Jorge Luis Sierra *
Si no hay un control del presupuesto, no existe el control civil de los militares, dijo en un curso Thomas Scheetz, uno de los economistas de la defensa más sobresalientes del mundo.
Parte de esa debilidad civil proviene del hecho de que aún no se ha desarrollado una política de defensa. Las instituciones militares están regidas por un marco jurídico constitucional obsoleto y por leyes orgánicas que separan a las Fuerzas Armadas y propician su rivalidad en la elaboración de sus presupuestos.
En ese contexto de dispersión burocrática, el hecho de que cada una de la dependencias militares vele por su propio interés disminuye la capacidad para elaborar una política de defensa nacional y para diseñar Fuerzas Armadas efectivas para el país, no para el beneficio o la satisfacción de los generales, almirantes, o del propio presidente de la República.
La Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Auditoría Superior de la Federación –tres instituciones relacionadas en forma directa con el control del gasto público– podrían ejercer la modalidad más importante del control civil de los militares a través del presupuesto, pero hasta la fecha no han mostrado políticas efectivas para ejercerlo.
En estas condiciones, el presupuesto militar se define a partir de las exigencias coyunturales del presidente de la República, y las necesidades que cada Fuerza Armada presenta por separado. El resultado ha sido la creación de ejércitos convertidos en híbridos policiales-militares que no necesariamente están de acuerdo con el plan de crear una fuerza efectiva de defensa nacional para México.
Los generales y almirantes rara vez protestan y hacen bien. Pero a veces parecen complacidos. Aunque no reciben el presupuesto necesario para cumplir con los planes de desarrollo militar, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México reciben fondos crecientes, con aumentos mayores a los que perciben otras áreas de la administración pública.
Federación para el año fiscal 2012, que abre con una explicación del aumento al rubro de seguridad, sino además en el hecho de que ese gasto se ha convertido en la prioridad más importante del gobierno federal, dejando al crecimiento económico, la infraestructura energética y la inversión agropecuaria como temas de segundo plano.
El proyecto de Presupuesto que presentó el gobierno federal, y que ahora discuten los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, propone un aumento real del 10.7 por ciento al gasto en materia de seguridad que se traduce principalmente en más soldados y policías.
Sin embargo, ese incremento en el presupuesto y en el tamaño de la Fuerza Armada no necesariamente conducirá a más efectividad y una mayor condición de disponibilidad. El problema es que el gasto en los haberes y sobrehaberes (lo que el presupuesto denomina “Servicios personales”) absorbe la mayor parte del presupuesto y afecta la capacidad operativa y la inversión en armamento y equipo militar.
Scheetz señala que los ejércitos que gastan más del 60 por ciento en servicios personales –que incluye el costo de las pensiones a los militares retirados–, carecen de operatividad. Ese porcentaje está más que rebasado en México. En realidad tenemos Fuerzas Armadas con bajo nivel de operatividad.
Para el año fiscal 2012, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dedicará casi el 78 por ciento del total de 55.6 mil millones de pesos del presupuesto total en servicios personales. Habría que reconocer que esa proporción ha disminuido paulatinamente, pues el sexenio pasado la Sedena gastó en ese rubro más del 84 por ciento del total de su presupuesto.
México no tiene tampoco una inversión suficiente en equipo y sistemas de armas. Además del límite del 60 por ciento en gasto de personal, dice Scheetz, los ejércitos deben destinar entre el 15 y 25 por ciento de su gasto total en inversión en equipo y armamento para mantenerse en estado operativo.
Esto no sucede en el caso de las Fuerzas Armadas mexicanas. La Sedena ha solicitado un 2.06 por ciento de su presupuesto en gasto de inversión. La Secretaría de Marina propone un gasto de inversión de casi 8 por ciento de su presupuesto, que es mayor, pero todavía bajo en los criterios de la economía de la defensa.
La segunda tendencia es que al estar separadas las Fuerzas Armadas, éstas han rivalizado en el intento de asir mayores porciones en la distribución del presupuesto militar. El intento de posicionarse mejor en la distribución de recursos las ha orillado a invadir esferas de competencia. Eso parece explicar la negativa de la Sedena a transferir a la Armada de México el personal y equipo de los grupos de fuerzas anfibias que operan en los cuerpos de agua del país. Por su parte, la Infantería de Marina ahora está aumentando sus operaciones en “tierra firme” en áreas de jurisdicción tradicional del Ejército.
Involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate a las drogas ha probado ser un error grave. Pero lanzar a los militares a combatir, divididos y con bajos niveles de operatividad es un error aún más grave que afecta la credibilidad de los generales y almirantes, daña la moral castrense y, lamentablemente, se traduce en soldados caídos y en las llamadas “bajas colaterales”. Eso debe cambiar. Un presupuesto militar configurado así le hace daño a las Fuerzas Armadas y no suma nada a la seguridad de México.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario