Mientras va en aumento la crisis penitenciaria, como consecuencia obvia de la que se vive en el país luego de doce años de dramático retroceso en todos los campos de la vida nacional, Felipe Calderón nos sale con que la solución está en construir más reclusorios, porque hace dos décadas no se construye uno solo. Aun cuando ese fuera el caso, lo cierto es que por más penales que se edificaran a lo largo y ancho de la República, no alcanzarían para dar cabida a tantos miles de jóvenes que se ven obligados a delinquir porque son las principales víctimas de un sistema social y económico que obstaculiza su desarrollo humano.
La situación que se vive en la mayor parte de los centros penitenciarios, tiene su razón de ser en la descomposición que padecen, la que a su vez reproduce la que experimenta el país luego de tres décadas de exclusión creciente de la mayor parte de los jóvenes del proceso de desarrollo. Tal realidad se agravó a partir de este sexenio por la malhadada política anticrimen de Calderón, que en realidad sirvió para avivarlo y darle una dimensión inédita, mucho más redituable para quienes se aprovechan de ella. Esto también se vive al interior de los penales, con saldos cada vez más trágicos.
El sangriento episodio del penal de Apodaca, Nuevo León, que dejó 44 muertos y decenas de heridos (que favoreció la fuga de 30 miembros de Los Zetas), es la reproducción de lo que se vive al exterior, donde la banda de Los Zetas lleva a cabo una labor de “limpia” de rivales. Tal realidad es la herencia que dejará Calderón al país, pues gracias a su “estrategia” surgió este grupo delictivo de origen paramilitar que cuenta con todos los recursos para ganar terreno en el mundo del hampa. El nuevo gobierno federal, y particularmente la Secretaría de la Defensa, tendrá el insoslayable compromiso de poner fin a esta organización delictiva que amenaza la estabilidad del país, que podría ser utilizada con una finalidad política de corte nazi-fascista por fuerzas conservadoras reacias a perder el poder.
No es casual que dicha organización paramilitar no tenga ningún tipo de compromiso con nadie, pues eso facilita y amplía su campo de acción. Tampoco debe serlo que se haya fortalecido muy rápidamente en este “gobierno”, afectando severamente la paz social, problema que antes no existía porque los cárteles tradicionales lo que menos necesitaban era una situación que los pusiera en el ojo del huracán, como sucedió a partir de que el inquilino de Los Pinos desató su “guerra” contra ellos. Queda claro que el último recurso de tal estrategia fue la creación de una organización delictiva confiable y que sirviera a su interés fundamental: desarticular el mercado de estupefacientes para crear uno nuevo, más funcional.
Si así como ha beneficiado a los miembros de las fuerzas armadas, lo que sería justo si paralelamente beneficiara también a los trabajadores, Calderón hubiera apoyado el fortalecimiento del tejido social del país, sin duda no existiría el descontrol delictivo que se vive en buena parte del territorio nacional. Ahora quiere arreglarlo con medidas de emergencia, como un nuevo incremento salarial a las tropas. En este sexenio, los aumentos salariales al Instituto Armado fueron de 150 por ciento, al pasar un soldado raso de ganar 4 mil 300 pesos en 2006, a devengar hoy 10 mil 800 pesos. Esto, desde luego, no es criticable, pues se trata de un sueldo justo. Lo censurable es que no se actúe con igual justicia con el resto de la población asalariada.
Cabe recordar que el último aumento a los salarios mínimos fue de sólo dos pesos. Luego se espantan los miembros de la oligarquía por las protestas de los trabajadores, que en México no han adquirido la violencia que se ha visto en otras naciones, como en Grecia. Luego se desgarran las vestiduras por los sangrientos sucesos de las cárceles mexicanas, cuando son ellos los causantes indirectos de lo que está sucediendo por su terquedad en mantener inalterable una realidad sumamente injusta, y dar su aval a “políticos” como Calderón, cuya capacidad gubernativa está a la vista de todos, con resultados negativos por donde quiera que se vea, realidad que se manifiesta a pesar de las costosas campañas en los medios electrónicos con el fin de ocultarla.
Los líderes de Los Zetas dicen que se llaman así porque después de dicha letra no hay más en el abecedario, con lo que quieren señalar que más allá de ellos no hay nada. En efecto, no hay un Estado de derecho, no hay un país de leyes, no hay democracia, no hay gobernabilidad. Los grupos empresariales deberían preguntarse si eso es lo que quieren que se perpetúe en el país, en vez de una nación con estabilidad y paz social, con oportunidades para todos, con clases medias sólidas y en ascenso, única opción real para desterrar la violencia y el crimen organizado. Es muy claro que más violencia, como quiere Calderón, sólo nos llevará a vivir en una nación sin futuro.
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