La justicia no llega para víctima de feminicidio en Juárez

ESPECIAL

Estado da largas para cumplir medidas en caso Paloma Escobar

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 21 feb 12 (CIMAC).- Pese a las condenas internacionales, el Estado mexicano sigue dilatando la justicia para las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, ahora a través de las prórrogas en el cumplimiento de las recomendaciones sobre el homicidio en 2002 de Paloma Angélica Escobar Ledezma.

Con pocos avances en materia de prevención e investigación de la violencia de género, este febrero se cumplieron seis meses de que los gobiernos federal y de Chihuahua firmaron un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que este caso de feminicidio no llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

El convenio –de carácter confidencial– expresa la voluntad de las autoridades federales y locales de reconocer su responsabilidad en las omisiones de este caso, avanzar en las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables, y establecer medidas para evitar la repetición de estos asesinatos, según informó la familia de la víctima.

Aunque hasta ahora poco se conoce de los avances en la materia, el gobierno federal –a través de la Secretaría de Gobernación– convocó para este 23 de febrero a un evento público en la ciudad de Chihuahua, para pedirle perdón a la familia de Paloma Angélica por no haber protegido la vida de la joven, ni haber indagado su muerte.

Paloma Angélica era una joven de 16 años de edad que trabajaba en una maquiladora en Juárez, y los sábados iba a una escuela de computación. El 2 de marzo de 2002 salió de su casa para ir a sus clases pero no regresó. Días después, el 29 de marzo, fue encontrada muerta y con presuntos signos de violación sexual.

Desde entonces su madre, Norma Ledezma –fundadora y coordinadora de la organización civil Justicia para Nuestras Hijas– emprendió una lucha para esclarecer el asesinato de su hija, batalla que decidió llevar hasta la CIDH luego de que la Fiscalía estatal no determinaba una línea de investigación, ni consignaba a alguno de los posibles sospechosos.

Si bien este jueves el Estado mexicano pedirá perdón a Norma, las garantías de no repetición, la estandarización de protocolos de investigación, la implementación de un programa de búsqueda y localización de mujeres desaparecidas, y la base de datos sobre desaparecidas aún son un pendiente del que poco se conoce.

DIEZ AÑOS DESPUÉS

Este 2 de marzo se cumplen 10 años de la desaparición de Paloma Angélica, y en agosto próximo un año de las recomendaciones emitidas por la CIDH; pese a ello, el número de desaparecidas va en aumento ya que de acuerdo con organizaciones civiles en 2002 se reportaron tres casos y en 2011 la cifra se disparó a 91.

Lo mismo sucede con la ola de asesinatos violentos en esta entidad que, según los recuentos de Justicia para Nuestras Hijas, sólo en 2011 cobró la vida de 364 mujeres, es decir, prácticamente una fue asesinada a diario sin que las anunciadas medidas de prevención surtan efecto.

Cabe recordar que a un año del asesinato, el 30 de diciembre de 2003, Norma Ledezma y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentaron el caso ante la CIDH, que lo aceptó en marzo de 2006.

En agosto de 2011 Norma Ledezma Ortega y su hijo Fabián Escobar Ledezma firmaron un acuerdo con representantes de los gobiernos de Chihuahua y federal, y de la CIDH, para cumplir las medidas de reparación de las violaciones a Derechos Humanos sufridas a partir de la muerte de Paloma Angélica.

Agustín Martín, abogado de Cejil, recuerda que desde 2010 la CIDH elaboró un informe sobre este caso. Desde entonces, el organismo internacional le hizo nueve recomendaciones al Estado mexicano, el cual mostraba avances a la vez que pedía prórrogas para seguir con el cumplimiento de las medidas.

En agosto de 2011, con la formalización del acuerdo, se fijó este mes de febrero como plazo para dar por cumplidas las recomendaciones, pero este límite de tiempo se volvió a prorrogar y la CIDH dio un nuevo plazo de seis meses, es decir, el Estado mexicano responderá hasta agosto próximo.

