Fracasos de un gobierno fallido

El nuevo embajador

John M. Ackerman

El nuevo embajador de Estados Unidos en México, Earl Anthony Wayne, ofrece una total continuidad a la política de su antecesor, Carlos Pascual. Ambos funcionarios tienen un perfil similar, son diplomáticos de larga carrera con experiencia en la reconstrucción de estados fallidos y en el combate al terrorismo. El último puesto de Wayne fue de funcionario de primera línea en la embajada de Washington en Kabul, Afganistán. La rápida ratificación, por consenso y sin debate alguno, de Wayne el pasado martes habla del acuerdo generalizado entre la clase política estadunidense en relación con México.

Aunque los estadunidenses se quejan de los pocos avances en la guerra contra el narcotráfico, al final de cuentas están contentos con la sólida alianza estratégica que han emprendido con Calderón. Los 50 mil muertos son lo de menos. Lo importante es que los mercados, el petróleo y el sistema policiaco-militar de nuestro país continúen intervenidos y manipulados por ellos.

Aquel pacto secreto entre Calderón y el embajador Tony Garza instaurado desde antes de las elecciones presidenciales de 2006, revelado por los cables de Wikileaks en La Jornada, sigue más vigente que nunca. El gobierno mexicano sacrifica la defensa de los intereses nacionales a cambio del apoyo simbólico del gobierno estadunidense a la legitimidad de la presidencia de Calderón (véase mi columna sobre el tema: http://bit.ly/gK9Zz1).

Ello confirma que la salida de Pascual no fue motivada por diferencia alguna entre los gobiernos mexicano y estadunidense. Obama simplemente cedió al capricho de Calderón en contra de Pascual por los amoríos del diplomático con la hija de Francisco Rojas, así como por sus declaraciones reveladas por Wikileaks. A cambio, Calderón mantiene y profundiza su actitud servil y entreguista hacia los intereses estadunidenses.

Las revelaciones dadas a conocer ayer por The New York Times (http://nyti.ms/pcDBPy) demuestran los extremos a que ha llegado la colaboración entre los gobiernos de EU y México. El aparato de inteligencia estadunidense ya no se conforma con enviar aviones espías sobre territorio mexicano, sino que ahora ha asentado directamente un centro de inteligencia dentro de una base militar mexicana ubicada en el norte del país con la participación de agentes de la CIA y militares en retiro.

Este centro opera en la modalidad de los centros de fusión de inteligencia instalados por EU en Irak y Afganistán e implica un salto cualitativo en la abdicación de la soberanía nacional, ya que mientras Washington antes se limitaba a compartir información, hoy se involucra cada vez más en levantarla de forma directa. De acuerdo con el reportaje, el siguiente paso será contratar empresas de seguridad privadas, integradas principalmente por ex militares estadunidenses, para llevar a cabo operaciones particularmente delicadas. Funcionarios de ambos países confirmaron al diario, bajo condición de anonimato, que estos nuevos esfuerzos están diseñados específicamente para dar la vuelta a las leyes mexicanas que prohíben a militares y policías extranjeros operar en su territorio.

Es cierto que el pasado 11 de julio Obama finalmente autorizó, después de más de siete meses de dilatación injustificable, una nueva medida que obliga a los más de 8 mil vendedores de armas en los estados de California, Nuevo México, Arizona y Texas a informar cuando una misma persona compre múltiples armas de alto calibre en una misma tienda en el periodo de una semana. Este mínimo esfuerzo por rastrear posibles compras de armas por narcotraficantes mexicanos había sido detenida por la férrea oposición de la Asociación Nacional del Rifle y debido a una notable falta de voluntad política del mismo Obama. Pero la presión de la investigación del programa Rápido y furioso obligó al presidente estadunidense a demostrar que está dispuesto a actuar en contra del tráfico de armas no solamente por vías extralegales, haciéndose de la vista gorda ante las miles de ventas de armas a narcotraficantes, sino también por vías legales.

Sin embargo, estos gestos de buena voluntad, o la rápida ratificación de un nuevo embajador de alto perfil y el nuevo acuerdo con respecto al eventual ingreso de camiones mexicanos en las carreteras estadunidenses, no cambiarán la situación estructural de fondo. Los estadunidenses están muy contentos con sus relaciones con el gobierno mexicano, porque en lugar de hacerles la vida difícil con peticiones complicadas, como la modificación de las políticas migratoria o de seguridad hemisférica, Calderón se ha convertido en un simple alfil de Washington.

