La lucha contra el neoliberalismo no ha acabado, a pesar de un nuevo gobierno que en el discurso condena claramente la política neoliberal. El reto ahora es desmontar uno de los triunfos más profundos que se había anotado el antiguo régimen: la reforma educativa. No se trata sólo de suspender la evaluación punitiva, sino de erradicar el carácter mercantil y recuperar el valor del trabajo académico como formador de seres humanos solidarios.
Trabajando, pescando y combatiendo
en su trabajo de carpintería o en su mina mojada.
Lo ataron y ahora es decidido soldado,
lo hirieron y hoy muestra su salud de manzana,
le cortaron las manos y hoy golpea con ellas,
lo enterraron y hoy vive cantando con nosotros.
Juan: es tuya la puerta y el camino,
la tierra es tuya, pueblo.
La verdad ha nacido contigo, de tu sangre.
A Juan, el pueblo.
Pablo Neruda, Canto general
México vive un momento importante de su
Historia. El régimen de opresión que representan las fuerzas que
concertaron el “Pacto por México” sufrió una descomunal derrota el
pasado 1 de julio del 2018. Treinta millones de mexicanos que votamos
por el cambio le impedimos que repitiera el fraude electoral que estaba
acostumbrado a hacer (y lo repetía con gran facilidad, como se vio el
año pasado en el Estado de México, donde impuso a un heredero de la
casta Del Mazo).
Ese triunfo comicial de los mexicanos y
mexicanas nos colocó en la posibilidad de realizar transformaciones de
fondo en el funcionamiento del aparato del poder. El candidato
triunfador ofreció cosas importantes, entre las que destacan las de
poner fin a la corrupción y terminar con la impunidad. Con sólo esos
ofrecimientos que se cumplieran, se modificaría la forma de operación
del Estado mexicano y podrían empezar a modificarse sustancialmente las
relaciones sociales. Porque sabemos de sobra que son la corrupción y la
impunidad dos plagas extendidas por todo el ser social y, señaladamente,
en el político.

La llegada del neoliberalismo
Nuestro pueblo tuvo el mérito de
edificar, en medio de ese sistema viciado, un modelo educativo que
respondió –en lo general– a las apremiantes necesidades y a las más
nobles aspiraciones. Heredero de la tradición liberal juarista y del
sector avanzado de la revolución de 1910-17 (el villismo y el
zapatismo), luchó a brazo partido contra el analfabetismo, consiguió que
la enseñanza básica llegara a la mayoría de los niños que la requieren,
multiplicó las opciones en la educación media superior y levantó un
importante edificio de nivel superior. El Artículo Tercero
constitucional ha recogido lo esencial de esa lucha. Con avances y
retrocesos, ese precepto es el más programático de los que contiene el
actual texto de la Carta Magna.
Como todo ámbito de tensiones sociales,
el educativo está siempre en movimiento. Recibe –para bien o para mal–
las presiones de los grupos, sectores y clases que disputan el control
de la sociedad. En lo general, ha primado siempre el pensamiento
progresista, por lo que se han mantenido los principios de publicidad,
laicidad y gratuidad en el quehacer educacional.
Aunque no ha sido la única, una de las
ofensivas más fuertes y organizadas contra la educación es la que se
desató al triunfo de la ideología neoliberal, que da cobertura a la
globalización económica. Dio inicio en la década de 1980 con el
documento llamado La Revolución Educativa, que firmó el
entonces secretario de Educación Jesús Reyes Heroles. Los organismos
internacionales de crédito aprovecharon la situación de endeudamiento de
los países periféricos y les impusieron reglas de organización y
funcionamiento de la economía, la política y la ideología (que incluye a
la educación). [1]