El abogado reitera que de acuerdo con la normatividad del sistema interamericano, el Estado mexicano está obligado a cumplir los compromisos firmados, pero queda en manos de la CIDH valorar si las cumplió o no. De encontrarlo omiso, este caso podría pasar a la CoIDH.

El CUMPLIMIENTO

Aunque las nueve recomendaciones son de carácter confidencial, el gobierno de Chihuahua ha dado a conocer algunos avances en materia de acceso a la justicia de víctimas de feminicidio y prevención de la violencia de género, los cuales tienen que ver con los compromisos adoptados con la CIDH.

El pasado 4 de febrero se publicó en el Periódico Oficial de Chihuahua el decreto para reformar el artículo 3 y 8 de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo estatal, para crear la Fiscalía especializada en atención a mujeres víctimas del delito, instancia que dará seguimiento a los casos de feminicidio.

De acuerdo con el decreto, la Fiscalía realizará funciones de prevención, investigación, persecución y atención a los delitos cometidos contra mujeres, y tendrá coordinaciones regionales en la zona centro, norte, sur y occidente del estado. Ahora falta ver las instalaciones, el personal y su funcionamiento.

Norma Ledezma, quien a lo largo de estos 10 años se ha convertido en defensora de víctimas de violencia, opina sobre la nueva Fiscalía “especializada”: “No hay especialidades, en algunos (fiscales) hay buena voluntad, en otros hay negligencia terrible, por eso estamos donde estamos”.

Sostiene que la creación de esta institución responde a la exigencia de madres, activistas y organizaciones civiles, pero advierte que la operatividad dependerá de quién esté al frente. “La creación así como está ya responde, ahora vamos a ver la operatividad, el funcionamiento, porque no sólo puede ser de nombre o nada más para la foto”, advierte.

Sobre otras recomendaciones (que no son públicas), Norma asegura que el avance es más lento, y explica que como lo recomendó la CoIDH en 2009 en la sentencia del feminicidio de Campo Algodonero, las autoridades han trabajado en la elaboración de protocolos de investigación. No obstante, aclara, aún falta ver cuándo se presentan y si cumplen con los estándares internacionales.

Otro de los avances, gracias al trabajo de Norma, fue un convenio de colaboración entre la Fiscalía de prevención de delitos, Justicia para Nuestras Hijas y la Asociación de Maquiladoras A.C. (AMAC), para que la agrupación civil imparta pláticas y talleres sobre prevención de violencia de género y familiar en estas empresas, donde el personal es mayoritariamente femenino.

PENDIENTES

A la distancia, Ledezma enumera lo que dejó la muerte de su hija: “Podemos hacer cosas para ayudar a otras familias, para localizar a otras mujeres desaparecidas, para crear organismos, mecanismos que prevengan, que capaciten, que las mujeres puedan continuar viviendo una vida libre de violencia”.

Sobre el acceso a la justicia sostiene que cada quien puede hacer una interpretación distinta de este término. “La justicia para la familia de Paloma, la justicia para Paloma, sencillamente no ha llegado y no llegará… porque le arrebataron lo más valioso que tenía, eran sólo 16 años”, expresa con dolor.

Y sentencia: “Pero ni con esto, ni en lo que me reste de vida, lo que suceda se va a llamar justicia. Nada te paga, absolutamente nada, lo que perdimos. Yo perdí todos estos años de mi vida, perdí mi trabajo, mi salud, mi hijo está solo…”.

Con todo, Norma recalca que su batalla no tiene fin: “Habrá verdad, sigo trabajando y luchando por esa verdad y por justicia para las mujeres. Que ya no haya mujeres muertas, que haya prevención, eso sí puedo seguirlo trabajando. Quiero justicia para que las mujeres ya no sigan sufriendo, perdiendo la vida como la perdió Paloma”.

Si en algo confía la activista es en saber qué pasó ese 2 de marzo que desapareció su hija. “Por supuesto lucharé porque los responsables lleguen ante un tribunal y un juez determine qué castigo les da, pero si les dan dos años, 20 o toda la vida no se llamaría justicia”.