Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
A los puntuales señalamientos informativos del reportero Ginger Thompson, de The New York Times, sobre la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia –mejor conocida por sus siglas en inglés como CIA--, civiles del Pentágono, militares retirados y agentes de la DEA –agencia antidrogas--, en una base de la Secretaría de la Defensa Nacional en el norte de México, Alejandro Poiré reconoció la presencia y pretendió justificarla por escrito con las siguientes palabras:
“(…) se subraya que el personal extranjero no lleva a cabo ninguna labor operativa ni porta armas”, sentenció el orgulloso autor de la historieta 10 mitos de la lucha por la seguridad.
El secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, vocero de Felipe Calderón sobre la materia y para que éste no se ensucie la boca con tanta aclaraciones y refutaciones a los reclamos de las víctimas y sus familiares, de franjas crecientes de ciudadanos, juró que la cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y México, que el doctor de Harvard confunde con la de los países, es “un instrumento fundamental para enfrentar de manera exitosa al crimen organizado trasnacional”, y que ésta se realiza bajo “la responsabilidad compartida, confianza mutua y pleno respeto a la jurisdicción de cada país”.
Lo que por ningún lado aclara el licenciado, maestro y doctor en ciencia política es por qué los gobernados se enteran de los convenios y acuerdos de Calderón Hinojosa con George W. Bush, primero, y ahora con Barack Obama por los reportes de la embajada de Estados Unidos en México dirigidos al Departamento de Estado --difundidos por Wikileaks y La Jornada, hoy por el diario neoyorquino--, y hasta que la opinión pública agarra al gabinete de seguridad nacional azteca con los dedos tras la puerta, hace aclaraciones en las que juran lo que el secreto gubernamental negaba.
Así fue posible documentar lo que no pocos analistas advirtieron: la participación del embajador Tony Garza en la unción de Calderón Hinojosa en la silla presidencial, el uso de aviones estadunidenses no tripulados para realizar tareas de espionaje en territorio mexicano, hasta el suministro de miles de armas de asalto --en el marco del operativo oficial Rápido y furioso--, a uno de los cárteles aztecas.
El intervencionismo estadunidense cuenta no sólo con la anuencia sino es resultado de la exigencia del debilitado gobierno de Calderón --desde su origen y más todavía conforme se adentra en la escandalosa recta final--, contempla además el empleo de contratistas de seguridad privados (mercenarios) para insertarlos en una unidad policiaca antinarcóticos.
Justificar la participación de agentes estadunidenses en la base militar mexicana --ubicada por el reportero pero las autoridades solicitaron al NYT omitirla--, con el estribillo propagandístico de “estos desgraciados ya se hubieran apoderado de México”, pone en relieve el tamaño y el alcance de un gobierno subordinado a la estrategias en narcóticos, crimen organizado y “terrorismo” (cualquier cosa que convenga a Washington que esto sea), y que toleran el monumental lavado de dinero ilícito, el consumo de narcóticos, la venta incontrolable de armas de asalto y, al decir de Jesús Vicente Zambada Niebla ante la Corte de Chicago, Illinois, la DEA “otorgó desde 2004 inmunidad a los líderes del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán e Ismael Zambada, a cambio de información de bandas rivales”.
Se corroboraría, así, la generalizada percepción sobre “el cártel favorito de Los Pinos” y resultaría que ni ésta indefendible estrategia es de manufactura local, sino del aparato de seguridad nacional de la Casa Blanca.
Acuse de recibo
El economista Héctor Barragán Valencia apunta sobre Hermanos sin palabra (8-VIII-11): “Pobre de mi estado, Michoacán. Y qué pena por tantas víctimas de la guerra santa de Calderón. Felicidades por tu Utopía”… El general y posdoctor José Francisco Gallardo añade: “Felicidades por el análisis, el caso de México, bueno de los políticos que han creado un Estado delincuencial, es un asunto irremediable de corrupción y nepotismo endémico; el cambio vendrá cuando el umbral del dolor llegue hasta las cúpula del poder, pero se llevará muchas vidas por delante hasta tocar fondo, lo que pone sobre riesgo a México de una guerra civil”… Pregunta María Teresa Menéndez: “¿Cómo está eso de Cocoa y Chucho?”… En torno a Los 50 mil muertos y el MP (22-VII-11) la abogada Norma Falcón dice: “La ciudadanía retoma lo dicho por la licenciada Marisela Morales Ibáñez, y cuestiona: los hechos sobre lo acontecido en casos específicos que da a conocer la prensa escrita y hablada no coincide con las palabras (…) del 8 de abril de 2011”... Mi pésame a la solidaria colega Adriana Mújica Murias, a sus hermanos Yolanda y Jorge, además de su tío Alejandro, por la pérdida de Emilio Mújica Montoya. “El Maestro –escribió Rolando Cordera-- fue un servidor público ejemplar con su honestidad y su entrega a los mejores empeños y proyectos del desarrollo nacional”.
