pueblo nunca pierde el derecho a resistir la opresión.

Al quebrantar las reglas de la convivencia, el Estado se convierte en burlador de los Derechos Humanos y origina a la sociedad las más graves ofensas y lesiones.

En la escala de infracciones a la Ley, las de mayor rango son las consideradas como de lesa humanidad, tanto por el valor jurídico que tutelan (la salud y armonía de la vida social), como por la entidad a quien ofenden, que es toda la especie humana.

Cuando el Estado emprende una Guerra Sucia contra su propia población, produce daños que afectan todo el tejido social, dejan secuelas muy difíciles de restañar. Las heridas son tan profundas que se requiere de medidas reparatorias de suma trascendencia.

Torturar, secuestrar, mantener a las personas en prisiones clandestinas, perseguir y hostigar al entorno familiar y social de las víctimas, ejecutar extrajudicialmente y desaparecer forzadamente, son acciones de poder indignas de estas políticas civilizadas.

¿Qué hacer cuando el estado no castiga a los criminales?

El Estado no existe por sí y para sí; únicamente tiene sentido en la medida en que responde a los intereses de la sociedad. O sea que es un instrumento y no un fin.

La obligación esencial de las autoridades es propiciar condiciones para que las personas se realicen en dignidad. Ninguna otra tarea tiene más relevancia. Incluso, todas las funciones públicas se legitiman en dicha obligación.

Sólo que las violaciones a los Derechos Humanos son perpetradas por personeros del Estado. Por eso regularmente quedan sin castigo. Así ha ocurrido en México, donde no se ha llevado a juicio, seriamente, a ningún perpetrador de crímenes de lesa humanidad. Ha imperado la lógica de protección que se dan entre sí los que ejercen poder estatal.

Ante eso, la sociedad tiene dos caminos: a) hacer justicia de propia mano, lo cual es complicado, porque implica también quebrantar las leyes. Y b) crear instancias de justicia alternativa, que suplan las omisiones de los órganos formales de autoridad. Esto último es lo que da origen a las comisiones de la verdad y a tribunales ciudadanos que juzgan éticamente.

La historia demuestra que no basta con juicios simbólicos. Porque por ejemplo, Luis Echeverría ha sido condenado casi unánimemente los las y los mexicanos, pero en los hechos eso no le ha quitado el sueño.

Ante la prolongación por décadas de la impunidad, el mecanismo de la comisión de la verdad resulta atractivo. Aunque debe reunir ciertos requisitos indispensables para funcionar.

Características de una Comverdad eficiente

De entrada, la Comverdad no debe ser sólo testimonial. Es cierto que sus informes son útiles para que la sociedad conozca los hechos investigados (vinculados a conductas aberrantes de miembros del Estado), pero no tiene que quedar ahí, sino avanzar al enjuiciamiento de los culpables. Verdad y Justicia son inseparables.

Creada por el Congreso, es necesario que cuente con facultades legales para tomar declaraciones y para recibir testimonios, así como acopiar otras pruebas. Tendrá que hacer públicos sus hallazgos, para que eso presione al Ministerio Público a la hora de ejercicio de la acción penal.

Lo más importante de la Comverdad es su autoridad moral; y eso tiene relación con el origen de sus componentes. Deben ser ciudadanos y ciudadanas que no tengan cargos públicos en ninguno de los niveles de gobierno, ni ser directivos de partido político ninguno. Obviamente, es deseable que su trayectoria de vida vincule con la defensa de los Derechos Humanos. Aunque la neutralidad pura no existe, sí es posible encontrar personas que no tengan intereses concretos que les impidan un juicio sereno ante las atrocidades de la Guerra Sucia.

En México, los aparatos de justicia (jueces y ministerios públicos) han sido ineficientes para castigar a los violadores de Derechos Humanos. Los delitos que se cometen desde el poder, siempre han quedado impunes. Por eso es urgente crear comisiones de la verdad, ciudadanas y no testimoniales. México tiene derecho a conocer la Verdad y a que se haga Justicia. También los familiares que lo pidan, deben recibir la correspondiente reparación.


21 de febrero de 2012.

