Pretende además infiltrar a detectives privados en una corporación policiaca mexicana
Lunes 8 de agosto de 2011, p. 2
Nuevos agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligancia de Estados Unidos), civiles del Pentágono, militares retirados y agentes de la DEA (agencia antidrogas) se están desplegando en México, al ampliar Washington su papel directo en la guerra antinarcóticos en el país vecino.
De hecho hasta está considerando emplear contratistas de seguridad privados, con iniciativas diseñadas para evadir leyes mexicanas que limitan la presencia de fuerzas de seguridad extranjeras en el país, reportó el periódico The New York Times.
En las semanas recientes un pequeño número de agentes de la CIA y civiles del Departamento de Defensa de Estados Unidos comenzaron a trabajar en una base militar en el norte de México, donde por primera vez oficiales de seguridad de ambos países trabajan conjuntamente en recaudar información y planear operaciones.
Por otro lado, también se contempla insertar un equipo estadunidense de contratistas privados dentro de una unidad policiaca antinarcóticos mexicana, informó el rotativo.
Funcionarios de ambos países indicaron al NYT que estas nuevas iniciativas han sido elaboradas de tal manera que evadirán las restricciones de las leyes mexicanas que prohíben a militares y policías extranjeros operar en territorio nacional.
En la base militar mexicana, un equipo integrado por menos de 24 agentes de la DEA y la CIA, junto con militares retirados del Comando Norte del Pentágono, instala un centro de inteligencia basado en el modelo de los centros de fusión
que Estados Unidos opera en Afganistán e Irak para vigilar a grupos insurgentes.
La iniciativa se desarrolló después de que se intensificó la violencia en Monterrey, Nuevo León, y de que el gobierno del presidente Felipe Calderón solicitó a sus contrapartes estadunidenses mayor acceso a tecnología sofisticada de vigilancia y a expertos. Después de meses de negociaciones, Estados Unidos estableció en las semanas recientes el centro de inteligencia en la base militar mexicana, cuya ubicación no fue revelada por el NYT, a solicitud de las autoridades estadunidenses.
El reportaje del diario, firmado por Ginger Thompson y publicado en la primera plana de su edición dominical, afirma que, con esta iniciativa, Washington cambia su papel tradicional de compartir información a estar más directamente involucrado en recaudarla
.
Los oficiales estadunidenses enfatizaron que jugarán un papel exclusivamente de apoyo a las autoridades mexicanas. Un oficial militar estadunidense declaró al rotativo que “los mexicanos están a cargo. Es su show. Sólo somos de apoyo técnico”.
Por otro lado, ex oficiales de la DEA informaron al NYT que ambos países evalúan una propuesta para insertar a un grupo de contratistas de seguridad privados –conformado, entre otros, por ex agentes de la DEA y ex integrantes de grupos especiales de las fuerzas armadas estadunidenses– en una unidad de policía antinarcóticos mexicana especializada, la misma que llevó a cabo el operativo en coordinación con la DEA para detener al capo José Antonio Hernández Acosta la semana pasada.
Aunque el periódico informa que esta medida aún no se ha aprobado, indicó que la labor del grupo estadunidense sería tener una especie de academia de capacitación dentro de la misma unidad, para ayudar a guiar operaciones a fin de que concluyan en procesos judiciales exitosos. De hecho, fiscales mexicanos también trabajarían con la unidad, según las fuentes estadunidenses.
Entre Afganistán y Colombia
Varios analistas de seguridad de ambos países comparan los desafíos de ayudar a México a reconstruir sus fuerzas de seguridad y sus instituciones civiles con retos parecidos a los de Afganistán, reporta Thompson, en los que Washington lucha junto a un socio al que necesita, pero en el que no confía del todo
. Recuerda que el nuevo embajador estadunidense en México llega desde un puesto diplomático en Kabul.