Eduardo Ibarra Aguirre
A los puntuales señalamientos informativos del reportero Ginger Thompson, de The New York Times, sobre la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia –mejor conocida por sus siglas en inglés como CIA--, civiles del Pentágono, militares retirados y agentes de la DEA –agencia antidrogas--, en una base de la Secretaría de la Defensa Nacional en el norte de México, Alejandro Poiré reconoció la presencia y pretendió justificarla por escrito con las siguientes palabras:
“(…) se subraya que el personal extranjero no lleva a cabo ninguna labor operativa ni porta armas”, sentenció el orgulloso autor de la historieta 10 mitos de la lucha por la seguridad.
El secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, vocero de Felipe Calderón sobre la materia y para que éste no se ensucie la boca con tanta aclaraciones y refutaciones a los reclamos de las víctimas y sus familiares, de franjas crecientes de ciudadanos, juró que la cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y México, que el doctor de Harvard confunde con la de los países, es “un instrumento fundamental para enfrentar de manera exitosa al crimen organizado trasnacional”, y que ésta se realiza bajo “la responsabilidad compartida, confianza mutua y pleno respeto a la jurisdicción de cada país”.
Lo que por ningún lado aclara el licenciado, maestro y doctor en ciencia política es por qué los gobernados se enteran de los convenios y acuerdos de Calderón Hinojosa con George W. Bush, primero, y ahora con Barack Obama por los reportes de la embajada de Estados Unidos en México dirigidos al Departamento de Estado --difundidos por Wikileaks y La Jornada, hoy por el diario neoyorquino--, y hasta que la opinión pública agarra al gabinete de seguridad nacional azteca con los dedos tras la puerta, hace aclaraciones en las que juran lo que el secreto gubernamental negaba.
Así fue posible documentar lo que no pocos analistas advirtieron: la participación del embajador Tony Garza en la unción de Calderón Hinojosa en la silla presidencial, el uso de aviones estadunidenses no tripulados para realizar tareas de espionaje en territorio mexicano, hasta el suministro de miles de armas de asalto --en el marco del operativo oficial Rápido y furioso--, a uno de los cárteles aztecas.
El intervencionismo estadunidense cuenta no sólo con la anuencia sino es resultado de la exigencia del debilitado gobierno de Calderón --desde su origen y más todavía conforme se adentra en la escandalosa recta final--, contempla además el empleo de contratistas de seguridad privados (mercenarios) para insertarlos en una unidad policiaca antinarcóticos.
Justificar la participación de agentes estadunidenses en la base militar mexicana --ubicada por el reportero pero las autoridades solicitaron al NYT omitirla--, con el estribillo propagandístico de “estos desgraciados ya se hubieran apoderado de México”, pone en relieve el tamaño y el alcance de un gobierno subordinado a la estrategias en narcóticos, crimen organizado y “terrorismo” (cualquier cosa que convenga a Washington que esto sea), y que toleran el monumental lavado de dinero ilícito, el consumo de narcóticos, la venta incontrolable de armas de asalto y, al decir de Jesús Vicente Zambada Niebla ante la Corte de Chicago, Illinois, la DEA “otorgó desde 2004 inmunidad a los líderes del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán e Ismael Zambada, a cambio de información de bandas rivales”.
Se corroboraría, así, la generalizada percepción sobre “el cártel favorito de Los Pinos” y resultaría que ni ésta indefendible estrategia es de manufactura local, sino del aparato de seguridad nacional de la Casa Blanca.
Acuse de recibo
El economista Héctor Barragán Valencia apunta sobre Hermanos sin palabra (8-VIII-11): “Pobre de mi estado, Michoacán. Y qué pena por tantas víctimas de la guerra santa de Calderón. Felicidades por tu Utopía”… El general y posdoctor José Francisco Gallardo añade: “Felicidades por el análisis, el caso de México, bueno de los políticos que han creado un Estado delincuencial, es un asunto irremediable de corrupción y nepotismo endémico; el cambio vendrá cuando el umbral del dolor llegue hasta las cúpula del poder, pero se llevará muchas vidas por delante hasta tocar fondo, lo que pone sobre riesgo a México de una guerra civil”… Pregunta María Teresa Menéndez: “¿Cómo está eso de Cocoa y Chucho?”… En torno a Los 50 mil muertos y el MP (22-VII-11) la abogada Norma Falcón dice: “La ciudadanía retoma lo dicho por la licenciada Marisela Morales Ibáñez, y cuestiona: los hechos sobre lo acontecido en casos específicos que da a conocer la prensa escrita y hablada no coincide con las palabras (…) del 8 de abril de 2011”... Mi pésame a la solidaria colega Adriana Mújica Murias, a sus hermanos Yolanda y Jorge, además de su tío Alejandro, por la pérdida de Emilio Mújica Montoya. “El Maestro –escribió Rolando Cordera-- fue un servidor público ejemplar con su honestidad y su entrega a los mejores empeños y proyectos del desarrollo nacional”.
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