10/31/2011

COMISIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD: Ni un perpetrador sentenciado



José Enrique González Ruiz

Alguien anda pintando el cielo de rojo

y anunciando lluvias de sangre.

Padre: deje de llorar,

que nos han declarado la guerra.

Canto de Joan Manoel Serrat.


Aunque logramos un honroso cuarto lugar en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, con una inusual cosecha de medallas, tenemos el peor record en materia de Justicia, pues todavía no sancionamos a ningún violador de Derechos Humanos. ¿Esto quiere decir que en México no se violan esos derechos? ¿O que no funcionan los mecanismos de procuración y administración de justicia? Desgraciadamente, la respuesta correcta es la segunda.

Y no podemos culpar a la ciudadanía de esa falla, pues nunca ha cejado la lucha porque se investigue seriamente y se lleve a juicio a los perpetradores. No son pocos los organismos de la sociedad que demandan el cumplimiento de los estándares internacionales en esta materia y cuyos integrantes se han colocado en situación de riesgo ante un Estado represivo. Pero el poder siempre ha tendido una malla de intereses que, convertidos en cómplices, impiden que se haga justicia en estos casos.

Cuando Fox instaló la Fiscalía para asuntos del pasado (FEMOSPP), se despertaron algunas esperanzas. Personajes siniestros como Echeverría y Nazar Haro fueron llamados a comparecer ante la autoridad, pero infortunadamente, todo fue una dolorosa simulación.

Para desgracia de México, los autores de crímenes nefandos gozan de cabal impunidad.

La Justicia Alternativa se plantea como opción

En los discursos de los políticos, México es un Estado de Derecho donde la voluntad general, expresada en leyes, es norma suprema de la convivencia social. Quien solamente conozca las publicaciones oficiales y semioficiales (de periódicos y demás medios afines al gobierno), pensará que nuestras autoridades son respetuosas de las prerrogativas del gobernado. Nada más lejos de la verdad.

Cuando alguien se atreve a decir que las instituciones no están cumpliendo las tareas para las que fueron creadas, se levantan airadas voces de acusación: “anarquista”, “enemigo de la ley”, “peligro para México”. Los autores del desastre nacional no soportan que se les señale su responsabilidad.

Mas lo cierto es que en materia de justicia hay un atraso formidable. El pueblo llano descree de los jueces porque ve cómo los delincuentes de traje y corbata pasean impunes por todo el territorio nacional.

Por eso se busca que las grandes infracciones a los Derechos Humanos sean materia de trabajo de instituciones alternativas, como las comisiones de La Verdad, que no respondan a motivaciones de política inmediata, sino que trasciendan la búsqueda de puestos públicos y triunfos partidarios.

COMVERDAD para acabar la impunidad

Está fuera del alcance de la sociedad el castigo de todas las conculcaciones a los Derechos Humanos. Son demasiadas; y muy poderosos sus autores. Lo ejemplifican nítidamente, entre otros, los casos de Acteal, Atenco y Oaxaca durante el reinado de Ulises Ruiz.

No obstante, una Comisión de la Verdad sí puede –en tanto sea totalmente ciudadana- lograr el enjuiciamiento y la condena de algunos perpetradores, dando con ello un mínimo de satisfacción a la sociedad.

Los impunes se vuelven descarados. Contra esto, lo mejor es la COMVERDAD.

31/octubre/11.

10/28/2011

LA JUSTICIA INTERNACIONAL JUZGARÁ A CALDERÓN



José Enrique González Ruiz

Tú no pediste la guerra/madre tierra/yo lo sé.

Canta mi pueblo una canción de paz.

Canto de Alfredo Zitarrosa.

“Atrás, ni para agarrar vuelo”, dice el espurio

Se atribuye a Fidel Castro la frase de que ni para agarrar vuelo daría pasos atrás en la lucha por la independencia de Cuba. Ahora se la fusiló Calderón, el ocupante de Los Pinos, para referirse a su “guerra contra el crimen organizado”.

Fue en respuesta al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien le salió respondón, pues al recibir la Medalla “Belisario Domínguez” del senado de la república, habló de la urgencia de un cambio de estrategia en el combate a la delincuencia, que incluya el retiro del ejército. Ya se sabe que el titular del Ejecutivo Federal no concede ni un milímetro en ese terreno, pues asegura que ha hecho lo correcto (aunque haya más de cincuenta mil muertos y el país esté hundido en la degradación y la corrupción).

Ya Javier Sicilia le había demandado que buscara mecanismos para poner fin al derramamiento de sangre. En lugar de responder con argumentos, Calderón echó mano de personas que se prestan a defender su estrategia, como la señora Wallace y el empresario Martí. Incluso trató de posicionar a José Narro como único interlocutor válido en el tema, aprovechando que es el rector de la UNAM y, por supuesto, “hombre institucional”.

De modo que seguiremos viendo caer más víctimas de la Guerra Calderoriana, diseñada para agradar el gobierno estadounidense, que cada día siente que tiene más derecho a entrometerse en temas soberanos.

La justicia mexicana padece anemia

No obstante que se habla de que no existe ya el presidencialismo, los hechos demuestran lo contrario. Siguen sometidos los otros dos poderes al Ejecutivo. Por eso no hay caminos para enjuiciar a los funcionarios que violan los derechos humanos; muchos menos a quien detenta la Presidencia.

Calderón sabe que ha infringido las normas constitucionales con su Guerra absurda. Tiene perfectamente claro que se ha burlado de las reglas que el artículo 29 establece para suspender lo que antes se llamó garantías individuales. Por eso le urge que se reforme la Ley de Seguridad y se legalice todo lo ilegal que ha hecho. Quiere una especie de “Ley de punto final” al estilo de los dictadores centro y sudamericanos.

La denominada Suprema Corte de Justicia de la Nación no tuvo los tamaños para volver las cosas al cauce constitucional. Pesó más la Real Politik , que reconoce la fuerza de los Poderes Fácticos representados por Calderón. De modo que continuará la utilización arbitrariedad de la Fuerza Armada en tareas policíacas. Y la impunidad de quienes, desde el gobierno, pasan por encima del marco legal vigente.

Calderón será enjuiciado

En Argentina han sancionado a más de 200 perpetradores. En Guatemala han llevado a juicio a 2. En México no hemos podido juzgar a uno solo. Estamos muy atrasados respecto de otros pueblos demandantes de justicia.

Pero ya hay demandas contra Calderón en el ámbito internacional. Se ha calculado incluso que los muertos llegarán a 60 mil en lo que resta del espuriato. Debemos unirnos a este reclamo, para no abonar más el terreno de la reincidencia, basada en la falta de castigo a los violadores de Derechos Humanos.

28/octubre/2011.

10/17/2011

Por una comisión de la verdad ciudadana y autónoma



Autor: Opinión

José Enrique González Ruiz*

El oblicuo discurso de la mentira
encubre el deseo de oprimir al semejante

En una situación de normalidad, las instituciones establecidas sirven para resolver los problemas sociales, y al mismo tiempo para dar respuesta a las inconformidades e inquietudes individuales. Los mecanismos instituidos son suficientes para hacer frente a los fenómenos y acontecimientos que retan la paz social y la armonía. Pero en México hace tiempo que se rompió esa normalidad.

Desde el inicio del espuriato de Felipe Calderón se notó un incremento de la violencia: la que proviene de los grupos que actúan por fuera de los marcos legales, que se genera en la sociedad para responder a los embates que sufre (ejemplificada por el linchamiento de delincuentes) y la que aplican las instancias del Estado sin seguir los cauces legales.

En lugares como Acapulco es evidente la anormalidad: la población se autoimpuso un toque de queda, pues se abstiene de salir a la calle cuando empieza a oscurecer; el turismo descendió a casi cero ante el riesgo de ser víctima de robos, secuestros extorsiones o cualquiera otra forma de agresión. Desafortunadamente, eso se extiende a varios puntos en el país. Por ello, quien tiene la necesidad de conseguir justicia, no lo logra en el esquema actual.

La guerra sucia está impune

Quien vea sólo la superficie de México creerá que aquí no se han dado violaciones graves a los derechos humanos. Porque el discurso oficial es incisivo en cuanto a que tenemos un Estado sometido a la ley, donde los ofensores de derechos humanos son juzgados y castigados. La verdad es muy otra, porque ha fallado el sistema de aplicación de justicia.

