En la última década fallecieron 85 mil 343 mexicanos por falta de alimentos, mientras que 49 mil 804, por enfrentamientos armados
CIUDAD DE MÉXICO, 19 de febrero.- En México hay más muertes por hambre que las causadas por los enfrentamientos entre narcotraficantes, indican cifras reportadas de 2001 a 2010.
De acuerdo con el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en ese lapso fallecieron 85 mil 343 personas por desnutrición, frente a las 49 mil 804 víctimas por el crimen organizado que registraron la Procuraduría General de la República (PGR) y la Cámara de Diputados.
Es decir, esas cifras reflejan que los decesos por hambre en una década son superiores por 35 mil 539 a los causados por los cárteles.
Al respecto, el director del CEIDAS, Mario Luis Fuentes, señaló a Excélsior que “hay 12 millones de mexicanos que no tienen ingreso suficiente para comprar la canasta básica de alimentos”, por lo que “si no mueren por desnutrición, morirán por enfermedades generadas por ésta”.
A su vez, el investigador de la UNAM Gustavo Gordillo, quien fue subsecretario de Agricultura en los años 90, aseguró que el problema no es la falta de fondos, sino la “fragmentación” y descoordinación de los tres niveles de gobierno para aplicar los programas sociales.
También expuso que las dificultades en materia alimentaria comenzaron con la reducción de los subsidios al campo y la caída de la producción en 1965.
De esa manera, la pobreza extrema y el limitado acceso a los alimentos deben ser atendidos de inmediato, resaltó Fuentes.
Hambre mata a 35 mil más que la violencia
México ha enfrentado la pérdida de 49 mil 804 mexicanos entre 2001 y 2010, que fallecieron en enfrentamientos entre narcotraficantes —de acuerdo con datos de la PGR y de la Cámara de Diputados—, pero hay una realidad que arrancó más vidas en el mismo lapso: la desnutrición, ya que 85 mil 343 mexicanos murieron por esta causa en el mismo periodo, de acuerdo con datos del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En el país, la mayoría de las muertes violentas aparecen en los medios de comunicación, son visibles; sin embargo, los 85 mil 343 decesos por desnutrición casi no se ven. El fenómeno apenas saltó a los medios con la hambruna que sufren los rarámuri en Chihuahua, pero para los expertos es sólo el primer síntoma de una emergencia nacional.
“Hay 12 millones de mexicanos que no tienen el ingreso suficiente para comprar la canasta básica de alimentos”, dijo a Excélsior Mario Luis Fuentes, director del CEIDAS: “Si no mueren por desnutrición, morirán por las enfermedades generadas por ésta”, aseveró el especialista, quien también es investigador y académico de la UNAM.
La pobreza extrema y el limitado acceso a alimentos no es un problema pasajero. Es ya una realidad presente en 339 municipios del país explicó Fuentes, para quien este hecho pone en evidencia que “se requiere una profunda revisión de toda la política social, para crear una propuesta que genere equidad. Se requiere un nuevo pacto social que establezca garantías de que se cumplirán los derechos de la población”, manifestó.
Fuentes recordó que el hambre no sólo es por falta de alimentos, carbohidratos y proteínas: “Es también falta de agua, quiere decir pisos de tierra, falta de drenaje; tiene que ver con el cuidado de los jefes de familia, su capacidad por proteger a los más vulnerables, los niños”, consideró.
En contraparte, si bien la lucha antinarco ha traido un aumento de muertos en los últimos, la cifra aún no se compara con la hambruna que padecen algunos municipios del país.
En enero de 2007, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados presentó un informe basado en cifras que le había entregado la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública que señalaba que en el sexenio de Vicente Fox fallecieron 8 mil 780 personas a causa de los enfrentamientos entre o contra narcotraficantes.
Entre los diputados que presentaron el informe estuvo el perredista Francisco Santos y el informe especificó que hubo mil 80 decesos en 2001 a causa de enfrentamientos del crimen organizado, mil 230 en 2002, mil 290 en 2003, mil 304 en 2004, mil 776 en 2005 y dos mil 100 en 2006, para un total de ocho mil 780 defunciones por esta causa.
