Por José Antonio Crespo
Felicidades a Cuauhtémoc Cárdenas El fracaso en la designación de los tres consejeros que faltan para completar al Consejo General del IFE refleja con claridad que la partidización del Instituto —que se mostró desnuda en 2003— se agotó por completo.
Lo que fue ariete de la democratización electoral, y orgullo nacional e internacional, los partidos lo han rebajado a botín jaloneado y rasgado. Dicen ahora algunos diputados que no conviene elegir a los tres consejeros faltantes de la lista actual, sino que debe reabrirse el proceso con nuevos nombres. Pero el problema son menos los nombres, y más la insistencia del PRI en designar a dos de los tres consejeros faltantes.
El agandalle priista no podrá ser superado con nuevos nombres, sino con un procedimiento distinto. Aún si el PRI cediera en su pretensión, no se habrá resuelto el problema de fondo: la partidización del IFE. Incluso si los consejeros se distribuyeran equitativamente entre los partidos, con gran probabilidad seguirían siendo afines al partido promotor. Sólo retirándole a los partidos la facultad de designar consejeros el IFE cobrará auténtica autonomía, imparcialidad y credibilidad.
Ya está visto que la suma de parcialidades no se traduce en imparcialidad, como antes se decía. Hay dos ventajas que se podrían conseguir bajo la nueva fórmula:
A) Se eleva significativamente la probabilidad de nombrar gente preparada y con experiencia, comprometida a aplicar la ley con neutralidad, sin que vea en su paso por el IFE parte de una carrera partidista que comprometa su imparcialidad;
B) Quienes por esa vía sean nombrados consejeros sabrán que nada le deben a tal o cual partido, y tendrán legitimidad propia así como mayor margen para tomar decisiones con criterio propio y no de compromisos previos o gratitudes malsanas. La propuesta (sujeta a discusión, revisión y mejora), está basada en lo que ocurre en otros países, y también en cómo se eligen consejeros locales y distritales del propio IFE:
1) Elevar los requisitos para ser consejero, de modo que se tenga auténtica experiencia en materia electoral, además de no haber militado en ningún partido los últimos cinco años (algunos consejeros han sido militantes poco antes o durante su mandato en el IFE).
2) El Congreso invita a varias universidades públicas y privadas, de la capital y el interior, con facultades de Derecho y/o Ciencia Política, a formar una Comisión ad hoc para designar consejeros. Conviene invitar a varias instituciones para evitar compadrazgos y amiguismos en el proceso.
3) De entre los aspirantes, los partidos pueden sugerir la exclusión de quienes consideren demasiado cercano a otros partidos, ofreciendo razones y pruebas. La Comisión investiga si existe cercanía excesiva (o militancia) de un aspirante con algún partido, tomando en cuenta eso para su evaluación final.
4) Tras realizar exámenes de conocimiento, ensayos de temas electorales o entrevistas personales, la Comisión forma una lista final con los candidatos idóneos (que mejor reúnan los requisitos de experiencia, trayectoria profesional, probidad y autonomía). Cuando por mayoría calificada de dos terceras partes de comisionados se logre designar candidato, éste quedará en firme.
Si faltan vacantes por ocupar sin que se haya logrado esa mayoría calificada, se procederá a una insaculación entre quienes integren la lista final. Hay quien sostiene que sería más conveniente que esta comisión configure una lista de buenos candidatos y deje a los partidos decidir quiénes de esa lista serán los consejeros.
Pero en tal caso se volvería a caer en los vetos partidarios sobre algún buen candidato por motivos estrictamente partidistas —o de venganza— más que profesionales, y se perdería la ventaja de que los consejeros finalmente designados, no le deban el cargo a ningún partido, mismo que se sentiría después con derecho a cobrar el favor (como ocurre hoy). Puede haber varios peros en esta fórmula, pero que presenta muchas más probabilidades de lograr lo que se busca; un árbitro electoral más profesional, autónomo e imparcial.
Por supuesto, habrá resistencia de los partidos a dejar en la sociedad civil —a través de las universidades— la prerrogativa de designar consejeros, precisamente porque lo que quieren no es gente autónoma e imparcial, sino delegados partidistas. Sin embargo, mientras la designación esté en sus manos, tendremos un IFE que con decreciente prestigio y credibilidad, cada vez menos confiable a la ciudadanía, y a los propios partidos.