La guerra sucia ejercida por el Estado, en el pasado y ahora, lleva un elevado saldo rojo: personas desaparecidas por motivos políticos y sociales, ejecuciones extrajudiciales, aplicación de la tortura y sometimiento de poblaciones enteras a un intenso proceso de militarización. Y no obstante las numerosas y variadas violaciones a los derechos humanos, ningún perpetrador ha sido sometido a juicio. Tampoco se ha conseguido que se deje de aplicar el anticonstitucional fuero militar. Lo anterior explica y justifica que la sociedad busque medios de justicia alternativos.

La Comisión de la Verdad se impone

A los integrantes de la clase política no les gustan los instrumentos ciudadanos. Como son parte del sistema, piensan que todo debe encauzarse dentro del éste. Aunque saben que en materia de violaciones a derechos humanos nada se avanzará porque los caminos de la justicia oficial están atascados. En cambio, para la ciudadanía no son confiables los instrumentos establecidos y prefiere las vías alternas. Entre éstas, la más idónea para conocer e indagar temas de la guerra sucia es la Comisión de la Verdad.

Tienen que ser ciudadanos de a pie los que se encarguen de buscar la verdad y darla a conocer a la sociedad. Sería de gran utilidad que se conozcan todas las circunstancias que rodean el tema de las violaciones históricas a los derechos humanos.

El propósito sería ir más allá: que sean sancionados los perpetradores, para rasgar el manto de impunidad que los protege. También se buscaría conseguir garantías de para que no se repitan.

No quitaremos el dedo del renglón hasta que alcancemos el objetivo de una comisión de la verdad ciudadana y autónoma.

*Coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México; integrante de la Comisión de Intermediación para el Diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Popular Revolucionario

Fuente: Revista Contralínea 255 / 16 de octubre de 2011

10/05/2011

Acerca de la Comisión de la Verdad


José Enrique González Ruiz

El oblicuo discurso de la mentira

encubre el deseo de oprimir al semejante.

Cuando La Justicia no se hace presente

En una situación de normalidad, las instituciones establecidas sirven para resolver los problemas sociales, dando al mismo tiempo respuesta a las inconformidades y a las inquietudes individuales. Los mecanismos instituidos son suficientes para hacer frente a fenómenos y acontecimientos que retan la paz social y la armonía. Pero en México hace tiempo que se rompió esa normalidad.

Desde el inicio del espuriato de Felipe Calderón se notó un incremento de las violencias: la que proviene de grupos que actúan por fuera de los marcos legales, la que se genera en la sociedad para responder a los embates que sufre (ejemplificada por el linchamiento de delincuentes) y la que aplican las instancias del Estado sin seguir los cauces legales.

En lugares como Acapulco es evidente la anormalidad: la población se autoimpuso un toque de queda, pues se abstiene de salir a la calle cuando empieza a obscurecer; el turismo descendió a casi cero ante el riesgo de ser víctima de robos, secuestros extorsiones o cualquiera otra forma de agresión. Infortunadamente, eso se extiende a varios puntos en el país.

Por ello, quien tiene la necesidad de conseguir justicia, no lo está logrando en el esquema existente.

La guerra sucia está impune

Quien vea sólo la superficie de México creerá que aquí no se han dado violaciones graves a los derechos humanos. Porque el discurso oficial es incisivo en cuanto a que tenemos un Estado sometido a la Ley, donde los ofensores de derechos humanos son juzgados y castigados. La verdad es muy otra, porque ha fallado el sistema de aplicación de justicia.

La Guerra Sucia aplicada por el Estado – en el pasado y en el presente – lleva un elevado saldo rojo: personas desaparecidas por motivos políticos y sociales, ejecuciones extrajudiciales, aplicación de la tortura y sometimiento de poblaciones enteras a un intenso proceso de militarización. Y no obstante las numerosas y variadas violaciones a los derechos humanos, ningún perpetrador ha sido sometido a juicio. Tampoco se ha conseguido que deje de aplicar el anticonstitucional fuero militar.

Lo anterior explica y justifica que la sociedad busque medios de justicia alternativa.