Solamente una enérgica defensa de la soberanía nacional permitirá reducir los efectos nocivos de compartir una frontera de 3 mil 169 kilómetros con un imperio en decadencia, que ha demostrado ser capaz de todo con tal de asegurar su predominio mundial. La llegada del nuevo embajador estadunidense sería una buena oportunidad para que las fuerzas políticas de oposición y la sociedad civil en general expresaran su rechazo a la condenable intervención policiaca y militar en nuestro país.

La ayuda policiaca y militar estadunidense no es gratis. Ha llegado la hora de demandar el fin de la Iniciativa Mérida para generar el espacio político necesario que permita construir una nueva política de Estado en materia de seguridad pública que privilegie los intereses de los mexicanos por encima de las necesidades de Washington.

http://www.johnackerman.blogspot.com - Twitter: http://www.twitter.com/@JohnMAckerman

La maldita vecindad (4)

Ortiz Tejeda

John A. Gavin, Jeffrey Davidow y el excelentísimo embajador (en algún lado) Carlos Pascual son nuestros pendientes. Por orden de aparición presento a uno de los embajadores estadunidenses más plenamente identificados con su presidente, Ronald Reagan. Con ustedes, Juan Gavin.

La similitud entre mandante y mandatario reside no sólo en sus orígenes, los dos se dedicaron a la actuación (líderes, además, de sus organizaciones gremiales), sino principalmente en que, como actores, ambos fueron pésimos. El señor Gavin rindió un homenaje permanente a aquel genio del cine mudo Buster Keaton, cuyo rostro, siempre inexpresivo, le valió el alias de Cara de piedra.

La cinematografía nacional también fue severamente agraviada cuando a Barbachano Ponce y a los Carlos, Fuente

s y Velo, se les ocurrió ofrecer el papel de Pedro Páramo al señor Gavin. La supervivencia del mágico relato a la actuación del embajador es otra prueba incontrastable de la grandeza de la obra de Rulfo y del cinismo de Gavin, quien años después, ante el senado de su país, reconoció, luego de 40 películas, que no consideraba tener madera de actor.

Si los antecedentes y las cartas de referencia nos ayudan a conocer a la persona que comienza un trabajo, las del embajador Jeffrey Davidow debieron aterrarnos.

Davidow llegó a México después de haber colaborado estrechamente con Negroponte en la persecución implacable contra los sandinistas en Nicaragua, y con Kissinger en la Operación Cóndor, uno de los amafiamientos más perversos de los órganos represivos de los gobiernos del Cono Sur, así como en el proyecto

Fubelt, nombre que se dio al conjunto de actividades destinadas al derrocamiento del gobierno legítimo del presidente Salvador Allende.

Unos cuantos días después del golpe militar (11/9/73), el genial camarógrafo Alexis Grivas y el que esto relata pudimos recabar, gracias a la presión de la prensa internacional, imágenes y testimonios de los cautivos en el Estadio Nacional de Chile y de sus familiares. A casi 40 años me estremece pensar que a unos cuantos metros de nosotros, pero inaccesible, en las graderías o los sótanos, Charles Horman, el joven periodista estadunidense que denunciaba ante el mundo, con valentía extrema, las intromisiones de su país en Chile, sería asesinado. Su nacionalidad, físico e idioma le permitieron tener acceso a información privilegiada, que con inusitada valentía hizo pública. Descubierto, los

milicos decidieron eliminarlo por la gangsteril razón de sabía demasiado.

Diez años después, Universal Pictures decidió convertir en película el libro de T. Hauser The execution of Charles Horman, en el cual se describe y comprueba la complicidad de los funcionarios de la CIA y de la embajada estadunidense en el asesinato del joven periodista.

La cinta se llamó Missing, la dirigió Costa-Gavras y la protagonizaron Jack Lemmon, como Ed, y el padre de Charles, representado éste por John Shea. En el elenco figuran Richard Venture, como el embajador Nathaniel Davis, y David Clennon, como Phil Putnam, el oficial político, es decir, Jeffrey Davidow.

Varios de los mencionados demandaron legalmente al autor del libro, pero el fallo judicial les fue adverso, razón por la cual la compañía productora redistribuyó este filme en 2006, cuando había ganado ya un Óscar y la Palma de Oro del Festival de Cannes.

Más allá de la versión cinematográfica, el padre de Charles Horman culpó públicamente al oficial político Jeffrey Davidow de haber conocido plenamente el arresto y ejecución de su hijo y no haber intervenido para salvar su vida, decisión que evidentemente estaba en sus manos. Tiempo de canallas, sin duda

, ese septiembre de 1973.

