Foto: Juan Carlos Cruz
A partir del año próximo México formará parte de un club más exclusivo que el de la OCDE: el de los países agobiados por situaciones extremas de violencia, que con el nombre de International Crisis Group funciona con sede en Bruselas y que dedicará un programa a nuestro país. Uno de sus expertos, Javier Ciurlizza, que viajará a México en diciembre próximo, asegura que la estrategia del gobierno para combatir la violencia mediante operativos represivos no da buenos resultados, porque ésta tiene orígenes múltiples que no se toman en cuenta.
BRUSELAS (Proceso).- Por los altos niveles de violencia prevalecientes en México –derivados de la guerra contra el narcotráfico–, el International Crisis Group (ICG), centro de estudios independiente especializado en el análisis de los conflictos armados en el mundo, abrirá el próximo año un programa dedicado al país.
El ICG da seguimiento a las situaciones de violencia en Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guatemala y Haití. Pero desde septiembre de 2010 decidió incluir información sobre México en Crisis Watch, la publicación de su observatorio de crisis.
La presidenta-directora general del organismo con sede en Bruselas es Louise Arbour, quien fue comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El expresidente Ernesto Zedillo apareció como parte del Comité Ejecutivo del ICG hasta la edición de mayo de 2010 de Crisis Watch.
La inclusión de México en la oferta analítica del ICG permitirá una cobertura permanente y la producción de materiales más extensos y detallados sobre el fenómeno de la violencia que amenaza la estabilidad del país. En diciembre próximo viajará a México Javier Ciurlizza, director del programa para Latinoamérica del ICG.
Luego de participar en el seminario Corrupción y Crimen: Amenazas para la Paz en Latinoamérica, que fue parte de la Conferencia Global del ICG en Bruselas el lunes 24, Ciurlizza analiza para Proceso la estrategia antidrogas aplicada en México a partir de la comparación con las experiencias de otros países de la región.
Fuerzas del mercado
A Ciurlizza se le comenta que, según el discurso oficial, la estrategia del gobierno ha sido exitosa porque logró desarticular a los grandes cárteles, y el incremento temporal de la violencia sería una consecuencia lógica de ese logro.
–De acuerdo con el estudio de otros casos, ¿qué tan sólida le parece esta afirmación? –se le pregunta.
–La violencia del narcotráfico obedece a varios factores y uno de ellos es la acción del Estado; pero depende también de la estructura del mercado ilegal de drogas. La regla general es que si ese mercado es grande y estable, no necesitas la violencia: lo puedes administrar sin matar. Ese era el caso de los narcotraficantes guatemaltecos hasta la llegada de Los Zetas y fue también el caso de los cárteles de Medellín y Cali en Colombia en los ochenta.
“Cuando tu mercado es pequeño y no es estable, generalmente hay violencia. La falta de estabilidad de un mercado se puede deber a que hay más competidores; es decir, más carteles que pelean entre sí por el control de rutas y plazas, o porque el Estado aplica la ley de una manera más rigurosa con una fuerte represión, lo que introduce, hablando desde un punto de vista estrictamente de negocio, un costo de transacción alto: la cuota para pagar corrupción es mucho más alta. Estos escenarios generan más violencia.
El investigador menciona que cuando el gobierno colombiano consiguió fragmentar a los grandes cárteles –como dice el gobierno mexicano que lo ha hecho en el país– éstos se dispersaron en cárteles de mediano tamaño y se transformaron en varios grupos criminales que comenzaron a competir.
“Existe otro elemento –agrega el investigador–: el mercado de drogas tiende a integrarse, es casi un fenómeno natural: al principio hay confrontación y luego hay distribución, se reparten los territorios, las plazas y las funciones. Eso es lo que pasa en Colombia y lo que está pasando en México. En el caso de Tijuana, por ejemplo, donde la violencia ha disminuido aparentemente por el éxito (de una estrategia gubernamental), creo que está mucho más vinculado al mercado y no tanto a la acción del Estado.”
–Usted afirma que la fragmentación de los cárteles, que estaría ocurriendo en México, da como resultado grupos “impredecibles” y más propensos a la violencia: ¿cómo obligarlos a ese “espacio de negociación” del que usted habla en sus análisis?