La Comisión de la Verdad se impone

A los miembros de la clase política no les gustan los instrumentos ciudadanos. Como son parte del sistema, piensan que todo debe encauzarse dentro del él. Aunque saben que en materia de violaciones a derechos humanos nada se avanzará porque los caminos de la justicia oficial están atascados. En cambio para la ciudadanía son inconfiables los instrumentos establecidos y prefiere las vías alternas. Entre éstas, la más idónea para conocer e indagar temas de Guerra Sucia es la Comisión de la Verdad (Comverdad).

Tienen que ser ciudadanos de a pié los que se encarguen de buscar la Verdad y darla a conocer a la sociedad. Sería de gran utilidad que se conozcan todas las circunstancias que rodean el tema de las violaciones históricas a los Derechos Humanos.

El propósito sería ir más allá: tratar de que sean sancionados los perpetradores, para rasgar el manto de impunidad que los protege. También se buscaría conseguir garantías de no repetición.

No quitaremos el dedo del renglón hasta que alcancemos el objetivo de una Comverdad ciudadana y autónoma.

28/sept./11

8/14/2011

Educación en reclusorios, un logro de la UACM



Opinión
José Enrique González Ruiz*

Hay hombres que de su ciencia

tienen la cabeza llena;

hay sabios de todas menas.

Mas digo, sin ser muy ducho,

que es mejor que aprender mucho

el aprender cosas buenas

Consejos de Martín Fierro a sus hijos

Canto de Horacio Guaraní

Hace 10 años aparece en el escenario de la educación superior la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Fue fundada por decreto del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, publicado en la Gaceta Oficial el 26 de abril de 2001, sectorizada a la Secretaría de Desarrollo Social.

Su nacimiento representa un reto a los neoliberales que se hicieron del poder a inicios de la década de 1980, luego de la crisis del modelo de “estado benefactor”. No fue bien recibida por el bloque hegemónico que se rige por los mandatos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (pareja conocida como “el gobierno que gobierna todos los gobiernos”).

Desde su inicio la UACM camina a contracorriente. Aplica en los hechos un proyecto pedagógico que se distingue del dominante, forma profesionales para las necesidades de la ciudad de México, del país y de la humanidad. Sobre todo, trata de escapar a las reglas del mercado, que son las que predominan de acuerdo con la visión de los factores reales de poder y de los gobiernos que les son afines.

La creación de la UACM se dio al término de un movimiento social formidable: la huelga estudiantil que se rebeló contra el “plan Barnés” que quiso establecer cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Aquella suspensión de labores fue la más prolongada en la historia de la educación en nuestro país; duró nueve meses y consiguió frenar al neoliberalismo en la UNAM. Antes el estudiantado había hecho lo mismo al luchar contra el “plan Carpizo”. Por ello, la UACM fue innovadora en lo pedagógico y en lo relacionado con la gestión de la academia.

Para empezar, en esta universidad no se realiza el examen de admisión, considerado por los educadores tradicionales como el medio indispensable para “seleccionar a los mejores aspirantes” y asegurar que con ellos se obtengan rendimientos satisfactorios. Para la ideología neoliberal, cada persona es lo que ella misma ha construido a lo largo de su vida, de tal forma que la educación sólo debe servir para potenciar lo que cada cual trae consigo para que haga lo que sus condiciones le permitan. Desde la visión de la UACM, las diferencias no sólo son económicas, sino también culturales y propiamente académicas; son producto lo mismo de factores personales, que de las condiciones de injusticia que reinan en la sociedad y que hacen que unos sean más preparados y cultos que otros. El examen de admisión, en esta perspectiva, sólo refuerza esa injusticia. Por eso, es mediante un sorteo que se decide quiénes ingresan y quiénes tienen que esperar otra oportunidad.

Además, la acción educativa de la UACM pone en el centro al estudiante y busca transmitir un conocimiento transformador y comprometido con los sectores más débiles de la sociedad. Concibe la educación como un proceso que inicia y termina con la vida misma.

Y por si fuera poco, los servicios de la universidad son totalmente gratuitos. Ya hemos dicho que esto es veneno puro para los neoliberales, pues en su cosmovisión nada debe proporcionarse sin pago (no tardan en enlatar el aire y vendérnoslo).