En México, además de hacer chascarrillos poco diplomáticos y de dudoso ingenio sobre el presidente Ernesto Zedillo y la ceremonia del Grito de Independencia, Davidow se dedicó en cuerpo y alma a promover la conveniencia (para las empresas estadunidenses, por supuesto) de la más amplia apertura energética nacional. En 1999, apenas con un año como embajador, organizó en Los Pinos un encuentro del jefe del Ejecutivo con el gobernador de California, Gray Davis, y el presidente de la fatídica Sempra, en ese entonces Richard Farman. Por supuesto, es una mera coincidencia, pero ese día, 22 de febrero, Ernesto Zedillo firmó la iniciativa que abrió las puertas a la participación de la iniciativa privada en actividades relacionadas con la industria eléctrica, anteriormente reservadas a la nación.

Los buenos ca

bilderos suelen ser agradecidos. Davidow gestionó para Zedillo, en 2001, y para Fox, en 2007, el reconocimiento Award for democracy and peace. Por su bien, el doctor Zedillo debería darse un tiempecito, entre sus múltiples reuniones en los consejos de administración de las empresas trasnacionales a los que pertenece, para demostrarnos que es falsa la afirmación de que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí.

ortiz.tejeda@hotmail.com

Injerencia y entreguismo, confirmados

Editorial La Jornada

En su edición de ayer, The New York Times informó de la actuación en territorio mexicano de agentes de la

CIA en activo y de militares estadunidenses en retiro, en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada emprendida por la administración calderonista desde su inicio. A decir del rot ativo neoyorquino, esos extranjeros han manejado informantes, interrogado a sospechosos, grabado conversaciones y entrenado a miles de policías federales mexicanos, además de que el gobierno del país vecino ha participado en el diseño de cuando menos una base militar en el norte de México, ideada sobre el concepto de los centros de fusión de inteligencia, como los instalados por las fuerzas estadunidenses de ocupación en Afganistán.

No cabe llamarse a sorpresa por los datos referidos, porque en meses recientes la creciente injerencia política, policial, militar y de inteligencia de Washington en nuestro país –y la aceptación de ella por el gobierno federal mexicano– ha sido documentada de diversas formas: desde la participación del ex embajador Tony Garza en el ascenso al poder de Felipe Calderón –narrada por el propio diplomático en un reporte que Wikileaks entregó a este diario– con el propósito de promover y hacer progresar las áreas que son prioritarias para nosotros, hasta el suministro de miles de armas de fuego a uno de los cárteles que operan en el país, en el marco del operativo Rápido y furioso, coordinado por la dependencia encargada del control del alcohol, el tabaco y las armas de fuego (ATF), con asistencia de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la agencia antidrogas (DEA) del gobierno estadunidense, pasando por el diseño de tácticas de seguridad –como reportó en su momento el sucesor de Garza, Carlos Pascual– para Ciudad Juárez, y por el patrullaje del territorio nacional con aviones no tripulados y controlados desde centros de comando situados en territorio de la potencia vecina.

Sin embargo, la información divulgada ayer por el diario neoyorquino confirma la flagrante violación del marco legal nacional por agentes extranjeros destacados en nuestro territorio y, lo más grave, por las autoridades federales mexicanas, las cuales han tolerado y hasta promovido semejante atropello a la soberanía nacional y a preceptos constitucionales como el expresado en el artículo 32 de la Carta Magna, en lo que constituye una actitud entreguista y lesiva para la soberanía y la independencia nacionales.

El dato, también contenido en la nota referida, de que la actividad de instituciones y personal foráneos en nuestro país ha llevado a la captura o la muerte de una treintena de narcotraficantes, no da pie para triunfalismo alguno, toda vez que las acciones gubernamentales correspondientes se ven desvirtuadas y afectadas por un factor de ilegalidad de origen.

Tampoco hay motivo para alegrarse por la cooperación de un gobierno que con una mano ofrece su asistencia en el combate a la delincuencia y con la otra abastece de armas al crimen organizado y le facilita el lavado masivo de dinero en entidades financieras estadunidenses. Aceptar ese doble juego de Washington en materia de seguridad agrava la debilidad de la presente administración, de por sí afectada por su déficit original de legitimidad y por la pérdida de control territorial en diversas regiones del país, y erosiona de manera adicional el imperio de la legalidad.

Resulta urgente que el Senado tome cartas en el asunto y demande un informe claro y detallado de la presencia de efectivos, agentes o dependencias de Estados Unidos en México. La sociedad, por su parte, debe exigir al gobierno el cese de las acciones injerencistas estadunidenses en nuestro territorio.