Datos de la Procuraduría General de la República indicaron que en diciembre de 2006 hubo 62 muertes relacionadas con el tráfico de estupefacientes; en 2007 sumaron seis mil 826; en 2008, seis mil 837; en 2009, 11 mil 753, y en 2010, 19 mil 546, para un total de 41 mil 24.
Pero, ¿qué llevó a México a la situación presente donde 12 millones de mexicanos están en condiciones tan precarias?
Para Fuentes, el problema no es la falta de recursos públicos, sino una “fragmentación y descoordinación entre programas sociales de los niveles municipal, estatal y federal de gobierno. Eso ha generado un desorden social, pues no basta poner piso firme en una casa si no se garantiza que habrá agua limpia y viceversa”.
Recordó que en la época priista había un control centralizado de los recursos: “Estaba anclado al gran autoritarismo presidencial del régimen priista; era tal la verticalidad y autoritarismo que ejercía el Presidente de la República, que lo imponía en lo político, lo social y lo económico”.
Explicó que al llegar el PAN al poder en 2000 debió establecer un nuevo sistema para controlar los recursos destinados a programas sociales, pero no lo hizo y al acotarse el sistema presidencialista, se perdió el control sobre esos recursos.
¿Qué ocurre con el campo mexicano? En nuestro país los gobiernos de Lázaro Cárdenas y de Miguel Alemán impulsaron el campo y lograron altos niveles de producción hasta principios de los 60. Con la producción agrícola incluso se financió parte de la industrialización mexicana, pero después se redujeron los subsidios al campo y en 1965 cayó la producción.
“En estricto sentido, la crisis en el campo en México empezó en 1965 cuando dejamos de producir suficiente maíz para satisfacer las demandas de ese momento”, dijo Gustavo Gordillo, quien fue funcionario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés).
En los 90, cuando gobernaba Carlos Salinas de Gortari, en lugar de incrementar los subsidios para el campo, en el gobierno federal se tenía la visión de que “sobraban” millones de agricultores en el campo y había que transferirlos a la ciudad, manifestó.
Gordillo, investigador de la UNAM y quien era subsecretario de Agricultura en ese entonces, narró a Excélsior que aunque el titular del sector, Carlos Hank González, no compartía esa visión, otros miembros del gabinete, como el entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe, la impulsaron.
“Su planteamiento era muy simple: ‘Tenemos millones de campesinos que sobran en el campo, entonces los vamos a llevar a la ciudad donde va a haber empleo’… Yo estaba totalmente en contra de eso y les decía que si no había empleos suficientes, ¿que íbamos a hacer con esos campesinos?”, recordó Gordillo.
Se redujeron los apoyos al campo y se apostó por el “traslado” de los agricultores a la ciudad; al no haber empleos, el resultado fue una migración masiva que se intensificó entre 2003 y 2007, cuando cada año se iban en promedio 500 mil mexicanos a Estados Unidos.
Otro error grave es que en la última década México no garantizó la autonomía alimentaria, mientras países como Rusia en tiempos de sequía dejaban de exportar y guardaban su trigo para consumo de sus ciudadanos; el país no ha garantizado el abasto de maíz y frijol.
¿A dónde van los subsidios?
De acuerdo con Gordillo, los subsidios del campo se destinan sobre todo a los estados del norte y noroeste del país; el destino final de los subsidios se decide en la Cámara de Diputados y hay grupos de poder que logran dirigir el grueso de los recursos para el campo hacia esas regiones.
“A mí me consta que ha habido varios secretarios de Agricultura, recientemente, que han estado literalmente en contra de esta concentración de subsidios y que no han podido enfrentar a los grupos de presión, que ya están muy enquistados y están exigiendo más y más subsidios, basta ver los recursos a Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, allí están”, aseveró.
Y ¿qué pasa en el resto del país? Hay zonas con gran potencial agrícola que han sido abandonadas por falta de subsidios suficientes y están ubicadas en los estados de Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Estado de México, zonas que antes fueron grandes productoras de granos.
Gran parte de la producción de maíz está concentrada en Sinaloa y “cuando tenemos una helada o una sequía o lluvias excesivas, eso tiene una gran repercusión, porque la producción no está distribuida equitativamente en todo el país, está concentrada en una sola región”, manifestó.