–Cuando tienes un mercado ilegal cuyos costos de transacción son mucho más altos que los del mercado legal, lo que necesitas para el mercado ilegal es una altísima tasa de ganancia. La única posibilidad de desincentivar que las drogas sigan en el mercado es bajar la tasa de ganancia.
“La demanda es inelástica, por lo que queda aumentar los costos de transacción (del comercio de drogas). ¿Y cómo lo haces? O le metes (al narcotráfico) una represión brutal sostenida en el tiempo –lo que para el Estado es más costoso que para el narcotraficante– o simplemente regulas el mercado, imponiendo ciertos límites dentro de los cuales el narcotraficante puede moverse, y si se sale, le cae la represión.”
Catástrofe social
Respecto de la hipótesis según la cual el gobierno federal pretende proteger al cártel de Sinaloa para después facilitar una negociación, el investigador del ICG refiere que así se hizo en Colombia. Expone que “el cártel de Medellín se puso del lado del Estado” para sobrevivir, pero que posteriormente el propio Estado lo destruyó para favorecer a otros cárteles; y lo mismo sucedió en el caso de los paramilitares colombianos, que eran también organizaciones narcotraficantes: “Se pactó una desmovilización”.
Aclara que esas negociaciones son “altamente inestables y riesgosas. Es muy difícil, primero, mantener las ofertas que se hacen en la negociación y, segundo, castigar los incumplimientos”. Pone el ejemplo del acuerdo de desmovilización del grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, ligado íntimamente con el narcotráfico.
“El Estado les dijo: ‘Me van a contar qué hicieron, van a reparar a las víctimas, no irán a juicio, sino a unas audiencias y, a cambio, se les va a reducir a cinco años la pena de 70 o la extradición que enfrentan’. Entonces los narcotraficantes dijeron que sí, se desmovilizaron y entregaron las armas. Pero factores externos, como la presión internacional y los tribunales, provocaron que no todos pudieran acogerse a esa ley y el Estado les incumplió. Lo que ocurrió fue que los narcos regresaron en Colombia.”
Ciurlizza afirma que no tiene conocimiento de algún pacto entre un Estado y el narcotráfico que haya durado en el largo plazo. Cuenta una anécdota en relación con la súbita transformación de Medellín de una ciudad extremadamente violenta a una más pacífica a principios del decenio pasado. Los rumores apuntan a un acuerdo con el narcotraficante Diego Fernando Murillo, Don Berna, para que mantuviera su negocio fuera del radio urbano de Medellín, por lo cual se hablaba pícaramente de la “donbernabilidad”, la construcción de la gobernabilidad a través de ese pacto, aunque recientemente la violencia regresó a esa ciudad.
–Precisamente en estados mexicanos como Veracruz o Guerrero el gobierno federal desplegó operativos militares luego de que la violencia del narcotráfico ha puesto en peligro su gobernabilidad–, se le comenta al especialista del ICG.
–Estos operativos generalmente no resuelven la situación. Guatemala lleva tres estados de sitio declarados en Petén en lo que va de este año, y lo hizo un presidente, Álvaro Colom, que proviene del mundo de los derechos humanos y las ONG. Los cambios son insignificantes. Son una estrategia de “golpeo y me voy”. El ejército, cuando sale a la calle, funciona con el ordenamiento militar, como un ejército de ocupación, que mira a toda la población como potencial enemiga, que ataca y destruye cualquier cosa que “parezca vinculada” a los cárteles.
Desarrolla más su idea: “Se confunde economía criminal con economía ilegal. En los países latinoamericanos mucha gente sobrevive gracias a la economía informal, esas redes económicas que sostienen a los más pobres y que también pueden tener vínculos con el narcotráfico, pero que son diferentes. Es el caso de la piratería. Esas redes informales son destruidas por el Estado en aras de la seguridad”.
Remarca lo que hizo Colombia. “Las autoridades colombianas entendieron que el Estado tiene que llegar con todo: obviamente con función represiva, policial y no militar, pero también con promoción social, con reconstrucción del tejido social. Considero que ahí está el gran problema en América Central: se le está dando duro a los narcotraficantes y se está olvidando que eso está destruyendo sociedades, familias, desintegrando pueblos, desapareciendo localidades enteras, siendo que la primera condición básica para el desarrollo es que haya cohesión social”.
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