Pero, agrega, funcionarios del gobierno de Barack Obama descartan esa comparación con Afganistán y prefieren comparar la situación en México con la de Colombia hace unos 15 años. Estos funcionarios dicen que una de las lecciones que han aprendido es que en toda lucha contra el crimen organizado las cosas tienden a empeorar antes de mejorar.
El NYT indica que, a través de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos ha otorgado capacitación a casi 4 mil 500 nuevos agentes de Policía Federal; ha ayudado a realizar intervenciones de telecomunicaciones, en el manejo de informantes y en el interrogatorio de sospechosos, como también en la entrega de helicópteros Blackawk. Además, en meses recientes ha realizado sobrevuelos de territorio mexicano con naves no tripuladas manejadas a control remoto (los llamados drones) para detectar narcotraficantes.
Las nuevas iniciativas, reporta Thompson, se llevan a cabo tres años después de que Estados Unidos incrementó su asistencia de seguridad a México a través de la Iniciativa Mérida (con un presupuesto de 1.4 mil millones de dólares, más otros millones del Departamento de Defensa). A la vez, también se impulsan estas iniciativas un año antes de elecciones federales en los dos países donde ambos presidentes y sus partidos podrían enfrentar cuestionamientos sobre la estrategia antinarcóticos que han implementado y sus resultados.
Si esa cooperación ha dado buenos resultados, ¿por qué no desciende el trasiego de droga?
Silenciosa invasión a la soberanía: juristas
Lunes 8 de agosto de 2011, p. 3
La revelación que hizo el diario The New York Times respecto de que México se convirtió en la zona cero
de la lucha contra el narcotráfico provocó reacciones de molestia y preocupación entre juristas y especialistas en seguridad y justicia mexicanos.
Los presidentes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y de la Unión Nacional de Juristas de México, Manuel Fuentes Muñiz y Eduardo Miranda Esquivel, respectivamente, coincidieron en que estos convenios binacionales de cooperación, enfocados a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, como el que mantienen México y Estados Unidos, violan la Constitución mexicana.
Ambas organizaciones agrupan a juristas de corte progresista a escala nacional.
Entrega de soberanía
Fuentes Muñiz sostuvo que no es únicamente una muestra de incapacidad gubernamental de las autoridades mexicanas en la lucha contra el crimen organizado trasnacional, sino también es una entrega de soberanía y una violación descarada a la Constitución
.
Destacó que la Carta Magna establece en su artículo 21 que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las que actuarán bajo la conducción y mando de aquel en ejercicio de esta función
.
El diario estadunidense publicó ayer en su página de Internet que los intercambios de inteligencia entre México y Estados Unidos han ayudado a la captura o eliminación de unos 30 líderes de narcotraficantes.
México se convirtió en la zona cero
de la lucha contra el narcotráfico, cuyos cárteles son responsables de más de 80 por ciento de la droga que ingresa a Estados Unidos, por lo que ha recibido más asistencia antinarcóticos en los últimos tres años que Afganistán y Colombia, aseguró el rotativo.
El penalista Heraclio Bonilla consideró que “el absurdo señalamiento de que los cárteles mexicanos son responsables de ingresar 80 por ciento de la droga demandada por estadunidenses es una evidencia de que quienes integran el gobierno de Obama piensan que estamos igual de dañados que su pueblo y no tenemos capacidad para analizar los datos que ellos mismos generan.
“Si el intercambio de información y la suma de inteligencias han dado tan buenos resultados en capturas y ejecuciones, ¿por qué no ha descendido el nivel de ingreso de drogas al vecino del norte? ¿A quién le están haciendo el trabajo?”, se cuestionó el ex abogado del ex presidente Luis Echeverría.
En su reportaje, el NYT indicó que en fecha reciente operativos de la CIA y civiles con entrenamiento militar han sido enviados a una base militar en el norte de México, donde “por primera vez funcionarios de seguridad de ambos países trabajan conjuntamente en recolectar información sobre los cárteles de las droga y colaboran para planear operaciones”.
