Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Demandas
y aspiraciones del feminismo: que las mujeres sean concebidas como
ciudadanas en la seguridad social; que los derechos se funden en la
condición de ciudadanía; que el cuidado sea reconocido como un bien
público y, en consecuencia, como materia de políticas públicas; que
su redistribución entre mujeres y hombres y entre el Estado y la
familia, sea un prioridad, y que se reconozca que el trabajo de cuidado
no remunerado que realizan principalmente las mujeres subvenciona a los
Estados y que, por lo tanto, este aporte debe ser reconocido en la
seguridad social.
Afirmaciones del texto publicado por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal), con el titulo: “De beneficiarias a
ciudadanas. Acceso y tratamiento de las mujeres en los sistemas de
pensiones de América Latina”.
Las mujeres constituyen la mayoría de la población adulta mayor,
salvo excepciones, están subrepresentadas entre quienes perciben
pensiones. La proporción de mujeres de 65 años y más que reciben algún
tipo de pensión o jubilación es menor que la de hombres. Si bien en la
región se ha avanzado en la inclusión por medio de pensiones no
contributivas, estas son las prestaciones de menor monto y no permiten a
las mujeres superar la situación de pobreza. Como sucede con las
tarjetas para Adultas Mayores que otorga aquí el gobierno.
La gráfica anterior muestra en forma muy clara que la brecha de
género de México supera con mucho a la de los otros países, es del orden
del 42.0 por ciento; quiere decir que los hombres perciben casi el
doble de las pensiones (de toda índole), así como las jubilaciones, por
encima del monto que reciben las mujeres. En estas condiciones el
presente y el futuro demográfico del país indica una vejez femenina en
la pobreza y la desigualdad; por supuesto evidencia que no se respetan
los derechos de las mujeres. Esto significa un grave retroceso en los
derechos femeninos más elementales, también conlleva un menor
crecimiento del país, en todos los órdenes, no únicamente en el
económico.
Esta brecha que se aprecia en México responde en buena medida al fin
de la pensión solidaria y la llegada de las Afores. Argentina que
mantiene una pensión solidaria muestra una brecha de género de tan sólo
9.6 por ciento.
Es indispensable que de verdad se realice una reforma en el sistema
de pensiones, las tarjetas para adultas o adultos mayores del Estado
simplemente revisten el problema como un asunto de pobreza y no de
Ciudadanía, un derecho básico femenino y por supuesto no resuelven la
brecha entre géneros, simplemente la pueden suavizar levemente.
“Lograr que la dimensión de género esté presente de forma integral en
el diseño de las reformas de los sistemas de pensiones constituye un
desafío. La inclusión de las mujeres en los sistemas de pensiones es
indispensable para hacer frente a la nueva estructura de edades de la
población, a la demanda y la necesidad de autonomía económica y al
ejercicio de sus derechos. Además, es también un requisito para la
sostenibilidad de los propios sistemas.
Básicamente, en la seguridad social se pueden tomar dos grandes
rumbos. Uno de ellos es asumir una seguridad social fundada en la
ciudadanía, financiada con impuestos generales y desvinculada del
mercado laboral. El otro es implementar un modelo financiado con aportes
provenientes de las remuneraciones de las propias personas; estos son
los regímenes denominados contributivos, en que la jubilación representa
una proporción del salario”.
“En este contexto, las mujeres están en peor situación que los
hombres en términos de cobertura. Esto ocurre tanto en el caso de
personas cotizantes o afiliadas (activas), como de personas mayores
receptoras de pensiones (pasivas). También están en peor situación en
términos de suficiencia de las prestaciones, pues en todos los casos
perciben prestaciones inferiores a las de los hombres y están
sobrerrepresentadas entre quienes perciben pensiones no contributivas o
sociales, que son de menor monto que las contributivas”. Por ejemplo las
tarjetas que otorga el Estado a las adultas mayores.
Baste citar que en la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) se establece la
obligación de los Estados de adoptar todas las medidas necesarias para
asegurar a las mujeres el ejercicio del derecho a la seguridad social en
igualdad de condiciones con los hombres.
A continuación se hace mención a los compromisos asumidos por los
gobiernos en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe (CEPAL, 2017):
• Ofrecer cobertura universal, integral y eficiente mediante el financiamiento solidario.
• Articular los sistemas previsionales con un amplio espectro de
políticas públicas que garanticen el bienestar, la calidad de vida y el
retiro digno, y fortalezcan el pleno ejercicio de la ciudadanía por
parte de las mujeres.
• Incluir a las mujeres rurales, las trabajadoras domésticas, las
autónomas, las informales y las trabajadoras por contrato, así como las
distintas formas de familia, incluidas las parejas del mismo sexo.
• Incorporar mecanismos que permitan reconocer y compensar el cuidado
no remunerado que brindan predominantemente las mujeres en sus hogares,
a fin de integrarlas en los sistemas de seguridad social.
Aumentar la inversión pública en seguridad social, de manera que se
aborden en forma integral las demandas específicas de cuidado y
protección social que tienen las mujeres en situaciones relacionadas
con la enfermedad, la discapacidad, el desempleo y los ciclos vitales,
sobre todo en la infancia y la vejez.
• Adoptar medidas que favorezcan el ejercicio del derecho al cuidado y
una repartición más equitativa de este entre la sociedad, el Estado y
las familias, así como el avance de la legislación laboral y los
sistemas de seguridad social hacia licencias para hombres y mujeres que
permitan distribuir el cuidado de forma más justa en las familias.
La normatividad nacional e internacional es muy clara, el asunto o el
problema es empujar para que las mujeres informadas y organizadas
luchen por estos derechos y los vuelvan realidad, pese a las
resistencias que muestran los gobiernos o los partidos políticos.
*Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Ciudad de México.
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