El pasado jueves 14 de marzo Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló pormenores de una de las campañas de propaganda negra que fueron desplegadas en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante el proceso electoral 2017-2018, y anunció que el gobierno federal interpondrá una demanda por la presunción de delitos electorales y de lavado de dinero. 
Según el titular de la UIF, en el financiamiento y producción de la serie “El populismo en América Latina” participaron el gobierno del Estado de México a través de la Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC); la empresa Bufete de Proyectos de Información y Análisis; los hermanos Angel y Federico Berrueto Pruneda; Alejandro Quintero Íñiguez, sus hermanos Germán Arturo y Carlos; Grupo TV Promo SA de CV; Piña Digital S de RL de CV; Canaxis, OHL –propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien para intentar limpiar la imagen de su principal empresa optó por darle nuevo nombre: Aleática–; Grupo Peñoles y el Consejo Mexicano de Negocios.
La campaña fue intensa y costosa. Incluso participaron en ella algunos periodistas. El 28 de abril de 2018 Pascal Beltrán del Río, director de Excélsior, difundió en su cuenta en Twitter la programación de la serie, que comprendió seis capítulos; se pretendía que el último, dedicado a presentar al tabasqueño como populista, pudiera coincidir con la fecha más próxima posible al cierre de campañas establecido por la ley electoral. 
Ante el aplastante triunfo de López Obrador en las urnas, Televisa y TV Azteca optaron por no transmitir la serie.
El mismo jueves 14, en el portal Eje Central, Juan Carlos Rodríguez reveló detalles acerca de la maquinación de una supuesta estrategia, denominada “Operación Berlín”, con base en la cual los empresarios Agustín Coppel (Grupo Coppel), Alejandro Ramírez (Cinépolis) y Germán Larrea (Grupo México) financiaron una campaña de desprestigio contra AMLO.
La referida campaña, afirma, fue concebida y operada por un grupo de intelectuales encabezados por Enrique Krauze y Fernando García Ramírez, uno de los principales colaboradores del primero, quien es columnista del diario El Financiero. Ambos son mencionados como los autores intelectuales de algunos de los principales sitios web y perfiles en Facebook antilopezobradoristas, como Populismo Autoritario, Napoleopez y Prensa México. 
De hecho, algunos de los nombres que consigna Rodríguez en su investigación periodística coinciden con los que se incluyen en el libro Juntos Hicimos Historia, puesto en circulación hace dos semanas por Tatiana Clouthier, en el cual se exponen los resultados de las investigaciones de la excoordinadora de campaña de AMLO en torno al origen de PejeLeaks.org.
No queda lejos en el tiempo –mediados de enero de 2018–, cuando León Krauze, hijo del historiador, intentó abrir otro frente contra López Obrador al advertir, en una nota publicada en The Washington Post, sobre la posible intervención de Rusia en los comicios mexicanos.
Los antecedentes de otras campañas semejantes contra AMLO se remontan a varios lustros, hecho que revela un camino de continuidad en técnicas de guerra sucia con claros visos de complot. Destaca la emprendida en 1998 por el entonces llamado Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, cuando el tabasqueño encabezó un movimiento social contra el rescate bancario del Fobaproa. El hecho de que el embate de este grupo empresarial se haya prolongado ya por dos décadas revela un claro plan para destruir a quien hoy es presidente de la República.
Figuran también las campañas del gobierno del panista Vicente Fox en contra del tabasqueño, entonces jefe del gobierno del Distrito Federal, al presentarlo como violador de la ley por abrir un camino de acceso a un hospital; la lanzada durante las campañas presidenciales con miras a los comicios de 2006 y que dirigió Antonio José Solá Reche, contratado por el equipo del también panista Felipe Calderón. El resultado fue la creación de la propaganda negra desplegada bajo el eslogan “AMLO, un peligro para México”. 
En 2012, con Enrique Peña Nieto en la contienda, para favorecer a éste los mismos poderosos grupos político-empresariales decidieron impedir el eventual triunfo de López Obrador en las urnas, pero ahora mostrándolo como el “Hugo Chávez mexicano”. 
En el ciberespacio destacó la furiosa ofensiva de bots y trols –los “peñabots” que introdujo Alejandra Lagunes Soto Ruiz, distinguida discípula de Alejandro Quintero Iñíguez, entonces vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia de Grupo Televisa. 
Una vez instalado en el poder, el priista mexiquense pretendió gobernar a través del marketing y despilfarró altas sumas de recursos federales en la promoción de su imagen pública. La firma Olabuenaga Chemistri, por ejemplo, recibió por lo menos 865 millones de pesos en contratos por la realización de campañas publicitarias en favor del gobierno de Peña Nieto. 
Además, esa empresa destinó millonadas a tareas de manipulación informativa en las redes sociales. La firma Agavis Digital, propiedad de Aaron Fernández y Santiago López –amigos de Alejandra Lagunes desde los días en que laboraban en Google, según destaca el reportaje difundido en Eje Central–, logró conseguir más de 131 millones de pesos en adjudicaciones directas, es decir, sin pasar por licitaciones o concursos.
Resulta ingenuo suponer que Peña Nieto permaneció al margen de las distintas campañas de propaganda negra que fueron implementadas en la guerra sucia desplegada contra López Obrador. Tan ingenuo como creer que el Consejo Mexicano de Negocios nada tuvo que ver con la campaña de propaganda negra de la cual formó parte la serie “El populismo en América Latina”  l
*Director del Centro de Altos Estudios en Internet y Sociedad de la Información, Universidad de los Hemisferios, Quito, Ecuador.
Este análisis se publicó el 17 de marzo de 2019 en la edición 2211 de la revista Proceso.