Este punto es el que causó mayor extrañeza a los especialistas consultados por este diario. La información revela una alta dependencia del calderonismo respecto del gobierno de Estados Unidos en materia de investigación de delitos, es decir, un colonialismo en materia de investigación y justicia penal
, opinó el presidente de la ANAD.
Fuentes Muñiz exhortó al Congreso de la Unión para que, mediante una investigación, determine si hay responsabilidades de Calderón o de algún miembro de su gabinete encargado de la política internacional.
En el mismo sentido, el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, consideró que lo revelado por el rotativo demuestra que hay una silenciosa invasión a la soberanía nacional por parte del gobierno estadunidense
.
El también vocero del Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo –integrado por un centenar de organizaciones sociales, obreras, campesinas, de juristas y de otros sectores que apoyan la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República– indicó que es vergonzoso e ilegal
que el gobierno mexicano permita la operación de la CIA y de otros cuerpos policiacos y militares estadunidenses en territorio nacional para combatir a la delincuencia organizada que opera en México.
No es porque estemos en contra de que se combata al crimen trasnacional, que no se confunda. Señalamos el error de cálculo del gobierno calderonista, que al avalar esta política intervencionista permite que se refuerce la penetración e intervención económica, política, cultural y ahora policiaco-militar de Estados Unidos en México
, sostuvo Miranda Esquivel.
Sobre los intercambios de información entre Estados Unidos y México, Vargas Aguilar recordó que nunca ha sido gratuito el apoyo que el gobierno del vecino país del norte le ha dado al mexicano, pues siempre va inmersa una intención de dominación o de imposición de sus políticas económicas, sociales o de seguridad nacional.
¿Cómo es posible que nuestro país reciba más asistencia antinarcóticos que Colombia y Afganistán? ¿De qué tamaño será el problema que enfrentamos, que ahora hasta la CIA (Agencia Central de Inteligencian de Estados Unidos) está operando en una base militar mexicana? Con esta información periodística queda la impresión de que los gobiernos de Felipe Calderón y Barack Obama nos están ocultando la verdadera dimensión del problema, o la verdadera intención del gobierno estadunidense
, cuestionó Simón Vargas Aguilar, colaborador de La Jornada.
Colaboración hipócrita
La colaboración del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico resulta hipócrita
, pues no hay un compromiso de frenar el consumo, que es el motor principal de este negocio ilícito, aseguró Édgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Al comentar las versiones periodísticas sobre el intercambio de inteligencia entre México y Estados Unidos, que han derivado en un aumento en la captura y eliminación de líderes narcotraficantes, el activista de derechos humanos señaló que esta participación de agentes estadunidenses se da sin ningún mecanismo de control.
Incluso, dijo, pareciera que el diseño de estas políticas y estrategias responden más a los intereses del país vecino que a los de México.
En entrevista, Cortez señaló que hasta ahora ha sido México el que ha pagado los costos sociales de esta lucha, donde Estados Unidos no se ha comprometido en el tema de disminuir el consumo de drogas, por lo que su colaboración resulta hipócrita
. Señaló que mientras exista demanda de narcóticos, será materialmente imposible avanzar en esta lucha.
El activista agregó que la capacitación de cuerpos policiacos, dentro de un marco regulatorio transparente, resulta razonable, pero es inadmisible
que agentes de Estados Unidos participen en interrogatorios de presuntos responsables vinculados con el crimen organizado en territorio nacional, pues esa es una tarea exclusiva de autoridades mexicanas.
Además advirtió contra la obtención ilegal de documentos o pruebas para inculpar a alguien, producto de intervención de comunicaciones sin la previa solicitud y autorización de los jueces.
De acuerdo con versiones periodísticas, fuerzas estadunidenses han entrenado más de 4 mil agentes federales mexicanos y han realizado grabaciones de conversaciones e interrogado a sospechosos.
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