¿Porqué una Comisión de la Verdad con ciudadanos?

José Enrique González Ruiz

Quien logra que sus fechorías
queden ocultas,
seguramente las repetirá.

Las heridas que deja la Guerra Sucia

La convivencia de quienes formamos la sociedad aspira a ser armónica; esto es a desarrollarse en paz y con respeto a los derechos de cada una de las personas. La mejor garantía de tranquilidad es la creación de condiciones que permitan a todas y a todos un desarrollo pleno e integral.

Por eso, los grupos humanos se dan reglas de idéntica validez para todos sus integrantes. Tales reglas se basan en valores, mismos que se pretende fomentar y fortalecer. Lo contrario a ello son los antivalores, que se desea suprimir y evitar. El Estado es el encargado de ambas tareas; promover los valores y reprimir los anti valores; para ello se le dota de fuerza.

Al representar a la sociedad, los miembros del Estado tienen que sujetarse estrictamente a las normas legales; esto es, a las leyes. Es éste su estricto marco de acción La Guerra Sucia se da cuando las autoridades rompen los límites jurídicos que la sociedad les ha impuesto. Con el pretexto de buscar “fines superiores”, rebasan los linderos legales en que se deben mover. Con esto pierden legitimidad y otorgan justificación a la resistencia social. Como depositario original del poder, el pueblo nunca pierde el derecho a resistir la opresión.

Al quebrantar las reglas de la convivencia, el Estado se convierte en burlador de los Derechos Humanos y origina a la sociedad las más graves ofensas y lesiones.

En la escala de infracciones a la Ley, las de mayor rango son las consideradas como de lesa humanidad, tanto por el valor jurídico que tutelan (la salud y armonía de la vida social), como por la entidad a quien ofenden, que es toda la especie humana.

Cuando el Estado emprende una Guerra Sucia contra su propia población, produce daños que afectan todo el tejido social, dejan secuelas muy difíciles de restañar. Las heridas son tan profundas que se requiere de medidas reparatorias de suma trascendencia.

Torturar, secuestrar, mantener a las personas en prisiones clandestinas, perseguir y hostigar al entorno familiar y social de las víctimas, ejecutar extrajudicialmente y desaparecer forzadamente, son acciones de poder indignas de estas políticas civilizadas.

¿Qué hacer cuando el estado no castiga a los criminales?

El Estado no existe por sí y para sí; únicamente tiene sentido en la medida en que responde a los intereses de la sociedad. O sea que es un instrumento y no un fin.

La obligación esencial de las autoridades es propiciar condiciones para que las personas se realicen en dignidad. Ninguna otra tarea tiene más relevancia. Incluso, todas las funciones públicas se legitiman en dicha obligación.

Sólo que las violaciones a los Derechos Humanos son perpetradas por personeros del Estado. Por eso regularmente quedan sin castigo. Así ha ocurrido en México, donde no se ha llevado a juicio, seriamente, a ningún perpetrador de crímenes de lesa humanidad. Ha imperado la lógica de protección que se dan entre sí los que ejercen poder estatal.

Ante eso, la sociedad tiene dos caminos: a) hacer justicia de propia mano, lo cual es complicado, porque implica también quebrantar las leyes. Y b) crear instancias de justicia alternativa, que suplan las omisiones de los órganos formales de autoridad. Esto último es lo que da origen a las comisiones de la verdad y a tribunales ciudadanos que juzgan éticamente.

La historia demuestra que no basta con juicios simbólicos. Porque por ejemplo, Luis Echeverría ha sido condenado casi unánimemente los las y los mexicanos, pero en los hechos eso no le ha quitado el sueño.

Ante la prolongación por décadas de la impunidad, el mecanismo de la comisión de la verdad resulta atractivo. Aunque debe reunir ciertos requisitos indispensables para funcionar.

Características de una Comverdad eficiente

De entrada, la Comverdad no debe ser sólo testimonial. Es cierto que sus informes son útiles para que la sociedad conozca los hechos investigados (vinculados a conductas aberrantes de miembros del Estado), pero no tiene que quedar ahí, sino avanzar al enjuiciamiento de los culpables. Verdad y Justicia son inseparables.

Creada por el Congreso, es necesario que cuente con facultades legales para tomar declaraciones y para recibir testimonios, así como acopiar otras pruebas. Tendrá que hacer públicos sus hallazgos, para que eso presione al Ministerio Público a la hora de ejercicio de la acción penal.

Lo más importante de la Comverdad es su autoridad moral; y eso tiene relación con el origen de sus componentes. Deben ser ciudadanos y ciudadanas que no tengan cargos públicos en ninguno de los niveles de gobierno, ni ser directivos de partido político ninguno. Obviamente, es deseable que su trayectoria de vida vincule con la defensa de los Derechos Humanos. Aunque la neutralidad pura no existe, sí es posible encontrar personas que no tengan intereses concretos que les impidan un juicio sereno ante las atrocidades de la Guerra Sucia.

En México, los aparatos de justicia (jueces y ministerios públicos) han sido ineficientes para castigar a los violadores de Derechos Humanos. Los delitos que se cometen desde el poder, siempre han quedado impunes. Por eso es urgente crear comisiones de la verdad, ciudadanas y no testimoniales. México tiene derecho a conocer la Verdad y a que se haga Justicia. También los familiares que lo pidan, deben recibir la correspondiente reparación.


21 de febrero de 2012.