Un Estado sin cabeza, como lo es el mexicano desde el año 2000, corre el riesgo de ser rehén de los intereses dominantes, situación muy clara en la actualidad. La tan anhelada alternancia en el aparato gubernamental, en vez de haber sido un factor de progreso y de avances democráticos, sólo contribuyó a fortalecer los vicios del viejo régimen de partido único, así como añadir otros aún más graves, como la entrega de las instituciones al gobierno estadounidense, al perderse totalmente el último reducto nacionalista que quedaba en el sistema político, luego de tres sexenios de administraciones tecnocráticas al servicio de la oligarquía.
De ahí que no sea casual que Felipe Calderón privilegie la “guerra” contra el narcotráfico, sino consecuencia lógica del hecho contundente de carecer de un proyecto nacional en favor del país. Para él los grandes problemas nacionales se reducen a que las entidades federativas no cuentan con policías confiables, capacitadas como en el primer mundo. Así quedó establecido sobre todo a partir del segundo año de su “gobierno”, y lo confirmó anteayer durante la sesión del Consejo de Seguridad Pública, donde reprochó a los gobernadores que no haya avances firmes en la depuración de sus cuerpos policíacos.
Esta situación le permitió “justificar” los operativos de las fuerzas armadas y policías federales, y hasta puntualizar que gracias a éstos la inseguridad en el país no esté en peores circunstancias. Se infiere que para el inquilino de Los Pinos, la realidad nacional sería otra si se instaurara un Estado policíaco. Entonces todos los problemas quedarían resueltos, no habría inseguridad y la violencia se reduciría a su mínima expresión. Sólo que a través de la historia ha quedado demostrado que la violencia engendra más violencia, y si la ejerce el Estado es porque se trata de una dictadura que no tiene más argumentos para ejercer su liderazgo que el uso de las armas.
Es muy claro que así como vamos, por más que se depuraran los cuerpos policíacos del país, por más que se incrementara su número, por más que se modernicen las fuerzas armadas y se capaciten mejor para reprimir al pueblo, la violencia y la inseguridad pública irán en aumento. Quizá esto lo sepa Calderón, lo que ocurre es que su compromiso con la Casa Blanca es mantener un estado de crisis política permanente, como lo evidencian los hechos. Los resultados de esta estrategia están a la vista: nunca como ahora México había estado tan indefenso ante las acechanzas del gobierno estadounidense.
De ahí que sea muy preocupante que grupos de “izquierda” se presten al juego sucio del inquilino de Los Pinos, cuando la realidad nacional exige cerrar filas en torno a un proyecto nacional de defensa de la patria, pues no hacerlo ahora que las circunstancias lo reclaman de manera urgente y prioritaria, no habrá tiempo para enmendar el error. Su actitud es equivalente a la del grupo de “víctimas encumbradas” que se están prestando a justificar la “guerra” de Calderón contra el crimen organizado, como lo señaló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plascencia.
Entre tales “encumbrados” mencionó a Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, quienes por su colaboracionismo se ganaron derecho de picaporte en la oficina presidencial, creándose así “una relación perversa”. Son los mismos que están pidiendo se apruebe la Ley de Seguridad Nacional, cuyo gran objetivo no es otro que crear “un espacio de protección” para el Ejército y la Armada, a fin de asegurarles no ser llevados ante tribunales civiles, cuando en aras del cumplimiento de sus supuestas atribuciones cometan arbitrariedades y violaciones graves contra la población civil, según el punto de vista del Ombudsman capitalino.
Prueba muy evidente de que el uso de la violencia no es la panacea que dice Calderón, es el dato de que la percepción de inseguridad en el país, según la Oficina de Naciones Unidas para el Combate del Delito, pasó de 54.5 a 69 por ciento. De ahí que cada día que pasa sean más las demandas ciudadanas sobre la necesidad urgente de que las tropas regresen a sus cuarteles. Sin embargo, Calderón no cede un ápice en su decisión de que permanezcan en las calles, aduciendo el pretexto de que las policías estatales no son confiables.
Ni lo serán nunca, desde luego, mientras la realidad nacional vaya en picada en lo social y en lo económico, y no se haga absolutamente nada para corregir las causas estructurales de tal situación. Queda claro que mientras se mantenga el PAN en el poder, continuará creciendo exponencialmente el deterioro del tejido social, lo cual es un interés irrenunciable de los círculos de poder estadounidenses. Es muy preocupante que el PRI quiera continuar esta estrategia de “gobierno”, con Enrique Peña Nieto.
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