Ya para entonces se habían impuesto
transformaciones a otras naciones, por medio de la violencia. Chile es
el ejemplo que más conocemos, porque la dictadura militar de Augusto
Pinochet se entronizó sobre la sangre mártir de Salvador Allende y de
miles de otros chilenos.
Con altas y bajas, llegamos al siglo XXI
con un saldo favorable a los neoliberales. En 2010, éstos pensaron que
estaban ya en condiciones de dar un golpe definitivo y elaboraron el
Acuerdo de Cooperación México-OCDE (Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos) para Mejorar la Calidad de la Educación en las
Escuelas Mexicanas [2], en el que formularon 15 recomendaciones que se
basaron en la idea central de “diseñar una estrategia de largo plazo”
para cumplir los objetivos que buscaban. Nos interesa destacar las
siguientes:
I. Consolidar una profesión docente de
calidad. Punto 5: Abrir todas las plazas docentes a concurso. Punto 8:
Evaluar todo el sistema para ayudar a mejorarlo.
II. Fomentar el liderazgo, la gestión y
la participación social. Punto 10: Profesionalizar la formación y el
nombramiento de directores. Punto 12: Incrementar la autonomía escolar
para que los directores puedan contratar o despedir docentes. Punto 14:
Fortalecer la participación social creando consejos escolares con poder e
influencia real “sobre aspectos importantes”.
Este documento contiene los puntos
esenciales de lo que después se llamaría reforma educativa: la
evaluación del quehacer de los docentes para decidir sobre su ingreso,
promoción y permanencia; el fortalecimiento del aparato evaluador
(Instituto Nacional de Evaluación de la Educación); y la desaparición de
la estabilidad en el empleo, pues el docente deja de ser trabajador (en
lo sucesivo se le llamará “profesional docente”).
La aplicación práctica de la reforma educativa
Aun cuando el modelo neoliberal avanzó
con éxito para sus impulsores en México, quienes forman “el gobierno que
gobierna a los gobiernos” no estaban satisfechos. Al inicio de la
segunda década del siglo XXI, la OCDE presionaba para que se efectuaran
más ajustes políticos en el aparato del Estado. No había tomado posesión
Enrique Peña Nieto, cuando vino Ángel Gurría Ordóñez [3] a llamarle la
atención. Obtuvo en 2012 una declaración de intenciones de quien
llegaría a la presidencia, en la que se comprometía a realizar los
cambios que le eran “sugeridos”. Dijo Gurría que México es “el país con
menor desarrollo relativo y mayores desigualdades de la OCDE”; y que aun
cuando dedica un porcentaje considerable del producto interno bruto
(PIB) a la educación, “tenemos el peor desempeño”. Mencionó la
necesidad de tres ejes para el cambio: a) reformas estructurales; b)
política social; y c) crecimiento verde. Concluyó arengando: “Llegó el
momento de salir de la mediocridad de la media tabla”.
Luego de la asunción de la presidencia, le trajeron a Peña Nieto un documento denominado Getting it right,
donde Gurría se refirió a los 95 compromisos del Pacto por México
(signados por los partidos Revolucionario Institutiocnal, PRI; Acción
Nacional, PAN, y de la Revolución Democrática, PRD) como la base para
los cambios. Confió en que sus reformas “llevarán a México a mejorar su
desempeño económico, reducir las desigualdades y avanzar hacia un nivel
más elevado de desarrollo para beneficio de todos los mexicanos” [4].

El 10 de diciembre de 2012 se envió la
iniciativa de reforma a la Constitución, por parte de Peña Nieto. No
obstante la profundidad de las medidas propuestas por el gobierno,
apenas 3 días después, el 13 de diciembre del 2018, y en 18 minutos, la
Cámara de Diputados aprobó las reformas en lo general. Es muy indicativo
que los integrantes de esa Cámara sesionaron no en su edificio, sino en
el Centro Internacional de Negocios de Banamex. Esto se explica porque
estaban aprobando la evaluación no sólo para el ingreso y la promoción
de los docentes, sino también para su permanencia. Decidieron también
acerca de las escuelas de tiempo completo y otorgaron rango
constitucional al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación
(INEE).
El 20 de diciembre siguiente tocó el
turno al Senado que, por supuesto, aprobó la iniciativa de Peña Nieto
(realmente de la OCDE). Vino luego el recorrido por los Estados de la
República y el 6-7 de febrero de 2013 se estaba declarando
constitucional la reforma. La publicación en el Diario Oficial de la Federación
se realizó el 26 de febrero del 2013. En contrapartida, la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) estableció en el zócalo
capitalino un plantón en protesta por esa reforma, el 8 de mayo del
2013. Se abría un período de resistencia magisterial ante la imposición
de nuevas reglas que, en la práctica, anulan los derechos laborales de
los maestros de México.
Los despidos y las ejecuciones extrajudiciales