Estos pocos trazos justifican nuestra afirmación de que estamos ante un proyecto educativo innovador.

El trabajo universitario en reclusorios

No es nueva la afirmación de que el sistema penitenciario está en crisis, pues no cumple con la misión de reinsertar en la sociedad a las personas que delinquieron. Es ampliamente conocida la frase de que las cárceles son “la universidad del crimen” y es frecuente escuchar que están llenas de inocentes, y las calles de culpables.

La UACM se propuso desarrollar el Programa de Educación Superior en Centros de Readaptación Social (Pescer), que a hoy es uno de los activos de la Institución y de la ciudad. La UACM ha priorizado a los sectores más desfavorecidos del Distrito Federal, y bajo ese lineamiento creó un sistema de enseñanza al interior de los reclusorios.

Su existencia legal se deriva de un convenio que firmaron el 13 de diciembre de 2004 el rector Manuel Pérez Rocha y el director general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, el licenciado Antonio Hazael Ruiz Ortega. La institución se comprometió a lo siguiente:

1. Ofrecer a la población interna de los centros de reclusión una opción educativa del mismo nivel académico y bajo los mismos criterios que la que brinda en sus diversos planteles.

2. Designar al personal que participará como instructor y expositor en conferencias, cursos, talleres, seminarios o similares, organizados por dicha institución o bien en coordinación con las autoridades de los centros de reclusión.

3. Proporcionar información respecto de las carreras, planes y programas de estudio, así como de su modelo educativo.

4. Establecer los mecanismos para que los internos que obtengan su libertad puedan continuar sus estudios en alguno de los planteles de la UACM.

5. Llevar a cabo las acciones necesarias para desarrollar y fortalecer los programas educativos de nivel superior que se imparten en los centros de reclusión.

6. Realizar todos los trámites administrativos que se requieren para la inscripción de los internos en los programas de educación superior, motivo del presente convenio.

Lo que distingue a este proyecto es que ofrece clases presenciales a los internos, con una planta de docentes especialmente contratada por la UACM.

Las actividades iniciaron el 18 de abril de 2005 en dos centros de reclusión. Eran tres grupos, 35 estudiantes y 9 profesores. A seis años cumplidos de labores, se desarrolla en siete centros. Para el semestre 2011-I contó con 17 grupos, 69 cursos y atendió a 264 estudiantes (234 con matrícula y 30 sin ella). Su planta es de 37 profesores, de los cuales la menor cantidad es de tiempo completo y la mayoría de cuarto de tiempo.

La carrera más demandada es derecho (con orientación a los derechos humanos): 87 por ciento del estudiantado; ciencia política y administración urbana: 10 por ciento, y creación literaria: 3 por ciento.

En el tiempo que lleva laborando el Pescer se han impartido 853 cursos, dirigidos a 460 alumnos, por 129 profesores. Dos generaciones han concluido sus cursos de derecho, aunque sólo 13 estudiantes tienen cubierto el ciento por ciento de los créditos. La primera titulación está en puerta, pues el servicio social ha sido cubierto por 13 personas. Asimismo, están registrados 13 trabajos recepcionales.

De los estudiantes que iniciaron sus estudios en reclusión, 45 han obtenido su libertad. Reciben cursos en los planteles ordinarios.

Entre otras tareas importantes que ha realizado el Pescer están las siguientes: formación de bibliotecas en los centros escolares de los reclusorios (cuentan con 8 mil 377 ejemplares); realización de eventos de difusión cultural (registra 32 mil 727 asistentes); organización de seminarios sobre masculinidad y jornadas contra la violencia; promoción de periódicos murales y otras formas de expresión de los alumnos; realización del seminario internacional La educación pública en la privación de la libertad. Además, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se han dictado diplomados al personal técnico y de custodia de los centros; y se colabora en campañas de salud.

Algunos problemas del Pescer

Al ser el Pescer un activo de la UACM, presenta algunos problemas que deben atenderse: carestía de profesores (especialmente en las carreras de ciencia política y administración urbana), lo que origina que se dejen sin cubrir algunos cursos, e intranquilidad entre el alumnado; la mayor parte de la planta docente está contratada por cuarto de tiempo, lo que implica una seria explotación laboral; hay profesores que se niegan a participar en el Pescer por la fuerte carga emocional que implica trabajar en un centro de reclusión.