Felicidades a Cuauhtémoc Cárdenas El fracaso en la designación de los tres consejeros que faltan para completar al Consejo General del IFE refleja con claridad que la partidización del Instituto —que se mostró desnuda en 2003— se agotó por completo.
Lo que fue ariete de la democratización electoral, y orgullo nacional e internacional, los partidos lo han rebajado a botín jaloneado y rasgado. Dicen ahora algunos diputados que no conviene elegir a los tres consejeros faltantes de la lista actual, sino que debe reabrirse el proceso con nuevos nombres. Pero el problema son menos los nombres, y más la insistencia del PRI en designar a dos de los tres consejeros faltantes.
El agandalle priista no podrá ser superado con nuevos nombres, sino con un procedimiento distinto. Aún si el PRI cediera en su pretensión, no se habrá resuelto el problema de fondo: la partidización del IFE. Incluso si los consejeros se distribuyeran equitativamente entre los partidos, con gran probabilidad seguirían siendo afines al partido promotor. Sólo retirándole a los partidos la facultad de designar consejeros el IFE cobrará auténtica autonomía, imparcialidad y credibilidad.
Ya está visto que la suma de parcialidades no se traduce en imparcialidad, como antes se decía. Hay dos ventajas que se podrían conseguir bajo la nueva fórmula:
A) Se eleva significativamente la probabilidad de nombrar gente preparada y con experiencia, comprometida a aplicar la ley con neutralidad, sin que vea en su paso por el IFE parte de una carrera partidista que comprometa su imparcialidad;
B) Quienes por esa vía sean nombrados consejeros sabrán que nada le deben a tal o cual partido, y tendrán legitimidad propia así como mayor margen para tomar decisiones con criterio propio y no de compromisos previos o gratitudes malsanas. La propuesta (sujeta a discusión, revisión y mejora), está basada en lo que ocurre en otros países, y también en cómo se eligen consejeros locales y distritales del propio IFE:
1) Elevar los requisitos para ser consejero, de modo que se tenga auténtica experiencia en materia electoral, además de no haber militado en ningún partido los últimos cinco años (algunos consejeros han sido militantes poco antes o durante su mandato en el IFE).
2) El Congreso invita a varias universidades públicas y privadas, de la capital y el interior, con facultades de Derecho y/o Ciencia Política, a formar una Comisión ad hoc para designar consejeros. Conviene invitar a varias instituciones para evitar compadrazgos y amiguismos en el proceso.
3) De entre los aspirantes, los partidos pueden sugerir la exclusión de quienes consideren demasiado cercano a otros partidos, ofreciendo razones y pruebas. La Comisión investiga si existe cercanía excesiva (o militancia) de un aspirante con algún partido, tomando en cuenta eso para su evaluación final.
4) Tras realizar exámenes de conocimiento, ensayos de temas electorales o entrevistas personales, la Comisión forma una lista final con los candidatos idóneos (que mejor reúnan los requisitos de experiencia, trayectoria profesional, probidad y autonomía). Cuando por mayoría calificada de dos terceras partes de comisionados se logre designar candidato, éste quedará en firme.
Si faltan vacantes por ocupar sin que se haya logrado esa mayoría calificada, se procederá a una insaculación entre quienes integren la lista final. Hay quien sostiene que sería más conveniente que esta comisión configure una lista de buenos candidatos y deje a los partidos decidir quiénes de esa lista serán los consejeros.
Pero en tal caso se volvería a caer en los vetos partidarios sobre algún buen candidato por motivos estrictamente partidistas —o de venganza— más que profesionales, y se perdería la ventaja de que los consejeros finalmente designados, no le deban el cargo a ningún partido, mismo que se sentiría después con derecho a cobrar el favor (como ocurre hoy). Puede haber varios peros en esta fórmula, pero que presenta muchas más probabilidades de lograr lo que se busca; un árbitro electoral más profesional, autónomo e imparcial.
Por supuesto, habrá resistencia de los partidos a dejar en la sociedad civil —a través de las universidades— la prerrogativa de designar consejeros, precisamente porque lo que quieren no es gente autónoma e imparcial, sino delegados partidistas. Sin embargo, mientras la designación esté en sus manos, tendremos un IFE que con decreciente prestigio y credibilidad, cada vez menos confiable a la ciudadanía, y a los propios partidos.
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