Coincidiendo plenamente con lo anterior,
Emilio Chuayffet, a la sazón secretario de Educación Pública, comenzó a
aplicar las evaluaciones. Sólo que se percató de los enormes yerros que
contiene la llamada reforma educativa, así como de los conflictos que
origina, y las suspendió. Fue atacado fuertemente por dos funcionarios
del INEE: Eduardo Backhoff y Gilberto Guevara Niebla, quienes también
se lanzaron contra el magisterio democrático. Dijeron:

“Se comprende que en estas regiones
convulsionadas, agitadas, en esta mezcla confusa de intereses, donde la
irracionalidad ha terminado por imponerse como discurso cotidiano, el
tema de la reforma educativa y de la evaluación docente se hayan
convertido en objetos preferidos de la demagogia radical que se sustenta
en la ignorancia y el prejuicio.” [7]
Adviértase cómo Guevara y Backhoff se
otorgan el papel de jueces y se comportan “benévolamente” con el que
fuera secretario de Educación Pública, pero son implacables con los
maestros que resistían heroicamente –en esos momentos– la aplicación de
la malhadada reforma.

Se daría más tarde la brutal ejecución
extrajudicial de pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, por parte de la
Policía Federal. Y lo que pareció una derrota: cuando el movimiento tuvo
que levantarse sin ver satisfechas sus demandas.
Los retos del nuevo gobierno en materia educativa
Un importante triunfo del pueblo de
México se dio: 30 millones de votantes hicimos presidente a Andrés
Manuel López Obrador. Lo anterior despertó grandes expectativas entre la
gente sencilla, que pensamos que se abre la posibilidad de avanzar en
un cambio más de fondo. Bastaría con que se cumpliera con los
compromisos de campaña para que hubiese transformaciones importantes,
sobre todo si se combaten la corrupción y la impunidad que son
enfermedades endémicas del sistema político mexicano.
Para nuestro objeto, es importante
consignar que existe ya una propuesta de modificación de los Artículos
Tercero y 73 de la Constitución, que son los que contienen la reforma
educativa. Ésta ha sido caracterizada por la mayor parte de quienes se
le oponen como meramente laboral. Y si bien lo es, también es muchas
cosas más.
Esa reforma sacó a los maestros de la
protección del artículo 123 de la Carta de Querétaro, lo que implica que
ya no son trabajadores. Son ahora “profesionales docentes”, con un
régimen legal de orden administrativo. Sus sindicatos dejan de tener
justificación, pues ya no cuentan con atribuciones para intervenir en la
defensa de ellos o ellas. Les quita estabilidad en su puesto (que ya no
es un trabajo propiamente dicho) al obligarlos a participar en
evaluaciones organizadas y ejecutadas por un Instituto externo a sus
tareas. A eso tienen el descaro de llamarle: “Educación para toda la
vida”.
El docente queda sujeto a una evaluación
eterna y externa, que le impide adquirir derechos definitivos sobre su
materia de trabajo. [8]
Peña-Nuño también puso en marcha un
nuevo “Modelo Educativo”, que tiene en el centro a las competencias. Y
todo el mundo sabe que la esencia del capitalismo es precisamente la
competencia, que antagoniza con la cooperación entre los seres humanos.
Inventaron las “Escuelas al Cien”, que
dan lugar a que los privados inviertan en el mantenimiento de las
escuelas, y a que puedan quedarse con sus edificios si no se pagan
dichas inversiones.
Los despidos de maestros (profesionales
docentes para el régimen) produjeron un daño irreparable. Se unieron a
la calumniosa propaganda que sostuvieron muchos medios informativos y
dieron lugar al menoscabo en la presencial social de los educadores.
Éstos fueron expuestos a la burla y al escarnio públicos, lo cual es de
imposible reparación. Todavía hoy no han sido reinstalados.
La dependencia del gobierno de Peña-Nuño
respecto de la OCDE es manifiesta. Fue ésta la que determinó el
quehacer de la reforma educativa y los funcionarios mexicanos
simplemente acataron las indicaciones. La soberanía nacional fue puesta
en venta.

Por eso son varios los retos del nuevo gobierno cuando haga efectiva la abrogación de la reforma educativa neoliberal:
-
Establecer constitucionalmente que la educación es un derecho humano y no una mercancía.
-
Rescatar el valor del trabajo académico como formador de seres humanos conscientes y solidarios con sus semejantes.
-
Eliminar las evaluaciones externas, lo que implica desaparecer al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (por inútil, irreformable y pernicioso).
-
Eliminar las cuotas obligatorias para los estudiantes y sus familias. La educación no es un negocio mercantil.
-
Cuando reinstale a los docentes que fueron despedidos por Peña-Nuño, debe reivindicar públicamente sus merecimientos como personas valiosas para la sociedad. Eso implica reparar integralmente el daño que se les causó.
-
Establecer con claridad que es obligación del Estado sostener y proporcionar las condiciones para la eficaz realización de la tarea educativa, sin limitar la participación libre e informada de los maestros.
-
Al definir los programas educativos, tomar en cuenta las diferencias regionales, que se ubicarán dentro de los principios nacionales.
-
Abrir la colaboración con todos los países del mundo, en cuanto al conocimiento y aplicación de sus experiencias educativas.
-
Poner al estudiante en el centro de la labor educacional, sin desmedro de los derechos del maestro. [9]
-
Prever en la legislación que no se repitan las violaciones a derechos humanos que trajo el modelo educativo neoliberal, tanto a los docentes como a los alumnos y a la sociedad en general.
No es sencillo el reto. Pero el pueblo de México tiene capacidad y preparación para superarlo.
Notas
[1] Tan evidente fue el sometimiento de
los deudores a las directrices de los organismos crediticios, que Reyes
Heroles utilizó la misma expresión que mandató el Banco Mundial, el cual
llamó a realizar en todo el planeta “una revolución educativa”.
Comenzaba el retroceso de la educación a nivel global. Desde entonces,
el régimen mexicano ha aplicado con obediencia las reglas dictadas por
esos organismos, de los cuales el más actual la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico.
[2] Consultado en internet el 3 de octubre del 2018.
[3] Es actualmente el funcionario de
mayor jerarquía en la OCDE. Fue secretario de Hacienda en el sexenio de
Ernesto Zedillo Ponce de León. La prensa lo refirió algunas veces como
“El ángel de la dependencia”. Su intervención se denominó “México:
política para un desarrollo incluyente” y partió de la base de enfatizar
que el organismo que él representa ha sido “un aliado estratégico
durante los último 18 años”. Consultado en Internet el 21 de septiembre
del 2018.
[4] OCDE (2012), Gettin It Rigth. Una agenda estratégica para las reformas en México, OECD Publishing. Pág 4.
[5] Más tarde se uniría el Partido Verde Ecologista de México.
[6] Tomado de internet, 3 de octubre del
2018. Si se compara este documento con los actos de la Secretaría de
Educación Pública en los aciagos tiempos en que la han dirigido Aurelio
Nuño y Otto Granados Roldán, se encontrará una gran similitud, tanto en
los planteamientos como en las propuestas. En realidad, ambas partes,
gobierno y empresariado, siguen casi textualmente las sugerencias de la
OCDE.
[7] “La reforma educativa y la evaluación docente: retos para su implementación”, revista Nexos, 17 de junio de 2015. Consultada en internet.
[8] Y la propuesta neoliberal va mucho
más allá, pues propone que se evalúe permanentemente a todos los
profesionistas, con el argumento de que vivimos en la “sociedad del
conocimiento”, en la que éste avanza a velocidad no conocida. Esto
obliga a los médicos, por ejemplo, a estar al día en los avances de la
medicina. Y esto lo deben demostrar en evaluaciones periódicas –dicen–
para que el servicio que presten sea de alta calidad.
[9] El grupo empresarial de Mexicanos
Primero (a quien los agentes de la reforma educativa disfrazaron de
sociedad civil) usó la tesis del “interés superior del niño y de la
niña” para intentar dar base a su propuesta de retirar al maestro la
estabilidad en el empleo y sacarlo de la protección del Artículo 123
constitucional.
José Enrique González Ruiz*
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