Es fundamental que se tome en cuenta a la planta del Pescer al momento de abrir la carrera de derecho en planteles, porque de otra forma se vería como un castigo a quienes han laborado ahí hasta hoy. No sería justo que se contrate gente externa para laborar fuera de los reclusorios y que en éstos exclusivamente se deje a los que han trabajado con tan buenos resultados.

El Pescer forma parte del patrimonio cultural y académico de la UACM. Debe ser preservado para que siga dando frutos.

*Coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México; integrante de la Comisión de Intermediación para el Diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Popular Revolucionario

[TEXTO PARA TWITTER: La Universidad de la Ciudad de México y la educación que imparte en reclusorios del DF]

Fuente: Revista Contralínea 246 / 14 de agosto de 2011

8/11/2011

Atenta invitación !

Al amanecer
el cielo nos dió todo su esplendor.
Y salimos a ayudarnos
y reconstruirlo todo
Brújula Metropolitana
y
La liga Mexicana por los Derechos Humanos A.C.

invitan a la presentacion del libro

POEMAS
DISONANTES
del Dr Adrián Ramírez López
Médico, investigador especialista y activista en derechos humanos,
Presidente de la Liga de la Defensa por los Derechos Humanos (LIMDDH)
Comentaristas
Dr. José Enrique González Ruiz
Dramaturgo Javier Bustillos

Participación Especial
de Juan Pablo
Moderador
Adrian Borrego

La cita es en Alvaro Obregón 240
Edificio Mercurio a cuadra y media hacia el poniente del metrobus
Alvaro Obrego
(del lado izquierdo por supuesto)

Fecha: Miercoles 10 de AGOSTO, a las 19hrs,
ENTRADA LIBRE
Informes: kakumei2006@gmail.com, 04455-3568-5200

BREVE CURRICULUM DEL DR ADRIAN RAMIREZ LOPEZ:

Medico con estudios en Maestría en Ciencias en Atención Integral de la Salud.
Ha impartido cursos y diplomados en actualización médica, legislación nacional y en el Sistema Nacional e Internacional de Derechos Humanos. Profesor titular de Medicina Forense en la facultad de Derecho, y en las licenciaturas de Enfermería y de Psicología. Profesor Interuniversitario de Postgrado en Cooperacion para el Desarrollo de las universidades valencianas en España. Ha dictado conferencias en diversas escuelas de estudios superiores como: Colegio de Abogados de Madrid, La Comisión española de Ayuda al Refugiado, el Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología entre otros. Combina su actividad profesional con la defensa de los derechos humanos desde hace 24 años impartiendo cursos y capacitando monitores y defensores de derechos humanos, brindando atención integral a victimas de violaciones de derechos humanos.Se ha dedicado a labores de Investigación, y elaboración de informes y reportes en la materia. Ha participado en 186 misiones de observación en derechos humanos. asesor en la materia para: Senado de la Republica, Camara de Diputados, Asamble Legislativa del Distrito Federal y en diputaciones estatales. Presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. A.C.(LIMEDDH) organización no gubernamental afiliada a la Federación Internacional de Derechos Humanos, a la Organización Mundial contra la Tortura, y a Agir Ensemble pour Les Droits de l´Homme. (Trabajar Juntos por los Derechos Humanos), todos ellos con estatuto consultivo ante la ONU. Fue electo vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH, en Dakar Senegal, para el período 1997-2001

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Grabamos todas las conferencias y otros documentales y peliculas que te pueden interesar pide la lista videoamlo.patricia@gmail.com, o los miercoles en Brújula. NO olvides visitar nuestra pagina, Información, videos, noticias, efemérides y mucho más contactanos: BRUJULA METROPOLITANA,Twitter: http://twitter.brujuleando .SI NECESITAS Servicios de IMPRESION:facturas, volantes, carteles, papeleria llamanos:cel 55-5275-6418 brujula_metropolitana@hotmail.com Calidad y Servicio oportuno.! Somos Resistentes, Apoyanos! Reuniones los Miercoles 7pm AlvaroObregon 240
"Una mirada ciudadana a nuestra realidad