José Enrique González Ruiz
Alguien anda pintando el cielo de rojo
y anunciando lluvias de sangre.
Padre: deje de llorar,
que nos han declarado la guerra.
Canto de Joan Manoel Serrat.
Aunque logramos un honroso cuarto lugar en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, con una inusual cosecha de medallas, tenemos el peor record en materia de Justicia, pues todavía no sancionamos a ningún violador de Derechos Humanos. ¿Esto quiere decir que en México no se violan esos derechos? ¿O que no funcionan los mecanismos de procuración y administración de justicia? Desgraciadamente, la respuesta correcta es la segunda.
Y no podemos culpar a la ciudadanía de esa falla, pues nunca ha cejado la lucha porque se investigue seriamente y se lleve a juicio a los perpetradores. No son pocos los organismos de la sociedad que demandan el cumplimiento de los estándares internacionales en esta materia y cuyos integrantes se han colocado en situación de riesgo ante un Estado represivo. Pero el poder siempre ha tendido una malla de intereses que, convertidos en cómplices, impiden que se haga justicia en estos casos.
Cuando Fox instaló la Fiscalía para asuntos del pasado (FEMOSPP), se despertaron algunas esperanzas. Personajes siniestros como Echeverría y Nazar Haro fueron llamados a comparecer ante la autoridad, pero infortunadamente, todo fue una dolorosa simulación.
Para desgracia de México, los autores de crímenes nefandos gozan de cabal impunidad.
La Justicia Alternativa se plantea como opción
En los discursos de los políticos, México es un Estado de Derecho donde la voluntad general, expresada en leyes, es norma suprema de la convivencia social. Quien solamente conozca las publicaciones oficiales y semioficiales (de periódicos y demás medios afines al gobierno), pensará que nuestras autoridades son respetuosas de las prerrogativas del gobernado. Nada más lejos de la verdad.
Cuando alguien se atreve a decir que las instituciones no están cumpliendo las tareas para las que fueron creadas, se levantan airadas voces de acusación: “anarquista”, “enemigo de la ley”, “peligro para México”. Los autores del desastre nacional no soportan que se les señale su responsabilidad.
Mas lo cierto es que en materia de justicia hay un atraso formidable. El pueblo llano descree de los jueces porque ve cómo los delincuentes de traje y corbata pasean impunes por todo el territorio nacional.
Por eso se busca que las grandes infracciones a los Derechos Humanos sean materia de trabajo de instituciones alternativas, como las comisiones de La Verdad, que no respondan a motivaciones de política inmediata, sino que trasciendan la búsqueda de puestos públicos y triunfos partidarios.
COMVERDAD para acabar la impunidad
Está fuera del alcance de la sociedad el castigo de todas las conculcaciones a los Derechos Humanos. Son demasiadas; y muy poderosos sus autores. Lo ejemplifican nítidamente, entre otros, los casos de Acteal, Atenco y Oaxaca durante el reinado de Ulises Ruiz.
No obstante, una Comisión de la Verdad sí puede –en tanto sea totalmente ciudadana- lograr el enjuiciamiento y la condena de algunos perpetradores, dando con ello un mínimo de satisfacción a la sociedad.
Los impunes se vuelven descarados. Contra esto, lo mejor es la COMVERDAD.
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