Desnutrición y pobreza
Para Mario Luis Fuentes, al descuido del campo se suma la fragmentación y descoordinación de las políticas sociales. Insistió además en que el gobierno federal no tiene un mecanismo eficaz para obligar a estados y municipios a dar cuenta de lo que hacen con el presupuesto destinado a gasto social.
Además de la crisis en el campo y de la sequías vinculadas al cambio climático, “hay un deterioro social, generado por la fragmentación de los programas sociales; el Estado es responsable porque tiene los peores servicios en los lugares de mayor vulnerabilidad, con menor cobertura, con peor capacidad o calidad”.
Fuentes destacó que hay una enorme desigualdad en el Estado mexicano: “Los que más requieren, tienen los peores servicios. El problema emblemático pueden ser hoy los rarámuri, en Chihuahua, pero hay 339 municipios donde más de 50 por ciento de la población vive en pobreza. Estamos hablando de población que vive hambre cotidianamente”, explicó. En esos municipios, la población indígena se ve particularmente afectada; es la población que vive en las zonas más aisladas, peor comunicadas y con menos acceso a los servicios básicos.
El investigador recordó que las cifras del INEGI sobre salud establecen que en promedio cada año mueren ocho mil mexicanos por desnutrición y de 2001 al 2010 se llegó a 85 mil 343 defunciones por este factor.
Fuentes consideró que funcionarios del gobierno federal consideran que la política social es la correcta, que programas como Oportunidades están teniendo un impacto real en el bienestar de la población, aunque no es del todo cierto.
Sin profesionales
“O por ejemplo, hay gente que dice que ya hay cobertura de salud universal, simplemente porque hay afiliación, cuando sabemos que no hay médicos profesionales en esos lugares, sólo hay pasantes, que actúan solos, sin la asesoría de nadie”, lamentó.
El origen del problema está en que mientras en las décadas de los gobiernos priistas hubo un control centralizado de la política social, al llegar el PAN al poder, no se construyó un nuevo modelo de gestión de políticas sociales. Por eso, aseguró Fuentes, cada dependencia actúa por su lado, no hay una concepción homogénea de la estrategia que debe implementarse para garantizar que toda la población tenga acceso a servicios básicos eficientes y mientras todos los reflectores están en la lucha anticrimen, casi nadie voltea a la emergencia nacional que representa la desnutrición.
Urgen a unificar la política social
La descoordinación entre dependencias de los tres niveles de gobierno que aplican políticas sociales ha generado una fragmentacion que no contribuye a resolver el tema de la desnutricion, dijo Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS).
Sobre este asunto, el subsecretario de Prospectiva, Planeacion y Evaluacion de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Marco Antonio Paz Pellat, expresó que el titular de esa dependencia, Heriberto Félix “ha planteado que es urgente tener una sola política social nacional —que se aplique a los tres niveles de gobierno— y para eso se requiere una reforma a la ley nacional de desarrollo social, pero hasta el momento no ha sido tema prioritario para el Congreso de la Unión”.
La reforma a la ley “obligaría a estados y municipios a institucionalizar la política social, tener reglas de operación, rendir cuentas, publicar padrones y someterse a evaluaciones externas”, manifestó.
Recordó que parte del problema es que mientras 78 por ciento de los programas sociales federales cuentan con un padrón, sólo 44 por ciento de los programas sociales estatales lo tienen.
Sobre el planteamiento de Fuentes de que México vive una emergencia nacional en materia de desnutrición, el funcionario federal manifestó: “Desafortunadamente no hay evidencia que avale eso; ahorita tenemos un asunto de coyuntura muy serio que es el tema de la sequía, debido al cambio climático que nos está afectando”.
Coincidió con Fuentes en que a mediano plazo se requiere una política social que permita dejar de depender de las transferencias de Oportunidades y dar a la población la capacidad de generar sus propios ingresos.
En cuanto a la producción de suficientes granos en el país, el investigador de la UNAM, Gustavo Gordillo, ex funcionario de la la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dijo que en 2012 tiene que garantizarse al menos la autosuficiencia en producción de maíz y frijol.
Gordillo señaló que uno de los grandes problemas del campo es que los estados del norte del país cómo Sonora, Sinaloa y Tamaulipas concentran los subsidios del campo, mientras que el centro y el sur se han quedado desprotegidos.
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