OPINIÓN
Por Clara Jusidman*
México, DF, 1 nov 11 (CIMAC).- El pasado 14 de octubre se llevó a cabo en el Castillo de Chapultepec la segunda reunión del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con el gobierno federal.
La reunión tuvo lugar a pesar de que los funcionarios hicieron todo lo posible por evadir el compromiso adquirido el 23 de junio en la primera reunión del Castillo con el Movimiento que encabeza Javier Sicilia.
Se trató, sin embargo, de disfrazar como una más de las reuniones sobre seguridad que ha venido realizando Felipe Calderón con varias organizaciones civiles afines a su estrategia de seguridad pública.
Pese a los esfuerzos del gobierno, los medios de comunicación la tomaron como una reunión con el Movimiento a la que también habían sido invitados líderes de otras organizaciones.
La enorme resistencia para llevarla a cabo, las ríspidas negociaciones previas y la falta de sensibilidad del Estado Mayor Presidencial al no dejar pasar a las madres de víctimas con las fotografías tamaño carta de sus hijos desaparecidos, provocó un ambiente de gran tensión en el evento.
Al inicio la atmósfera podía cortarse con un cuchillo. Los saludos cordiales de la reunión anterior fueron sustituidos por caras adustas y por la evasión del cruce de miradas a fin de evitar siquiera intercambiar una sonrisa amable.
El evento, previsto para durar tres horas, duró poco más de seis, de las cuales Calderón tomó alrededor de dos horas y media para responder a los planteamientos que le hicimos varios miembros del Movimiento sobre los resultados de las mesas de diálogo que se habían establecido con funcionarios del gobierno federal.
Al término de la prolongada respuesta a nuestras exposiciones, yo veía en mis compañeros la molestia por un formato que no permitía responderle a Calderón, ni siquiera para aclarar los conceptos expuestos. Terminó como un diálogo de sordos, un modelo de comunicación fallido.
Para Felipe Calderón este ejercicio era un ejemplo de que su gobierno no podía ser tachado de autoritario, que tenía una política de Estado en materia de participación ciudadana y que estaba dispuesto a dialogar, cuestiones que le fueron reclamadas como ausentes en nuestras intervenciones.
Un ejemplo de la incomunicación dominante fue el asunto de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, creada por decreto presidencial el pasado 6 de septiembre.
Para los funcionarios del gobierno esta procuraduría representaba el ejemplo más acabado y de respuesta más rápida a las demandas del Movimiento sobre la urgente necesidad de atender a las miles de víctimas que hay en el país, que están solas, que no cuentan ni con recursos económicos, ni con “palancas” políticas, que tienen una enorme desconfianza hacia las instituciones y que cuando se acercan a éstas son revictimizadas.
Las intervenciones iniciales de miembros del Movimiento mostraron el desacuerdo con la forma y fondo de la creación de esa procuraduría. Los principales desacuerdos son:
1. El Movimiento propuso diseñar un Sistema de Atención Integral a Víctimas para garantizar verdad, justicia, memoria y reparación del daño. El sistema debería incluir la formulación de una Ley General de Atención a Víctimas y la armonización de otras leyes relacionadas, la creación de una Comisión de la Verdad, de un Registro Nacional de Víctimas y de un Fondo de Emergencia para la Atención a Víctimas.
2. Un segundo desacuerdo es que la procuraduría atenderá sólo a las víctimas del delito, por lo que no se está reconociendo que en el contexto de emergencia nacional en que vivimos, parte del Estado también se ha convertido en victimario. Algunos miembros de las fuerzas de seguridad pública, militares, marinos y funcionarios abusan de su poder y violan los Derechos Humanos más elementales. Las desapariciones forzadas, las prácticas de tortura y las ejecuciones sumarias han aumentado de manera alarmante en los dos últimos años.
3. Un tercer aspecto se refiere a la ausencia de una participación de las organizaciones de la sociedad civil, de expertos y específicamente de víctimas, en el diseño de la procuraduría, a la par de una reducida participación social en la junta de gobierno de la misma. De las 13 posiciones sólo cuatro serán para ciudadanos seleccionados por el Presidente de la República y otras cuatro son ocupadas por la PGR, la Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública.
4. Otra preocupación del Movimiento es que la procuraduría se está armando con transferencias de recursos y personas principalmente de la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, no se le asignan recursos presupuestales propios. Va a resultar un rompecabezas armado con piezas de distintos rompecabezas, con el riesgo de que no embonen. Es decir, una respuesta precaria para un problema de gran envergadura que está afectando un número cada vez mayor de familias y personas.
*Analista del Cambio Social y presidenta de INCIDE Social A.C.
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