De 2007 a 2009 se disparan muertes violentas de adolescentes
Por la Redacción
México, DF, 3 nov 11 (CIMAC).- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) alertó sobre el aumento en el número de muertes violentas entre las y los adolescentes de 15 a 17 años de edad, como consecuencia de la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado.
En un comunicado, la Redim dijo que mil 373 niñas y niños han muerto durante la lucha que realiza el gobierno mexicano contra la delincuencia en todo el país, por lo que instó a las autoridades a que cumplan con las recomendaciones que el Comité sobre Derechos del Niño de la ONU emitió el pasado 4 de febrero.
La organización civil precisó que en 2007 la tasa de fallecimientos de adolescentes en ese rango de edad era de 5.3 por cada 100 mil habitantes, pero que en 2009 se duplicó a 10.7 muertes por cada 100 mil.
La Redim detalló que entre las recomendaciones del Comité de la ONU se encuentran la recopilación de datos sobre el número de niñas y niños detenidos, heridos o asesinados, y la sanción a los responsables de los hechos; así como adoptar medidas adecuadas para protegerlos de las acciones militares y policiacas.
También demandó la creación de un mecanismo de identificación de niñas, niños y adolescentes que pudieran haber sido reclutados para que se les brinde atención psicológica, física, médica y asesoría jurídica para que se reintegren a la sociedad.
Pidió el establecimiento de marcos legales que garanticen los Derechos Humanos (DH) y la protección, en particular de las niñas, de la violencia de las fuerzas armadas y de los grupos no estatales.
La Redim señaló que debe incorporarse en el Código Penal federal y en las leyes estatales la prohibición al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en las organizaciones armadas.
Pidió un presupuesto especial para el desarrollo de un Sistema Nacional de Protección de Derechos de la Infancia.
La agrupación recordó a los distintos niveles de gobierno que deben cumplir con la reciente modificación del artículo 4 de la Constitución, el cual establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se cumplirá con el principio del interés superior de las y los niños, principio que guiará el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la infancia.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) aprobada el 20 de noviembre de 1989 reconoce, respeta y protege los derechos de niñas, niños y adolescentes, y para supervisar su aplicación se creó el Comité sobre derechos del niño, conformado por expertos independientes para vigilar la adecuada implementación de sus derechos.
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